Sentencia Nº 2022005247 de Sala Constitucional, 04-03-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha04 Marzo 2022
Número de expediente22-003388-0007-CO
Número de sentencia2022005247

*220033880007CO*

Exp: 22-003388-0007-CO

Res. Nº 2022005247

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 22-003388-0007-CO, interpuesto por MARIO A.Z.C., cédula de identidad 0204320066, a favor de [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaria de esta Sala el 18 de febrero de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo a favor de [Nombre 001], contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que la amparada fue referida al Servicio de Cardiología en el Hospital San Francisco de Asís desde diciembre de 2021 donde tiene pendiente una cirugía. Explica que le han otorgado dos citas, una para realizarle una prueba de esfuerzo el 21 de febrero del 2023 y otra para un ecocardiograma el 6 de marzo del 2023. Expone que requiere ser operada con urgencia; no obstante, le han dado las citas para más de un año después de solicitadas, lo que de hecho suspende la referida intervención quirúrgica. Aduce que esta situación viola su derecho a la salud, además de incumplir los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativa. Solicita que se ordene realizarle a la amparada los dos exámenes y la cirugía dentro de un plazo razonable. Pide que se condene a la institución al pago de costas, daños y perjuicios.
2.- Mediante resolución a las 16:12 horas del 18 de febrero de 2022, se dio curso al presente recurso.
3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 01 de marzo de 2022, L.D.A.F., en su condición de director general, jefe del Servicio de Medicina Interna y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Francisco de Asís, informa bajo juramento que la usuaria fue valorada en la consulta de Medicina Interna como parte del proceso de valoración preoperatoria, en fecha 23 de diciembre de 2021, momento en el cual el especialista tratante consideró la necesidad de solicitar la realización de estudios cardiológicos complementarios como son un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo, por lo cual confecciono la respectiva referencia, considerando en ese momento según la literalidad de lo anotado en el expediente clínico “C.) NO HAY CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA PARA LA CIRUGÍA ”. Señala que lo encargados del otorgamiento de citas asignaron el primer cupo disponible para la realización de estudios cardiológicos bajo las condiciones actuales donde se encuentran vigentes las disposiciones institucionales relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y que implican la suspensión de procedimientos no considerados esenciales o de emergencia, situación que ha limitado la capacidad resolutiva de la unidad, afectando la disponibilidad de cupos para la programación de procedimientos como los que requiere la amparada, razón por la cual las citas se otorgan para los meses de febrero y marzo del año 2023. Agrega que una vez conocida la interposición del amparo, se ha girado la instrucción para la reasignación de las citas para los estudios de prueba de esfuerzo y ecocardiograma requeridos en favor de la amparada, quedando las mismas definidas ambas para el 31 de marzo de 2022 a las 8:00 am y 9:00 am, respectivamente. Aclara que la amparada fue incluida en la lista de espera quir úrgica de la especialidad de Otorrinolaringología en fecha 20 de agosto de 2021, según criterio médico y atención especializada de fecha 27 de julio de 2021; sin embargo, acorde con una segunda valoración de seguimiento realizada a la amparada en fecha 30 de diciembre de 2021, el especialista en Otorrinolaringología indicó que “PACIENTE CON HISTORIA POCO CLARA DE MOLESTIAS A NIVEL FARÍNGEO, CON US DE CUELO QUE INDICA BMN CON NÓDULOS PEQUEÑOS, SIN HALLAZGOS CÍNICOS, ENDOSCÓPICOS, ULTRASONOGRAFICOS O RADILÓGICOS CONCLUYENTES RESPECTO A LA INDICACIÓN ARA REAIZAR TIROIDECTOMÍA TOTAL. PACIENTE SIN DATOS CLÍNICOS, ULTRASONOGRÁFICOS, O DE GABINETE QUE INDIQUEN BMN COMPRESIVO CON HISTORIA DE FARINGITIS CRÓNICA, ANTECEDENTE DE MÚLTIPLES ABSCESOS PERIAMIGDALINOS DRENADOS Y AMIGDALECTOMÍA ACTUALMENTE CON DATO DE DISFUNCIÓN DE ATM PLAN US DE CUELLO CONTROL REF OGA RECOMENDACIONES OMEPRAZOL BECLO ORAL SE DEPURA DE LISTA DE ESPERA”; es decir, indica que claramente el especialista tratante indica que la amparada no tiene una patología que deba ser resuelta de manera