Sentencia Nº 2022-00225 de Sala Tercera de la Corte, 04-03-2022

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha04 Marzo 2022
Número de sentencia2022-00225
Número de expediente21-000243-0006-PE
*210002430006PE*
Exp: 21-000243-0006-PE
Res: 2022-00225
SALA DE CASACIÓN PENAL . S.J., a las diez horas dos minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.
Visto el procedimiento de revisión interpuesto en la presente causa seguida contra Rafael S.C., por el delito de violación , en perjuicio de [Nombre 001] .; y,
Considerando:
I. El privado de libertad, R.S.C., interpone procedimiento de revisión contra el fallo N° 214-2021, dictado por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial la Zona Atlántica, a las 16:00 horas del 14 de abril de 2021 (folios 219 a 275, según numeración del expediente en formato digital). En dicha sentencia, se condenó a S.C. a diez años de prisión por un delito de violación en daño de [Nombre 001]..
II. Expone el sindicado, a lo largo de su escrito de revisión, que el fallo que conduce a su condena, se dictó con vulneración de la presunción de inocencia, así como del debido proceso, por violación del derecho a la justicia, de garantías procesales, violación al “derecho a la congruencia de la sentencia”, del principio de valoración razonable de la prueba, del principio de legalidad y finalmente, del derecho de defensa (cfr. folio 4 del legajo de revisión). Estima vulnerados, entre otros, los numerales 39 y 41 de la Constitución Política, así como los artículos 1, 9,184 y 213 a 228 del Código Procesal Penal. Cita entre los derechos atinentes al debido proceso que, a su parecer, se conculcaron, los siguientes: principio de legalidad, derecho a un juez regular, derecho general a la justicia, principio de inocencia, principio in dubio pro reo, garantías procesales, en particular, el principio de valoración razonable de la prueba, el “principio de doble instancia” , y la eficacia formal y material de la sentencia (cfr. folio 3). Expone que el fallo condenatorio carece de “…la mínima y elemental fundamentación probatoria como (sic) intelectiva que se exige…” (folio 5), y que la condena obedece a “…una conjetura y presunción sobre lo que pudo haber sucedido el día de los hechos…” (ibid). Hace ver el sentenciado, que los juzgadores ignoraron las contradicciones existentes entre el dicho de la ofendida y su madre, en cuanto a la dinámica de lo ocurrido, y estima físicamente imposible que pudiera perpetrar la acción en contra de la menor, tal y como se describe en los hechos probados, es decir, mientras viajaba junto a ella, en el vehículo de S.C., ubicándose la menor en el asiendo del acompañante de dicho automotor (cfr. folio 2). En adición a lo anterior, refiere que los jueces no valoraron que las pericias médico forenses evacuadas en este asunto, “…señalan en forma contundente que la parte ofendida nunca sufrió el delito acusado…” (folio 5). Sostiene que se probó “científicamente (…) que la dilatación en su órgano sexual (vagina) en (sic) natural para la edad que tiene la parte ofendida (…) que esta dilatación es producto del (sic) higiene que ejerce la mujer sobre la vagina cuando se asea que esta dilatación indica que probablemente hubiera utilizado (…) algún objeto contundente o bien un dedo que ella misma en sus exploraciones, como es natural hubiera introducido…” (ibídem). Añade que los análisis psicológicos tampoco evidenciaron que la ofendida presentara trauma producto de una violación. Finalmente expone que, de haber efectuado una valoración conjunta y armónica de toda la prueba esencial, el Tribunal de Juicio le hubiera absuelto de toda responsabilidad y pena (folio 6).
