Sentencia Nº 2022004660 de Sala Constitucional, 25-02-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente22-002724-0007-CO
Fecha25 Febrero 2022
Número de sentencia2022004660

*220027240007CO*

Exp: 22-002724-0007-CO

Res. Nº 2022004660

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 22-002724-0007-CO, interpuesto por L.G.S., cédula de identidad 0108760664, a favor de [Nombre 001], portadora de la cédula de residencia [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:46 horas del 09 de febrero de 2022, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, y manifiesta que la amparada tiene una hernia, sufre colelitiasis múltiple y esteatosis hepática, lo cual compromete en gran medida su calidad de vida. Indica que, desde el 25 de febrero de 2019, el médico tratante de la tutelada le giró la orden de hospitalización para cirugía. No obstante, se encuentra a la espera de la realización de la misma. Alega que el tiempo de espera es desproporcionado y lesiona el derecho a la salud que le asiste a su defendida. Por las razones expuestas, solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante la resolución de las 14:11 horas del 10 de febrero de 2022 se dio curso al presente proceso y se concedió audiencia al Director Médico y al Jefe del Servicio de Cirugía General; ambos del Hospital Monseñor V.M.S.M., sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
3.- Informa bajo juramento T.M.J.U., en su calidad de D. General del Hospital Monseñor Sanabria, que los hechos alegados por el recurrente no son de conocimiento personal de la Directora General, pues no ha tenido participación directa. Por ello, solicitó información referente a este recurso de amparo a la Dra. D.C.A., Coordinadora Unidad Atención Oportuna a las Personas, a la Dra. A.B.V., Médico Asistente Cirugía, al Dr. M.T.G., Jefe del Servicio de Cirugía y a la Licda. A.S.V., Coordinadora a.i. Asistentes Registros Médicos, todos funcionarios del nosocomio recurrido. El Dr. M.T.G., Jefe a.i. del Servicio de Cirugía informa:
(…) La usuaria fue valorada por el Dr. C. el 25 de febrero de 2019, quien anota lo siguiente: Subjetivo (Motivo Consulta): PACIENTE CUARENTA Y CUATRO AÑOS. APP: HTA, DM Y DISLIPIDEMIA EN TXNO ALERGIA A MEDICAMENTOS OH Y TABACO: NIEGA AQX: SOP HACE DIECISIETE AÑOS EN HMSAGO: G3 P2 A1 C0, FUR HACE 1 SEMANAMC: REFERIDA POR COLELITIASIS TRAE US PRIVADO 9.10.18 CON HALLAZGOS DE HEPATOMEGALIA LEVE, ESTEATOSIS HEPÁTICA LEVE, COLELITIASIS MÚLTIPLE. LA PACIENTE REFIERE HACE CUATRO AÑOS DOLOR EN HCD, CONSTANTE, CON VISITAS DE UNA A DOS AL MES AL SERVICIO DE EMERGENCIAS. Objetivo: AFEBRIL, HEMODINÁMICO NORMAL, OBESIDAD GRADO 2. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, LEVE DOLOR EN HCD, NO PERITONISMO. Análisis: HAGO BOLETA PARA QX, INDICO LABORATORIOS Y REFERENCIA PARA VALORACIÓN PREQX. EXPLICO A LA PACIENTE. SE COORDINA HISTORIA CLINICA DEL 21/2/2022 Y FECHA DE CIRUGIA 14/3/2022 (…)”.
Asimismo, a través del correo electrónico, la Dra. D.C.A., Coordinadora Unidad Atención Oportuna a las Personas, informa que en efecto la tutelada se encuentra en lista de espera quirúrgica, la fecha de ingreso fue el 11 de julio de 2019, a la especialidad de Cirugía General por patología de Colelitiasis y con prioridad baja. Indica que según lo establecido por Gerencia Médica, los pacientes categorizados como prioridad baja pueden esperar más de doce meses para su resolución. Señala que, por la priorización quirúrgica que se ha realizado en el periodo de la pandemia mundial y dado que el paciente no cuenta con una priorización alta, no se le ha realizado la intervención. Manifiesta que se localizará al paciente para brindarle fecha de inicio del proceso para la cirugía.
La Directora General manifestó que la tutelada mantiene un control activo en el Hospital recurrido y que ya tiene fecha asignada para historia clínica, por lo que una vez valorada por el médico encargado se procederá con la cirugía en la fecha consignada, siempre y cuando la Unidad de Atención Oportuna a las Personas, en la persona del médico tratante recomiende la cirugía. Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- Según constancia emitida por la Técnica Judicial 3 a.i., encargada de la tramitación de este expediente y el S.; ambos funcionarios de la Sala Constitucional, se verifica que el Jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Monseñor V.M.S.M., no rindió el informe solicitado en la resolución de las 14:11 horas del 10 de febrero de 2022.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