quirúrgica, por lo cual solicita su exclusión (depuración) de la lista de espera de cirugía de la especialidad en su valoración del 30 de diciembre de 2021. Añade que adjunta copa del oficio HSFA-AEM-142-2022, mediante el cual la Dra. H.S.C., Gestora de Sala de Operaciones y Encargada de Programación Quirúrgica, certifica que en este momento la amparada no tiene ninguna cirugía pendiente de realizar en este centro hospitalario, pues por indicación del especialista tratante fue excluida de la lista de espera quirúrgica, por considerar que su patología no requiere una cirugía para su atención. Por lo expuesto, solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la M.....P.B. ; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que la amparada fue referida al Servicio de Cardiología en el Hospital San Francisco de Asís. En ese sentido, señala que la tutelada requiere ser operada con urgencias; no obstante, reclama que le han otorgado dos citas, una para realizarle una prueba de esfuerzo el 21 de febrero del 2023 y otra para un ecocardiograma el 6 de marzo del 2023, las cuales suspenden la referida intervención. Solicita que se ordene realizarle a la amparada los dos exámenes y la cirugía dentro de un plazo razonable.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) la amparada A.B., tiene 57 años y es paciente del Hospital San Francisco de Asís (hecho no controvertido); b) el 27 de julio de 2021, la amparada fue valorada en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Asís, en dicha atención médica su médico tratante indicó como plan que ingresara a lista de espera para tiroidectomía por presentar glándula tiroides aumentada de tamaño con múltiples nódulos solidos (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); c) el 20 de agosto de 2021, la amparada ingresó a lista de espera quirúrgica para atender su padecimiento (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); d) el 23 de diciembre de 2021, las autoridades de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Asís refirieron a la amparada al Servicio de Cardiología para que le realizaran una prueba de esfuerzo y ecocardiograma (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); e) el 30 de diciembre de 2021, la amparada fue valorada nuevamente en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Asís, en dicha atención médica su médico tratante indicó lo siguiente: “PACIENTE CON HISTORIA POCO CLARA DE MOLESTIAS A NIVEL FARÍNGEO, CON US DE CUELO QUE INDICA BMN CON NÓDULOS PEQUEÑOS, SIN HALLAZGOS CÍNICOS, ENDOSCÓPICOS, ULTRASONOGRAFICOS O RADILÓGICOS CONCLUYENTES RESPECTO A LA INDICACIÓN ARA REAIZAR TIROIDECTOMÍA TOTAL. PACIENTE SIN DATOS CLÍNICOS, ULTRASONOGRÁFICOS, O DE GABINETE QUE INDIQUEN BMN COMPRESIVO CON HISTORIA DE FARINGITIS CRÓNICA, ANTECEDENTE DE MÚLTIPLES ABSCESOS PERIAMIGDALINOS DRENADOS Y AMIGDALECTOMÍA ACTUALMENTE CON DATO DE DISFUNCIÓN DE ATM PLAN US DE CUELLO CONTROL REF OGA RECOMENDACIONES OMEPRAZOL BECLO ORAL SE DEPURA DE LISTA DE ESPERA” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); f) el 04 de febrero de 2022, el Servicio de Cardiología del Hospital San Francisco de Asís programó a favor de la amparada el ecocardiograma para el 06 de marzo de 2023 y la prueba de esfuerzo para el 21 de febrero de 2023 (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); g) con ocasión a la interposición del presente recurso -así lo reconocen las autoridades médicas- el Servicio de Cardiología del Hospital San Francisco de Asís reprogramó a favor de la amparada el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo para el 31 de marzo de 2021 (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).
III.- Sobre la presunta cirugía requerida. Del análisis del informe rendido bajo juramento por parte del representante de la autoridad recurrida y de la prueba aportada para la resolución del asunto, este Tribunal descarta la vulneración al derecho a la salud de la amparada. Lo anterior, por cuanto se tiene por demostrado que si bien, inicialmente la amparada contaba con una prescripción quirúrgica a su favor e incluso ingresó a lista de espera el 20 de agosto de 2021, para atender su padecimiento en la tiroides, lo cierto del caso es que es fue revalorada en el Servicio de Otorrinolaringología en fecha 30 de diciembre de 2021, oportunidad en donde su médico tratante indicó lo siguiente: “PACIENTE CON HISTORIA POCO CLARA DE MOLESTIAS A NIVEL FARÍNGEO, CON US DE CUELO QUE INDICA BMN CON NÓDULOS