Sentencia Nº 2022-000626 de Sala Segunda de la Corte, 16-03-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022-000626
Número de expediente19-006463-1027-CA
Fecha16 Marzo 2022
*190064631027CA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 19-006463-1027-CA
Res: 2022-000626
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las doce horas veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós.
Proceso ordinario seguido en el Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de S.J., por [Nombre 001], pensionado, contra la JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL, representada por su apoderado general judicial, el licenciado D.V.S., divorciado, domicilio desconocido; y el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Ana Cecilia Fonseca Umaña. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de S.J., con las excepciones indicadas.
R.e.M.S.R.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El demandante planteó esta litis de revisión del reajuste de pensión del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, por estimar que se le estaban lesionando sus derechos y para que en sentencia, se condene a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional a incrementarle su jubilación en la proporción correspondiente considerando el anterior monto jubilatorio de ciento cincuenta y nueve mil trescientos quince colones con el cual recibía una pensión bruta de dos millones quinientos cincuenta y seis mil novecientos treinta y tres colones, por lo que al aumentarse el monto jubilatorio a ciento setenta y un mil novecientos ochenta y un colones, refiere que el nuevo total bruto de la pensión debe ser de dos millones setecientos setenta mil doscientos dieciséis colones con dieciséis céntimos; lo que solicita se le aplique retroactivamente al momento de la aprobación del incremento y se condene a la parte demandada al pago de ambas costas del proceso (imágenes 32 a 35 y 53 a 54 del expediente virtual en formato PDF). El apoderado general judicial de la Junta demandada contestó en términos negativos y opuso las defensas previas de incompetencia en razón de la materia y litis consorcio pasivo necesario (resueltas interlocutoriamente), falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de derecho, falta de interés actual, prescripción y pago (imágenes 63 a 101 del expediente digital en formato PDF) La representación estatal también contestó en términos negativos y opuso las defensas de falta legitimación ad causam, falta de derecho y prescripción (imágenes 605 a 612 del expediente digital en formato PDF). Mediante sentencia número 68, de las 14:29 horas del 12 de enero de 2021, el Juzgado de Seguridad Social acogió la defensa de prescripción opuesta, declaró prescrito el presente asunto y sin lugar en todos sus extremos petitorios la demanda interpuesta contra la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y el Estado. Por innecesario y con el fin de no confundir a las partes, omitió pronunciarse sobre el fondo del asunto y demás excepciones opuestas e impuso al accionante vencido el pago de ambas costas, fijando las personales en la suma prudencial de cuatrocientos mil colones (imágenes 781 a 804 del expediente electrónico en formato PDF). Inconforme con la decisión del juzgador a-quo, la parte demandante acude ante esta Sala.
II.- AGRAVIOS: El accionante se muestra disconforme con el fallo impugnado. Alega existir incongruencia entre lo solicitado y lo resuelto, por cuanto “El eventual pago de tales rubros deberá realizarse con cargo al fondo provisional del Régimen Transitorio de Reparto a cargo del Estado a través del Ministerio de Hacienda…” que determina el a-quo, no es parte de la petitoria. Indica que según se desprende del considerando V, en el punto 1 y 2 se solicitó revisión de su pensión con base a estudios técnicos o la necesidad de verificar la aplicación del informe de Jupema no propiamente el reajuste, tampoco se estableció que se adeudara al suscrito la suma de ¢202.233,80. Manifiesta no ser cierto que con la acción “obligó a los demandados a incurrir en gastos para ejercer su derecho de defensa ”, pues se han interpuesto muchas acciones a nivel administrativo como judicial tratando de hacer valer sus derechos, y si interpuso la presente demanda, fue por así disponerlo la Sala Constitucional quien señaló se trata de materia de jurisdicción ordinaria y no constitucional, de manera que la aseveración de que no es sino “hasta el 26 de setiembre de 2019 cuando el actor acude a la vía laboral a presentar esta demanda, no es cierto. Ya existían múltiples acciones en este sentido que constan en el expediente.” Arguye que existe una violación al derecho fundamental de justicia pronta y cumplida. Refiere que durante todo el tiempo de acciones e impugnaciones los efectos han sido continuos y dañinos, por lo que alega no existe mala fe, ni deslealtad procesal de su parte al acudir a esta vía judicial, por cuanto la Sala Constitucional remitió a la jurisdicción ordinaria, por tal motivo y por encontrarse en condición de vulnerabilidad económica, pide se le exonere del pago de ambas costas del proceso. Con esos argumentos solicita que se acoja el recurso, se devuelva el asunto para que se cumpla con la pretensión efectiva de la demanda y se condene a las partes demandadas al pago de ambas costas del proceso (imágenes 808 a 809 del expediente virtual en formato PDF).
