Sentencia Nº 2022-000658 de Sala Segunda de la Corte, 23-03-2022

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-000871-0641-LA
Fecha23 Marzo 2022
Número de sentencia2022-000658
*190008710641LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 19-000871-0641-LA
Res: 2022-000658
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Cartago, por [Nombre 001], viuda, ama de casa y vecina de Cartago, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderada general judicial, la licenciada G.L.H.B.. Figura como abogado de asistencia social de la actora, el licenciado S.N.C.. Todos mayores, abogados y demás calidades desconocidas, con la excepción indicada.
Redacta la Magistrada V.A.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: la actora acudió a estrados judiciales para que en sentencia se declare su derecho a una pensión por vejez, del régimen No contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, desde el día en que la solicitó; y se condene a la demandada al pago de ambas costas. Adujo que nació el 24 de marzo de 1953, por lo que cuenta la edad de 66 años, su vida productiva la dedicó a los oficios del hogar. A la fecha no cuenta con ningún tipo de prestación por regímenes de jubilaciones o pensiones, contributivos o no. Asegura padecer de cáncer de tiroides, todo lo cual le imposibilita realizar cualquier tipo de labor a las que está acostumbrada; además de su edad, por lo que le resulta difícil encontrar trabajo. Que a pesar de haber solicitado le prestación por vejez, del mencionado régimen, la demandada se la denegó por considerar que está sobre el umbral de pobreza. Sostiene que requiere urgentemente, de la pensión del Régimen No Contributivo, para poder subsistir. La accionada rechazó por inexactos, la mayoría de los hechos mencionados en la demanda; así como el reconocimiento de lo peticionado porque la actora no se ajusta a lo establecido en la reglamentación existente, en el sentido de ser una persona en condición de pobreza que requiera del auxilio económico inmediato por parte del Estado, pues cuenta con el apoyo y el deber de su cónyuge, legal y moral, y lo hijastros, por lo cual opuso la excepción de falta de derecho. Por sentencia número 284-2021 de las 14:36 horas del 20 de mayo de 2021, el Juzgado de Trabajo de Cartago acogió la citada defensa y desestimó la demanda en todos sus extremos, sin especial condena en costas. Contra esa resolución, la actora presentó recurso de apelación, el cual fue admitido por el Juzgado, como de casación.
II.- AGRAVIOS DE LA ACTORA, CONTRA EL FALLO DEL JUZGADO: 1) RECURSO DE CASACIÓN POR LA FORMA: ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS: En este punto objeta una indebida interpretación, por parte de la juzgadora A quo, al concluir que el dictamen del Departamento de Trabajo Social y Psicología acredita que la accionante tiene sus necesidades básicas satisfechas cuando ese mismo dictamen, en su ampliación indica que el grupo familiar sí califica dentro de la categoría de hogares pobres. Asegura que la actora cumple con el requisito de poseer ingresos inferiores o iguales a la línea de pobreza y además, carece de medios económicos o ayuda en especie permanente para satisfacer sus necesidades básicas. Que la ayuda brindada por el IMAS es temporal, siendo evidente que se encuentra en un estado de pobreza, tiene más de 65 años -su estado de salud se debilita constantemente, depende de ayudas de caridad. 2) VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA: A la actora no se le brindó oportunidad de declarar en juicio, lo cual se alegó en el juicio oral. Aduce que a la actora no se le brindó la oportunidad de defensa, de escucharla sobre sus posiciones frente a los elementos probatorios para que con ello se pueda tomar una mejor decisión. Escucharla le habría permitido ahondar en las condiciones reales de vida. Por estas consideraciones solicita la revocatoria de lo resuelto; y se ordene el pago de la prestación o en su defecto, el reenvío para una nueva sustanciación del juicio.
III.- CUESTIÓN PREVIA: En primer lugar, debe aclararse a la impugnante que los yerros en la interpretación o valoración de los elementos probatorios no constituyen vicios de orden formal, pues tal actividad -interpretación y valoración de las probanzas- está vinculada con el análisis de fondo de un fallo, es decir, con la determinación de los hechos en los que se sustenta la decisión. Por esa razón es que, tales infracciones no están contempladas dentro del numeral 587 del Código de Trabajo; que es la norma donde se contempla los vicios de orden formal que autorizan la casación de un fallo. Como en esta materia, es preponderante el principio del informalismo, se procederá al análisis de valoración de la prueba, en tanto el recurrente expone en forma clara la razón de su inconformidad. El agravio en contra de la negativa del Juzgado a recibir la declaración de la actora, carece de interés, conforme se dirá en el considerando siguiente.
IV.- AGRAVIOS CONTRA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA: Le asiste razón al impugnante al objetar la interpretación brindada por la juzgadora A quo, al dictamen social forense emitido por el Departamento de Trabajo Social y Psicología (imagen 118), en tanto la conclusión a la que arriba el fallo, no deriva de un razonamiento lógico, tal como lo ordena el numeral 481 del Código de Trabajo. Lo anterior porque la juzgadora A quo, señalando como sustento el indicado informe concluyó:

