Sentencia Nº 2022008027 de Sala Constitucional, 06-04-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente22-003263-0007-CO
Número de sentencia2022008027
Fecha06 Abril 2022

*220032630007CO*

Exp: 22-003263-0007-CO

Res. Nº 2022008027

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del seis de abril de dos mil veintidos .
Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001] , mayor, casada, abogada, vecina de Llorente de Moravia, portadora de la cédula de identidad número [Valor 001] , [Nombre 002] , mayor, soltera, abogada, vecina de Sabana Norte, portadora de la cédula de identidad número [Valor 002] e [Nombre 003], mayor, divorciado, abogado, vecino de Concepción de Tres Ríos, portador de la cédula de identidad número [Valor 003] , en su condición de apoderados especiales judiciales de [Nombre 004], cédula de persona jurídica número [Valor 004], contra la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, vertida en resoluciones 385-F-2006, 555-F-S1-2012, 300-2018, 836-F-S1-2018 y 2600-F-S1-2020.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en esta Sala el 17 de febrero de 2022, los accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, recaída en las resoluciones 385-F-2006, 555-F-S1-2012, 300-2018, 836-F-S1-2018 y 2600-F-S1-2020. Indican que la Sala Primera ha señalado, en la referida jurisprudencia, que cuando se declara la nulidad absoluta de un procedimiento administrativo y se retrotrae el mismo a la etapa que considere el decisor, los actos administrativos anulados que conforman ese procedimiento mantienen sus efectos para la interrupción de la prescripción, a pesar de su inexistencia por haber sido anulados conforme con el ordenamiento jurídico. Ese proceder trasciende preceptos constitucionales y lo dispuesto en los artículos 53 y 54 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que establecen las etapas procedimentales de interrupción del procedimiento tributario, pero no disponen que, cuando tales etapas son declaradas nulas en sede administrativa, subsiste la interrupción de la prescripción acaecida por las etapas que fueron declaradas nulas. Señalan que se está creado una causal nueva de interrupción, lo que está vedado a cualquier otro órgano que no sea la Asamblea Legislativa. Acusan que la Sala Primera ha resuelto, de forma reiterada, que los actos declarados nulos siguen manteniendo el efecto interruptor que habían logrado de previo a que se declarara su inconformidad con el bloque de legalidad, lo cual, desvirtúa la figura de la nulidad y, sin brindar una motivación clara y precisa que lo justifique, se quebranta el principio inveterado de derecho administrativo en cuanto al alcance de la nulidad absoluta de los actos administrativos. Además, se indica que subsiste el efecto interruptor por el conocimiento de las acciones pendientes de cobro, cuando, en realidad, las acciones pendientes de cobro se dan hasta el final del procedimiento, una vez confirmado por el mismo Tribunal Fiscal Administrativo lo actuado a nivel de fiscalización. Sostienen que dentro del referido procedimiento tributario existen causales taxativas de la prescripción, pero no es jurídicamente aceptable que se le mantenga ese efecto interruptor a actuaciones que han sido declaradas nulas. La Sala Primera sostiene que se mantiene tal efecto interruptor -pese haberse declarado la nulidad de los respectivos actos administrativos- porque, a su criterio, el administrado es conocedor de la intención cobratoria y, por ende, al haberse enterado “se mantiene a partir del momento en que se tuvo conocimiento de que la Administración Tributaria estaba cobrando la obligación impositiva”, o sea, se elimina la incerteza. Según tal razonamiento, siempre subsistirá la interrupción de la prescripción por el solo conocimiento de la existencia del inicio de fiscalización, aunque sea absolutamente nula esa comunicación inicial y sin importar que en el ínterin se haya presentado ineficacia de actos, caducidad, decaimiento, revocatorias, con efectivos retroactivos y otros. Señalan que si lo anterior fuera cierto, entonces, el legislador no se hubiera desgastado en redactar los artículos 53 y 54 del Código de Normas y Procedimiento Tributarios y hubiese bastado con indicar que “se entenderá interrumpida -de forma perpetua- la prescripción con la notificación de la fiscalización hasta su efectivo cobro”, por mencionar un ejemplo, para ver lo irracional de la jurisprudencia impugnada. Alegan que la doctrina de la Sala Primera lesiona los principios de seguridad jurídica, reserva de ley, de confianza legítima, proporcionalidad, razonabilidad, debido proceso, imparcialidad y justicia tributaria. Solicitan la acumulación de esta acción a la que se tramita en el expediente 20-021801-0007-CO, por tener ambas el mismo objeto: la jurisprudencia de la Sala Primera respecto de la subsistencia para efectos de prescripción de los actos que han sido declarado nulos en vía administrativa, en aplicación de los artículos 53 y 54 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