III.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO: Los agravios planteados en este asunto por la parte recurrente, no son atendibles, porque si se analiza el recurso que nos ocupa, se deduce que el apoderado especial judicial del accionante no atacó las razones puntuales en que el juzgador de la instancia precedente sustentó lo resuelto. En ese fallo se resolvió: “ VI.- SOBRE EL FONDO Y DEFENSAS PLANTEADAS / (…) / Ahora bien, sobre la excepción de prescripción: En virtud que en autos consta que tanto la representación legal de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Como la representación legal del Estado, ambas demandadas en este proceso, interponen la excepción de prescripción contra el reclamo del accionante, resulta imperioso referirse a la citada defensa, esto con respecto al derecho de accionar en esta vía por parte del actor, pues de resultar admisible ese agravio, el examen de los demás hechos se tornaría innecesario. Las partes demandadas en el presente proceso, alegan que el presente reclamo se encuentra prescrito en virtud de haber transcurrido el término de prescripción que establece la ley y en razón de la inactividad del actor. Interponen la excepción de prescripción con fundamento en la Ley especial del régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional N° 7531 y sus reformas. Señalan que al respecto, el artículo 40 de la Ley 7531 y sus reformas, en lo que interesa, dispone: ‘...No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, la prescripción del derecho a cobrar una prestación ya declarada, así como las diferencias que se produzcan en la cuantía, se regirán por lo establecido en el inciso 1) del artículo 870 del Código Civil.’ De acuerdo a la referencia indicada, el Inciso 1) del artículo 870 del Código Civil, indica: ‘Prescriben por un año: 1° Las acciones a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, cuando el pago se haya estipulado por periodos de tiempo menor que un semestre’. La prescripción en sí misma implica una sanción por la inactividad del actor, la cual solicita sea declarada por la autoridad, dada la forma tardía de los reclamos formulados en la demanda interpuesta en forma extemporánea, de ahí que dice resulta válido y procedente el argumento expresado para esta excepción y su acogimiento, donde además señalan que no le corresponde ningún retroactivo por las supuestas diferencias de pensión que reclama sin ningún fundamento y en forma tardía. el pago de las diferencias de pensión que reclama el actor, mediante el escrito presentado el 14 de octubre del 2019 ante su autoridad, resultan improcedentes y deben declararse prescritas en virtud de haberse operado el término de prescripción de un año que establece el artículo 40 de la Ley 7531 en relación con el Inciso 1) del artículo 870 del Código Civil y, de igual forma, ante la inactividad del actor se superó el plazo prescriptivo que dispone el Código de Trabajo que lo fija en un año también artículo 418. Básicamente la representación estatal arguye los mismos fundamentos para requerir la prescripción. Una vez notificado el actor de la excepción de prescripción. En cuanto a los argumentos del Estado señala: se rechaza la prescripción alegada por la parte demandada toda vez que como consta a folio 20 del expediente judicial, se encuentra claramente aportada y debidamente acreditado como documento de importancia para el proceso acta de notificación, que notifica de forma íntegra sobre la totalidad del expediente del suscrito. Es decir, nos referimos al Acta de Notificación de resolución digital número DNP-NPMG-563-2015 del 23 de noviembre del 2015, y notificado hasta en marzo del 2019, como se puede denotar en el documento adjunto; por lo cual se encuentra interpuesto en tiempo el presente proceso y cumpliendo con los supuestos del artículo 40 de la Ley 7531 sobre Reforma Integral del sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, por lo que el plazo fatal de la prescripción debe rechazarse. Y al referirse a la excepción de prescripción interpuesta por la representación legal del Estado, argumenta: me apersono ante su autoridad judicial competente a cumplir con la prevención de las dieciocho horas veinticuatro minutos del día veinte de octubre del dos mil veinte, sobre la Audiencia de Excepciones de la siguiente manera: Excepción de Prescripción: Se rechaza la misma, por cuanto el plazo para interponer la demanda es