Esta última probanza vertida constituye el fundamento técnico para la resolución del presente asunto, por cuanto este juzgador ampara su razonamiento en esta regla de la ciencia, por ser prueba evidentemente objetiva de la situación socio económica y familiar actual de la parte actora, dicho informe se determina que la gestionante no se encuentra en una situación de pobreza o pobreza extrema, y que gracias al aporte de su hija y nieta, ve satisfechas las necesidades básicas de alimentación, vivienda y acceso a servicios básicos, es decir, no se estableció en dicho informe que la parte actora se encontrara en condición de pobreza, situación que constituye un requisito fundamental para el otorgamiento de la pensión por ella solicitada, como bien se refirió en el informe la gestionante se considera en condición de vulnerabilidad pero no de pobreza.”

Esa conclusión no es acertada en tanto la pericia técnica oficial, visible a imagen 118, expresamente concluye:

“La Sra. [Nombre 001] es persona adulta mayor de 66 años de edad. De los antecedentes socio-familiares se logra extraer como la referida se ha desarrollado e interactuando en ambientes de limitación económica, siendo que a falta de oportunidades y apoyo parental e institucional, no logra desarrollo académico o laboral, dedicándose al cuido de terceros y el trabajo doméstico no remunerado e invisibilizado.
En este sentido, la Sra. [Nombre 001] ha sido dependiente de terceros para la satisfacción de necesidades y demandas básicas de vida, careciendo de recursos, herramientas o posibilidades personales para generar ingreso económico propio.
Desde setiembre de 2019, la referida conforma grupo familiar unipersonal, siendo su red de apoyo diligente y protectora, a la hora de satisfacer un mínimo de necesidades básicas de vida. No obstante, tanto la Sra. [Nombre 001] como las fuentes consultadas, afirman la existencia de limitaciones que dificultan una mejor contención de la persona adulta mayor referida, así como garantizarle mejor calidad de vida.
En este sentido, únicamente dos hijas y una nieta reportan colaboración en especie y pago de servicios públicos hacia la Sra. [Nombre 001] , a la vez que se le gestionó un subsidio del IMAS que de adjudicársele pensión se eliminaría.
Así dado, se tiene la existencia de un ingreso económico familiar vulnerable o susceptible a cambios o transformaciones externas, siendo que la mayor cantidad del recurso proviene del ayuda o recursos de terceros, que por si mismos son de carácter y naturaleza temporal.
De esta manera, triangulando los datos obtenidos del análisis de las particularidades del grupo familiar valorado a luz de los parámetros establecidos por el INEC y complementado con el método de índice de pobreza multidimensional; se puede concluir como los datos cualitativos y cuantitativos muestran la existencia de dificultades para hacer frente a necesidades y demandas básicas de vida de la Sra. [Nombre 008] , encontrándose en una condición de riesgo y vulnerabilidad social, razón por la cual en la actualidad es beneficiaria del Instituto Mixto de Ayuda Social.
Ahora bien, al hacer la relación de gasto/ingreso, se observa como el grupo familiar logra de manera ajustada cubrir las necesidades básicas de vida reportadas; considerándose los ingresos insuficientes para abarcar de manera oportuna otros aspectos materiales como vestido, calzado, recreación o acceso a medicina privada, los cuales quedan a merced de terceros.

