Sentencia Nº 2022003288 de Sala Constitucional, 11-02-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022003288
Número de expediente22-000468-0007-CO
Fecha11 Febrero 2022

*220004680007CO*

Exp: 22-000468-0007-CO

Res. Nº 2022003288

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta minutos del once de febrero de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-000468-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Resultando:
  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:00 horas del 10 de enero de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), y manifiesta que es vecina de Térraba de Potrero Grande, cantón de Buenos Aires, P.. Indica que el ICAA hace meses proveía a su comunidad de agua potable, a través del auxilio de un camión cisterna contratado por dicho instituto; pero el servicio dejó de prestarse. Comenta que tras varios meses de esperar para que se les volviera a brindar el agua, contactaron al señor M.F.A., quien les colaboró comunicándose, vía correo electrónico, con el ICAA sin que, al momento de interposición de este proceso, su situación se haya arreglado. Detalla que el camión cisterna para frente a su casa y, aun así, no les dan el servicio. Con base en lo expuesto, estima que, con la actuación acusada, se están lesionando sus derechos fundamentales. Solicita se declare con lugar el recurso.
  2. Mediante resolución de las 09:25 horas del 11 de enero de 2022 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en la misma fecha.
  3. Informa bajo juramento E.A.B.C., en su condición de gerente general del ICAA (folio 11 del expediente electrónico), que se contrató a la empresa Transportes Solís S. A. como encargada de la distribución de agua en los territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires. Sin embargo, cuando la contratación administrativa finalizó, el instituto debió asumir la distribución de agua con recursos propios. Señala que, por error involuntario, se omitió dejarle el agua a la amparada, lo cual se corrigió el 12 de enero de 2022, cuando se visitó la vivienda de la recurrente y se llenó el tanque de 1.100 litros que se encuentra ubicado frente a su propiedad. En cuanto a la oficialidad del correo electrónico, indica que el mecanismo oficial es la dirección electrónica de la línea 800, a saber: línea800@aya.go.cr . En virtud del restablecimiento del líquido potable a la amparada, solicita se desestime el recurso planteado.
  4. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

R.e.M.....C.V. ; y,

Considerando:

  1. Objeto del recurso. La recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, pues acusa que de manera improcedente se suspendió el servicio de agua potable por medio de camiones cisterna.
  2. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) La amparada es vecina de Térraba de Potrero Grande, cantón de Buenos Aires, P. (informe de la autoridad recurrida).

b) El ICAA contrató a la empresa Transportes Solís S. A. como encargada de la distribución de agua en los territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires (informe de la autoridad recurrida).

c) Cuando la contratación administrativa finalizó, el instituto debió asumir la distribución de agua con recursos propios (informe de la autoridad recurrida).

d) Por error involuntario, se omitió brindar el servicio a la amparada (informe de la autoridad recurrida).

e) La resolución que dio curso al presente recurso se notificó a la autoridad recurrida el 11 de enero de 2022 (folio 09 del expediente electrónico).

f) El 12 de enero de 2022 se visitó la vivienda de la recurrente y se llenó el tanque de 1.100 litros que se encuentra ubicado frente a su propiedad (informe de la autoridad recurrida).

g) El mecanismo oficial de comunicación con el instituto es la dirección electrónica de la línea 800: línea800@aya.go.cr (informe de la autoridad recurrida).

  1. Hecho no probado. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución: que se haya formulado una solicitud de restablecimiento del servicio a los medios oficiales de comunicación del instituto recurrido.
  2. Sobre el suministro del servicio de agua potable. Esta Sala ha precisado en su jurisprudencia que, aún como servicio y derecho fundamental, el acceso al agua potable es oneroso, por lo que la morosidad del usuario puede facultar al prestador del servicio, a su suspensión. De igual manera, ante la desconexión de un servicio básico de carácter esencial, se ha señalado el cumplimiento de un requisito y garantía mínima, sea la instalación de una fuente de aprovisionamiento gratuita y accesible, de manera que, con una diligencia razonable de su parte, el afectado pueda aprovisionarse del líquido para sus actividades mínimas (véase las sentencias N° 7178-97, 2014-010419 y 2011-006855, entre otras).
  3. Sobre el caso concreto. En el presente asunto, la recurrente acude ante la Sala porque se suspendió de manera improcedente el servicio de agua potable en la modalidad de cisterna que se le brindaba y acusa que, a pesar de reiteradas gestiones, no se ha restablecido el suministro. Por su parte, la autoridad recurrida informa, bajo fe de juramento, que tras vencer el contrato con la empresa encargada de la distribución de agua y por un error involuntario, se omitió brindar el servicio a la amparada; y añaden que, con ocasión del presente recurso, se visitó la vivienda de la recurrente y se llenó el tanque de 1.100 litros que se encuentra ubicado frente a su propiedad. En este contexto y dado que se confirma la suspensión improcedente del servicio, procede acoger el recurso respecto a este extremo, tal y como se señalará a continuación.
En lo que respecta a la acusada falta de respuesta a las gestiones planteadas solicitando el restablecimiento del servicio, y aun cuando no consta exactamente a qué dirección de correo electrónico se dirigieron dichas solicitudes; se desprende del informe rendido bajo fe de juramento que no se formuló ninguna gestión por el medio oficial, sea la dirección electrónica de la línea 800: línea800@aya.go.cr . Bajo esta inteligencia, descarta la Sala que se haya vulnerado derecho fundamental alguno. Como corolario de lo expuesto, se impone desestimar el recurso en cuanto a este extremo, como en efecto se dispone.
  1. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
  2. Voto salvado parcial de los Magistrados S.A. y Solano Aguilar, con redacción del primero, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

  1. RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA G.V.. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
  1. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y A. al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados S.A. y S.A. salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. da razones diferentes. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. N..
Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Alexandra Alvarado P.
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