III. El procedimiento incoado resulta inadmisible: La revisión es un procedimiento de carácter especial, que procede únicamente por las causales taxativas, previstas por el legislador en el ordinal 408 del Código Procesal Penal. Debido a la firmeza material que ha alcanzado el fallo condenatorio para el momento de su interposición, la discusión de lo resuelto por el Tribunal de Juicio procede únicamente por causas muy calificadas, las cuales se encuentran previstas en forma taxativa en el ordinal 408 del Código Procesal Penal: “…a) Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena resulten inconciliables con los establecidos por otra sentencia penal firme. b) Cuando la sentencia se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme. c) Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otro delito o maquinación fraudulenta, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme, salvo que se trate de alguno de los casos previstos en el inciso siguiente. d) Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima a consecuencia directa de la introducción de prueba ilegal o de una grave infracción a sus deberes cometida por un juez, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente. e) Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso evidencien que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma más favorable. f) Cuando una ley posterior declare que no es punible el hecho que antes se consideraba como tal o que merece una penalidad menor, o bien, cuando la ley que sirvió de base a la condenatoria haya sido declarada inconstitucional…”. No se trata, de una nueva oportunidad de enfrascarse en una discusión sobre el mérito de la prueba, como lo pretende el sentenciado al señalar que las conclusiones del Tribunal de Juicio no son producto de una valoración integral de los elementos de convicción, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Tanto la motivación probatoria intelectiva del fallo, como el principio de correlación entre acusación y sentencia, el derecho a una revisión amplia de lo resuelto ante un juez superior, el respeto al principio de legalidad y el resguardo del derecho de defensa, en términos generales, son temas correspondientes al debido proceso. Este, sin embargo, como causal genérica, fue eliminado del catálogo de hipótesis taxativas de admisibilidad, contenida en el numeral 408 del Código Procesal Penal. La eliminación del inciso g) del artículo 408 del Código Procesal Penal, que señalaba: “cuando la sentencia no ha sido dictada mediante el debido proceso u oportunidad de defensa”, ocurrió con la entrada en vigencia de la Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia (N° 8837 de 3 de mayo de 2010), y en forma definitiva, con la reforma al artículo 102 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, mediante la Ley número 9003 del 31 de octubre de 2011. De manera que las únicas hipótesis atinentes al debido proceso, que dan cabida al procedimiento de revisión, son las que conservó el legislador, en la redacción vigente del artículo 408 del Código Penal, y dentro de las mismas, como ya se adelantó, no se encuentra, ni el control sobre la valoración probatoria intelectiva efectuada por el Tribunal de Juicio, ni alguno de los temas mencionados (sin mayor sustanciación), por el peticionario. Es así que el planteamiento del requirente, desatiende abiertamente una de las formalidades básicas para la interposición de una demanda revisoria, como lo es su presentación al amparo de alguna de las causales de la lista taxativa que contiene el ordinal 408 del Código de rito. Ello justifica la inadmisibilidad de la gestión, a la luz de lo previsto en el párrafo primero del artículo 411 del Código Procesal Penal. Pero en todo caso, a mayor abundamiento, cabe señalar que la fundamentación probatoria intelectiva, la aplicación de las reglas de la sana crítica en el análisis de la prueba y la fundamentación jurídica de la condena, incluyendo el examen de cada uno de los componentes del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), son todos aspectos atientes al debido proceso que, como causal genérica, no se incluye en el catálogo de hipótesis de procedencia de la revisión. La eliminación el inciso g) del artículo 408 del Código Procesal Penal, que señalaba: “Cuando la sentencia no ha sido dictada mediante el debido proceso u oportunidad de defensa”, ocurrió con la entrada en vigencia de la Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia (N° 8837 de 3 de mayo de 2010), y en forma definitiva, con la reforma al artículo 102 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, mediante la Ley número 9003 del 31 de octubre de 2011. De manera que las únicas hipótesis atinentes al debido proceso, que dan cabida al procedimiento de revisión, son las que conservó el legislador, en la redacción vigente del artículo 408 del Código Procesal Penal, a las que se ha hecho referencia. Dentro de las mismas, no se encuentra la revaloración de la prueba, o el reexamen de la tipicidad y antijuridicidad de la conducta. Por lo expuesto, se declara inadmisible la demanda revisoria interpuesta en forma personal, por R.S.C., todo de conformidad con lo establecido en los numerales 408, 410 y 411 del Código Procesal Penal.
Por Tanto:
Se declara inadmisible el procedimiento de revisión interpuesto por el sentenciado. N..
Patricia Solano C.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
889-5/13-5-21
JMELENDEZ

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