Sentencia Nº 2022001609 de Sala Constitucional, 19-01-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha19 Enero 2022
Número de expediente22-000323-0007-CO
Número de sentencia2022001609

*220003230007CO*

Exp: 22-000323-0007-CO

Res. Nº 2022001609

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del diecinueve de enero de dos mil veintidos .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], a favor de [Nombre 003], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).
Resultando:
1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 16:09 horas de 6 de enero de 2022, [Nombre 004] y [Nombre 002], presentaron un recurso de amparo a favor de [Nombre 003], en contra de la Clínica Dr. Marcial Fallas D.. Explicaron que en el año 2020, la amparada fue internada en el Hospital Psiquiátrico, por presentar Bulimia y Depresión. Indicaron que fue dada de alta en octubre de 2020 y se le refirió para distintas citas en la Clínica recurrida. Manifestaron que inicialmente todo transcurría con normalidad, pero, luego de 2 o 3 meses, le quitaron citas y medicamentos sin previo aviso. Agregaron que, al día de interposición de este recurso, la amparada sigue sin citas ni medicamentos a pesar de haber sufrido varias veces ataques severos de ansiedad. Añadieron que la han llevado al EBAIS y de ahí la han referido a la Clínica Marcial Fallas D.; empero, al llegar, la rechazan. Estimaron que tal omisión resulta violatoria de los derechos fundamentales de la menor tutelada.
2.- Por medio del auto de las 13:45 horas de 7 de enero de 2022, se admitió el auto inicial del recurso de amparo y se le dio traslado al Director Médico al Director Médico y al Jefe del Servicio de Psiquiatría, ambos de la Clínica Dr. M.F.D..
3.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 12:40 horas de 11 de enero de 2022, Andrés Felipe Fonseca Vargas, Médico tratante de la tutelada en el EBAIS H., indicó: “(…) se decidió referir al servicio de Psiquiatría de la Clínica Marcial Fallas, la cual fue vista el 21/08/2020, sin embargo meses posteriores paciente tuvo varios internamientos en el Hospital Nacional Psiquiátrico y por la pandemia del COVID-19 se perdió el control en psiquiatría de la Clínica Marcial Fallas y el 04/11/2021 fue referida nuevamente para retomar el control en psiquiatría (…)”.
4.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 13:41 horas de 11 de enero de 2022, Laura Sánchez Ortíz, Directora Médica a.i. del C.A.I.S Dr. Marcial Fallas D., informó: “(…) Se documenta que a la usuaria se refirió a Psiquiatría el día 04/11/21, mas sin embargo la usuaria no tramitó lo correspondiente, para lograr la asignación de la cita médica (…) Razón por lo cual, la usuaria no tiene control y tratamiento en esta unidad (…) En virtud del derecho al acceso de la Salud del usuario se procede otorgarle la cita en el Servicio de psiquiatría para el día 08 de febrero 2022 a las 3:00p.m (…) Se procedió a comunicarse con [Nombre 005] madre de [Nombre 006] y se le informó la fecha y hora de la cita, refirió su compromiso de hacer las gestiones pertinentes (…)”.
5.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 10:04 horas de 18 de enero de 2022, la Secretaría de la Sala Constitucional hizo constar que no aparece que del 7 al 17 de enero de 2022, el Jefe del Servicio de Psiquiatría de la Clínica Dr. Marcial Fallas D., haya presentado escrito o documento alguno, para rendir el informe que se le ordenó.
6.- En los procedimientos seguidos se ha cumplido las prescripciones legales.

