Sentencia Nº 2022-00243 de Sala Tercera de la Corte, 04-03-2022

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente21-000359-0006-PE
Número de sentencia2022-00243
Fecha04 Marzo 2022
*210003590006PE*
Exp: 21-000359-0006-PE
Res: 2022-00243
SALA DE CASACIÓN PENAL. S.J., a las diez horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.
Visto el procedimiento de revision interpuesto en la presente causa seguida contra Óscar Luis Mena Ramírez, por el delito de violación , en perjuicio de [Nombre 001] ., y;
Considerando:
I. El sentenciado Ó.L.M.R., solicita la revisión de la sentencia N° 237-2017 de las 15:15 horas del 6 de julio del 2017, dictada por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Desamparados (folios 171 a 183 del expediente).
II. En su único motivo, acude a lo establecido en el artículo 438 en relación a los numerales 467 y 468 del Código Procesal Penal. El revisionista argumenta la inobservancia de un precepto procesal, por falta de fundamentación del Tribunal Sentenciador, así como la valoración probatoria. Fundamenta su reclamo en el derecho a ser oído dentro del proceso penal y a la inviolabilidad de la defensa. Arguye que tiene derecho a participar en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas. Agrega que el Tribunal de Apelación de Sentencia tienen la obligación de “apreciar la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, de modo que pueda valorar la forma en que los jueces de juicio, apreciaron la prueba y fundamentaron la decisión” (folio 382). Argumenta que el ad quem, al revisar su reclamo, determinó que la decisión del a quo estuvo resuelta de forma “suficiente y adecuada” (folio 384), catalogando la gestión de la defensa como una mera inconformidad. Sin embargo, si hubiese cumplido con la obligación, el Tribunal de Alzada, habría constatado los graves vicios en la valoración de la prueba por parte del Tribunal de Juicio, y el resultado sería favorable a efectos de lograr un juicio de reenvío. Solicita se declare con lugar la demanda de revisión, ordenando la nulidad del fallo y se ordene el reenvío a la etapa de impugnación.
III. El procedimiento de revisión incoado es inadmisible . El primer aspecto que debe analizarse para la admisibilidad de un procedimiento especial de revisión, es la impugnabilidad objetiva, en ese sentido, de acuerdo con el artículo 408 del Código Procesal Penal: “la revisión procederá contra las sentencias firmes y a favor del condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una medida de seguridad y corrección”. Es decir, resulta claro que son susceptibles de revisión, únicamente las sentencias condenatorias firmes. Si bien, el recurrente al inicio del escrito interpuesto hace mención a la sentencia condenatoria, la totalidad de argumentos se dirigen a cuestionar el fallo dictaminado por el Tribunal de Apelación de Sentencia (cfr. folio 381). En el presente caso, únicamente se podría recurrir por esta vía especial y extraordinaria de revisión, la sentencia condenatoria N° 237-2017, de las 15:00 horas, del 6 de junio de 2017, emitida por el Tribunal Penal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Desamparados; que fue el fallo jurisdiccional que consolidó la situación jurídica del sentenciado Ó.L.M.R. de cara a los hechos acusados. No obstante, de una lectura del escrito interpuesto, se aprecia con claridad, que los reclamos desarrollados pretenden impugnar el fallo N° 1492-2017, de las 13:25 horas, del 14 de diciembre de 2017, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Sin embargo, la resolución dictaminada por parte del Tribunal de Alzada, únicamente tiene previsto, como medio de impugnación en el ordenamiento jurídico nacional vigente, la interposición del respectivo recurso de casación (artículos 458 a 466 del Código Procesal Penal); no así la posibilidad de que sea objeto de conocimiento, mediante la figura especial del procedimiento de revisión. Como segundo punto, para efectos de determinar la admisibilidad de la revisión interpuesta por el sentenciado Ó.L.M.R., se requiere considerar lo dispuesto en el artículo 411 del Código Procesal Penal, en el cual se determinan los requerimientos de procedencia de la revisión y se sancionan como inadmisibles, las demandas que se presenten fuera de las hipótesis que en él se autorizan, las que resulten manifiestamente infundadas, o las que reiteren asuntos ya discutidos y resueltos en apelación o casación. Concretamente, la norma señala: “Artículo 411.-Admisibilidad. Cuando la demanda haya sido presentada fuera de las hipótesis que la autorizan o resulte manifiestamente infundada, el tribunal, de oficio, declarará su inadmisibilidad. El tribunal substanciará la acción y se pronunciará sobre el fondo, aun cuando estime que en su redacción existen defectos. Si considera que estos le impiden, en forma absoluta, conocer del reclamo, le prevendrá a la parte su corrección, conforme al artículo 15 de este Código, puntualizándole los aspectos que deben ser aclarados y corregidos. Si los defectos no se corrigen, resolverá lo que corresponda. No será admisible plantear, por la vía de revisión, asuntos que ya fueron discutidos y resueltos mediante la apelación de sentencia o en casación”. A partir de lo anterior, esta Sala de Casación procede a examinar la revisión planteada, considerando que incumple con los requisitos formales para su interposición. En primer término, el quejoso hace referencia al artículo 408 inciso e) de la ley procesal, sin embargo, en la argumentación del reclamo alega la existencia de graves errores cometidos por el Tribunal de Juicio al dictar la resolución condenatoria y por el Tribunal de Apelación de Sentencia al confirmar el fallo. Sus reproches, sin embargo, se dirigen a cuestionar por qué no se apreciaron los reclamos invocados en el recurso de la defensa, para verificar el razonamiento probatorio del Tribunal de Juicio. También, cuestiona las inferencias que se hacen en la valoración de la prueba testimonial, la cual considera contiene graves vicios. Según su criterio, todo lo anterior impide tenerlo como responsable de los hechos acusados y por ello, solicita que sea revisado nuevamente su recurso de apelación. Ahora bien, analizando tales argumentos, considera esta Cámara de Casación que ninguno de los reclamos planteados se ajusta a lo preceptuado en la norma que autoriza la interposición del procedimiento de revisión, la cual establece, de manera diáfana y en lo que interesa para la presente revisión, los presupuestos requeridos: Artículo 408.- Procedencia. La revisión procederá contra las sentencias firmes y a favor del condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una medida de seguridad y corrección, en los siguientes casos: a) …, b) …, c) …, d) Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima a consecuencia directa de la introducción de prueba ilegal o de una grave infracción a sus deberes cometida por un juez, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente. (…)”. De lo anterior, se acredita que el quejoso se limita a cuestionar la valoración que el Tribunal de Mérito hizo respecto al elenco probatorio sometido a su conocimiento, incluyendo la denuncia y la declaración en el debate de la víctima, así como de diversas circunstancias que, según su criterio, evidencian vicios graves en razonamiento del Tribunal que no fueron valorados por el Órgano de Alzada. Las revaloraciones probatorias pretendidas por el quejoso, no son de recibo en la revisión, al no incorporarse dentro de los presupuestos de admisibilidad para este procedimiento. Por otra parte, sus reproches no se ajustan a lo establecido en el inciso d) del numeral 408 supra mencionado, por cuanto no se demuestra ninguna circunstancia concreta, ni se ofrece algún elemento probatorio que respalde su afirmación. El condenado se sustenta en supuestos yerros cometidos por el Tribunal de Sentencia y por el de Alzada, a partir de la interpretación personal que le da a la valoración de las pruebas, en resguardo de sus propios intereses, lo que hace que sus reparos sean manifiestamente infundados y, por ende, no pueden prosperar. De igual forma, el recurrente no logra justificar el por qué considera que existen errores graves o dolosos en las sentencias cuestionadas, como pretende concebirlos el condenado. Sobre los alcances del presupuesto contenido en el inciso d) del numeral 408 del Código de rito, es oportuno hacer mención de lo que ya ha dispuesto esta Cámara al respecto: “En primer lugar, esta Sala ha delineado por medio de jurisprudencia reiterada el contenido de la causal de grave infracción a los deberes del juez, señalando que: “el juez infringe de manera grave sus deberes, cuando por ello, dicta una sentencia ilegítima. Queda por definir, ¿cuáles son los deberes del juez? De acuerdo al principio de legalidad (artículos 11, 39, 41, 129, 135, 154 de la Constitución Política y 1, 2, 5 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), el principal es resolver las causas judiciales, sometidas a su competencia, en apego estricto de las normas jurídicas vigentes. En otras palabras, impartir justicia pronta y cumplida. Asimismo, los jueces deben ser imparciales y objetivos (artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 del Código Procesal Penal). Eso significa, entre otras cosas, que deben inhibirse de resolver, cuando los afecte algún motivo que comprometa su imparcialidad (arts. 55 a 61 del C.P.P), y que no pueden ignorar el derecho y están obligados a su estudio diligente, igual de los hechos y las pruebas del caso que juzgan. Con buena razón, se ha indicado: “Si el J. no conoce o, en su caso, no comprende el hecho, no estará en capacidad de comprender la norma aplicable.” H.M.(.D., Introducción al nuevo Código Procesal Penal, S.J., Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 1ª edición, 1998, p. 561. De ahí que, no se justifica el error judicial por desconocimiento o negligencia del órgano jurisdiccional. Tampoco se justifica la condena injusta, por actuación dolosa del juez, lo cual, de acuerdo al inciso c), relacionado con el d), del 408 ídem, no requiere que su existencia se haya declarado en fallo posterior firme, cuando resulte imposible proceder por una circunstancia sobreviniente, por ejemplo, la muerte, rebeldía o ausencia del juzgador, tramitándose como una grave infracción a sus deberes cometida por un juez (sobre este punto, se redimensionan los alcances del fallo de esta Sala Nº 01417-2012, en el sentido de que una grave infracción a sus deberes cometida por un juez, puede ser tanto una conducta dolosa, como una grave negligencia). Igualmente, los jueces están obligados a fundamentar sus decisiones. En ese orden de ideas, en materia penal, el juez incurre en una grave infracción a sus deberes, cuando en su función de administrar justicia, por dolo o error injustificado, condena a un inocente o impone una sanción o medida de seguridad indebida, situación que deberá valorarse en cada caso particular. En cuanto al error judicial, deberá ser determinante y evidente, no posible o discutible. Por eso, los problemas exclusivamente interpretativos, sobre presuntos vicios de fundamentación de la sentencia o defectos absolutos, están fuera del alcance de dicha causal.” (Sala Tercera, voto número 2013-00589, a las 10:34 horas, del 24 de mayo). En consonancia con lo expresado en ese voto, no cualquier inconformidad o desavenencia de las partes puede ser alegado como una grave infracción a los deberes del juez, sino que debe tratarse de aspectos sensibles en los que se incumple un mandato de ley ya sea por dolo o error injustificado. En este caso, lo que se alega es una inconformidad con aspectos que correspondía alegar mediante los recursos ordinarios y extraordinarios, instancias que ofrecen mayores posibilidades de impugnación en lo tocante a aspectos integrantes de debido proceso como lo son los aquí reclamados. Eso nos lleva al segundo argumento, para declarar inadmisible el motivo, y es precisamente que la derogatoria del inciso g) del artículo 408 CPP, que otrora posibilitaba la revisión de sentencia por aspectos atinentes al debido proceso, es un indicio claro de la intención del legislador de que todo lo ahí comprendido –con la única excepción de la utilización de prueba espuria, que está prevista en el inciso d)- debe ser agotado de previo a la firmeza del fallo”. (Resolución 2018-0255, de las 15:12 horas del 25 de abril de 2018; integrada por A., R., Z., S. y Cortés). En efecto, tal y como se desprende de los argumentos expuestos en la demanda revisoria, son alegatos que constituyen meras desavenencias con lo resuelto por los Tribunales de M. y de Alzada, sin que se logre acreditar un vicio grave en el dictado del fallo, que haga prosperar su gestión y que no se adecuan a ninguno de los supuestos contenidos en el numeral 408 del Código de rito. En consecuencia, se declara inadmisible el procedimiento de revisión formulado por el condenado Ó.L.M.R..
Por Tanto:
Se declara inadmisible el procedimiento de revisión planteado por el encartado O.L.M.R.. N..
Patricia Solano C.
Álvaro Burgos M.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Cynthia Dumani S.
Magistrada Suplente.
W.S.B.
M.S..

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