2.- Para efectos de admisibilidad, los accionantes señalan que su legitimación deriva del artículo 75, párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El asunto previo es un proceso que se tramita en el expediente nro. 18-010641-1027-CA, actualmente en conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo, que corresponde a una demanda incoada por [Nombre 004] S.A. en contra del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el Estado, en que se discute lo referente al impuesto sobre bebidas carbonatadas del 8% establecido en el artículo 6 de la Ley nro. 5792 del 1 de setiembre de 1975 y sus reformas. Durante el procedimiento administrativo, el Tribunal Fiscal Administrativo anuló el procedimiento, por lo que los actos que se declararon nulos dejaron de existir. Posteriormente, el INDER reinició el procedimiento sin considerar que estaba prescrita la facultad de la administración tributaria para iniciar la acción de fiscalización. Alegan que, en tal asunto, el Tribunal Fiscal Administrativo manifestó que no se generó la prescripción, con sustento en el criterio jurisprudencial emanado de la Sala Primera. Finalmente, se acudió a la vía jurisdiccional para que se declarara la prescripción de la acción del INDER para fiscalizar los períodos fiscales 2008, 2009 y 2010. En tal proceso ya se realizó la respectiva invocación de inconstitucionalidad.
3.- Por resolución de las 12:51 horas del 18 de febrero de 2022, se previno a los accionantes aportar los timbres del Colegio de Abogados, correspondiente a la autenticación del escrito de interposición de la acción de inconstitucional.
4.- Mediante escrito asociado a este expediente el 22 de febrero de 2022, la parte accionante cumplió lo prevenido dentro del término de ley.
5.- Por oficio del 25 de febrero de 2022, se solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, que remitiera a esa Sala el expediente judicial que se tramita con el número 18-10641-1027-CA, que es proceso de conocimiento de [Nombre 004] S.A. contra El Estado.
6.- Mediante escrito asociado a este expediente el 15 marzo de 2002, se aportó a esta Sala un disco compacto que contiene copia del expediente virtual correspondiente al proceso especial nro. 18-010641-1027-CA.
7.- Ante la Sala también pende la acción de inconstitucionalidad número 20-021801-0007-CO, en la que se impugna la misma jurisprudencia que es objeto de cuestionamiento en el sub examine. En aquélla, la primera publicación del aviso a que se refiere el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se realizó en el Boletín Judicial número 16 del 25 de enero de 2021.
8.- En la substanciación del proceso se han observado las formalidades de ley;
R.e.M.....C.V.; y,
Considerando:
I.- De conformidad con el numeral 84 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si después de interpuesta una acción de inconstitucionalidad y antes de la publicación del aviso respectivo se presentaren otras acciones contra la misma ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, las segundas se acumularán a la primera y se tendrán como ampliación. También se acumularán las acciones que con ese carácter interpongan las partes de los juicios suspendidos, si fueren presentadas dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del edicto de ley. No obstante, las acciones que se planteen después de ese plazo se dejarán en suspenso, mientras se resuelven las que hubieren sido presentadas anteriormente.
II.- Como se desprende de lo relatado en la parte de resultandos supra, la presente acción ingresó una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles luego de la publicación del primer aviso correspondiente a la interposición de la acción de inconstitucionalidad número 20-021801-0007-CO. En consecuencia, resulta plenamente aplicable lo indicado en el citado artículo 84 in fine , debiéndose suspender el trámite hasta que se resuelva la primera gestión.
Por tanto:
Se reserva el dictado de la sentencia de esta acción hasta tanto no sea resuelta la que bajo expediente número 20-021801-0007-CO se tramita ante esta Sala.
Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Roberto Garita N.
Documento Firmado Digitalmente
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WFIOJ6XBE3U61
EXPEDIENTE N° 22-003263-0007-CO

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