Sentencia Nº 2022005149 de Sala Constitucional, 04-03-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022005149
Fecha04 Marzo 2022
Número de expediente22-002433-0007-CO

*220024330007CO*

Exp: 22-002433-0007-CO

Res. Nº 2022005149

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidos .

Recurso de amparo presentado por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 11:15 horas del 04 de febrero del 2022 la recurrente presenta recurso de amparo contra la Caja Costarricense del Seguro Social. Manifiesta que tiene 62 años de edad y sufre hipertensión. Aduce que en setiembre de 2021 le detectaron un aneurisma, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Calderón Guardia. Explica que el Área de Salud San Sebastián-Paso Ancho le otorgó aseguramiento por beneficio familiar, por medio de su esposo, del 24 de enero de 2020 al 23 de enero de 2022. Indica que debido a sus padecimientos crónicos, los médicos le prescriben Ibersartan, Furosemida y Paracetamol de manera permanente, también F. y crema de rosas. Refiere que el 3 de febrero de 2022 se apersonó al Área de Salud San Sebastián-Paso Ancho a retirar sus medicamentos; sin embargo, le fueron denegados, debido a que no cotiza. Relata que preguntó por su aseguramiento y le dijeron que estaba vencido y no le daban posibilidad de renovarlo porque en noviembre de 2021 fue emitido un nuevo Reglamento de Protección Familiar y están a la espera de que la institución dicte los lineamientos operativos con las instrucciones para tramitar los seguros. Reclama que no le dieron una fecha, al menos probable, en que resolverán las solicitudes de aseguramiento y no le dieron documentos o formularios para plantear la solicitud de prórroga de su seguro. Manifiesta que actualmente está sin seguro, pese a que su esposo siempre la ha asegurado y no tiene los medicamentos que necesita para controlar sus padecimientos; con lo cual, su condición de salud puede desmejorar y requiera atención médica por tener alguna complicación con el aneurisma. Señala, además, que por la falta de seguro médico no puede asistir a citas de control para regular su presión y tampoco a las citas en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Calderón Guardia, las cuales puede perder por la situación expuesta. Considera que al no estar asegurada por la dilación en que han incurrido las autoridades de la institución en emitir los lineamientos respectivos, se ha violado su derecho a la salud, porque requiere ser atendida y le brinden los tratamientos correspondientes.

2.- Por resolución de las 16:42 horas del 04 de febrero del 2022 se dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al director médico, al jefe del Servicio de Farmacia y al Jefe del Servicio de Validación y Facturación de Servicios Médicos, todos del Área de Salud San Sebastián-Paso Ancho (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento N.A.S.I. en su calidad de Coordinador Médico del Área de Salud de San Sebastián a cargo de la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO) (ver registro electrónico) que el 18 de noviembre del 2021 se publicó en la Gaceta el nuevo Reglamento de Protección Familiar en la Caja Costarricense de Seguro Social, y el mismo carece de un Lineamiento Técnico para operar además de que contiene vacíos legales para su implementación inmediata. A pesar de los constantes solicitudes de solución por porte de las diferentes Jefaturas de Redes en todo el país, existe aún un vacío reglamentario, provocando que se anule todo procedimiento contemplado en el anterior Manual de Adscripción y Beneficio Familiar. Dado que lo prestación de servicios en el Área de Salud San Sebastián Paso Ancho se brindó bajo lo modalidad de Contratos a Terceros o Proveedores Externos, ASEMECO es un proveedor de la CCSS que debe apegarse a las normativas vigentes de lo misma y en caso contrario, incurriría en un incumplimiento contractual si admite un beneficio familiar sin han mantenido en las últimas semanas problemas a nivel de Ebais. En el caso del recurrente, se abordó por error como si fuese uno solicitud nuevo de Protección Familiar, mismos que no se están cotizando en un 100% ya que no se cuenta aún con los Lineamientos Técnicos respectivos para operar el nuevo Reglamento de Protección Familiar. Sin embargo, ese error se corrigió y actualmente la Sra. L. cuenta con la ampliación de la Protección familiar hasta el dos de enero del dos mil veintitrés. Además, se le brindaron las disculpas del caso y de forma I. se le agendó una cita el 11 febrero 2022 para que retome sus controles y tratamientos, como se detalla en la PRUEBA DOCUMENTAL 1 y además, fue comunicado a lo Caja Costarricense de Seguro Social, el pasado 10 de febrero del 2022. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Según constancia de fecha 23 de febrero del 2022 suscrita por el Auxiliar Judicial y el Secretario del Despacho no apareció que del diez al veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el Jefe del Servicio de Farmacia y el Jefe del Servicio de Validación y Facturación de Servicios Médicos, ambos del Área de Salud San Sebastián-Paso Ancho hayan presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las16:42 horas del 04 de febrero del 2022 (ver registro electrónico).

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la M.....P.B. ; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente alega que tiene 62 años de edad y sufre hipertensión. Explica que el Área de Salud San Sebastián-Paso Ancho le otorgó aseguramiento por beneficio familiar, por medio de su esposo, del 24 de enero de 2020 al 23 de enero de 2022. Indica que debido a sus padecimientos crónicos, los médicos le prescriben Ibersartan, Furosemida y Paracetamol de manera permanente, también F. y crema de rosas. Refiere que el 3 de febrero de 2022 se apersonó al Área de Salud San Sebastián-Paso Ancho a retirar sus medicamentos; sin embargo, le fueron denegados, debido a que no cotiza. Relata que preguntó por su aseguramiento y le dijeron que estaba vencido y no le daban posibilidad de renovarlo porque en noviembre de 2021 fue emitido un nuevo Reglamento de Protección Familiar y están a la espera de que la institución dicte los lineamientos operativos con las instrucciones para tramitar los seguros. Manifiesta que actualmente está sin seguro, pese a que su esposo siempre la ha asegurado y no tiene los medicamentos que necesita para controlar sus padecimientos; con lo cual, su condición de salud puede desmejorar y requiera atención médica por tener alguna complicación con el aneurisma. Señala, además, que por la falta de seguro médico no puede asistir a citas de control para regular su presión y tampoco a las citas en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Calderón Guardia, las cuales puede perder por la situación expuesta.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
a) Que la recurrente tiene 62 años y sufre hipertensión (ver informe de la autoridad recurrida).
b) Que en setiembre de 2021 a la recurrente le detectaron un aneurisma, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Calderón Guardia (ver informe de la autoridad recurrida).
c) Que el Área de Salud San Sebastián-Paso Ancho le otorgó a la recurrente aseguramiento por beneficio familiar, por medio de su esposo, del 24 de enero de 2020 al 23 de enero de 2022 (ver informe de la autoridad recurrida).
d) Que a la recurrente le prescriben Ibersartan, Furosemida y Paracetamol de manera permanente, también F. y crema de rosas (ver informe de la autoridad recurrida).
e) Que el 18 de noviembre del 2021 se publicó en la Gaceta el nuevo Reglamento de Protección Familiar en la Caja Costarricense de Seguro Social (ver informe de la autoridad recurrida).
f) Que en fecha 03 de febrero de 2022 la recurrente se apersonó al Área de Salud San Sebastián-Paso Ancho a retirar sus medicamentos; sin embargo, le fueron denegados, debido a aparecía en los registros como “no cotizante” (ver informe de la autoridad recurrida).
g) Que el caso de la recurrente se abordó por error como si fuese una solicitud nueva de Protección Familiar (ver informe de la autoridad recurrida).
h) Que el error cometido se enderezó y se le otorgó a la recurrente ampliación de la Protección familiar hasta el 02 de enero del 2023 (ver informe de la autoridad recurrida).
i) Que en fecha 09 de febrero del 2022 se notificó la resolución de curso del presente amparo a las autoridades recurridas (ver acta de notificación).
j) Que a la recurrente se le agendó cita para el 11 febrero 2022 para que retome sus controles y tratamientos (ver informe de la autoridad recurrida).
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Del informe rendido por las autoridades recurridas el cual es dado bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que la recurrente tiene 62 años y sufre hipertensión. Se acreditó que en setiembre de 2021 a la recurrente le detectaron un aneurisma, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Calderón Guardia. Se demostró que el Área de Salud San Sebastián-Paso Ancho le otorgó a la recurrente aseguramiento por beneficio familiar, por medio de su esposo, del 24 de enero de 2020 al 23 de enero de 2022. Quedó demostrado que a la recurrente le prescriben Ibersartan, Furosemida y Paracetamol de manera permanente, también F. y crema de rosas. Se constató que en fecha 03 de febrero de 2022 la recurrente se apersonó al Área de Salud San Sebastián-Paso Ancho a retirar sus medicamentos; sin embargo, le fueron denegados, debido a aparecía en los registros como “no cotizante”. Se verificó que el 18 de noviembre del 2021 se publicó en la Gaceta el nuevo Reglamento de Protección Familiar en la Caja Costarricense de Seguro Social. Se constató que el caso de la recurrente se abordó por error como si fuese uno solicitud nuevo de Protección Familiar -dicho error se enderezó y se le otorgó a la recurrente ampliación de la Protección familiar hasta el 02 de enero del 2023-. Se verificó que en fecha 09 de febrero del 2022 se notificó la resolución de curso del presente amparo a las autoridades recurridas. Finalmente se acreditó que a la recurrente se le agendó cita para el 11 febrero 2022 para que retome sus controles y tratamientos. En conclusión, es cierto que las autoridades recurridas le indicaron a la recurrente que el aseguramiento que venía disfrutando se encontraba vencido y que, la renovación quedaba sujeta a los Lineamientos Técnicos respectivos para operar el nuevo Reglamento de Protección Familiar. Por su parte las autoridades recurridas reconocen que cometieron un error con el análisis del caso de la recurrente; sin embargo con ocasión a la interposición del presente recurso de amparo y ante el yerro cometido se le otorgó a la recurrente ampliación de la Protección familiar hasta el 02 de enero del 2023. Partiendo de lo anterior el recurso deviene procedente sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y SOLANO AGUILAR, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA G.V. RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas.
Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado S.A. y S.A. salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. N..

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
Jorge Isaac Solano A.

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