Se informa para lo que corresponda.

En la aclaración a ese dictamen, visible a imagen 172, se consigna:

En relación a la solicitud realizada por parte de la autoridad judicial, se lee con claridad en la página 3, párrafo 7 , como la referida y su grupo familiar, según la metodología establecida por el Instituto Nacional de Estadística Y Censo, SI califica por ingreso dentro de la categoría de hogares pobres, así también consignado en las conclusiones.
Se añade que el ingreso per cápita reportado al momento de la valoración social, no es inferior a la línea de pobreza extrema estimada por el INEC para dicho período, por lo que no califica dentro de esta categoría.
Aunado a lo anterior, se observa en el párrafo 8 de la misma página una vulnerabilidad en la referida al ser una persona adulta mayor carente de transferencias económicas, a la vez que se logró determinar la existencia de limitaciones y dificultades para la oportuna satisfacción de necesidades básicas de vida.
En este sentido, se extrae textualmente del dictamen social los párrafos indicados:
"Tomando en cuenta las particularidades expuestas y partiendo de los
parámetros establecidos por el método de la línea de pobreza empleado por el INEC, la Sra. [Nombre 009] califica dentro de la categoría de hogares pobres al presentar un ingreso per cápita inferior al establecido en la línea de pobreza a nivel nacional.
Aunado a lo anterior, al incorporar el método de medición de pobreza
multidimensional, se tiene que la persona valorada tiene satisfechos ámbito de vida esenciales como: vivienda, a pesar de que la misma requiere de mantenimiento e intervención; salud al contar con seguro médico de la CCSS. No obstante, en el ámbito de protección social , al tratarse de una persona adulta mayor sin pensión, se considera a la Sra. [Nombre 001] en una condición de vulnerabilidad."

Es decir, que la pericia técnica social, expresamente concluyó que la actora, sí califica, por su carencia de ingresos, como una persona pobre; que carece de recursos propios para la satisfacción de sus necesidades pues en ese aspecto es dependiente de terceros; y que únicamente dos hijas y una nieta reportan colaboración en especie y pago de servicios públicos. El error de la juzgadora A quo es que parte de la mención que se hace al final de esa ampliación donde se indica que la actora está en una condición vulnerable, dejando de valorar el resto de las conclusiones y el contenido mismo de dicha pericia en donde además se consigna, entre otras cosas, que la actora conformaba un grupo familiar con su esposo, un adulto mayo quien falleció en junio de 2018, “siendo que ambos subsistieron con una pensión del Régimen No Contributivo que se extinguió con la muerte del cónyuge… hasta el mes de setiembre de 2019, la referida cohabitaba con su hija [Nombre 010] Ilama y su nieta [Nombre 011], quienes asumieron la manutención del hogar. sin embargo, estas egresaron de la vivienda como forma de independización, cortando el apoyo económico brindado y alejándose de la referida Ahora bien, a partir de la investigación social, se identifica como principal recurso de contención y apoyo a la Sra. [Nombre 012] Ilama, quien desde setiembre de 2019 asumió el pago de recibos públicos y alimentación de la referida. No obstante, la Sra. [Nombre 013] es dependiente de su marido, alegando limitaciones económicas que dificulta una mejor y mas oportuna contención. (ver imagen 120).