R.e.M.....A.G. ; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. Los recurrentes aseguraron que el C.A.I.S. Dr. Marcial Fallas D. se niega a tramitar las referencias que el EBAIS de H. emite, para que la tutelada sea atendida en el Servicio de Psiquiatría. En concreto aportaron prueba sobre una referencia emitida el 4 de noviembre de 2021. Se quejaron también de que sus citas y medicamentos fueron suprimidos sin previo aviso.
II.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. La tutelada tiene 15 años de edad (ver la base de datos del Registro Civil).
  2. El 4 de noviembre de 2021, el EBAIS de H. 3 refirió a la tutelada al C.A.I.S. Dr. Marcial Fallas D., a cupo, con la siguiente indicación: “(…) SE REFIERE PARA RETOMAR CONTROL EN PSIQUIATRÍA POR BULIMIA NERVIOSA (…)” (ver la prueba aportada por la recurrente, agregada al expediente digital).
  3. El 23 de diciembre de 2021, el C.A.I.S. Dr. Marcial Fallas D. rechazó la referencia emitida, debido a que: “(…) 3. Faltan datos de la historia clínica psiquiátrica básica actualizada. 4. Faltan datos del examen mental. 5. Faltan exámenes básicos de laboratorio y/o gabinete (actualizados). 6. No queda claro el motivo de la referencia. 7. Cual es el tratamiento y dosis actual? Tiempo de uso? (…)” (ver la prueba aportada por la recurrente, agregada al expediente digital).
  4. El 7 de enero de 2022, se notificó a las autoridades del C.A.I.S Dr. Marcial Fallas D., el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro digital de notificaciones).
  5. El 11 de enero de 2022, se le asignó a la tutelada una cita en el Servicio de Psiquiatría del C.A.I.S Dr. Marcial Fallas D., para el 8 de febrero de 2022 (ver la prueba aportada por la Directora Médica a.i. del centro médico, agregada al expediente digital).
III.- Sobre el caso concreto. Los recurrentes aseguraron que el C.A.I.S. Dr. Marcial Fallas D. se niega a tramitar las referencias que el EBAIS de H. emite, para que la tutelada sea atendida en el Servicio de Psiquiatría. En concreto aportaron prueba sobre una referencia emitida el 4 de noviembre de 2021. Se quejaron también de que sus citas y medicamentos fueron suprimidos sin previo aviso. Al respecto, el Médico tratante de la tutelada en el EBAIS H., indicó: “(…) se decidió referir al servicio de Psiquiatría de la Clínica Marcial Fallas, la cual fue vista el 21/08/2020, sin embargo meses posteriores paciente tuvo varios internamientos en el Hospital Nacional Psiquiátrico y por la pandemia del COVID-19 se perdió el control en psiquiatría de la Clínica Marcial Fallas y el 04/11/2021 fue referida nuevamente para retomar el control en psiquiatría (…)”. Paralelamente, la Directora Médica a.i. del C.A.I.S. Marcial Fallas D. señaló en su informe, lo siguiente: “(…) Se documenta que a la usuaria se refirió a Psiquiatría el día 04/11/21, mas sin embargo la usuaria no tramitó lo correspondiente, para lograr la asignación de la cita médica (…) Razón por lo cual, la usuaria no tiene control y tratamiento en esta unidad (…) En virtud del derecho al acceso de la Salud del usuario se procede otorgarle la cita en el Servicio de psiquiatría para el día 08 de febrero 2022 a las 3:00p.m (…)”. De la relación de hechos probados se desprende que, en efecto, la referencia emitida el 4 de noviembre de 2021, fue presentada ante el C.A.I.S. Dr. Marcial Fallas D. el 23 de diciembre de 2021, pero fue rechazada. Llama la atención de este Tribunal que el centro médico recurrido inicialmente rechazara la referencia por falta de requisitos y, ahora, luego de notificado el auto inicial de este recurso de amparo, asigne la cita para el 8 de febrero de 2022. Es decir, el motivo del rechazo inicial no era esencial. Pese a que la amparada es una persona de 15 años de edad con problemas psiquiátricos, el C.A.I.S. Dr. Marcial Fallas D. pretende hacer recaer la responsabilidad de la falta de atención médica, sobre los representantes de la tutelada, cuando, tal y como se desprende la prueba aportada, el rechazo se basó en realidad en omisiones cometidas por otra dependencia de la CCSS (el EBAIS de H.). Ahora bien, dado que fue con ocasión del presente proceso que se llevaron a cabo las actuaciones necesarias con el fin de salvaguardar el derecho a la salud de la tutelada, este extremo del recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explican más adelante.
IV.- De otra parte, valga aclarar que los promoventes mencionaron que en varias ocasiones adicionales las referencias habían sido rechazadas por el centro médico recurrido, pero no especificaron una fecha concreta o marco fáctico específico, lo que imposibilita a este Tribunal determinar si en efecto se vulneró un derecho fundamental o no. También mostraron inconformidad con que, en un momento determinado, se le quitara a la amparada la medicación. Al respecto, valga señalar que no le corresponde a esta Sala Constitucional valorar las decisiones de los médicos que han tratado a la paciente. Lo anterior es una cuestión técnico – médica que excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo, como la competencia de este Tribunal delimitada en la Ley y la propia Constitución Política. Cualquier discusión sobre el particular debe ser planteada y resuelta, sea ante la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), o bien en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria que corresponda.
V.- Este Tribunal tiene presente la readecuación de los servicios de salud, ejecutada en atención a la emergencia nacional por el coronavirus COVID – 19, así como de los factores de riesgo que podría presentar la tutelada. Lo anterior, es tomado en cuenta en la parte dispositiva de esta resolución.
VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pero sin especial condenatoria al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados.
VIII.- Nota del Magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020
5912
2021
7796
Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud, a excepción del año 2020 donde se registró una baja, pero que en todo caso es superior al total de expedientes del año 2017.
De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia n.º 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente n.º 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, en aras de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.
IX.- Voto salvado parcial del Magistrado S.A., únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.
Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una“terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
X.- Voto salvado de la Magistrada G.V.. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
XI.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a L.S.O., en su condición de Directora Médica a.i. del C.A.I.S D.M.F.D., o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que disponga todo lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo pertinente, para que: a) se le prescriban a la amparada de antemano los exámenes generales que pudiere requerir para la adecuada valoración de su condición en la cita programada y; b) se lleve a cabo la cita programada para el 8 de febrero de 2022, y se le brinde a la tutelada la atención médica que necesita, de acuerdo con su condición de salud. Lo anterior, siempre y cuando sea posible, tomando en cuenta los factores de riesgo que pueda presentar la amparada y, de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, en atención a las razones mencionadas, deberán adoptarse las medidas del caso para que la orden dada sea acatada dentro del plazo de UN MES, luego de superada la epidemia de coronavirus, siempre y cuando no exista posibilidad de hacerlo antes. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado Rueda pone nota. El Magistrado S.A. salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. En lo demás se declara sin lugar el recurso. N..
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Documento Firmado Digitalmente
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