Sentencia Nº 2022-00107 de Sala Tercera de la Corte, 04-02-2022

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha04 Febrero 2022
Número de expediente18-002947-0345-PE
Número de sentencia2022-00107
*180029470345PE*
Exp: 18-002947-0345-PE
Res: 2022-00107
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las diez horas cuatro minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós.
Recurso de Casación interpuesto en la presente causa seguida contra Ericka Bustos Rivas, costarricense, cédula de identidad 1-1231-0769, nacida el 11 de febrero de 1985; por el delito de daños, cometido en perjuicio de [Nombre 001]. Intervienen en la decisión del recurso las Magistradas y los Magistrados Álvaro Burgos Mata, G.R.A.V., S.E.Z.M., Miguel Fernández Calvo y W.S.B., los dos últimos como suplentes. Además, en esta instancia, la licenciada E.S.I., como defensora particular de la encartada. Se apersonó el representante del Ministerio Público, licenciado J.M.M..
Resultando:
1.- Mediante sentencia N° 2021-350 de las diez horas veintisiete minutos del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Primera, resolvió: POR TANTO: Por unanimidad, se declara con lugar el primer motivo del recurso de apelación de sentencia interpuesto a favor de Ericka Bustos Rivas. En cuanto a este extremo, el juez Fallas Redondo pone nota con razones adicionales. En consecuencia, por mayoría, se revoca la resolución venida en alzada y en su lugar, se absuelve a E.B.R. de toda pena y responsabilidad por los hechos que se le atribuyen. El juez Fallas Redondo salva su voto en cuanto a esto último, anulando totalmente la resolución venida en alzada y se reenvía la causa al Tribunal de origen para que con distinta integración sea sustanciada nuevamente. Por innecesario, se omite pronunciamiento respecto del segundo motivo de impugnación. DAVID FALLAS REDONDO - JUEZ DECISOR - IVETTE CARRANZA CAMBRONERO - JUEZA - DECISORA - CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ DECISOR” (sic).
2.- Contra el anterior pronunciamiento el licenciado J.M.M., interpuso recurso de casación.
3.- Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.
4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Informa el Magistrado Á.B.M.; y,
Considerando:
I. Mediante resolución N° 2021-2006, de las 10:59 horas, del 27 de agosto de 2021, esta Sala ordenó admitir para su conocimiento de fondo, los motivos primero y tercero del recurso de casación formulado por el licenciado J.M.M., en su condición de representante del Ministerio Público; el cual se dirige contra la sentencia N° 2021-350, de las 10:27 horas, del 18 de junio de 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, que declaró con lugar el primer motivo de la apelación formulada por la defensa técnica de la imputada E.B.R., contra el fallo N° 642-2020, de las 21:10 horas, del 3 de diciembre de 2020, emitido por la sección de Flagrancias, del Tribunal Penal de Cartago; absolviendo en dicha instancia a la señora B.R., por el delito de daños que se le venía atribuyendo, en perjuicio de [Nombre 001].
II. En el primer reproche incoado, se reclama la “Inobservancia de un precepto legal procesal: violación al derecho a recurrir el fallo en segunda instancia.”, lo que fundamenta en los numerales 468 inciso b), 439, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal; 8 inciso 2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Afirma que el ad quem decidió ir más allá de las competencias conferidas, al resolver en única instancia lo que a su criterio procedía, toda vez que, valorando prueba, como la denuncia, las fotografías y el resto de elementos que constan en autos, concluyó que lo acusado resultaba insuficiente para fundamentar una condena, en consecuencia emitió una sentencia absolutoria a favor de la imputada, dejando al Ministerio Público sin la posibilidad de discutir el tema y de impugnar ante un superior, por lo que -a su criterio- concurre uno de los supuestos establecidos en el ordinal 468 inciso b) del código adjetivo. Fustiga que, con esta actuación, el Tribunal de Apelación de Sentencia limitó la posibilidad de impugnar ante un superior una decisión que causa agravio. Afirma que la disposición tomada impide al órgano acusador discutir la tesis que vendría a respaldar que, de acuerdo a la prueba ofrecida, los daños sí fueron realizados conforme a la imputación fiscal. Considera que lo que corresponde es declarar con lugar la impugnación y ordenar el reenvío de la causa. Este alegato se declara sin lugar. Se desprende del estudio de este motivo, que el óbice del asunto se centra en dos aspectos. El primero, si el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal tiene competencia legal para absolver en dicha instancia y, en segundo lugar, si de proceder tal potestad, para el caso concreto, la misma quebrantó el numeral 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el tanto, dicha absolutoria no podría ser impugnada ante un Tribunal Superior. A fin de resolver estos planteamientos, resulta importante remitirnos a nuestra legislación procesal penal, a fin de poder conocer cuáles son las facultades que el legislador le concedió a tal sede, cuando creó el recurso de apelación de la sentencia penal, lo que aconteció por ley N° 8837, del 3 de mayo de 2010. Al respecto, el numeral 459 del código adjetivo, señala que el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal podrá realizar un examen integral del fallo de primera instancia, e incluso, declarar aún de oficio, los defectos absolutos y los quebrantos al debido proceso que encuentren en este. En concordancia, con lo anterior, el ordinal 465 de la ley de rito, indica en lo que es de interés que: “ARTICULO 465. Examen y resolución. El tribunal de apelación de sentencia apreciará la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, de modo que pueda valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión (…) Si el tribunal de apelación estima procedente el recurso, anulará total o parcialmente la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o de la resolución. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio o resolución. En los demás casos, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo con la ley aplicable” (la negrita no corresponde al original). A partir, de un análisis conjunto de esta normativa, es claro que los jueces de alzada, además de tener competencia para anular, sea parcial o totalmente la sentencia objeto de impugnación y ordenar con ello el juicio de reenvío, también pueden de manera directa enmendar el vicio y resolver conforme a la ley aplicable. Sobre el tema, la doctrina nacional ha recalcado que: “…la naturaleza jurídica que caracteriza al recurso de apelación de sentencia penal en el ordenamiento jurídico-procesal costarricense así como la materialización del principio de justicia pronta y cumplida imponen que, al aplicar esta regulación, el tribunal de alzada deberá procurar la solución definitiva del asunto en fase de apelación, en todos los casos en que la tutela efectiva de los derechos y las garantías que integran el debido proceso penal lo permitan, de tal forma que se evite el reenvío en asuntos ante el tribunal de juicio, los cuales pueden ser decididos por el fondo, sin necesidad de realizar o reponer el juicio(J.G., EDWIN ESTEBAN y VARGAS ROJAS, OMAR, Nuevo Régimen de impugnación de la sentencia penal. Escuela Judicial, S.J., 2011, p. 144) (lo resaltado es propio). Ahora bien, ya una vez que se tiene claro que el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal puede resolver el caso de manera directa, aplicando la normativa correspondiente, cabe plantearse entonces, en qué hipótesis puede ejercer tal competencia; siendo que esta Cámara de Casación ha sido consistente en afirmar, que esta facultad es factible, siempre y cuando dicha actuación no violente la garantía convencional consagrada en el numeral 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece la garantía judicial de toda persona de tener el derecho de recurrir el fallo ante un juez o Tribunal Superior; normativa a la cual le ha dado contenido en relación a su alcance la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) en el “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica” (del 2 de julio de 2004), cuyos razonamientos de mayor interés se procede a transcribir: “158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (…) 161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho…(la negrita no corresponde al original). Al respecto, esta Sala Tercera ha instruido que: “ (…) Sobre los alcances de este remedio procesal a la luz de las garantías convencionales, desde el voto 2016-000756, de las 11:10 horas, del 20 de julio de 2016, esta Cámara ha precisado que las partes gozan del derecho a recurrir en el fallo en segunda instancia mediante un recurso ordinario, informal, accesible y eficaz, que permita el examen integral del fallo. Desde esta óptica, es posible concluir que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal puede revocar la sentencia, enmendar el vicio y aplicar directamente la normativa correspondiente, siempre que dicha actuación no violente la garantía convencional expuesta supra – o en los casos que lo procedente es el reenvió para subsanar un yerro procesal- y si bien, es posible señalar que ello ocurre cuando se otorga un peso probatorio distinto a los elementos de convicción, esta circunstancia, es decir, la posible violación a la garantía convencional de marras, debe ser analizada en el caso concreto (...)” (ver sentencia Nº 771-2021, de las 10:26 horas, del 16 de julio de 2021, cuya integración estuvo a cargo de la Magistrada S.C. y los Magistrados Ramírez Quirós, B.M., A.V. y S.B.); con lo que se evidencia que el análisis de cuando segunda instancia puede resolver de manera directa y definitiva un asunto sometido a su conocimiento, sin generar agravio alguno a las partes intervinientes, es un asunto casuístico, que deberá ser revisado en cada caso en específico. En igual sentido, se cuenta con la sentencia de casación número 343-2021, de las 9:59 horas, del 16 de abril de 2021, la cual reviste de gran importancia, en razón que esta Cámara establece de manera más detallada criterios para determinar cuándo es posible en alzada enmendar de una vez la sentencia de juicio y cuando necesariamente debe anular el fallo y reenviar el expediente para la realización de un nuevo juicio, arguyendo que: “V.[...] Es decir, es aquella sede (la de apelación de sentencia) la destinada a erigirse como un instrumento de control amplio e íntegro de las decisiones emitidas por los tribunales de juicio. Esta aclaración reviste importancia de cara a lo alegado por el Ministerio Público, pues es vital subrayar que la casación penal, dada su naturaleza extraordinaria, no está avocada a satisfacer la garantía de la segunda instancia, sino que constituye un remedio impugnaticio caracterizado por una serie de contornos; a saber: (a) la delimitación taxativa de las causales que permiten su interposición (errónea aplicación de la ley sustantiva o procesal, y la contradicción entre el fallo de alzada y la doctrina derivada de las sentencias de la Sala de Casación Penal; o bien, de otros tribunales de apelación de sentencia penal); (b) la exigencia de que en la formulación del recurso se observe una técnica precisa, cuya inobservancia el legislador ha sancionado con la inadmisibilidad; y (c) la imposibilidad que existe para la cámara de casación de descender al terreno de la valoración probatoria, toda vez que en esta vía opera el principio de intangibilidad de los hechos probados; es decir, el marco fáctico viene determinado por aquel que, desde la sentencia de mérito, ha consolidado el ad quem. En consecuencia, si bien es plausible pensar en hipótesis en donde los tribunales de apelación de sentencia resuelven de manera que vedan el acceso de las partes a un ulterior examen amplio de la causa (sobre todo si se toma en cuenta la multiplicidad de posibilidades que existen de cara un reenvío), irregularidad que puede ser controlada en sede de Casación, este yerro sí debe ser analizado casuísticamente. Sobre el particular, esta Sala ha señalado: " Tal y como lo señala el recurrente, esta Sala en reiterados pronunciamientos ha hecho un análisis importante en torno a las facultades que ostenta el Tribunal de Apelación, en atención a la enmienda de errores detectados en la sentencia de juicio, conforme lo estipula el numeral 465 del Código Procesal Penal, y los alcances y limitaciones que en ese sentido ostenta el juzgador de alzada. Justamente, se ha establecido por esta Sala que el límite más importante para tomar la decisión de resolver o no en forma definitiva la situación jurídica del acusado, se centra puntualmente en la tutela de los