Al limitado apoyo que recibe de los descendientes de su esposo -no son hijas o hijos suyos-, voluntario y susceptible a cambios, el informe agrega el subsidio que recibe la actora, del Instituto Mixto de Ayuda social, por la suma de 99.664 colones mensuales. El único ingreso económico con el que contaba la actora, en vida de su marido, fue una pensión del régimen No contributivo de él; lo que evidencia la mayor vulnerabilidad en la que quedó la accionante con la muerte de su marido, vulnerabilidad constatada por aquella institución -IMAS- al otorgarle un beneficio que es temporal. De modo que el ingreso económico que la sitúa en una condición de “pobre” y no de “pobreza extrema” es también temporal. En relación con este fundamental tema, por el que se le ha denegado a la actora la pensión que solicitó desde el 18 mayo de 2017 ( ver imágenes 33) la Sala observa que en el Informe de Gestión Régimen No Contributivo que se realizó a los fines de determinar la procedencia del derecho, únicamente se indica que “Según consulta realizada en el SINIRUBE, se determina que la solicitante, se encuentra en situación de pobreza: NO POBRES” (ver imagen 85). Posteriormente, a imagen 90 aparece una Constancia de Clasificación de Pobreza del SINIRUBE que la ubica en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en ninguno de esos documentos que sirven de base a la resolución administrativa denegatoria del derecho, se le indica a la actora, las razones concretas de tal clasificación. Además de la imposibilidad que existe de conocer los motivos del acto denegatorio, la Sala extraña que a la actora, dependiente de un marido beneficiario de una pensión del Régimen No contributivo, se le haya denegado el derecho propio a ese beneficio, sobre todo al constatarse en la Recomendación Desfavorable (visible a imagen 92), que ella vive sola, que no tiene bienes inmuebles inscritos a su nombre y que su ingreso económico era de ¢0.00; por lo cual, la conclusión adoptada en ese documento, así como en la Resolución de la Sucursal de Paraíso, N° 104310761-2019 de 11:03 horas de 30 de mayo de 2019 (visible a imagen 94), de que la actora no se encuentra en condición de pobreza y en necesidad de amparo económico inmediato, se presentan como arbitrarias, por carentes de una debida motivación que explique las verdaderas razones fácticas de la denegatoria. Por el contrario, en esta otra sede, el Dictamen Social Forense 19-001230-0732-TS, señaló en forma puntual, las condiciones económicas y los antecedentes de vida, por las que se constata que la actora es una persona en condición de pobreza, que requiere del beneficio económico solicitado, para su subsistencia y satisfacción de necesidades perentorias de vida. De esta forma, las probanzas traídas al expediente resultan contundentes al acreditar la condición de necesidad de apoyo económico en que se encuentra la actora, que descarta la oposición planteada en la contestación, donde la demandada se limitó a sustentar su rechazo en “la documentación e información, que consta en el expediente” cuando lo cierto es que, ningún fundamento fáctico hubo en esa sede, ni ahora en la judicial, para denegar la condición de pobreza y necesidad de amparo económico que requiere la actora, una persona adulta mayor, que vive sola, dependiente únicamente del apoyo que le pueda brindar la descendencia de su difunto esposo; y de un beneficio económico temporal que le brinda el Instituto Mixto de Ayuda Social, aspectos que fueron soslayados en el fallo. En este, tampoco se hizo referencia alguna a la fecha de presentación de la solicitud en sede administrativa. En imagen 33 del expediente virtual consta que la solicitud de pensión por vejez fue presentada el 18 de mayo de 2017, es decir, antes de la entrada en vigencia de la reforma al artículo 3 del Reglamento del Régimen No Contributivo, adoptada en la sesión N° 8907 del 25 de mayo de 2017, que introdujo el recurso a la Ficha de Información Social del SINIRUBE, criterio con el que se sustentó la negativa administrativa y la oposición a la demanda. Por eso, el análisis que realiza la juzgadora, al amparo de aquella normativa y no, de esta otra más reciente, es acertada. En lo que interesa para el caso de la actora, esa reglamentación establecía, para ser beneficiario del Régimen no Contributivo de Pensiones, demostrar que la persona solicitante se encuentra en estado de necesidad de amparo económico inmediato, para lo cual, debe cumplir todos los siguientes aspectos: Los ingresos deben ser inferiores o iguales a la línea de pobreza, o a la línea de pobreza familiar ampliada, según corresponda (ingreso per cápita familiar igual o inferior al indicador de la línea de pobreza determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); la inexistencia de más de una propiedad inscrita; la falta de medios económicos o ayuda en especie permanente para satisfacer necesidades básicas (el solicitante debe comprobar que carece de medios económicos y de ayuda en especie permanente de parte de otras personas con capacidad económica, que le permitan satisfacer sus necesidades básicas; carencia de bienes de significado económico; y condición de persona no asalariada). La prueba constante en el proceso, valorada en su integridad, con criterios lógicos como procede en esta materia -artículo 481 del Código de Trabajo- permite llegar a la conclusión de que la actora sí se encuentra en las condiciones de hecho que le hacen merecedora del auxilio económico estatal demandado. En consecuencia, al asistirle razón al recurrente en su disconformidad, el recurso deberá ser acogido. Demostrado que la señora [Nombre 001] cumplía con las exigencias de hecho dispuestas por la ley y el reglamento para la obtención de la ayuda económica que arbitrariamente le fue denegada, procede condenar a la institución accionada a otorgarle una pensión por vejez del Régimen No Contributivo, a partir del 18 de mayo de 2017, cuando la solicitó. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 565 del Código de Trabajo, también deberá pagarle intereses legales a partir de la exigibilidad de lo concedido, es decir, del surgimiento mensual de cada cuota. Los montos adeudados deben ser actualizados a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda -17 de junio de 2019-, es decir, del 17 de mayo de 2019, y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago.

V.- COSTAS: En materia laboral, el tema de las costas está regulado en los numerales 562 a 564 del Código de Trabajo. El primero, establece la regla que a la parte vencida debe imponérsele el pago de las costas personales y procesales causadas. Sin embargo, al tenor del artículo 563 ídem se puede eximir del pago de esos gastos a quien se encuentre en alguno de los supuestos señalados en ese numeral, esto es: cuando el vencido haya litigado con evidente buena fe; cuando las proposiciones hayan prosperado parcialmente; o cuando haya vencimiento recíproco. De lo anterior se deduce que la regla es la condenatoria y la situación contraria es la excepción, por lo que tales circunstancias deben inferirse claramente de los autos para poder ser aplicadas, aparte de que la exención es una facultad, y no una obligación para el juzgador. En este asunto, no se estima estar en presencia de un caso que amerite el ejercicio de esa potestad, y desaplicar la regla general, toda vez que la institución accionada, desde la sede administrativa, sin ningún fundamento válido y razonable se ha negado a reconocer la necesidad de amparo económico de la actora, por lo cual, se debe imponer a su cargo, el pago de ambas costas. Las personales se deben fijar en el 15% de las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia, habida cuenta de la labor realizada, la cuantía de lo litigado, y la posición económica de las partes; y, por las consecuencias futuras, cabría agregar a la suma resultante de ese porcentaje, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento adicional, a partir de la firmeza del fallo, lo cual se determinará en ejecución de sentencia. Lo anterior porque el proceso conlleva una pretensión inestimable de trascendencia económica, según el artículo 562 del Código de Trabajo (en semejante sentido, la sentencia 2022-0269, de las 10:55 horas del 4 de febrero de 2022).

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se anula el fallo recurrido. En su lugar se deniega la excepción de falta de derecho formulada por la demandada y se declara con lugar la demanda. Se ordena a la Caja Costarricense de Seguro Social otorgarle a la actora, una pensión por vejez del Régimen No Contributivo, a partir del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Sobre los montos adeudados debe cancelar intereses a partir del surgimiento mensual de las cuotas y hasta el efectivo pago. También debe indexar las cuotas atrasadas por pensión, actualizándolas a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana, que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, entre el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. Se impone a la demandada el pago de ambas costas de la acción. Se fijan las personales en el quince por ciento de las sumas adeudadas a la firmeza de la sentencia y, por las consecuencias futuras, cabría agregar a la suma resultante del porcentaje fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento adicional, a partir de la firmeza del fallo, lo cual se determinará en ejecución de sentencia.

Orlando Aguirre Gómez
Julia V.A. Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2022000658
MALLON/mrg
1
EXP: 19-000871-0641-LA

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