Sentencia Nº 2022005825 de Sala Constitucional, 11-03-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022005825
Número de expediente22-004292-0007-CO
Fecha11 Marzo 2022

*220042920007CO*

Exp: 22-004292-0007-CO

Res. Nº 2022005825

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del once de marzo de dos mil veintidos .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001] , contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).
Resultando:
1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 14:27 horas de 2 de marzo de 2022, [Nombre 001], presentó un recurso de amparo en contra del Hospital San Rafael de Alajuela y la Clínica La Reforma. Explicó que se encuentra privado de libertad en el CAI J.A.M.C., específicamente en el ámbito D (Mediana Cerrada), pabellón D-6. Agregó que sufre de severos dolores a nivel de rodilla derecha y hombro izquierdo, los cuales le imposibilitan dormir. Relató que a causa de lo anterior, en junio de 2021 solicitó ser valorado en la Consulta Externa de la Clínica La Reforma y de ahí fue referido al Hospital San Rafael de Alajuela, a fin de que se realizaran unas placas en la rodilla derecha y en el hombro izquierdo. Aseveró que el 22 de octubre de 2021 se le trasladó al citado nosocomio para la práctica de los estudios señalados y posteriormente se le remitió al Servicio de Ortopedia del centro hospitalario. Sin embargo, reclamó que la cita para ser valorado por un ortopedista se le asignó para febrero de 2025 . Por otra parte, añadió que sufre de ardor en los ojos y su visión es borrosa, lo cual le genera dolores de cabeza, por tales motivos solicitó en Consulta Externa de la Clínica La Reforma ser referido a la especialidad de Optometría del Hospital San Rafael de Alajuela. Reclamó que en dicho nosocomio se le programó cita con el especialista en Optometría para enero de 2023, a efecto de que se le realicen los exámenes de la vista correspondientes. Consideró que el tiempo de espera para ser atendido en las especialidades mencionadas, deviene irrazonable en perjuicio de su derecho constitucional a la salud. Solicitó que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante el auto de las 10:37 horas de 3 de marzo de 2022, se admitió el recurso de amparo y se le dio traslado al Director General del CAI J.A.M.C., al Director Médico de la Clínica La Reforma, así como al Director Médico, al Jefe del Servicio de Ortopedia, y al Jefe del Servicio de Optometría, todos del Hospital San Rafael de Alajuela.
3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 20:02 horas de 8 de marzo de 2022, Jenny Patricia Chacón Fernández y C.C.R., D. General a.i. del CAI Jorge Arturo Montero Castro, y Director Médico a.i. de la Clínica La Reforma, informaron que la programación de las citas es competencia de la CCSS. Detallaron la atención médica que en el centro médico del centro penitenciario, se ha brindado al tutelado.
4.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 12:16 horas de 9 de marzo de 2022, Karen Rodríguez Segura, Directora Médica del Hospital San Rafael de Alajuela, informó: “(…) el Servicio recurrido a realizado las gestiones necesarias con el fin de que el usuario sea valorado, en el Servicio de Ortopedia el próximo 02 de mayo de 2022 y en el Servicio de Oftalmología en fecha 29 de abril de 2022 (…)” (el énfasis no pertenece al original) .
5.- Por medio escrito agregado al expediente digital a las 12:16 horas de 9 de marzo de 2022, Jeremías Sandí Delgado, Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela, informó: “(…) El usuario, [Nombre 002], según se consultó con REMES personal encargado de programación de citas y en expediente de salud digital, registra una cita pendiente en Optometría, es importante mencionar que el tiempo de espera para su atención es en un tiempo óptimo ya que las citas con la O.M.M., no requieren atención como casos urgentes, el objetivo es valorar si el paciente requiere el uso de anteojos, las mismas se asignan posterior a la valoración de las referencias que llegan a nuestro servicio, de acuerdo al criterio de prioridad indicado en la referencia por parte del médico general, y en base al orden en el que ingresen en las listas para atención , la cita del usuario será el día 29 de abril 2022 (…)” (el énfasis no pertenece al original).
6.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 12:16 horas de 9 de marzo de 2022, Manuel Vindas Montero, Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital San Rafael de Alajuela, informó: “(…) Haciendo la aclaración que el recurso de amparo indica nombre [Nombre 002] cedula [Valor 002] , datos con los cuales no se encontró ningún expediente electrónico, sin embargo, el nombre encontrado fue [Nombre 001] con el número de expediente [Valor 003] (…) El amparado fue referido de la clínica correspondiente para valoración por especialista de ortopedia. La referencia fue valorada y se clasifico (sic) con prioridad baja, razón por la que se le indico (si) al amparado una cita “a cupo” para su atención, sin embargo, se ha realizado las gestiones necesarias para adelantar la cita del amparado para el 02 de mayo de 2024 (sic) a las 1:00 pm (…)”.
7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

R.e.M.....A.G. ; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente, quien se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, reclamó que el Hospital San Rafael de Alajuela le asignó: a) una cita en la Especialidad de Optometría, para el mes de enero de 2023 y, b) otra cita en el Servicio de Ortopedia, para el mes de febrero de 2025.
II.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. El nombre del amparado es [Nombre 001] (ver el informe rendido por las autoridades del CAI Jorge Arturo Montero Castro, agregado al expediente digital).
  2. El tutelado se encuentra privado de libertad en el CAI J.A.M.C. (los autos).
  3. El 15 de junio de 2021, la Clínica La Reforma tramitó ante el Hospital San Rafael de Alajuela, una cita para el tutelado en la Especialidad de Optometría, la cual se asignó para el 24 de enero de 2023 (ver el informe rendido por las autoridades del CAI J.A.M.C., agregado al expediente digital).
  4. El 15 de setiembre de 2021, la Clínica La Reforma tramitó ante el Hospital San Rafael de Alajuela, una cita para el tutelado, en el Servicio de Ortopedia, la cual se asignó para el 24 de febrero de 2025 (ver el informe rendido por las autoridades del CAI J.A.M.C., agregado al expediente digital).
  5. El 3 de marzo de 2022, se notificó al Hospital San Rafael de Alajuela, el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro de notificaciones, agregado al expediente digital).
  6. La cita en el Servicio de Optometría del Hospital San Rafael de Alajuela, fue reprogramada para el 29 de abril de 2022 (ver el informe rendido por la Directora General del Hospital San Rafael de Alajuela, agregado al expediente digital).
  7. La cita en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael de Alajuela, fue reprogramada para el 2 de mayo de 2022 (ver el informe rendido por la Directora General del Hospital San Rafael de Alajuela, agregado al expediente digital).
III.- Sobre el caso concreto. De la relación de hechos probados se desprende que el 15 de junio de 2021, la Clínica la Reforma tramitó ante el Hospital San Rafael de Alajuela, una cita para el tutelado en la Especialidad de Optometría , la cual se asignó para el 24 de enero de 2023. Sin duda alguna, el plazo de espera de 1 año, 7 meses y 9 días es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales. Luego de notificado el auto inicial, se reprogramó la cita para el 29 de abril de 2022 .
IV.- En el sub lite también quedó acreditado que el 15 de setiembre de 2021, el CAI Jorge Arturo Montero Castro tramitó ante el Hospital San Rafael de Alajuela, una cita para el tutelado en el Servicio de Ortopedia, la cual se asignó para el 24 de febrero de 2025. El plazo de 3 años, 5 meses y 9 días de espera también es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales. Luego de notificado el auto inicial, se reprogramó la cita para el 2 de mayo de 2022 .
V.- Dado que fue atendiendo al presente proceso que las autoridades del centro médico demandado ejecutaron las actuaciones necesarias con el fin de salvaguardar el derecho a la salud del tutelado, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explican más adelante.
VI.- En lo que respecta a la Clínica La Reforma el recurso deviene manifiestamente improcedente, toda vez que del propio dicho del recurrente y de los autos se infiere que tramitó las referencias como correspondía. Ahora bien, se recuerda a las autoridades del CAI J.A.M.C., su obligación de coordinar lo necesario para que el amparado sea trasladado a las citas en la Especialidad de Optometría y el Servicio de Ortopedia, según fueron reprogramadas por el Hospital San Rafael de Alajuela.
VII.- Este Tribunal tiene presente la readecuación de los servicios de salud, ejecutada en atención a la emergencia nacional por el coronavirus COVID – 19, así como de los factores de riesgo que podría presentar el amparado. Lo anterior, es tomado en cuenta en la parte dispositiva de esta resolución.
VIII.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, solamente en lo que respecta al Hospital San Rafael de Alajuela, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de la sentencia.
IX.- Nota de los Magistrados C.V., A.G. y P.B.. Si bien no condenamos en daños y perjuicios y costas cuando se da el supuesto del artículo 52, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que esto solo es posible cuando fuere procedente, bajo una mejor ponderación, cuando se trata de privados de libertad, y dada su condición de vulnerabilidad en que se encuentran, consideramos que en estos casos sí se debe proceder a condenar a la entidad responsable de la vulneración del derecho fundamental en los extremos supra citados.