derechos y garantías que ostentan todas las partes procesales, puesto que la afectación a la doble instancia no se da en todos los casos en que el Tribunal de Apelación resuelve en definitiva la causa, porque es una facultad legalmente establecida por el ordinal 465 antes señalado. Es obligación del Tribunal de Apelación entonces examinar en cada caso, si la resolución definitiva del asunto podría conllevar un quebranto o no de la garantía efectiva de tos derechos procesales de las partes, entre ellos, el derecho a la doble instancia. (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N° 2018-0074, de las 12 horas, 45 minutos, del 31 de enero de 2018. Integrada por A., R., S., D. y Z.; criterio a su vez reiterado en sentencia N° 2020-01251, de las 13 horas, 39 minutos, del 25 de setiembre de 2020. Integrada por S., Burgos, A., G. y Cortés). Es decir, al ponderar cuál solución jurídica se le dará al caso, el órgano jurisdiccional de segunda instancia deberá siempre dimensionar los efectos que esa decisión tendrá frente al derecho de las partes a examinar el fallo ante un tribunal superior. De este modo, en aquellos casos en donde el examen integral de la sentencia de mérito involucre una revaloración de las probanzas que altere el elenco fáctico demostrado en juicio (competencia para la cual se halla habilitado el ad quem , según los artículos 464 y 465 del Código de rito), a partir de la cual se sustente una nueva apreciación del derecho (sustantivo o procesal), deberá ordenarse un juicio de reenvío; ello en razón de que -como se dijo líneas atrás- esa apreciación de los elementos de prueba no puede ser controlada en sede de casación y, por consiguiente, la parte disconforme con la decisión no podría accionar en esa vía. Si, por el contrario, la nueva aplicación del derecho procede de una simple relectura de los hechos probados (los cuales el ad quem conserva inalterados), es viable que el tribunal de segunda instancia aplique directamente el derecho que estime correcto, toda vez que aquella hermenéutica puede ser impugnada ante la Sala de Casación Penal alegándose un vicio in iudicando (si se trató de ley sustantiva) o in procedendo (si se trató de ley adjetiva)." (Sala integrada por las Magistradas y Magistrados Solano Castro, Z.M., B.M., R.Q. y A.V.) (lo resaltado en negrita es propio). Justamente, el segundo de los supuestos que evoca la jurisprudencia supra mencionada fue el que aconteció en la especie. Si bien el recurrente argumenta en su recurso que el ad quem decidió ir más allá de las competencias conferidas, toda vez que valoró prueba, a fin de concluir que lo acusado resultaba insuficiente para fundamentar una condena, lo cierto es que de la revisión de la sentencia de mérito, se tiene que la razón por la que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, absuelve a la encartada E.B.R. del delito de daños por el que había sido condenada por el a quo , es en aplicación del principio de falta de correlación entre acusación y sentencia, contemplado en el numeral 365 de la ley procesal, para lo cual centró su análisis en la diferencia existente entre el cuadro fáctico acusado y el que se tuvo por acreditado en el contradictorio, razonando que: “(…) Según lo que se aprecia en la pieza acusatoria (páginas 117 y 118 del expediente digital), la imputada, "molesta con la actuación de la ofendida, con el fin de causar daño en la propiedad ajena, tomó el rótulo de marras se acercó al automotor y apoyó el rótulo en la ventana trasera del carro logrando quebrarla, causando el daño total del parabrisas ..." (Sic). Como se puede apreciar, lo que le atribuyó el Ministerio Público a la justiciable es la intención de causar un daño y que éste se produjo. Pero al describir la conducta que sirve de ligamen entre una y otra cosa, la Fiscalía sólo atribuyó a la encartada el haber apoyado el rótulo en la "ventana trasera" del vehículo, de modo que quebró el parabrisas (…)Pues bien, el español es el idioma que debe utilizarse al realizar actos procesales (artículo 130 del Código Procesal Penal); por ello, es válido acudir al Diccionario de la Lengua Española (en el cual distintas A. reúnen los vocablos que se utilizan en este idioma y exponen sus significados) para precisar los alcances de la acusación. En este asunto, es pertinente destacar que el uso del verbo "apoyar" tiene sentido si (entre sus distintas acepciones) se entiende como "hacer que algo descanse sobre otra cosa", así como "basar, fundar". Adviértase que el significado del referido verbo no contempla el uso de la fuerza sobre un objeto para presionar otro, lo que implica que tal elemento (el uso de la fuerza) no fue contemplado en la acusación. Pese a ello, el a quo tuvo por demostrado (hecho segundo) que la encartada, "molesta con el actuar de la ofendida, con el fin de causar daño en la propiedad ajena, tomó el rótulo antes indicado, se acercó al automotor, y con fuerza impactó con dicho rótulo el parabrisas trasero del carro, logrando quebrarlo, causando el daño total del mismo ..." (la negrilla y el subrayado no son del original). Como se puede apreciar, en sentencia se tuvo por acreditado algo distinto a lo acusado, pues se tuvo como probado que la imputada utilizó la fuerza para impactar el vidrio trasero del vehículo conducido por la agraviada. Ello constituye un vicio de la resolución apelada, concretamente el de falta de correlación entre acusación y sentencia, pues en la primera no se describió - como ya se señaló- tal uso de la fuerza. Con tal yerro se causa agravio a la imputada, pues como base de su condena se estableció una circunstancia fáctica no acusada, de modo que no se pudo defender de la misma, razón por la que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 365 del Código Procesal Penal, no podía tenerse por acreditadas otras circunstancias distintas de las descritas en la acusación y lo correcto era dictar una sentencia absolutoria a favor de la encartada (…)” (cfr. folios 3 y 4 del archivo digital 20211212000113-5278681
