Sentencia Nº 2022005689 de Sala Constitucional, 11-03-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente22-003425-0007-CO
Fecha11 Marzo 2022
Número de sentencia2022005689

*220034250007CO*

Exp: 22-003425-0007-CO

Res. Nº 2022005689

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del once de marzo de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente n.° 22-003425- 0007-CO , interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:52 horas del 18 de febrero de 2022, el accionante interpone recurso de amparo contra el Instituto Mixto de Ayuda Social. Expone que actualmente se encuentra desempleado. Asevera que por su edad y baja escolaridad no ha podido encontrar un empleo, motivo por que no le ha sido posible contar con un seguro social, a pesar de ser hipertenso, asmático y prediabético. Afirma que ha intentado tramitar un seguro por el Estado a través del IMAS, así como una ayuda alimenticia. Arguye que han transcurrido 5 meses, sin que la institución le haya dado una solución, por lo que el IMAS le está denegando el derecho a la salud.
2.- Mediante resolución de la Sala de las 12:02 horas del 24 de febrero de 2022, se dio curso al amparo y se solicitó informe al presidente ejecutivo y al gerente de la Sucursal de Desamparado, ambos del Instituto Mixto de Ayuda Social, sobre los hechos alegados por el recurrente.
3.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 11:40 horas del 2 de marzo de 2022, informa bajo juramento M.R.C.I., en su condición de jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Desamparados del Instituto Mixto de Ayuda Social. Afirma: Manifiesta el recurrente que, que se encuentra desempleado por motivo de la pandemia. Además, cuenta con 55 años de edad y tiene baja escolaridad (segundo año de Colegio). Al respecto se indica que, no nos consta, ya que en el expediente administrativo del recurrente en el Instituto Mixto de Ayuda Social, no hay documentación alguna que respalde lo indicado, ni fue aportada ninguna prueba por parte del recurrente con la interposición de este recurso. Señala además el recurrente que, aunado al alto desempleo, no ha podido contar con seguro social, lo cual es sumamente peligroso, ya que padece de hipertensión arterial, asma y prediabetes. Al respecto se indica que, todo lo manifestado por la recurrente que tenga que ver con el trámite de obtener alguna modalidad de aseguramiento o acceso a los servicios médicos no nos consta, ya que la Institución encargada de brindar el servicio, es la Caja Costarricense del Seguro Social. Por otra parte, indica el recurrente que, ha tratado de tramitar un seguro por el Estado y algún tipo de ayuda alimenticia, esto a través del IMAS, y así poder reinsertarse al mercado laboral. No obstante, asegura que después de 5 meses de insistir en la Institución, no le han brindado solución alguna. Al respecto debe indicarse que, a partir del año 2021, la Caja Costarricense del Seguro Social estableció como parte de los requisitos para optar por el aseguramiento por cuenta del Estado, encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema según la clasificación de SINIRUBE o del IMAS. Es importante indicar que, el IMAS no fue creado para dar aprobación del seguro por el Estado y es en la Ley 5349 del 24 setiembre del año 1973 donde nace el programa de Seguro por el Estado a cargo de la CCSS. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11° Bis inciso b) del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, con respecto al Aseguramiento por parte del Estado, el núcleo familiar debe haber sido declarado en condición de pobreza por el IMAS o encontrarse incluido en la base de Datos del SINIRUBE, como se indica en la norma: “Artículo 11 bis.- Aseguramiento por cuenta del Estado (…) De lo indicado en el artículo transcrito, se desprende que la Caja Costarricense del Seguro Social, puede otorgar un seguro provisional por un periodo máximo de tres meses y ellos mismos comunicarle el caso al IMAS, para poder proceder con el análisis y resolución de la calificación de condición de pobreza. Como se puede comprobar, la única acción que debe ser tramitada por el IMAS, a partir del año 2021, corresponde a la aplicación de la FIS y la entrega de la certificación que solicita la Caja Costarricense de Seguro Social para el respectivo estudio del otorgamiento del seguro por parte del Estado, esto por ser un nuevo requisito para optar por el aseguramiento por cuenta del Estado, el cual es encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema según la clasificación de SINIRUBE. Para la aplicación de la FIS se debe solicitar una cita por medio del Sistema de Atención a la Ciudadanía (SACI), las citas se habilitan por periodos, conforme se van llenando los cupos, por lo que según la revisión al reporte de llamadas del SACI, los cupos que se habilitaron para el mes de marzo ya se encuentran asignados y en el periodo habilitado no se registra ninguna llamada realizada por parte del recurrente para solicitud cupo, solamente para información de beneficios, según consta en el reporte de llamadas realizadas al SACI, conforme al oficio IMAS-SGDS-ASIS-0108-2022. Además, dada la cantidad de personas usuarias que solicitan este beneficio, así como la cantidad de asegurados a los que se les vence el beneficio cada mes, la demanda de solicitudes de aplicación de la Ficha de Información Social, instrumento requerido para visualizar la condición de pobreza en SINIRUBE, ha sobrepasado la capacidad instalada de la Unidad Local de Desarrollo Social de Desamparados, por lo que se ha experimentado una saturación importante en los cupos destinados para ello. No obstante, en aras de resolver la situación del recurrente y a pesar de no tener una cita asignada, la Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS) de Desamparados procedió a realizar la aplicación de la Ficha de Información Social (FIS) por medio de llamada telefónica, con el fin de que el Sr. [Nombre 002] proceda con el trámite del Seguro por el Estado ante la CCSS. Por tanto, no se identifican acciones pendientes de realizar por parte de la Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS) de Amón sobre el caso en concreto. SOBRE EL FONDO: El Instituto Mixto de Ayuda Social está sujeto al principio de legalidad vigente en nuestro Estado de Derecho. Por lo anterior, de conformidad con el ordenamiento jurídico, debe verificar que los beneficiarios a quienes se destinan los fondos públicos sean sujetos de nuestros beneficios y, además, distribuir dichos fondos públicos (que son limitados) de la manera que mejor se satisfaga el fin público. Así las cosas, tómese en consideración que el IMAS no ha lesionado los derechos constitucionales y fundamentales de la persona recurrente. Como se ha indicado, salvo la solicitud de la aplicación del instrumento de la Ficha de Información Social (FIS), las gestiones realizadas no constan ni se encuentran en el ámbito de competencia del IMAS. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 Bis inciso b) del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, con respecto al Aseguramiento por parte del Estado, el núcleo familiar debe haber sido declarado en condición de pobreza por el IMAS o encontrarse incluido en la base de Datos del SINIRUBE, como se indica en la norma: “Artículo 11 bis.-Aseguramiento por cuenta del Estado (…) La norma anterior no solamente establece la utilización de los sistema de información existente como la Base de Datos del SINIRUBE y del IMAS, sino que establece las vías que debe aplicar la Caja Costarricense de Seguro Social en el caso que la persona solicitante no se encuentre en la tales bases de datos, al disponer en el artículo 11 bis del Reglamento de Seguro Salud antes transcrito, lo siguiente: “(…)la Caja podrá incluir a beneficiarios en forma provisional por un período máximo de tres meses, comunicando la situación al IMAS para que dicha Institución proceda con el análisis y resolución del caso en cuanto a la calificación definitiva de condición de pobreza (…)”. Es importante indicar que, el IMAS no fue creado para dar aprobación del seguro por el Estado y es en la Ley 5349 del 24 setiembre del año 1973 donde nace el programa de Seguro por el Estado a cargo de la CCSS. Para el caso concreto, dentro de la oferta programática institucional no se contempla el otorgamiento del beneficio de Aseguramiento por el Estado. Debe determinarse, de tal manera, que la única acción que debe ser tramitada por el IMAS, corresponde a la aplicación de la FIS y la entrega de la certificación que solicita la Caja Costarricense de Seguro Social para el respectivo estudio del otorgamiento del seguro por parte del Estado. Como se ha hecho manifiesto, en aras de resolver la situación del recurrente y a pesar de no tener una cita asignada, se contactó al Sr. M. vía telefónica para colaborarle con la aplicación de la FIS, por lo que no ha existido conducta omisa alguna por parte del IMAS. Por tanto, no ha existido lesión a ningún derecho constitucional del recurrente, ya que al momento en que acude en amparo, el recurrente solamente había llamado a solicitar cupo los días 15/01/2021, 24/01/2022 y 26/01/2022, tal y como se indica en el oficio IMAS-SGDSASIS-0108-2022 del Área de Sistemas de Información Social donde se verifican todos los sistemas institucionales; y en aras de resolver la situación del recurrente y a pesar de no tener una cita asignada, se le aplicó la FIS para que proceda con el trámite del Seguro por el Estado ante la CCSS, por tanto no se tiene gestión pendiente alguna de atención relacionada con el recurrente”.
4.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 9:07 horas del 3 de marzo de 2022, informa bajo juramento J.L.B.M., en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social. Se expresa en los mismos términos que la jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Desamparados del Instituto Mixto de Ayuda Social.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