de cuatro años, según lo establece el artículo 461 del Código de Trabajo. Tiene efectos continuados al día de hoy, por lo que se encuentra del plazo establecido en la normativa vigente. / Acorde a los alegatos de las partes, se tiene por debidamente acreditado que el petente en fecha 2 de setiembre del año 2014, solicitó una revisión de la pensión. Observar hecho probado número (1). La solicitud de revisión, fue resuelta por la Junta Directiva de la Junta de Pensiones mediante resolución número 6691, en la Sesión Ordinaria número 131-2014, realizada a las 9:30 horas del día 25 de noviembre de 2014. Y la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 89 de la Ley 7531 y sus reformas, mediante resolución número DNP-RA-0708-2015, de las 16:26 horas del día 03 de marzo del año 2015, brindó aprobación final a la revisión de la jubilación ordinaria a favor del señor [Nombre 001], al amparo de la Ley 2248, por el mismo monto y el mismo rige otorgado por la Junta de Pensiones. Dicha resolución final fue notificada al interesado el 25 de junio de 2015. Observar acta de notificación a folio 108. Así las cosas, al actor se le otorga un incremento en la pensión por la suma de 012.666.00 colones y el mes de aplicación se fijo para agosto 2015. A. como rige tanto por parte de la Junta de Pensiones y Jubilaciones, así como por parte de la Dirección Nacional de Pensiones, un año atrás de presentada la solicitud, por lo que se otorgó como fecha de rige el día 02 de setiembre del año 2013. El aumento por revisión consta aplicado según boleta que corre visible a folio 115 de la copia certificada del expediente administrativo. Además, se tiene que mediante escrito recibido el 25 de junio de 2015, el señor [Nombre 001], solicitó el pago de periodos fiscales vencidos donde se cancelen las deudas según la aprobación de la revisión de pensión mediante resolución del ente ministerial número, DNP-RA-0708-2015. Observar folio 111 del Expediente administrativo. Para el mes de agosto del año 2015, según desglose del monto de pensión devengado por el actor y que consta de acuerdo con el sistema de pagos del Ministerio de Hacienda, al Señor [Nombre 001] le fue cancelado el monto de ¿2.569.599.00 colones, más los adicionales con un rige a enero de 2015, para un total de ¿2.658.261.00 colones. / Conforme a lo expuesto se determina que llevan razón las demandadas en la excepción de prescripción interpuesta, con fundamento en las razones que se expondrán.: / Se tiene que alude la parte recurrente, al responder sobre la excepción de prescripción interpuesta por la representación de la Junta de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, que la demanda no se encuentra prescrita, toda vez que consta a folio 20 del expediente judicial, se encuentra claramente aportada y debidamente acreditado como documento de importancia para el proceso acta de notificación, que notifica de forma íntegra sobre la totalidad del expediente del suscrito. Y con ello pretende hacer creer que no conocía de la resolución número DNP-RA-0708-2015, de las 16:26 horas del día 03 de marzo del año 2015, la cual le había sido notificada el 25 de junio 2015. Por ello no puede aludir que no estuvo en posibilidades de presentar la demanda con anterioridad. Esto se desvirtúa también con lo plasmado en el hecho tercero de su demanda en donde el actor había señalado categóricamente: ‘TERCERO: Dicha diferencia de doce mil seiscientos sesenta y seis colones fue aplicado desde el mes de agosto del año 2015 como indica JUPEMA’. Esto quiere decir que el actor estaba enterado de la resolución y se impuso debidamente de su contenido donde se le declaro con lugar el reclamo. Además, Recibió el respectivo pago, el cual a la fecha sigue percibiendo. Además y solo como complemento, consta que el señor [Nombre 001] , el 25 de junio 2019 solicitó el pago de periodos fiscales vencidos donde se cancelen las deudas según la aprobación de la revisión de pensión mediante resolución del ente ministerial número, DNP-RA-0708-2015. Y no consta que en aquel momento halla presentado ninguna inconformidad, ni reclamo por el pago recibido. Además, consta dicha resolución le fue notificada el 25 de junio 2015. Observar folio 108 del expediente administrativo. Adicionalmente se debe tener en cuenta también que quién presenta este proceso es conocedor de la materia de que se trata ya que es abogado y cuenta además con asesoría