X.-Nota del Magistrado Rueda. Advierto que en este recurso no salvo el voto como ordinariamente lo hago y remito el asunto al Juez de Ejecución de la Pena, dado que el amparo está relacionado con aspectos de salud que según aduce el amparado le afectan, lo que es una excepción para mí, dada la relevancia de dicho derecho para la propia existencia del ser humano y cuya resolución debe ser atendida céleremente. Por consiguiente, estimo procedente conocer por el fondo el recurso.
XI.- Nota del Magistrado Rueda. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020
5912
2021
7796
Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud, a excepción del año 2020 donde se registró una baja, pero que en todo caso es superior al total de expedientes del año 2017.
De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia n.º 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente n.º 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, en aras de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.
XII.- El Magistrado S.A. da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
XIII.- Razones diferentes de la Magistrada G.V., en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso – para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
XIV.- Voto salvado parcial del magistrado Rueda Leal respecto a la condenatoria en costas, daños, perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Tal como lo he venido considerando anteriormente (véase, verbigracia, sentencias n.os 2019009616 de las 9:30 horas del 28 de mayo de 2019, 2019011535 de las 10:20 horas del 25 de junio de 2019, 2019013735 de las 9:20 horas del 24 de julio de 2019, 2019014142 de las 9:50 horas del 30 de julio de 2019, 2019017370 de las 9:20 horas del 11 de setiembre de 2019, 2019018433 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2019, 2019018393 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2019, 2019025098 de las 10:45 horas del 17 de diciembre de 2019, 2019025386 de las 10:45 horas del 20 de diciembre de 2019 y 2020003230 de las 10:05 horas del 18 de febrero de 2020), estimo que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria del sub lite debe ser sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la referida ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como el sub examine, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, estimo que lo procedente es resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
XV.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, solamente en lo que respecta al Hospital San Rafael de Alajuela. Se ordena a K.R.S., a J.S.D. y, a M.V.M., en sus calidades respectivas de Directora Médica, J.d.S. de Oftalmología, y Jefe del Servicio de Cirugía, todos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que dispongan todo lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo pertinente, para que: a) el 29 de abril de 2022, se lleve a cabo la cita en la Especialidad de Optometría y; b) el 2 de mayo de 2022 , se lleve a cabo la cita en el Servicio de Ortopedia. Todo lo anterior según fue informado bajo juramento, siempre y cuando sea posible, tomando en cuenta los factores de riesgo que pueda presentar el amparado y, de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, en atención a las razones mencionadas, deberán adoptarse las medidas del caso para que la orden dada sea acatada dentro del plazo de TRES MESES, luego de superada la epidemia de coronavirus, siempre y cuando no exista posibilidad de hacerlo antes. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los M.C.V., A.G., y P.B., ponen nota. El Magistrado Rueda suscribe dos notas. El Magistrado S.A. da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. En cuanto a la Clínica La Reforma, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda salva parcialmente el voto respecto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. Tomen nota J.P.C.F. y Carlos Calderón Rojas, en sus calidades respectivas de D. General a.i. del Centro de Atención Institucional (CAI) J.A.M.C., y Director Médico a.i. de la Clínica La Reforma, o quienes en sus lugares ocupen esos cargos, de lo indicado al final del considerando VI de esta sentencia. N..
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Jorge Isaac Solano A.
Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*EUTY439S9KXK61*
EUTY439S9KXK61
1

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