PEQUEÑOS, SIN HALLAZGOS CÍNICOS, ENDOSCÓPICOS, ULTRASONOGRAFICOS O RADILÓGICOS CONCLUYENTES RESPECTO A LA INDICACIÓN ARA REAIZAR TIROIDECTOMÍA TOTAL. PACIENTE SIN DATOS CLÍNICOS, ULTRASONOGRÁFICOS, O DE GABINETE QUE INDIQUEN BMN COMPRESIVO CON HISTORIA DE FARINGITIS CRÓNICA, ANTECEDENTE DE MÚLTIPLES ABSCESOS PERIAMIGDALINOS DRENADOS Y AMIGDALECTOMÍA ACTUALMENTE CON DATO DE DISFUNCIÓN DE ATM PLAN US DE CUELLO CONTROL REF OGA RECOMENDACIONES OMEPRAZOL BECLO ORAL SE DEPURA DE LISTA DE ESPERA”, en ese sentido, según informan bajo juramento en este momento la amparada no tiene ninguna cirugía pendiente de realizar en el centro hospitalario recurrido. Así las cosas, se descarta la vulneración al derecho a la salud de la tutelada, toda vez que no se logró evidenciar omisión o dilación alguna por parte de las autoridades médicas recurridas en detrimento al derecho a la salud de la amparada, en tanto, no consta alguna orden de cirugía a su favor. Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar este extremo del recurso.
IV.- Sobre las citas dadas en el Servicio de Cardiología del Hospital San Francisco de Asís. Del análisis del informe rendido bajo juramento por la representante de la autoridad accionada, y de la prueba aportada para la resolución del asunto, esta Sala verifica la lesión a los derechos fundamentales del amparado. En ese sentido, se tiene por acreditado que la amparada el 23 de diciembre de 2021, las autoridades de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Asís refirieron a la amparada al Servicio de Cardiología para que le realizaran una prueba de esfuerzo y ecocardiograma. En virtud de ello, el nosocomio le programó dicho estudios médicos para el 06 de marzo de 2023 y para el 21 de febrero de 2023, respectivamente. Así las cosas, este Tribunal acredita la vulneración al derecho a la salud de la tutelada, debido a que el plazo de espera al que se pretendía mantener para la realización de los procedimientos médicos que requiere; no obstante, se observa que fue ocasión a la interposición del presente recurso -así lo reconocen las autoridades médicas- que el Servicio de Cardiología del Hospital San Francisco de Asís reprogramó a favor de la amparada el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo para el 31 de marzo de 2021. En consecuencia, se dispone acoger este extremo del recurso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción.
V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recursoúnicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes. Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- Voto salvado parcial de los Magistrados S.A. y S.A., con redacción del primero, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.
Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso ”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
VII.-Voto salvado parcial de la Magistrada G.V. respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): " Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa " resolución" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase "si fueren procedentes" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: " Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia".
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a D.A.F., en su condición de director general, jefe del Servicio de Medicina Interna y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Francisco de Asís, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que disponga de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias, para que a partir de la comunicación de la presente resolución, y de conformidad con el criterio médico, realicen los procedimientos médicos que requiere la parte amparada [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], que fueron programados para el 31 de marzo de 2022, en el Servicio de Cardiología del Hospital San Francisco de Asís, siempre y cuando no exista alguna causa o condición médica que lo impida y sea posible de acuerdo a la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19); de no ser factible, deberá reprogramarse la cita lo más pronto posible, tomando en cuenta la situación de salud de la paciente y el plazo de espera al que se ha sometido. Los Magistrados S.A. y S.A. salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En lo demás, se desestima el recurso. N.. -

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
Jorge Isaac Solano A.

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