letrada. Prosiguiendo con este análisis se tiene que igualmente el actor al responder la excepción de prescripción interpuesta por la representación Estatal. Alude nuevamente que la acción no se encuentra prescrita, pero modifica los anteriores argumentos y esta vez señala: me apersono ante su autoridad judicial competente a cumplir con la prevención de las dieciocho horas veinticuatro minutos del día veinte de octubre del dos mil veinte, sobre la Audiencia de Excepciones de la siguiente manera: Excepción de Prescripción: Se rechaza la misma, por cuanto el plazo para interponer la demanda es de cuatro años, según lo establece el artículo 461 del Código de Trabajo. Tiene efectos continuados al día de hoy, por lo que se encuentra del plazo establecido en la normativa vigente. Se debe acotar que esta afirmación contiene un error ya que el Artículo 461 del Código de Trabajo, no regula lo que el accionante señala ni el Código de Trabajo, tiene normado en dicho numeral el plazo prescriptivo aludido. Adicionalmente se tiene que no es sino hasta el 26 de setiembre 2019 cuando el actor acude a la vía laboral a presentar esta demanda, la cual corrige por requerimiento del propio Tribunal Contencioso Administrativo el 2 de octubre 2019. Conforme a lo apuntado se recalca que llevan razón las demandadas en la excepción de prescripción interpuesta, ya que en el presente caso, efectivamente se debe aplicar lo normado en el Artículo 40 de la Ley 7531 que establece para lo que interesa: Prescripción de los derechos. ‘No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, la prescripción del derecho a cobrar una prestación ya declarada, así como las diferencias que se produzcan en la cuantía, se regirán por lo establecido en el inciso 1) del artículo 870 del Código Civil.’. Y el inciso 1) del artículo 870 del Código Civil. Dispone: ‘Prescriben por un año: 1.- Las acciones a que se refiere el inciso primero del articulo anterior, cuando el pago se haya estipulado por períodos de tiempo menor que un semestre.’. Adicionalmente, y como complemento, el artículo 418 del Código de Trabajo, establece el plazo de prescripción para el pago de rentas no cobradas. Extremo que es el que reclama el actor en la presente demanda. Se adiciona que la Ley General de la Administración Pública, establece en el Artículo 198 para lo que interesa: ‘El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos prescribirá en cuatro años desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso.’… / Ahora bien, sobre el tema de prescripción en materia de pensiones, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución No. 1036-2010 de las 09:40 minutos del 23 de julio de 2010, indicó ‘En lo que atañe a reclamos de diferencias en las rentas mensuales pagadas por concepto de pensión, el criterio reiterado ha sido que en lo tocante a la materia de seguridad social, salvo que exista una norma especial aplicable, la prescripción debe regirse por el artículo 607 del Código de Trabajo, (actual artículo 418 del Código de Trabajo Reformado). (Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias n°s 1030 de las 10:30 horas, del 13 de diciembre de 2005; 214 de las 9:15 horas, del 7 de abril de 2006 y 19 de las 9:40 horas, del 17 de enero de 2007)’, además, se pueden consultar los votos de la misma Sala números 415-2009 de las 10:40 horas del 15 de mayo de 2009 y 770-2011 de las 10:35 horas del 21 de septiembre de 2011. En todos se establece el plazo de un año en asuntos como el presente, siendo que dicho plazo de prescripción efectivamente está debidamente establecido en la normativa especial Artículo 40 de la Ley 7531. Así como en la normativa laboral, en el artículo 418 del Código de Trabajo y sus reformas al disponer que ‘Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de este Código, sus Reglamentos y de las leyes conexas, que no se originen en contratos de trabajo, prescribirán en el término de un año. Para los patronos, este plazo correrá desde el acaecimiento del hecho respectivo; para los trabajadores, desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o ejercitar las acciones correspondientes.’. Además, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado sobre este tópico punto: ‘...De lo esbozado anteriormente se colige que el legislador estableció un plazo breve, por razones de certeza y seguridad jurídica, presumiendo que ante la falta de actividad tendente a obtener el pago completo de los derechos jubilatorios, los interesados renuncian a cobrarlos’ (Voto 598-2015 de las 09:10 minutos del 05 de junio de 2015). Ahora si bien es correcto ejemplificar que el derecho a la pensión en sí mismo es imprescriptible, no sucede lo mismo con las cuotas, toda vez que, tal y como lo exponen los representantes de las demandadas, al tratarse de mensualidades aparentemente no pagadas y que no hayan sido oportunamente requeridas por el interesado, se les debe aplicar lo dispuesto en el numeral 40 de la Ley 7531, inciso 1 del Artículo 870 del Código Civil. O lo dispuesto en el artículo 418 del Código de Trabajo. Siendo que es la aplicación de esta norma la que establece un plazo de un año, que el demandado reconoce de forma retroactiva por un año previo a la fecha de presentación del reclamo administrativo, las diferencias debidas. Nótese que el presente caso, de conformidad con la prueba aportada por la entidad accionada y lo indicado por el propio actor queda claro conoce de la supuesta deuda a partir del 25 de junio 2015 cuando se le cancelan las deudas según la aprobación de la revisión de pensión mediante resolución del ente ministerial número, DNP-RA-0708-2015. Y reitera no es si no hasta el 26 de setiembre 2019 cuando el actor presenta esta demanda requiriendo el reajuste de su pensión, lo que efectúa después de más de cuatro años y dos meses después de haber recibido el pago. Por lo examinado esta demanda se encuentra prescrita. Nótese que en el presente caso, se han superado prácticamente todos los periodos de prescripción aplicables a estos asuntos en la legislación Costarricense incluso fue superada la prescripción de cuatro años del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública. La parte actora, se debe insistir estuvo en la posibilidad efectiva de presentar la demanda como lo dispone la normativa analizada Ley 7531, Código Civil, Código de Trabajo y la Ley General de la Administración Pública. A partir del momento en que se le notifica y entera del contenido de la Resolución del ente ministerial número, DNPRA-0708-2015 y hasta un año después sin que operara ningún tipo de prescripción en su eventual derecho. Como se puede notar los demandados interponen la excepción de prescripción la que se a de admitir toda vez que en aplicación de la normativa analizada, ampliamente referenciada en esta resolución, es correcto que no le asiste al actor el derecho para presentar esta demanda y requerir los montos aparentemente no pagados, en virtud que no los requirió en el momento procesal oportuno. Por lo que efectivamente se tiene por prescrita la presente causa conforme lo alegó la defensa de las partes accionadas. Ante estos hechos, no queda más remedio para quien juzga que resolver que en el presente asunto ha operado la defensa de la prescripción interpuesta por el Estado y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional ambas demandadas en este proceso. Por lo expuesto anteriormente, siendo que el instituto jurídico de la prescripción negativa se encuentra previsto como uno de los tantos modos de extinción de las obligaciones y para que opere es suficiente el transcurso de determinado tiempo sin que el titular del derecho lo reclame mediante la respectiva acción. Al respecto, Juan Raso Delgue ha señalado que ‘la prescripción es un modo de extinción de relaciones jurídicas que se basa en la inacción del sujeto activo de dicha relación. Como la acción no se ejerce durante determinado tiempo por parte de quien puede hacerlo, la pretensión se pierde para su titular’. (Nuevo régimen de prescripción de las acciones laborales, Montevideo, Editorial y L.J.A.M.F., primera edición, 1998, p. 9). Mediante esta figura, se pretende que las negociaciones jurídicas se desenvuelvan en un ámbito de certeza, pues esta representa uno de los valores que se halla tutelado por el ordenamiento jurídico. Por tal motivo, se ha dicho que ‘el fundamento de la prescripción es de orden público, pues conviene al interés social liquidar situaciones pendientes y favorecer su solución. La prescripción se sustenta, por tanto, en la seguridad jurídica, y, por ello, ha devenido en una de las instituciones jurídicas más necesarias para el orden social’. (VIDAL RAMÍREZ, F.. La prescripción y la caducidad en el Código Civil peruano, Lima, Cultural Cuzco, S.A., primera edición, 1985, p. 101). En razón de lo analizado, se declara prescrito el presente asunto. Consecuentemente, lo que corresponde es acoger la defensa de prescripción interpuesta por la representación de las partes demandadas, declarando sin lugar en todos los extremos petitorios la demanda planteada por el actor por encontrarse la acción prescrita. Y por innecesario y con el afán de no confundir a las partes se omite pronunciamiento sobre el fondo del asunto y demás excepciones opuestas por las demandadas. / (…) / POR TANTO / Con base en las razones expuestas, Artículo 40 de la Ley 7531 y Artículo 870 del Código Civil, Artículo 418 del Código de Trabajo, Reformado y Artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, se declara prescrito el presente asunto y sin lugar en todos sus extremos petitorios la demanda de REAJUSTE DE PENSIÓN interpuesta por el señor [Nombre 001], contra la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y contra el Estado… Conforme a lo expuesto se acoge la defensa de prescripción interpuestas por las partes demandadas. Y por innecesario y con el afán de no confundir a las partes se omite pronunciamiento sobre el fondo del asunto y demás excepciones opuestas por las demandadas…” (sic). Contra ese razonamiento fáctico y jurídico en que el juzgador de instancia sustentó su pronunciamiento, no se expresó argumento alguno que haga posible su desplazamiento, lo que impide a la Sala conocer ese punto y torna en inadmisible el reclamo planteado en esta sede, de modo que este despacho se encuentra imposibilitado para conocer lo decidido por el juzgador de instancia sobre el particular. Obsérvese que el motivo por el cual se desestimó la acción fue porque se acogió la excepción de prescripción, no obstante, en el recurso que nos ocupa el recurrente únicamente hace manifestaciones de que existe incongruencia entre lo solicitado y lo resuelto, así como violación al derecho fundamental de justicia pronta y cumplida, sin concretar los motivos objetivos de la inconformidad o falencias en el dictado del fallo, por lo cual ninguna de las razones aducidas por el actor en su recurso son de recibo, por no impugnar el fundamento de la sentencia del a-quo, o sea, el recurrente no refutó los argumentos que llevaron al juzgador a resolver como lo hizo.
IV.- COSTAS: En este asunto el juzgador de la instancia precedente le impuso a la parte actora el pago de las costas del proceso, fijando las personales en la suma prudencial de cuatrocientos mil colones. El impugnante solicita la exoneración de esos gastos, señalando que no existió mala fe ni deslealtad procesal de su parte al acudir a la vía judicial, además de estar en condición de vulnerabilidad económica. En materia laboral el tema de las costas está regulado en los artículos 562 y 563 del Código de Trabajo. Con fundamento en esa normativa, la regla es condenar al vencido en el litigio a pagar ambas costas del juicio. Sin embargo, al tenor del artículo 563 del Código citado se puede eximir del pago de esos gastos a quien se encuentre en alguno de los supuestos señalados en ese numeral, esto es: cuando el vencido haya litigado con evidente buena fe; cuando las proposiciones hayan prosperado parcialmente; o cuando haya vencimiento recíproco. De lo anterior se deduce que la regla es la condenatoria y la situación contraria es la excepción, por lo que tales circunstancias deben inferirse claramente de los autos para poder ser aplicadas, aparte de que la exención es una facultad y no una obligación para el juzgador. En virtud de lo anterior, por resultar vencida la parte actora y no existir ningún fundamento para considerarlo litigante de buena fe, ni enmarcarse en alguno de los otros supuestos enunciados en el ordinal 563 del Código de Trabajo, lo procedente es mantener la condena impuesta. Por último, aun y cuando la situación económica del accionante sea un aspecto intrascendente para imponerle o absolverle del pago de las costas, no puede considerarse su condición como de vulnerabilidad económica, por cuanto el beneficio de la pensión que recibía y recibe desde antes del reajuste de pensión aplicado, asciende a una suma bruta superior a los dos millones y medio de colones mensuales.
V.- CONSIDERACIONES FINALES: De acuerdo con las consideraciones precedentes, lo procedente es declarar sin lugar el recurso planteado por la parte actora.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2022-000626
OVENEGAS/RPC

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