Sentencia Nº 2022-0275 de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José, 23-02-2022

EmisorTribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José
Número de sentencia2022-0275
Fecha23 Febrero 2022
Número de expediente13-000787-0042-PE
Resolución: 2022-0275

Expediente: 13-000787-0042-PE (13)

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL . Segundo Circuito

Judicial de San José. G., al ser las diez horas treinta y ocho minutos, del veintitrés de febrero de dos mil veintidós.-

RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...]; por el delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de [Nombre 002]. Intervienen en la decisión los jueces M.G.D., J.L.A.V. y A.I.S.Z.. Se apersonó en esta sede el licenciado W.F.G., defensor público del justiciable [Nombre 001].

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 398-2021, de las trece horas treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Tribunal Penal del Primer Circuito

Judicial de San José, resolvió: " POR TANTO De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 1, 30, 31, 45, 50, 51, 57 bis, 66 71 a 74,, 209 inciso 7), 213 inciso 3) del Código Penal, 238, 245, 265, 373, 374, 375 y 428 del Código Procesal Penal, artículos 1 y 2 de la Ley de Monitoreo Electrónico, se declara a [Nombre 001] , autor responsable de un delito de ROBO AGRAVADO , en perjuicio de [Nombre 002] imponiéndosele la pena principal de 3 AÑOS Y CUATRO MESES DE PRISIÓN. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Firme esta sentencia el imputado deberá presentarse a la oficina que al efecto defina la Dirección General de Adaptación Social, quien valorará su caso y determinará su ubicación dentro del programa, sus obligaciones, su control y atención técnica de cumplimiento. C. a la Dirección General de Adaptación Social para lo de su cargo. La sentencia una vez firme, se inscribirá en el Registro Judicial y se expedirán los testimonios de estilo al Juzgado de Ejecución de la Pena y al Instituto Nacional de Criminología. Es todo. N..- L.C.L., JUEZA DE JUICIO " (sic).

II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado W.F.G., defensor público del justiciable [Nombre 001], interpuso recurso de apelación.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal G.D. ; y,

CONSIDERANDO:

I.- Sobre la admisibilidad del recurso. En escrito que puede verse a folios 242-245 vuelto del expediente de esta causa, el licenciado W.F.G., defensor público del imputado [Nombre 001], interpuso recurso de apelación contra la sentencia número 398-2021, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, a las 13:30 horas del 31 de mayo de 2021. Del examen previo, se ha podido determinar que la impugnación fue interpuesta ante el tribunal que dictó la resolución recurrida (numeral 458 del Código Procesal Penal), dentro del plazo fijado por ley (la sentencia se por medios electrónicos el 7 de junio de 2021, el plazo para recurrir vencía el 29 de junio de 2021 y el recurso se presentó el 28 de junio de 2021), mediante documento escrito y rubricado por un sujeto con legítimo interés procesal (artículos 460 y 462 del Código Procesal Penal), por lo que la gestión es formalmente admisible y procede su resolución por el fondo.

II.- Sobre el recurso de apelación presentado en favor del imputado [Nombre 001]. En la presente causa el imputado [Nombre 001] se sometió a la aplicación de un procedimiento especial abreviado, y en la sentencia dictada, fue encontrado responsable por un delito de robo agravado (artículo 213 del Código Penal) por el que se le impuso la pena de tres años y cuatro meses de prisión. Contra esa resolución el defensor público del sentenciado interpuso recurso de apelación con un solo motivo de inconformidad, alegando vicios de forma. II.i.- Sobre los planteamientos del recurso interpuesto. En el único motivo del recurso, la defensa alega la ausencia de fundamentación sobre uno de los extremos de la determinación de la pena, en inobservancia de los artículos 142, 467 y 459 del Código Procesal Penal, 22 y 76 del Código Penal. Indica el licenciado F.G. que, al imponer la sanción, el órgano juzgador debe analizar todos los aspectos de interés para la fijación, incluyendo el quantum , el tipo, los beneficios, y la unificación, entre otros; sin embargo la sentencia impugnada no hizo ninguna consideración respecto de la decisión de no unificar la pena que impuso por el hecho juzgado, con las “sentencias posteriores cronológicamente”, que se registran en la certificaci ón de antecedentes penales agregada al expediente a folios 218 y 219, de modo que deja sin fundamentación un extremo del fallo, agraviando al imputado, pues la omisión repercute en su libertad de tránsito, en tanto se ha negado sin fundamento la unificación y por ello la aplicación de las reglas del concurso material, que le hubiesen permitido “un panorama” más favorable en la fase de ejecución de la pena, con el fin de optar por beneficios penitenciarios administrativos y judiciales. Aduce el defensor, que de lo omitido no es posible hacer una inclusión hipotética y que la sentencia recurrida no se basta por sí misma. Señala que el artículo 54 del Código Procesal Penal es claro al indicar que la unificación de penas procede tanto de oficio como por gestión de parte, y que debe hacerla el tribunal que dicta la última sentencia, de modo que pueda aplicarse el concurso real retrospectivo como correctivo de la imposibilidad del sistema de juzgar a una persona por varios hechos delictivos en un solo proceso judicial. Hace ver que la importancia de la aplicación de este tipo de concurso ha sido reconocida por la Sala Constitucional en el voto 2500-1997 de las 15:30 horas del 7 de mayo de 2007 y señala que ante la omisión referida, se limita la condición del imputado de ser delincuente primario, aspecto que relaciona con el voto de la Sala Tercera número 658-2010, indicando también que se ha limitado la posibilidad del sentenciado de acceder a libertades anticipadas, como la libertad condicional y la aplicación del artículo 55 (no indica de qué cuerpo...

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