R.e.M.....R.L. ; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente asevera que por su edad y baja escolaridad no ha podido encontrar un empleo, motivo por que no le ha sido posible contar con un seguro social, a pesar de ser hipertenso, asmático y prediabético. Afirma que ha intentado tramitar un seguro por el Estado a través del IMAS, así como una ayuda alimenticia. Arguye que han transcurrido 5 meses, sin que la institución le haya dado una solución, por lo que el IMAS le está denegando el derecho a la salud.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a) En el expediente administrativo del recurrente en el IMAS no consta que este se encuentre desempleado. (Ver informe rendido bajo juramento).
b) El trámite para optar por un seguro del Estado corresponde ser planteado ante la Caja Costarricense de Seguro Social y no ante el IMAS. (Ver informe rendido bajo juramento).
c) La única participación del IMAS en el proceso de otorgamiento de un seguro por el Estado corresponde a la aplicación de la Ficha de Información Social. (Ver informe rendido bajo juramento).
d) La jefa de la Unidad Local de Desarrollo Social de Desamparados, mediante el oficio n° IMAS-SGDS-ARDSNE-ULDSD-0046-02-2022, indicó: “(…) De acuerdo a los registros revisados del SACI, se logra demostrar que el Sr. [Nombre 002] realizó llamadas al 800 000 4627, en el período comprendido entre setiembre 2021 y febrero 2022 (ver Anexo 1), con el propósito de obtener una cita para la aplicación de la Ficha de Información Social, sin resultado positivo a la fecha dada la saturación en los cupos indicada en líneas superiores (…)”. (Prueba documental).
e) Al momento de interposición del recurso, al tutelado no se le había asignado la cita para la aplicación de la Ficha de Información Social. (Hecho incontrovertido).
f) El 25 de febrero de 2022, las autoridades recurridas fueron notificadas de la tramitación de este recurso. (Ver actas de notificación).
g) El 28 de febrero de 2022, el IMAS le aplicó al tutelado la Ficha de Información Social. (Ver prueba documental e informe rendido bajo juramento).

