Sentencia Nº 2022008042 de Sala Constitucional, 06-04-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha06 Abril 2022
Número de expediente22-006134-0007-CO
Número de sentencia2022008042

*220061340007CO*

Exp: 22-006134-0007-CO

Res. Nº 2022008042

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del seis de abril de dos mil veintidos .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001] , cédula de identidad n. [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

Resultando:

1.- Por medio recibido el 22 de marzo de 2022, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social,. Manifiesta que el 8 de abril de 2021 le aplicaron la primera vacuna contra la COVID-19, en su brazo izquierdo; lo cual le provoco un fuerte dolor, sufriendo una descomposición. Sin embargo, señala que las autoridades médicas le indicaron que era normal. A pesar de ello, asegura que tiene casi un año de tener dolor en su brazo izquierdo; además, que, debido a su contagio por el virus de la COVID-19, tuvo secuelas, como dolor de cabeza y le cuesta conciliar el sueño. Señala que su salud se ha deteriorado y que los dolores le impiden realizar sus actividades diarias, pero no ha recibido atención médica. Menciona que se apersonó al EBAIS de Santa Cecilia de Santa Cruz, donde la Dra. María Delcidia Mora Vargas
únicamente le otorgó una referencia para la realización de un ultrasonido en el hombro izquierdo en el hospital de Nicoya. No obstante, aqueja que en ese centro médico le programaron la cita para el 2 de junio de 2022, plazo que estima desproporcionado. Considera que los hechos expuestos lesionan su derecho a la salud, por lo que solicita la intervención de la Sala.
2.- Mediante el auto de las 14:14 horas de 23 de marzo de 2022, se admitió el recurso de amparo y se le dio traslado al director general y al jefe del Servicio de Radiología, ambos del hospital Anexión de Nicoya, sobre los hechos alegados por la recurrente. Asimismo, se confirió audiencia a la Dra. M.D.M.V., en su condición de médica tratante de la recurrente en el Ebais de Santa Cecilia de Santa Cruz, para lo que tenga a bien manifestar.
3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital el 31 de marzo de 2022, informan bajo juramento A.A.L. y O.M.C., por su orden, director general y jefe del Servicio de Radiología, ambos del hospital Anexión de Nicoya, que, del “expediente electrónico clínico de la amparada, se evidencia que efectivamente la señora J., es atendida únicamente por medico general de su EBAIS correspondiente y servicio de urgencias, se observa que fue atendida el día 19 de noviembre 2021, por hombro doloroso izquierdo desde hace 4 meses, sin evidencia de trauma del hombro. El día 19/01/2022 consulta en su EBAIS, por control de su patología crónica, y en la consulta el médico tratante describe “Recibo a femenina de 58 años, luce consciente, orientada, comunicativa, taquicardia, hipertensa, ventilando aire ambiente, moviliza sus extremidades, deambula sin dificultad.” No se describe nada sobre su problema de hombro. Consulta en el EBAIS el día 28-01-2022 donde refiere que viene para que se le valore una placa, no describe que tipo de placa, solo se valora no se describe nada sobre la placa. Este día el médico general tratante le envía un ultrasonido de hombro izquierdo, con diagnostico de tendinitis hombro izquierdo, con criterio de prioridad a cupo. Se debe mencionar a esta honorable Sala, que el Servicio de Radiología del Hospital La Anexión se rige por el Lineamiento Técnico Referencia de Ultrasonido para Diagnósticos Comunes Código L.GM.DDSS.010819, donde se describe en el anexo 11, pág. 34, M. . HOMBRO. El ultrasonido para los siguientes diagnósticos debe ser indicado por las especialidades de Medicina Familiar, Medicina Laboral, Oncología, Ortopedia y Traumatología, Fisiatría, Reumatología, Medicina Interna, Geriatría. En este caso en particular, la señora J. debe ser valorada primero por alguna de estas especialidades, o el médico general tratante realizar referencia a Medicina Familiar especialidad con que cuenta el Área de Salud de Santa Cruz para valorar al usuario y si amerita el ultrasonido de hombro.”. Por lo expuesto, solicitan se declare sin lugar el recurso.

4 .- En los procedimientos seguidos se ha cumplido las prescripciones legales.