1-1). N. de la anterior fundamentación, que el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, transcribió la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia de juicio, a fin de acreditar -según su criterio- el vicio de falta de correlación entre lo acusado y lo que se tuvo por probado, lo que devela que el Tribunal de Apelación en esta hipótesis sí se encuentra facultado para corregir el vicio y resolver la cuestión en aplicación de la ley correspondiente, sin necesidad de ordenar la remisión de la causa nuevamente al Tribunal de Juicio (en el mismo sentido el fallo de esta Sala número 1365-2019, de las 11:50 horas, del 5 de noviembre de 2019, integrada por las Magistradas y M.Z., G., A., R. y S.) dado que no sería posible la corrección de la imputación en esa etapa procesal. Partir de un supuesto diferente no solo haría nugatorio el principio de legalidad, sino el de justicia pronta y cumplida y el de economía procesal. Véase que en este caso concreto, el representante fiscal tenía a su alcance la posibilidad de cuestionar por la vía del recurso de casación penal esta sentencia, sea impugnando la aplicación de la norma procesal contenida en el artículo 465 del Código Procesal Penal; o alegando el quebranto del derecho a recurrir en segunda instancia, oportunidad que sí ejerció; o por inobservancia o errónea aplicación del numeral 365 de ese mismo cuerpo jurídico, referente al principio de correlación entre acusación y sentencia, lo que efectivamente hizo, como se puede apreciar en el siguiente motivo objeto de estudio. Es decir, en el caso sub examine y por la forma en la cual se resolvió en alzada, no se lesionó el acceso a la segunda instancia, puesto que el ad quem efectuó una aplicación del derecho que pudo ser cuestionada, como en efecto se hizo, mediante el recurso extraordinario de casación penal, sin que se logre observar ninguna situación que haya obstaculizado el derecho del Ministerio Público de presentar un recurso de esta naturaleza contra la resolución dictada en segunda instancia. Por último, se desea recalcar que si bien en este caso el Tribunal de Alzada hace una breve alusión a la prueba, tal mención no se realiza con el fin de variar el marco fáctico acusado o el probado, sino para justificar de cierta forma, la razón por la cual el Ministerio Público utilizó el verbo apoyar en la acusación por el delito de daños aquí investigado y no otro. Así las cosas, se procede declarar sin lugar el primer motivo del recurso de casación formulado por el Ministerio Público.
III. Como segundo reclamo admitido, se alega la “Inobservancia de un precepto legal procesal: errónea aplicación del artículo 365 del Código Procesal Penal.”. Sostiene que el Tribunal de Alzada aplicó de manera errónea el artículo 365 del Código Procesal Penal, que regula la correlación entre acusación y sentencia, lo que afectó al Ministerio Público, quien obtuvo una condena en la etapa de debate. Considera que la correlación entre acusación y sentencia no implica una identidad absoluta entre los hechos acusados y los hechos tenidos por demostrados, sino que, en lo esencial, contengan los mismos “elementos sustanciales” del tipo penal. Arguye que los jueces de alzada aplicaron erróneamente el precepto procesal aludido, al indicar que “en el presente asunto el tribunal de juicio violentó el artículo indicado por cuanto se estableció una circunstancia fáctica no acusada, dejando de valorar que lo que hizo el tribunal fue establecer la misma dinámica imputada o los mismos elementos esenciales para así justificar los hechos demostrados y con ello la condena.”. Afirma que en este caso, lo que se tuvo por demostrado fue que existió una acción de la acusada, quien utilizando un rótulo impactó el vehículo de la ofendida y le ocasionó daños, motivo por el cual, con independencia de los vocablos que se utilizaron, lo cierto es que: “se estimó la misma acción de causalidad para acreditar el delito de daños, es decir en lo intrínseco se trata de la misma acción descrita que contienen los mismos elementos del tipo penal, con lo cual no hubo sorpresa para la defensa que verifique el vicio apuntado por el ad-quem.”. Agrega, que el Tribunal de Apelación dejó de lado que la debida correlación entre acusación y sentencia no implica que los hechos deban ser idénticos, sino que no exista indefensión para la persona imputada. Cita la resolución 2010-0073, de esta Sala Tercera en apoyo de su tesis. Posteriormente, resalta que el ad quem parece requerir que el cuadro fáctico demostrado sea idéntico al acusado, dejando de analizar que los hechos imputados siempre llevaron a establecer, no solo la intención de provocar daños, sino de utilizar un objeto para ello, siendo esta la causa eficiente realizada de forma intencional por la acusada para consumar el ilícito de daños sobre el vehículo de la ofendida, de manera que, al contener ambos cuadros fácticos los mismos elementos esenciales, se aplicó de forma errónea el numeral 365 del código adjetivo. Como agravio refiere que existe un perjuicio a las pretensiones punitivas del Ministerio Público, toda vez que se absolvió a la imputada por el delito de daños. Solicita se declaren con lugar los motivos del recurso y que se confirme la sentencia del a quo. La protesta se declara con lugar. El numeral 365 del Código Procesal Penal, establece el principio de correlación entre acusación y sentencia y en lo que es de interés, instituye: “Correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y la querella y, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado (…)”. Este principio se constituye en una garantía en favor del imputado, en el tanto no se podrán tener por probados hechos diferentes a los que se le imputaron en la acusación o querella, según sea el caso; de ahí que la acusación se constituye en el límite fáctico de la sentencia, tal y como se desarrolla en el siguiente extracto jurisprudencial: “(…) el principio de correlación entre acusación y sentencia deriva del derecho de defensa y atiende a la necesidad de que las personas sometidas a un proceso penal conozcan los hechos por los que serán juzgados para así poder ejercer una efectiva defensa en juicio. En virtud de dicho principio, no puede dictarse una condena por algún hecho que previamente no se encuentre contenido en la pieza acusatoria. De ahí que se considere que la acusación es el límite fáctico de la sentencia, y a través de ella, todo encartado se impone de los hechos que se le imputan y por los que, eventualmente, podría resultar condenado (…)” (Sala de Casación Penal N° 2019-00954, de las 10:01 horas, del 14 de agosto del 2019; en donde integraron: R., S., Z., D. y S.). No obstante, ello no significa que se requiera una identidad exacta entre los mismos, aspecto sobre el que esta Sala de Casación Penal ha sido enfática, dado que es factible realizar modificaciones a los hechos demostrados, siempre y cuando, no sean de tal envergadura, que afecten, de modo esencial los aspectos penalmente relevantes de la conducta sometida al proceso, ello en razón de que los juicios penales son procesos de conocimiento, lo que implica, que se somete una hipótesis fáctica -acusación o querella- a examen, mediante el debate, para determinar o no su verificación. Por lo anterior, pueden existir supresiones, adiciones o modificaciones en los hechos probados, las que serán válidas, como se manifestó anteriormente, siempre que no se traten de aspectos esenciales o centrales de la acusación (consultar al respecto, las resoluciones de esta sede número 991-2006, de las 9:10 horas, del 29 de septiembre de 2006, integrada por A., R., C., C. y P.; la número 1119- 2009, de las 11:25 horas, del 11 de septiembre de 2009, integrada por R., C., P., C. y G. y; la numero 588-2017, de las 10:18 horas, del 19 de julio de 2017, donde integraron los Magistrados y M.A., Z., R., G. y S.). Ahora bien, puede nacer el cuestionamiento de cuándo nos encontramos ante una modificación esencial de la acusación y la respuesta a tal interrogante sólo se puede dar al analizarse el caso en específico (casuísticamente), teniendo como parámetro para valorar su respeto, el derecho de defensa. Sobre este tópico, se ha resuelto que: “(…) para apreciar el respeto a este principio deben valorarse los elementos esenciales de la conducta delictiva atribuida, que son los que no pueden ser variados. Qué es esencial en una imputación sólo puede analizarse a la luz de cada caso concreto, teniendo como parámetro para valorar su respeto, el derecho de defensa. Si la variación ocasiona un desequilibrio a la defensa, la correlación no se ha respetado y el fallo que en tales condiciones se emita, es ineficaz por violatorio del debido proceso. Por eso, la única regla general que puede emitirse en esta materia es que la variación no puede ser de elementos esenciales y el parámetro para su determinación será el derecho de defensa mismo…” (Sala Tercera, voto N° 574, de las 8:55 horas, del 10 de junio de 2005, cuya conformación estuvo a cargo de los Magistrados y las M.C., R., A., P. y G.. Ahora bien, en el caso bajo examen, considera esta Sala que no estamos ante un supuesto que lo vulnera, tal y como lo resolvió el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, siendo que no existe el vicio de falta de correlación entre lo acusado y lo que se tuvo por acreditado, de ahí que, no era procedente, absolver a la acusada de toda pena y responsabilidad, por el delito de daños que se le venía atribuyendo, tal y cual, lo hizo el Tribunal de Alzada. En este sentido, se tiene que el Ministerio Público acusó, en lo que es de relevancia para el caso concreto (hecho 2), lo siguiente: "2.- En el momento en el que la agraviada estacionaba el vehículo de su propiedad, salió del abastecedor la aquí imputada E.B.R., quien molesta con el actuar de la ofendida, con el fin de causar daño en la propiedad ajena, tomó el rótulo de marras se acercó al automotor y apoyó el rótulo en la ventana trasera del carro logrando quebrarla, causando el daño total del parabrisas (...)" (ver archivo 26 del expediente digital) (la negrita es propia); mientras que el Tribunal de Primera Instancia, tuvo como probado respecto a este segundo hecho que: " (…) molesta con el actuar de la ofendida, con el fin de causar daño en la propiedad ajena, tomó el rótulo antes indicado, se acercó al automotor, y con fuerza impactó con dicho rótulo el parabrisas trasero del carro, logrando quebrarlo, causando el daño total del mismo ..." (cfr. folio 1, del expediente físico) (lo resaltado no corresponde al original); con lo que no se dio una variación esencial del marco fáctico en lo que respecta a las circunstancias de modo, es decir, al cómo supuestamente se produce el daño, lo que se constituye en un aspecto nuclear de la acusación. Se debe resaltar que en esta causa la forma que se imputó el daño al vehículo de la ofendida, es mediante el apoyo de un rótulo en la ventana trasera de este. Si nos remitimos al Diccionario de la Real Academia Española (RAE) el cual se constituye en una herramienta válida para darle contenido al verbo típico utilizado en la acusación, se tiene que apoyar en sus primeras cuatro acepciones, significa: “1.tr. Hacer que algo descanse sobre otra cosa. Apoyar el codo en la mesa.2. tr. Basar, fundar.3. tr. Favorecer, patrocinar, ayudar.4. tr. Confirmar, probar, sostener alguna opinión o doctrina” (ver:https://dle.rae.es/apoyar?m═form). O., contrario a lo señalado por el ad quem, el cuadro fáctico probado visto integralmente, trata de los mismos hechos o circunstancias contenidas en la pieza acusatoria, por lo que no se aprecia quebranto alguno al principio de correlación entre acusación y sentencia, en virtud que el núcleo central no sufrió alteraciones que hubiesen impedido ejercer el derecho fundamental de defensa material y técnica. En relación a la preponderancia de la garantía de correlación entre acusación y sentencia, la Sala, en el voto N° 2018-00826, de las 11:50 horas, del 9 de noviembre del 2018, efectúa una sinopsis jurisprudencial que comprende el pronunciamiento N° 170-2018, de las 12:10 horas, del 16 de marzo de 2018, bajo la integración de la Magistrada Z.M., de las ex M.A.M., López Madrigal y G.C., y del Magistrado Suplente Segura Bonilla, al respecto detalla:“(…)En este sentido, es importante recordar que este principio es una garantía establecida a favor del imputado en el numeral 365 del Código Procesal Penal, por medio de la cual se impide que una persona pueda ser condenada por hechos que no han sido acusados o querellados ó que se realice una modificación esencial de los mismos. Siendo que el incumplir esta garantía, implica una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa. Al respecto, nuestra Sala Constitucional ha indicado que: “La correlación entre acusación y sentencia integra el derecho de defensa del imputado porque, no podría ejercer su defensa si el Tribunal estima como acreditados hechos totalmente diversos a los contenidos en la acusación (…). Resulta claro entonces que tanto el principio de correlación entre acusación y sentencia como la invariabilidad del cuadro fáctico sobre el que se fundó la intimación -incluida la posible ampliación de la acusación conforme lo permite el artículo 347 del Código Procesal Penal-, evitan que los hechos imputados puedan ser válidamente variados por el Tribunal de Juicio al momento de dictar sentencia producto de un juicio oral, porque ello contraría el derecho de defensa y en consecuencia las garantías propias del debido proceso…”. (Sala Constitucional, Voto N° 1998-04819, de las 03:06 horas, del 7 de julio de 1998). Sobre el tema, esta Cámara de Casación ha sido enfática en señalar que este principio tiene por finalidad impedir que el juzgador introduzca sucesos diferentes a los discutidos en el plenario, a fin de evitar circunstancias que resulten sorpresivas a las partes (ver al respecto Sala Tercera, voto N° 2012-0325, de las 15:54 horas, del 22 de febrero de 2012). No obstante ello, también se ha sido contundente en que la correlación entre acusación y sentencia no implica plena identidad entre los hechos acusados y los probados, dado que los juicios penales son procesos de conocimiento y como tales, se somete una hipótesis fáctica -acusación o querella- a examen, mediante el debate, para determinar o no su verificación (sea total o parcial) (Sala Tercera, resolución N° 588-2017, de las 10:18 horas, del 19 de julio de 2017). Por lo anterior, es factible que existan supresiones, adiciones o modificaciones en los hechos probados, que serán válidas siempre que: a) No se trate de aspectos esenciales o centrales del específico hecho acusado. b) No vulnere el derecho de defensa, por no resultar modificaciones sorpresivas y de carácter medular en la específica imputación, o bien, por constituir atribuciones delictivas adicionales, o de mayor gravedad, que las acusadas originalmente. En este sentido, encontramos el fallo N° 590-2015, de las 10:30 horas, del 6 de mayo de 2016, el cual indicó: “(…) En este punto, es importante recordar la reiterada jurisprudencia de esta Sala, en el sentido de que no se requiere una identidad absoluta entre la acusación y sentencia, sino que son los aspectos esenciales de la acusación que amparan la aplicación del tipo penal, los que deben verificarse en la sentencia, pues sobre ellos la defensa preparó su estrategia y puede ofrecer su prueba, y no aquellos que pueden considerarse adyacentes para la resolución de la causa (…). Como se observa, se admite entonces la posibilidad de que los hechos demostrados en la sentencia no sean idénticos a los que se describen en la acusación, siempre que las modificaciones no sean de tal entidad que afecten, de modo esencial, los aspectos penalmente relevantes de la conducta sometida al juicio…”(lo destacado pertenece al original). En igual orden de ideas, se tiene la resolución de esta Sala N° 95-F-1993, de las 9:35 horas, del 12 de marzo de 1993, en la que se instituyó lo siguiente: “(…) no puede -en virtud del principio de correlación entre acusación y sentencia- esperarse una identidad absoluta entre hecho imputado y hecho probado. Dicho principio procura evitar la lesión de los derechos del encartado, por lo cual no debe encontrar en el debate variaciones al marco fáctico, que constituyan “sorpresas” y le impidan el ejercicio de la defensa...”. Siempre dentro de dicha temática, esta Cámara, reflexiona acerca de cuándo podría gestarse una eventual variación significativa de la acusación fiscal, deteniéndose en el análisis de cada asunto específico, en ese sentido se indica: “(…) Si la variación ocasiona un desequilibrio a la defensa, la correlación no se ha respetado y el fallo que en tales condiciones se emita, es ineficaz por violatorio del debido proceso. Por eso, la única regla general que puede emitirse en esta materia es que la variación no puede ser de elementos esenciales y el parámetro para su determinación será el derecho de defensa mismo…” (Sala Tercera, voto N° 574, de las 8:55 horas, del 10 de junio de 2005) …”. Del anterior extracto jurisprudencial, se extraen las siguientes inferencias: 1) El principio de correlación entre acusación y sentencia se constituye en una garantía establecida a favor del imputado de que no puede ser condenado por hechos que no han sido acusados o querellados. 2) El incumplir este principio implica una vulneración al debido proceso y en específico, al derecho de defensa. 3) Esta garantía no significa que debe existir plena identidad entre los hechos acusados y los probados, dado que es factible que existan supresiones, adiciones o modificaciones, en el tanto sean adyacentes o periféricos a la resolución de la causa. 4) Las variaciones entre los hechos probados y acusados serán inválidas, cuando: i) Se trate de aspectos esenciales o centrales de la conducta sometida a juicio y ii) Vulnere el derecho de defensa, por resultar modificaciones sorpresivas y de carácter medular en la específica imputación, o por constituir atribuciones delictivas adicionales, o de mayor gravedad, que las acusadas originalmente. 5) El verificar si nos encontramos o no ante una modificación esencial del hecho acusado es un examen casuístico, es decir, se debe analizar caso por caso, en donde se debe utilizar como parámetro el derecho de defensa, dado que sí se ocasionó un desequilibrio en el mismo, se tendría por quebrantado el principio y por ende, el fallo emitido en esas condiciones sería ineficaz por violentar el debido proceso” (R.Q., Z.M., S.B., L.M. y D.H.. Acorde con lo expuesto, es oportuno señalar que la correlación comprende el examen completo, no fragmentado de la pieza acusatoria (artículo 303 del Código Procesal Penal); de su acervo probatorio (artículo 304 del código de rito), y de la respectiva sentencia (artículos 360 a 368 de la ley penal adjetiva). Valga decir, la indispensable congruencia entre lo acusado y lo juzgado debe ser valorado conforme a los parámetros objetivos propios de las discusiones acontecidas en el debate, dicho de otra manera, a las situaciones fácticas y a la controversia que se ocasione de las pruebas evacuadas e incorporadas en el contradictorio, en aras de garantizar realmente el derecho fundamental de defensa de la persona sujeta al proceso penal. A su vez, tal correlación de la sentencia con el reproche formulado por el Ministerio Público, conlleva todo un desarrollo argumentativo que según los artículos 142, 143, 184 del Código Procesal Penal, debe contenerse en la motivación del iter lógico, de manera que permita de su fundamento, deducir llanamente un juicio de valor acertado según los elementos de prueba; de ahí que la esencia referenciada al principio de correlación entre acusación y sentencia, radica en evitar la introducción en el fallo de componentes sorpresivos para la defensa, a raíz del supuesto de hechos que no fueron acusados, o en razón de la imposibilidad material de refutarlos. (En similar sentido, sobre el principio de correlación entre acusación y sentencia, pueden consultarse las resoluciones números 2019-343, de las 10:10 horas, del 3 de abril del 2019 (A.V., Z.M., S.B., L.M. y Cortés Coto); 2019-000964, de las 10:35 horas, del 14 de agosto del 2019 (R.Q., Solano Castro, Z.M., S.B. y D.H.); 2020-00923, de las 12:55 horas, de 24 de julio del 2020 (S.C., B.M., A.V., Zúñiga Morales y G.C.); 2020-01317, de las 15:22 horas, de 16 de octubre de 2020 (S.C., A.V., Z.M., S.B. y D.H., y 2021-00090, de las 14:30 horas, del 2 de febrero del 2021 (R.Q., Solano Castro, B.M., A.V. y Z.M.. En lo sucesivo a aspectos generales sobre la pieza acusatoria, la doctrina costarricense, evoca: “La acusación como ejercicio de la acción penal y como derecho de defensa está receptada en el artículo 39 de la Constitución Política cuando signa que la imposición de una pena por delito requiere de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad; esta garantía constitucional repite en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos sucintamente establecen el derecho de toda persona a ser oída por juez o tribunal competente en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada.”. En igual sentido, con respecto a la garantía de imputación, se afirma: “Igualmente, la Sala Constitucional costarricense, en su clásica sentencia N° 1739-1992 sobre el debido proceso, en lo atinente, estableció que el principio de imputación es el derecho a una acusación formal, que comprende la individualización del acusado, la descripción detallada, precisa y clara del hecho acusado, una clara calificación legal del hecho, los fundamentos de la acusación y la pretensión punitiva concreta. Correlato de las anteriores disposiciones son los contenidos, entre otros, de los artículos 1, 16, 277 párrafo final, y el 303 del Código Procesal Penal, indicando este último que cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio público al imputado, presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio y que la acusación deberá contener: a) Los datos que sirvan para identificar al imputado. b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya. c) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. d) La cita de los preceptos jurídicos aplicables. e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. El Código Procesal Penal costarricense indica que el procedimiento preparatorio tiene por objeto determinar si hay base para el juicio, mediante la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado, y que el juicio es la fase esencial del proceso, siendo que el juicio se realizará sobre la base de la acusación, en forma oral, pública, contradictoria y continua. Conforme con lo anterior, solo habrá juicio oral cuando, postulada una hipótesis acusatoria por quien está facultado para hacerlo, el Juez de la Audiencia Preliminar sea persuadido de que los elementos de prueba disponibles establecen indicios racionales suficientes para llevar a juicio al acusado” (Jiménez Vásquez, C.. La Acusación por parte del Ministerio Público. En Derecho Procesal Penal Costarricense Tomo II. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 1ª edición, 2007, páginas 383 y 384). Es así, que en apego al estudio de fondo, se extrae que los hechos admitidos para juicio, definieron el objeto y los límites del debate. Así, se percibe una correlación entre acusación y sentencia, que, no fue óbice en relación al derecho de defensa, al asegurarse el conocimiento y la contención de las circunstancias fácticas, de la prueba, y ofrecer a la administración de justicia, su teoría del, ello, en estricto respeto del principio acusatorio, que en palabras de A.D., no significa otra cosa más, que concebir el proceso penal de la mano o producto de una acusación, cuya esencia debe entrañar los alcances de la imparcialidad del juzgador, puesto que “quien acusa no puede juzgar.”. A manera de ilustración, dicha tratadista sobre el carácter indispensable de la pieza acusatoria, y su congruencia con el juzgamiento, explica: “La acusación es presupuesto del juicio y de la condena. Esto exige, en primer término, el previo conocimiento de la acusación formulada. Y, en segundo lugar, abarca un doble ámbito: de contenido, en cuanto la acusación es el objeto del proceso y de ahí que sus límites marcan la existencia y amplitud de la misma (correlación entre acusación y sentencia), y de forma, en cuanto tal acusación deberá ser comunicada al sujeto pasivo en los términos que marca cada proceso. Volviendo al contenido, la acusación, además de conocida por el acusado, debe existir ineludiblemente para poder abrir la fase enjuiciadora y ha de ser sostenida a lo largo de ésta por un órgano distinto del enjuiciador. Desde esta perspectiva, el órgano juzgador ve circunscrito el ámbito de su conocimiento y decisión al marco estricto -sujetos y hechos- que delimitan la acción, esto es, su sentencia debe ser congruente, lo que en términos del proceso penal se denomina correlación entre acusación y sentencia. La necesidad de la existencia de acusación resulta así una de las claves interpretativas del período intermedio o juicio de acusación; y dentro de él, de las funciones de las partes acusadoras, y singularmente del MF como órgano oficial de la acusación. Desde esa perspectiva debe examinarse la necesidad de petición de apertura del juicio oral por alguna de las partes acusadoras; la exigencia de presentación del escrito de acusación; o la vinculación judicial a la petición de sobreseimiento de todas las partes acusadoras, si no prospera el ofrecimiento de acciones …”. A su vez, sobre la correlación entre la acusación y sentencia, la jurista, indica: “La sentencia no puede condenar por hecho punible distinto del que fue objeto de la acusación, ni a sujeto diferente de aquel a quien se imputó y posteriormente se acusó, según la delimitación formal de la acusación en los escritos de calificación o acusación. A reserva de todas las precisiones y ampliaciones que se efectuarán en las lecciones dedicadas al objeto del proceso, la congruencia o la cosa juzgada, caber señalar únicamente que los dos aspectos cuestionados en torno a este extremo son: a) la incidencia que la calificación jurídica de los hechos tenga en el objeto del proceso, integrándolo o no, y b) la necesidad de que toda modificación de la calificación jurídica -aun entendiendo , como creo, que no se modifica la acción penal- debe, en todo caso, someterse a la contradicción de las partes …”. (A.D., T.. Lecciones de Derecho procesal penal (Décimo primera edición), Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, España, 2018, páginas 51 y 52). Al tenor de lo descrito, los requisitos de la pieza acusatoria, se encuentran contemplados en el ordinal 303 del Código Procesal Penal, que estipula: “Acusación y solicitud de apertura a juicio. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio público al imputado, presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio. La acusación deberá contener: a) Los datos que sirvan para identificar al imputado. b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya. c) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. d) La cita de los preceptos jurídicos aplicables. e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. Con la acusación el Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las evidencias que tenga en su poder y puedan ser incorporadas al debate.”. Por consiguiente, el aludido inciso a) de ese precepto normativo guarda un significativo ligamen con el derecho de defensa y el principio de imputación, pues, tomando como punto de partida las circunstancias fácticas en que atribuyen en el reproche fiscal, el endilgado tendrá la facultad de materializar su defensa material y técnica, empero, la exigencia relativa a la determinación de las situaciones temporales, modales y espaciales, dependerá del tipo de ilicitud incriminada al encartado y de las particularidades del caso. Es decir, el equilibrio con el derecho de defensa no se discute, siendo esencial que la parte acusada logre comprender la conducta que se le reprocha en aras de poder refutarla. Así, una vez clarificada la medular esencia del extremo acusatorio, se infiere la citada adecuación típica del cuadro fáctico de marras al delito de daños. Contrario a lo señalado por el Tribunal de Alzada, si bien el verbo utilizado no implica el uso de la fuerza, evidencia una intención, tal y como el órgano acusador lo plantea en su requerimiento fiscal, y dicho elemento se tuvo como acreditado, en las circunstancias de modo, en que se cometieron los daños imputados. Lo cual es congruente cuando en la acusación se hace referencia a que la intención de la justiciable era causar un daño con su acción, mediante la forma en que se acusó (apoyando un rótulo) lo cual permite concluir la idoneidad de la acción realizada para causar el daño de manera dolosa. En otras palabras, tal cual fue planteada la acusación, lo que se deriva es que la imputada con la simple colocación de un rótulo en una de las ventanas del vehículo de la ofendida, sin ejercer presión o cualquier otro tipo de fuerza, causó un daño al mismo, lo que no genera dudas en cuanto a la intención de la encartada de dañar la propiedad ajena. Nótese que en el caso concreto, no es posible apreciar un desequilibrio en perjuicio de B.R., quien contó con el respeto de las garantías procesales, además, lo incriminado carece de modificaciones esenciales, circunstancias fácticas que se adecuaron al tipo penal de daños. En síntesis, los hechos demostrados en la presente casuística, responden al mismo cuadro fáctico que -de forma integral- no sesgada, describe la comisión del delito de daños, al tenor del artículo 228 del Código Penal. Acorde con el examen del cuadro fáctico vigente en resolución N° 642-2020, de las 21:10 horas, del 3 de diciembre del 2020, del Tribunal Penal de Cartago, sección Flagrancias (cfr. folio 1 del legajo de casación), se desvirtúa el vicio de falta de correlación entre acusación y sentencia, porque en el caso concreto, el núcleo central de imputación no fue modificado, por ello, no surge afectación al derecho de defensa y de debido proceso (Voto N° 1739-92, de las 11:45 horas, de 7 de julio de 1992, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Es decir, la sentencia de primera instancia, no tuvo por demostrados otras circunstancias o hechos ajenos a los contemplados en la requisitoria fiscal. Además, la valoración sobre tal extremo gira en torno a los hechos y no a las calificaciones jurídicas. Así las cosas, lleva razón el recurrente sobre la inobservancia del precepto 365 de la ley penal adjetiva, en la que incurre el criterio de mayoría del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Por las razones de hecho y de derecho esgrimidas, se declara con lugar el motivo de casación propuesto por el recurrente, al no acreditarse el quebranto del principio de correlación entre acusación y sentencia, previsto en el artículo 365 de la ley penal procesal. Se revoca la resolución 2021-350, de las 10:27 horas, del 18 de junio de 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, que revocó la sentencia del Tribunal de Juicio y, en su lugar, por mayoría, absolvió a la encartada de toda pena y responsabilidad por los hechos acusados. Se ordena el reenvío de la causa para que el mismo Tribunal, pero con diferente integración, conozca del recurso de apelación formulado por la defensora de la acusada.
Por Tanto:
Se declara con lugar el segundo motivo del recurso de casación interpuesto por el licenciado J.M.M., representante del Ministerio Público. Se revoca la resolución 2021-350, de las 10:27 horas, del 18 de junio de 2021, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, que revocó la sentencia del Tribunal de Juicio y, en su lugar, por mayoría, absolvió a la encartada de toda pena y responsabilidad por los hechos acusados. Se ordena el reenvío de la causa para que el mismo Tribunal, pero con diferente integración, conozca del recurso de apelación formulado por la defensora de la acusada. Se declara sin lugar el primer motivo del recurso planteado por el Fiscal Martínez Madriz. N..
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
Miguel Fernández C.
Magistrado Suplente.
William Serrano B.
Magistrado Suplente.
Roleon
Int: 0773-3/8-3-21

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