Sentencia Nº 2022004016 de Sala Constitucional, 18-02-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022004016
Número de expediente22-001411-0007-CO
Fecha18 Febrero 2022

*220014110007CO*

Exp: 22-001411-0007-CO

Res. Nº 2022004016

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidos .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-001411-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], mayor, casada en segundas nupcias, cédula de identidad [Valor 001], politóloga, en representación de Mapbit Portal S.A., vecina de San José, a favor de [Nombre 002], mayor, nacionalidad salvadoreña, portadora del pasaporte [Valor 002], contra el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:13 horas del 21 de enero de 2022, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social -CCSS- y expresa que en el mes de octubre de 2021 la sociedad que representa fue inscrita como patrono con la finalidad de poder efectuar el aseguramiento de sus colaboradores. Refiere que el 22 de noviembre de 2021 se solicitó el número de asegurado de la amparada, quien es extranjera; empero, acusa que al momento de interposición de este recurso y pese a las múltiples gestiones efectuadas al respecto, la autoridad recurrida no ha dado respuesta a sus requerimientos. Con base en lo expuesto, estima que se está lesionando derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las 10:11 horas del 24 de enero de 2022, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Presidente Ejecutivo de la CCSS, sobre los hechos alegados por la recurrente.
3.- Informa bajo juramento R.M.H., en su condición de Presidente Ejecutivo de la CCSS (escrito presentado a las 19:37 horas del 28 de enero de 2022), que no tiene conocimiento personal ni inmediato de los hechos descritos en el recurso, por cuanto el trámite para el aseguramiento e inscripción de trabajadores en planilla no constituye una función sustantiva de la Presidencia Ejecutiva, sino que recae en las Sucursales Financieras que se encuentran distribuidas geográficamente en todo el territorio nacional, pertenecientes a la Gerencia Financiera. Con base en lo anterior, y por ser de su competencia, se solicitó informe al Director de la Dirección Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), así como a la Administradora de la Sucursal Ciudad Colón (Sucursal ante la que se realizó el trámite de inscripción de la trabajadora); insumos que se adjuntan y a los que se adhiere en su contenido técnico. Previene el Tribunal Constitucional, en la resolución de traslado, informar si: “ el correo electrónico, al cual el recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios”. En ese orden de ideas, de la prueba aportada por la recurrente se desprende que la solicitud fue gestionada ante la cuenta “calidad1217@ccss.sa.cr”, motivo por el cual se solicitó tanto al Director de SICERE, así como a la Administradora de la Sucursal Ciudad Colón, informar si dicho correo electrónico se encuentra previsto como un mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios. En el informe GF-DSCR-0055-2022 | AFCOP-SCCI-0008-2022 (adjunta como prueba) rendido por el Director del SICERE bajo fe de juramento, se señala a esa Presidencia que: “ En relación con los medios oficiales para la recepción de correspondencia, en el caso de la Dirección Sistema Centralizado de Recaudación o sus unidades adscritas, la misma se debe puede remitir por correo electrónico a la dirección coinccss@ccss.sa.cr o entregar los documentos en formato físico impreso en la Plataforma de Correspondencia Institucional (COIN), ubicada en San José, D.B., avenida 8, calle 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del Cementerio Obrero, Centro Corporativo Internacional, Torre B, piso 1”. Por su parte, la Administradora de la Sucursal Ciudad Colón expuso en su informe bajo fe de juramento, GF-DRCS-SCC-28-2022 (adjunto como prueba), en relación con el correo utilizado por la amparada, lo siguiente: “La señora [Nombre 003] realizó varias consultas a la cuenta de correo electrónico calidad1217@ccss.sa.cr, sin embargo los correos nunca ingresaron debido a que las cuenta de CALIDAD fueron creadas únicamente para uso interno por lo que tienen un bloqueo y no permiten el ingreso de correos externos. Es importante indicar que la Sucursal de Ciudad Colón posee dos cuentas oficiales para la atención de consultas de los patronos y usuarios en general las cuales son s1217@ccss.sa.cr y AutogestionCiudadColon@ccss.sa.cr”. Por lo tanto, se informa que el correo electrónico al cual fue remitida la solicitud de información por parte de la señora [Nombre 001] , no se encuentra previsto como un mecanismo oficial para recibir documentos o gestiones de los usuarios, ocurriendo que dicha cuenta inclusive posee un bloqueo para no recibir correos externos y en tal mérito se justifica que la Sucursal de Ciudad Colón no tuviese conocimiento de las gestiones presentadas por la recurrente en diversas ocasiones, toda vez que nunca fueron presentadas de forma física en la Sucursal o ante alguno de sus correos oficiales. Pese a que la gestión de la recurrente (consistente en solicitar el número de asegurado de uno de sus trabajadoras inscritas en planilla) no fue remitida a una cuenta oficial, prevista para recibir solicitudes de los usuarios y por ende las autoridades competentes nunca tuvieron conocimiento de la misma, ha sido informado por parte de la Administradora de la Sucursal de Ciudad Colón que “El día 25 de enero del 2022 se le remitió mediante correo electrónico al patrono MAPBIT PORTAL S.A. el número de asegurado registrado a nombre de [Nombre 002] . Se adjunta correo electrónico”. En el correo electrónico por medio del cual se atendió la solicitud de la recurrente, de la cual se tuvo conocimiento en virtud del presente recurso de amparo, se le informó que el número de asegurado por el que consultó es el siguiente: 2810104735. Se anexa una captura de pantalla del correo electrónico de notificación. Solicita declarar sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que el 22 de noviembre de 2021 se solicitó el número de asegurado de la amparada, quien es extranjera; empero, acusa que al momento de interposición de este recurso y pese a las múltiples gestiones efectuadas al respecto, la autoridad recurrida no ha dado respuesta a sus requerimientos.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
1) El 22 de noviembre de 2021, a las 11:12, la señora [Nombre 003] solicitó al correo electrónico noreply@ccss.sa.cr el número de asegurado para la persona extranjera [Nombre 002], de nacionalidad salvadoreña y portadora del pasaporte [Valor 002] (documento aportado por la recurrente).
2) El 22 de noviembre de 2021, a las 11:14, del correo electrónico noreply@ccss.sa.cr se le comunicó a la solicitante: “La Caja Costarricense de Seguro Social le informa que su trámite será gestionado mediante solicitud número CC014070-2021 (…) Si en un plazo no mayor a 1 día hábil, después de esta notificación no ha recibido respuesta, puede contactarnos al correo calidad1217@ccss.sa.cr. Usted puede dar seguimiento a su solicitud, ingresando a la pestaña "Información Patronal" y seguidamente presionando la opción "Consulta Número Asegurado" (documento aportado por la recurrente).
3) El 06 de diciembre de 2021, la solicitante remitió un correo electrónico a la dirección calidad1217@ccss.sa.cr indicando lo siguiente: “Buen día reciba un cordial saludo. Hace unos días se realizó esta solicitud y se indicó que ya existe número de asegurado sin embargo, realizando los pasos adecuados el sistema me indica que aún no se cuenta con este número por favor agradezco su indicación del número de asegurado” (documento aportado por la recurrente).
4) El 13 de diciembre de 2021, la solicitante envió un correo electrónico a la dirección calidad1217@ccss.sa.cr indicando lo siguiente: “ Buenos Días. Reciba un cordial saludo, hace más de 15 días hemos tratado de obtener el número de asegurado de la persona extranjera y al día de hoy no hemos obtenido respuesta por lo que agradezco sus instrucciones al respecto” (documento aportado por la recurrente).
5) El 1° de enero de 2022, la solicitante remitió un correo electrónico a la dirección calidad1217@ccss.sa.cr señalando lo siguiente: “Buenas Tardes. Reciban un cordial saludo, al día de hoy no hemos recibido una respuesta de esta solicitud. Quedo atenta a sus comentarios” (documento aportado por la recurrente).
6) El 4 de enero de 2022, la solicitante envió un correo electrónico a la dirección calidad1217@ccss.sa.cr indicando lo siguiente: “ Buenas tardes. Estimados reciban un cordial saludo. Hemos enviado múltiples correos solicitando ayuda con el número de asegurado de la persona extranjera y no hemos tenido respuesta por parte de ustedes por lo que solicito respetuosamente nos puedan indicar el número de asegurado adjunto captura de respaldo” (documento aportado por la recurrente).
7) El 25 de enero de 2022, la Sucursal de Ciudad Colón de la CCSS remitió mediante correo electrónico al patrono M.P. S.A. el número de asegurado registrado a nombre de [Nombre 002] (informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).
III.- Sobre el derecho de petición y pronta respuesta. El derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta; pero esto último no necesariamente significa una contestación favorable. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, lo que se garantiza, aun cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la Administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. De manera que, la vía de petición permite plantear a la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada.
IV.- Sobre la utilización de medios electrónicos para la remisión de gestiones. Esta Sala se ha pronunciado, en reiteradas ocasiones, respecto a la utilización de medios electrónicos para la presentación de solicitudes de información. Por ejemplo, en la sentencia No. 2018-016145, de las 09:20 horas del 28 de setiembre de 2018, se señaló:
“… III. ANTECEDENTE . Esta Sala, mediante resolución 2014-003581 de las 9:05 horas del 14 de marzo del 2014, dispuso que “III.- Sobre el fondo. En el presente asunto, el recurrente cuestiona que no se hubiera entregado la información que requiriera en la gestión que planteara el 5 de enero de 2013. Previo a entrar a analizar el fondo del reclamo del accionante, conviene hacer alusión a lo que este Tribunal ha señalado con respecto a las gestiones planteadas por medio de correos electrónicos ante la Administración. Así, en la sentencia número 2012-0191 de las 15:50 horas del 11 de enero de 2012, se indicó en lo que interesa, lo siguiente: “(…) III. Este Tribunal Constitucional en la sentencia número 2008009670 de las 9:55 horas del 13 de junio de 2008, con redacción del Magistrado ponente, estimó en lo que interesa, lo siguiente: IV.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y EL EMPLEO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo de gestiones” (Ver también 2017-005247, de las 10:00 horas del 7 de abril del 2017)”.
V.- Sobre el caso concreto. En el sub lite , ha sido debidamente acreditado que el 22 de noviembre de 2021, a las 11:12 horas, la señora [Nombre 003] solicitó al correo electrónico noreply@ccss.sa.cr el número de asegurado para la persona extranjera [Nombre 002], de nacionalidad salvadoreña. Igualmente, se tiene que, ese mismo día, dos minutos después de esa gestión, del correo electrónico noreply@ccss.sa.cr se le comunicó a la solicitante lo siguiente: “La Caja Costarricense de Seguro Social le informa que su trámite será gestionado mediante solicitud número CC014070-2021 (…) Si en un plazo no mayor a 1 día hábil, después de esta notificación no ha recibido respuesta, puede contactarnos al correo calidad1217@ccss.sa.cr. Usted puede dar seguimiento a su solicitud, ingresando a la pestaña "Información Patronal" y seguidamente presionando la opción "Consulta Número Asegurado". Empero, como no se recibía la información, se reiteró la gestión al correo calidad1217@ccss.sa.cr los días 06 y 13 de diciembre de 2021, el 1° y el 4 de enero de 2022, sin resultado ni respuesta alguna, razón por la cual se acude a esta Sala en amparo. Al respecto, informa el Presidente Ejecutivo de la CCSS que los correos remitidos a la dirección calidad1217@ccss.sa.cr nunca ingresaron debido a que las cuentas de calidad fueron creadas únicamente para uso interno, por lo que tienen un bloqueo y no permiten el ingreso de correos externos. Además, la Sucursal de Ciudad Colón (oficina ante la que se realizó el trámite de inscripción de la trabajadora) posee dos cuentas oficiales para la atención de consultas de los patronos y usuarios en general las cuales son s1217@ccss.sa.cr y AutogestionCiudadColon@ccss.sa.cr. También señala que los medios oficiales para la recepción de correspondencia en el caso de la Dirección del Sistema Centralizado de Recaudación o sus unidades adscritas, son dos: a) el correo electrónico coinccss@ccss.sa.cr; b) los documentos en formato físico impreso en la Plataforma de Correspondencia Institucional (COIN), ubicada en Barrio Don Bosco, S.J., avenida 8, calle 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del Cementerio Obrero, Centro Corporativo Internacional, Torre B, piso 1. Los anteriores argumentos del recurrido no son de recibo para esta Sala, por las razones que a continuación se exponen. Primeramente, como se reseñó supra y se colige de la documentación aportada por la recurrente, la gestión se remitió inicialmente a la dirección electrónica noreply@ccss.sa.cr y no al correo calidad1217@ccss.sa.cr. Ahora, si bien de lo informado por el accionado, la misma no constituye un medio oficial de comunicación con la institución, es lo cierto que sí se le respondió a la solicitante, pues se le indicó el número de solicitud mediante la cual su trámite sería gestionado por la CCSS. Ello deviene en que se asumió la responsabilidad de atender la pretensión planteada por la administrada. A lo que se debe agregar que en ese mismo comunicado se le hizo saber que si en un día hábil no recibía la respuesta, podía contactarlos al correo calidad1217@ccss.sa.cr . De ahí que no sea aceptable que ahora se alegue que esa dirección ni siquiera es para recibir gestiones, mucho menos que sea un medio oficial, pues la misma institución fue la que autorizó su uso para efectos de atender lo peticionado. Por consiguiente, se le considera responsable de no haber atendido oportunamente lo requerido, pues fue con ocasión de este amparo -como se acepta en el informe rendido-que el 25 de enero de 2022, la Sucursal de Ciudad Colón remitió mediante correo electrónico al patrono M.P. S.A. el número de asegurado registrado a nombre de [Nombre 002] . En consecuencia, está acreditado que ha sido por la intervención de este Tribunal que se satisfizo la pretensión de la parte recurrente y más de dos meses después de remitida la gestión correspondiente. En razón de ello, se estima que se ha configurado la infracción al derecho tutelado en el artículo 27 de la Constitución Política.
VI.- Conclusión . De tal forma, al acreditarse la infracción constitucional en los términos dichos, el recurso debe ser declarado con lugar sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues la situación reclamada ya fue solventada por parte de la CCSS.
VII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.-Nota del magistrado C.V..- Advierto que, en reiteradas ocasiones he manifestado que sigo una línea jurisprudencial en el sentido de que cuando la solicitud de información se envía a un correo diferente al establecido por la institución para tramitar este tipo de gestiones, declaro sin lugar el recurso de amparo. Ahora bien, si en el sub lite siguiese esta postura, no habría voto de toda conformidad, dadas las diferentes posturas que existen en relación con los alcances de la parte dispositiva, por lo que me encuentro compelido a renunciar al voto salvado que consignaría y sumarme a la mayoría. De ahí que, bajo este razonamiento declaro con lugar el recurso, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IX.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y SOLANO AGUILAR, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
X.- Voto salvado de la Magistrada G.V. respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
XI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial ", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado C.V. consigna nota. Los Magistrados S.A. y S.A. salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. N..

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.

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