R.e.M.....A.G. ; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, toda vez que, a causa de su patología, fue referida por el EBAIS de Santa Cecilia de Santa Cruz al Servicio de Radiología del hospital de Nicoya, a efectos de que se le realizara un ultrasonido. No obstante, aqueja que en ese centro médico le programaron la cita para el 2 de junio de 2022, plazo que estima desproporcionado.
II.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. El 19 de noviembre de 2021, la amparada fue valorada en el EBAIS de Santa Cecilia de Santa Cruz, por “ hombro doloroso izquierdo desde hace 4 meses, sin evidencia de trauma del hombro.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).
  2. El 28 de enero de 2022, el EBAIS de Santa Cecilia de Santa Cruz refirió a la tutelada a la Especialidad de Medicina General del hospital de Nicoya, a efectos de que se le realizara un ultrasonido de hombro izquierdo, en virtud de su diagnóstico de tendinitis, con prioridad a cupo (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).
  3. En fecha no indicada, las autoridades del nosocomio recurrido programaron la cita de la amparada para el 2 de junio de 2022 (hecho incontrovertido).
  4. Según lo afirmado por la autoridad recurrida, “el Servicio de Radiología del Hospital La Anexión se rige por el Lineamiento Técnico Referencia de Ultrasonido para Diagnósticos Comunes Código L.GM.DDSS.010819, donde se describe en el anexo 11, pág. 34, M. . HOMBRO. El ultrasonido para los siguientes diagnósticos debe ser indicado por las especialidades de Medicina Familiar, Medicina Laboral, Oncología, Ortopedia y Traumatología, Fisiatría, Reumatología, Medicina Interna, Geriatría. En este caso en particular, la señora J. debe ser valorada primero por alguna de estas especialidades, o el médico general tratante realizar referencia a Medicina Familiar especialidad con que cuenta el Área de Salud de Santa Cruz para valorar al usuario y si amerita el ultrasonido de hombro.” (ver informe rendido bajo juramento).
III.- Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.
IV.- En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).
V.- Sobre el caso concreto. Del sub lite , se tuvo por demostrado que la amprada es paciente del EBAIS de Santa Cecilia de Santa Cruz, a causa de su diagnóstico de tendinitis en hombro izquierdo.
En virtud de ello, el 28 de enero de 2022, el EBAIS de Santa Cecilia de Santa Cruz refirió a la tutelada a la Especialidad de Medicina General del hospital de Nicoya, a efectos de que se le realizara un ultrasonido. Así, en el nosocomio recurrido programaron la cita de la amparada para el 2 de junio de 2022.
De lo expuesto, la Sala acredita la vulneración al derecho a la salud de la amparada, en virtud del plazo desproporcionado al que se le ha mantenido, y se le pretende mantener, para recibir la atención médica que requiere. En ese sentido, se advierte que, desde la fecha de la emisión de la referencia y la fecha de programación de la cita, hay un plazo de más de seis meses; el cual claramente es desproporcionado.
Ahora, si bien la autoridad recurrida argumenta que “el Servicio de Radiología del Hospital La Anexión se rige por el Lineamiento Técnico Referencia de Ultrasonido para Diagnósticos Comunes Código L.GM.DDSS.010819, donde se describe en el anexo 11, pág. 34, M. . HOMBRO. El ultrasonido para los siguientes diagnósticos debe ser indicado por las especialidades de Medicina Familiar, Medicina Laboral, Oncología, Ortopedia y Traumatología, Fisiatría, Reumatología, Medicina Interna, Geriatría. En este caso en particular, la señora J. debe ser valorada primero por alguna de estas especialidades, o el médico general tratante realizar referencia a Medicina Familiar especialidad con que cuenta el Área de Salud de Santa Cruz para valorar al usuario y si amerita el ultrasonido de hombro.”; no menos cierto es que, de los autos, se tuvo como hecho incontrovertido que a ella ya se le programó la cita en cuestión, para el 2 de junio de 2022.
Además, no consta que la referencia de la tutelada haya sido rechazada por parte del nosocomio recurrido o devuelta a las autoridades que emitieron esta, para su corrección. En todo caso, se acredita que la amparada tiene una cita programada para el 2 de junio de 2022, en la Especialidad de Medicina General del hospital de Nicoya.
En mérito de lo expuesto, lo procedente es acoger el recurso, con las indicaciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.
VI.- Nota del Magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020
5912
2021
7796
Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud, a excepción del año 2020 donde se registró una baja, pero que en todo caso es superior al total de expedientes del año 2017.
De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia n.º 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente n.º 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, en aras de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.
V.-Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a A.A.L. y a O.M.C., por su orden, director general y jefe del Servicio de Radiología, ambos del hospital Anexión de Nicoya, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que giren las ordenes pertinentes dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las instancias de coordinación necesarias, a fin de que la recurrente sea valorada por el servicio médico que corresponda, según los “Lineamientos Técnico Referencia de Ultrasonido para Diagnósticos Comunes Código L.GM.DDSS.010819 , en la fecha programada para al efecto, sea el 2 de junio de 2022 ; y, de ser pertinente, según el criterio de su médico tratante, se le efectúe el ultrasonido que le fue prescrito, dentro del plazo improrrogable de TRES MESES, contado a partir del momento en que así haya sido determinado por el galeno a cargo. Todo lo anterior, siempre y cuando sea posible, tomando en cuenta los factores de riesgo que pueda presentar la parte tutelada y, de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la epidemia de coronavirus (COVID-19). En caso de que no sea posible cumplir con lo anterior, en atención a las razones mencionadas, deberán adoptarse las medidas del caso para que la orden dada sea acatada dentro del plazo de tres meses, luego de superada la epidemia de coronavirus, siempre y cuando no exista posibilidad de hacerlo antes. Se advierte que, según lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. N..

Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Roberto Garita N.

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Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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