III.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, no se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a) Que el amparado haya planteado alguna gestión ante el IMAS, a los efectos de solicitar algún tipo de ayuda alimentaria ni que tal gestión esté pendiente de resolverse.
b) Que el accionante haya formulado alguna gestión ante el IMAS, a los efectos de solicitar el seguro por el Estado.

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente asevera que por su edad y baja escolaridad no ha podido encontrar un empleo, motivo por que no le ha sido posible contar con un seguro social, a pesar de ser hipertenso, asmático y prediabético. Afirma que ha intentado tramitar un seguro por el Estado a través del IMAS, así como una ayuda alimenticia. Arguye que han transcurrido 5 meses, sin que la institución le haya dado una solución, por lo que el IMAS le está denegando el derecho a la salud.

Sobre el particular, de los autos no se desprende que el accionante haya formulado alguna gestión ante el IMAS, a los efectos de solicitar el seguro por el Estado. Además, el trámite para optar por un seguro del Estado corresponde ser planteado ante la Caja Costarricense de Seguro Social y no ante el IMAS, pues la única participación del IMAS en el proceso de otorgamiento de este tipo de seguro corresponde a la aplicación de la Ficha de Información Social. Desde este panorama, lo procedente es desestimar el recurso en lo que a este agravio atañe.

En todo caso, advierta el tutelado que no corresponde a este Tribunal determinar si cumple o no con los requisitos necesarios para optar por el beneficio de seguro por el Estado ni si tal modalidad de aseguramiento le debe ser otorgado, pues ello constituye un extremo de legalidad ordinaria que corresponde ser resuelto por la propia administración, o en su caso, por la jurisdicción ordinaria.

De igual forma, en el sub examine no se observa que el amparado haya planteado alguna gestión ante el IMAS, a los efectos de solicitar algún tipo de ayuda alimentaria ni que tal gestión esté pendiente de resolverse. De ahí que al no tenerse por demostrado el dicho del recurrente, lo procedente es desestimar el recurso en lo que a este extremo refiere.

V.- Por otra parte, este Tribunal observa que, en el Sistema de Atención a la Ciudadanía (SACI), se registró que, entre el periodo de setiembre de 2021 a febrero de 2022, el accionante realizó llamadas al teléfono 800-000-4627 a los efectos de obtener una cita para la aplicación de la Ficha de Información Social; sin embargo, tal cita no le ha sido programada.

Ahora bien, la Sala observa que con posterioridad a que las autoridades fueran notificadas del curso de este proceso (25 de febrero de 2022), el 28 de febrero de 2022, el IMAS le practicó al tutelado la Ficha de Información Social.

Desde este panorama, se observa una transgresión a los derechos fundamentales del amparado, pues al menos desde septiembre de 2021 (hace aproximadamente 6 meses), el tutelado se encontró en espera de que la autoridad accionada le otorgara una cita para que su gestión fue resuelta, y no fue sino con ocasión al trámite de este proceso que finalmente el IMAS le brindó la atención requerida.

En virtud de lo expuesto, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a este extremo, según los términos del ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

VI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes . Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “ toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y SOLANO AGUILAR, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

VIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA G.V. RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI .

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, solo en relación con la aplicación de la Ficha de Información Social al recurrente. En todo lo demás, se declara sin lugar el recurso. Los magistrados S.A. y S.A. salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada G.V. salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. N..

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*XK43UPKFIXOM61*

XK43UPKFIXOM61

EXPEDIENTE N° 22-003425-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR