Sentencia Nº 2022004637 de Sala Constitucional, 25-02-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha25 Febrero 2022
Número de expediente22-002519-0007-CO
Número de sentencia2022004637

*220025190007CO*

Exp: 22-002519-0007-CO

Res. Nº 2022004637

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente n.° 22-002519- 0007-CO , interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:22 horas del 7 de febrero de 2021, el accionante formula recurso de amparo. Indica que desde hace dos años solicitó una pensión del Régimen No Contributivo ante la CCSS, pero no ha recibido respuesta alguna. Solicita un reconocimiento por el tiempo transcurrido desde que planteó la solicitud y hasta la fecha en que le sea resuelta. Acota que incluso tuvo que acudir al IMAS para una ayuda económica mientras se resuelve su solicitud de pensión. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de la Sala de las 18:45 horas de 7 de febrero de 2022, la Presidencia de la Sala dio curso al amparo y se solicitó informe al gerente de Pensiones y al jefe del Área de Gestión de Pensiones del Régimen No Contributivo de la Sucursal de Guadalupe, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre los hechos alegados por la recurrente.
3.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 13:59 horas de 11 de febrero de 2022, rinde informe bajo juramento A.G.V.M., en su condición de jefa a.i. de la Sucursal de Guadalupe de la CCSS. Expone: “(…) Hecho uno: Indica el recurrente que el 27 de noviembre de 2000 solicitó pensión del RNC en la Sucursal de Guadalupe de la CCSS En referencia a este hecho: No es correcto lo que indica el recurrente, ya que solicito la pensión del RNC el 27 de noviembre 2020, el caso corresponde a una tipologia de Invalidez RNC Hecho dos: Señala que posteriormente pidió un reconocimiento por el plazo transcurrido sin que se la hubiera resuelto. En referencia a este hecho: No se evidencia en el expediente administrativo una solicitud de reconocimiento por el plazo transcurrido Hecho tres: Menciona que esto la obligó a requerir ayuda al Instituto Mixto de Ayuda Social(IMAS), para poder solventar sus necesidades básicas mientras tanto. Hecho cuatro: Reclama el señor [Nombre 012] que, a la fecha de interposición del recurso de amparo, no se había resuelto la gestión de interés. En referencia a este hecho: El caso del Señor [Nombre 007] , fue valorado por la Comisión Calificadora el 17 de diciembre 2021, fue declarado: No Invalido. Mediante acta de actualización elaborada por la Analista A.G.C., con fecha del 19 de enero 2022, se hace la indicación que NO SE AJUSTA a lo establecido en el artículo 6 inciso b del Reglamento de Pensiones del Régimen No Contributivo. El día 10 de febrero se procedió a confeccionar la resolución denegada la cual fue notificada al correo (…)”.
4.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 17:12 horas de 14 de febrero de 2022, rinde informe bajo juramento J.B.E., en su condición de gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se expresa en los mismos términos que la jefa de la Sucursal de Guadalupe.

5.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada F.A. ; y,

Considerando:

I.- SOBRE LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Uno de los aspectos señalados podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo incoado de oficio o a instancia de parte o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso se plantea un supuesto de excepción pues el sub examine está relacionado con una solicitud de pensión del Régimen No Contributivo que, supuestamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.
II.- OBJETO DEL RECURSO. El accionante indica que desde hace dos años solicitó una pensión del Régimen No Contributivo ante la CCSS, pero no ha recibido respuesta alguna.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
a) El 27 de noviembre de 2020, el recurrente planteó una solicitud del Régimen No Contributivo ante la CCSS. (Ver prueba documental).
b) El 17 de diciembre de 2021, la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez RNC de la CCSS, mediante sesión n.° 153-2021 declaró al amparado como “No Inválido ”. (Ver prueba documental).
c) El 8 de febrero de 2022, las autoridades recurridas fueron notificadas del curso de este amparo. (Ver actas de notificación).
d) La jefa a.i. de la Sucursal de Guadalupe de la CCSS, mediante resolución administrativa n.° [Valor 001]-2022 del 10 de febrero de 2022, resolvió: “ (…) Se deniega el beneficio de pensión del Régimen No Contributivo de Pensiones por monto básico al (la) señor (a): [Nombre 002]) (…) ”. (Ver prueba documental).
e) El 10 de febrero de 2022, la resolución administrativa n.° [Valor 001]-2022 fue notificada al amparado. (Ver prueba documental).
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, el accionante indica que desde hace dos años solicitó una pensión del Régimen No Contributivo ante la CCSS, pero no ha recibido respuesta alguna. Solicita un reconocimiento por el tiempo transcurrido desde que planteó la solicitud y hasta la fecha en que le sea resuelta. Acota que incluso tuvo que acudir al IMAS para una ayuda económica mientras se resuelve su solicitud de pensión.
De los autos se desprende que, el 27 de noviembre de 2020, el recurrente planteó una solicitud del Régimen No Contributivo ante la CCSS. El 17 de diciembre de 2021, la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez RNC de la CCSS, mediante sesión n.° 153-2021 declaró al amparado como “ No Inválido”. El 8 de febrero de 2022, las autoridades recurridas fueron notificadas del curso de este amparo. La jefa a.i. de la Sucursal de Guadalupe de la CCSS, mediante resolución administrativa n.° [Valor 001] -2022 del 10 de febrero de 2022, resolvió: “(…) Se deniega el beneficio de pensión del Régimen No Contributivo de Pensiones por monto básico al (la) señor (a): [Nombre 003] (sic) (…) ”. El 10 de febrero de 2022, la resolución administrativa n.° [Valor 001]-2022 fue notificada al amparado. (Ver prueba documental).
En virtud de lo expuesto, si bien se observa que la autoridad recurrida tardó en resolver la solicitud de pensión de Régimen No Contributivo planteada por el tutelado, no menos cierto es que el 10 de febrero de 2022, sea, con ocasión a la interposición de este recurso, se le notificó a la parte amparada la resolución n.° [Valor 001]-2022, mediante la cual se resolvió el trámite de la recurrente. En consecuencia, procede declarar con lugar el recurso según lo dispuesto en el ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes . Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y SOLANO AGUILAR, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA G.V. RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los magistrados S.A. y S.A. salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. N..
Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Ana Cristina Fernandez A.
Jorge Isaac Solano A.
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Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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