R.e.M.....A.G. ; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que la amparada tiene una hernia, sufre colelitiasis múltiple y esteatosis hepática, lo cual compromete en gran medida su calidad de vida. Por ese motivo, desde el 25 de febrero de 2019, el médico tratante de la tutelada le giró la orden de hospitalización para cirugía; sin embargo, se encuentra a la espera de la realización de la misma. Alega que el tiempo de espera es desproporcionado y lesiona el derecho a la salud que le asiste a su defendida.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a) La amparada es una persona de cuarenta y cuatro años de edad con diagnóstico de colelitiasis (véase informe rendido por la autoridad recurrida).
b) El 11 de julio de 2019 la amparada fue ingresada a lista de espera para cirugía, en el Hospital Monseñor Sanabria Martínez, con criterio de prioridad baja (véase informe rendido por la autoridad recurrida).
c) La resolución de las 14:11 horas del 10 de febrero de 2022, la cual da curso al presente proceso, fue notificada a las autoridades médicas el 11 de febrero de 2022 (véanse actas de notificación).
d) Con ocasión a la interposición del presente recurso, las autoridades del Hospital Monseñor V.M.S.M. programaron la cirugía requerida por la amparada para el 14 de marzo de 2022 (véase informe rendido por la autoridad recurrida).
III.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD. Este Tribunal ha reconocido la plena vigencia del derecho a la salud, el cual se desprende del derecho a la vida contemplado en el artículo 21, de la Constitución Política, que es piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Así, ha reconocido que la vida resulta inconcebible si no se garantiza a las personas un adecuado y armónico equilibrio físico, psíquico y ambiental. De tal forma, el retardo o inacción en la atención medica por parte de los centros de salud, puede repercutir negativamente en la salud y en la vida de las personas. Asimismo, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible, de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas.
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la amparada requiere una cirugía pues padece, entre varias patologías, de colelitiasis. Por ese motivo, se encuentra en lista de espera desde el 11 de julio de 2019, sin que a la fecha de interposición de este recurso cuente con fecha cierta para la intervención requerida.
Al respecto, la autoridad recurrida, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento, no niega los hechos, y expone que se fijó la intervención quirúrgica requerida para el 14 de marzo de 2022, así como una elaboración del historial clínico de la paciente para el 21 de febrero de 2022.
Del análisis de los autos, la Sala tiene por demostrado que, efectivamente, lo expuesto por la parte recurrente resulta lesivo al derecho a la salud, y contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, el plazo de espera al que se pretendía a la amparada, para la atención médica que requiere, es irrazonable. A pesar de lo anterior, las autoridades médicas, con ocasión a la interposición del presente recurso, programaron la cirugía requerida, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia.
V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)” , debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes” , lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.
VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. Al 23 de enero de 2018, aproximadamente el recurrente -H.M. ha presentado 339, R.H. ha presentado 186, B.P. ha presentado 726 G.S. ha presentado 1940 (en su calidad de recurrente o abogado director)- recursos de amparo a favor de distintos usuarios de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social utilizando la figura de la acción vicaria que prevé el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, la Fundación Derecho Sin Fronteras, cédula jurídica 3-006-702693, y quien tiene al señor G.S. como su director jurídico, conforme consta en el expediente 16-016504-0007-CO, ha planteado también diversos recursos a favor de distintos asegurados. Ahora bien, cuando la Sala estima que existen méritos suficientes para acoger el recurso y condenar al pago de costas, daños y perjuicios, se reserva su liquidación para la ejecución de sentencia. E., el Juez de lo contencioso-administrativo, o la Administración –CCSS- en el caso de que haya llegado a un acuerdo extrajudicial con el fin de evitar otro litigio –ejecución sentencia-, para el pago de los daños y perjuicios deben verificar que el correspondiente pago se haga a favor del (la) amparado (a) únicamente, para que se mantenga el recto sentido de la norma. Cuando se trata de las costas –honorarios-, al (a la) abogado (a) se le cancelarán, siempre y cuando acredite que fue el (la) director (a) del proceso constitucional de amparo y el (la) amparado (a) no compruebe que le pagó los honorarios al profesional en derecho. C. esta sentencia a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social y a la contralora General de la República.
VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ Y LA MAGISTRADA G.V.. Si bien en este caso concurrimos con nuestro voto a declarar con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por la amparada, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud.
VIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y SOLANO AGUILAR, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA G.V. RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a T.M.J.U., en su calidad de D. General del Hospital Monseñor Sanabria, o a quien ocupe dicho cargo, que disponga lo necesario, dentro del ámbito de sus competencias, para que efectivamente se lleve a cabo la cirugía programada para la amparada el 14 de marzo de 2022. Asimismo, deberán comunicar a la amparada la fecha y hora de la intervención, así como los requisitos pre-operatorios establecidos para tales efectos. Lo anterior, tomando en cuenta los factores de riesgo que pueda presentar la tutelada y, de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad a lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El M.C.V. pone nota. Los M.C.V. y G.V. consignan nota. Los Magistrados S.A. y S.A. salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. N..-

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Ana Cristina Fernandez A.
Jorge Isaac Solano A.

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