Sentencia Nº 2022008046 de Sala Constitucional, 06-04-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022008046
Fecha06 Abril 2022
Número de expediente22-006205-0007-CO

*220062050007CO*

Exp: 22-006205-0007-CO

Res. Nº 2022008046

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del seis de abril de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-006205-0007-CO, interpuesto por L.G.S., cédula de identidad 0108760664 a favor de [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 15:20 horas del 22 de marzo de 2022, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Indica que al amparado se le diagnosticó varicocele derecho leve, e izquierdo moderado, y quiste simple en la cabeza de epidídimo izquierdo, condición que le genera complicaciones en el desarrollo normal de su vida cotidiana. Alega que hace aproximadamente tres años le extraviaron los resultados del espermograma que le había realizado, por lo que el 31 de agosto de 2021 se le prescribió ultrasonido de escroto y espermograma, mediante el cual se determinó un nuevo diagnóstico de varices escrotales y espermatocele; sin embargo, al tutelado se le programó el ultrasonido para el 6 de diciembre de 2022 y la valoración y espermograma para el 10 de enero de 2023. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de los derechos fundamentales del amparado y solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución de las 10:27 horas del 24 de marzo de 2022, se le dio curso al amparo y se solicitó informe al director médico, al jefe del servicio de Urología y el jefe del servicio de Radiología, todos del hospital Dr. M.P.J..
3.- Informan bajo juramento K.D.V. y R.F.F., por su orden directora general y jefe de la sección de Cirugía y de la especialidad de Urología, ambos del hospital Dr. Max Peralta Jiménez. Manifiestan, en resumen, en cuanto al servicio de Urología, que el paciente fue valorado por el cirujano urólogo el 31 de agosto de 2021, quien anota: “32 AÑOS APP --CIRUGIAS --ALERGIAS -- CONTROL POR VARICOCELE Y QUISTE DE TESTÍCULO IZQ US ESCROTO: AMBOS TESTIS NORMAL. EPIDÍDIMO IZQ CON QUISTE CABEZA DE 5.6 MM. VARICOCELE IZQ DE 4.6 MMS REFIERE DOLOR TESTICULAR BILATERAL MUY OCASIONAL NO OTRAS MOLESTIAS. Objetivo: ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOR NO MASAS. AMBOS TESTIS NORMAL. TESTI IZQ CON PEQUEÑO QUISTE CABEZA EPIDÍDIMO. IZQVARICOCELE IZQ G II NO HAY EXAMENES LABORATORIOS RECIENTES. Análisis: Plan de seguimiento: 1- ESPERMOGRAMA 2- EXAMENES LAB 3- US ESCROTO Periodicidad de la citas: CITA CUPO”. Se le indicó cita a cupo, la cual es una patología que no es prioritaria, se asignó para el 10 de enero de 2023. En cuanto al servicio de Radiología e Imágenes Médicas, se indica que se programó la cita para el ultrasonido testicular para el 6 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas. Mencionan que dicha cita fue programada de acuerdo con su cita de control con el especialista. Aducen que en el caso que nos ocupa se trata de una desavenencia del recurrente para con el criterio del médico especialista en Urología que consideró como no prioritaria la atención del amparado, conforme a su criterio técnico y condiciones del aquí amparado confirió la fecha de cita para valorar la evolución del amparado. Reiteran que el servicio de Radiología otorgó la fecha del ultrasonido en función de la cita que el urólogo le programó al aquí amparado, cabe destacar que esta actuación se da bajo el criterio del médico tratante que considero valorar al amparado en esta fecha y no se trata de una falta de servicio como lo quiere hacer ver la parte recurrente, que desde un criterio subjetivo no comparte el criterio del médico tratante, razón por la cual se refuta que se hayan conculcado derechos del amparado. Aducen que, según consta el informe rendido por el médico especialista, el amparado tiene asignada la fecha de su atención conforme al criterio del médico tratante, asimismo el estudio radiológico fue conferido en base a tal criterio, de tal forma que no es compartido por el amparado, sin embargo, es requerido así por el médico tratante, basado en su experticia, sin esto implique per se una falta de servicio o demora en la atención. Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- Por constancia elaborada por el técnico judicial y la secretaria de la Sala Constitucional, se hace constar que no apareció que del 29 de marzo al 4 de abril de 2022, la jefa del servicio de Radiología del hospital Dr. M.P.J., haya aportado escrito o documento alguno a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución de curso.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

R.e.M.....R.L. ; y,

Considerando:

I.- Cuestión previa. En vista de que la jefa del servicio de Radiología del hospital Dr. Max Peralta Jiménez, omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso de este proceso, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por ciertos los hechos alegados en cuanto a esa funcionaria atañe y se entra a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas contenidos en los autos.
II.- Objeto del recurso. El recurrente alega que al tutelado se le diagnosticó varicocele derecho leve e izquierdo moderado, y quiste simple en la cabeza de epidídimo izquierdo. Por su padecimiento, hace tres años le habían realizado un espermograma; sin embargo, en el hospital extraviaron sus resultados. Así las cosas, el 31 de agosto de 2021 se le prescribió ultrasonido de escroto, que fue programado para el 6 de diciembre de 2022, así como una cita de valoración para el 10 de enero de 2023. Considera que el plazo de espera es lesivo de sus derechos fundamentales.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las autoridades recurridas hayan omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
a) El amparado es una persona de 32 años (consulta en la página web del Registro Civil).
b) El 31 de agosto de 2021, el paciente fue valorado por el cirujano urólogo del hospital M.P.J., quien anotó: “32 AÑOS APP --CIRUGIAS --ALERGIAS -- CONTROL POR VARICOCELE Y QUISTE DE TESTÍCULO IZQ US ESCROTO: AMBOS TESTIS NORMAL. EPIDÍDIMO IZQ CON QUISTE CABEZA DE 5.6 MM. VARICOCELE IZQ DE 4.6 MMS REFIERE DOLOR TESTICULAR BILATERAL MUY OCASIONAL NO OTRAS MOLESTIAS. Objetivo: ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOR NO MASAS. AMBOS TESTIS NORMAL. TESTI IZQ CON PEQUEÑO QUISTE CABEZA EPIDÍDIMO. IZQVARICOCELE IZQ G II NO HAY EXAMENES LABORATORIOS RECIENTES. Análisis: Plan de seguimiento: 1- ESPERMOGRAMA 2- EXAMENES LAB 3- US ESCROTO Periodicidad de la citas: CITA CUPO” (véase informe rendido bajo juramento).
c) El tutelado tiene cita pendiente para ultrasonido testicular para el 6 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas, y cita de control con el urólogo para el 10 de enero de 2023 (véase informe y prueba aportada por el recurrente).
d) En virtud de la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud respecto a la pandemia de la COVID-19, el Poder Ejecutivo ha decretado Estado de Emergencia Nacional (hecho público y notorio).
IV.- Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida, piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República, haya sustento jurídico positivo en el artículo 21 de la Ley Fundamental. De tal norma se infiere la protección constitucional a la salud, puesto que la vida se ve claramente afectada si a la persona, en tanto ser orgánico, no se le garantizan las condiciones físicas y mentales indispensables para el desarrollo normal de sus funciones. Evidentemente, un retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social en el cumplimiento de sus tareas institucionales puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de los usuarios.
V.- En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las clínicas y hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los directores de hospitales y clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).
VI.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, se acredita que el tutelado es una persona de 32 años, paciente del servicio de Urología del hospital Dr. M.P.J.. El 31 de agosto de 2021, fue valorado por el médico especialista, quien le prescribió un espermograma, exámenes de laboratorio, ultrasonido de escroto y cita de control a cupo. Al respecto, el recurrente considera que el plazo de espera es lesivo de los derechos fundamentales del paciente, pues se programó el ultrasonido para el 6 de diciembre de 2022, y la cita de control con el urólogo para el 10 de enero de 2023. En su informe, las autoridades recurridas no niegan los hechos y manifiestan que el paciente no requiere atención prioritaria, por lo que puede esperar. Ante tal panorama, esta Sala considera que, aun cuando la cita de control haya sido indicada a cupo, no menos cierto es que el plazo de espera de un año y cuatro meses al que se pretende someter al tutelado, es excesivo y contrario a su derecho a la salud, así como de los principios de eficacia y eficiencia que deben predominar en los servicios públicos. En mérito de lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso, con la orden que se establece en la parte dispositiva de esta sentencia.
VII.- Nota del magistrado C.V.. Al 23 de enero de 2018, aproximadamente el recurrente -H.M. ha presentado 339, R.H. ha presentado 186, B.P. ha presentado 726 G.S. ha presentado 1940 (en su calidad de recurrente o abogado director)- recursos de amparo a favor de distintos usuarios de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social utilizando la figura de la acción vicaria que prevé el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, la Fundación Derecho Sin Fronteras, cédula jurídica 3-006-702693, y quien tiene al señor G.S. como su director jurídico, conforme consta en el expediente 16-016504-0007-CO, ha planteado también diversos recursos a favor de distintos asegurados. Ahora bien, por imperativo de ley –artículo 51 de la LJC, al acoger un amparo se debe condenar en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso –en aquellos casos en que resulta procedente-, y se reserva su liquidación para la ejecución de sentencia. E., el Juez de lo contencioso-administrativo, o la Administración –CCSS- en el caso de que haya llegado a un acuerdo extrajudicial con el fin de evitar otro litigio –ejecución sentencia-, para el pago de los daños y perjuicios deben verificar que el correspondiente pago se haga a favor del (la) amparado (a) únicamente, para que se mantenga el recto sentido de la norma. Cuando se trata de las costas –honorarios-, al (a la) abogado (a) se le cancelarán, siempre y cuando acredite que fue el (la) director (a) del proceso constitucional de amparo y el (la) amparado (a) no compruebe que le pagó los honorarios al profesional en derecho. C. esta sentencia a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social y a la contralora General de la República.

VIII.- Nota del magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020
5912
2021
7796

Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud, a excepción del año 2020 donde se registró una baja, pero que en todo caso es superior al total de expedientes del año 2017.

De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia n.º 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente n.º 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, en aras de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.

IX.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a K.D.V. y R.F.F., por su orden directora general y jefe de la sección de Cirugía y de la especialidad de Urología, ambos del hospital Dr. M.P.J., o a quienes ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES contado a partir de la notificación de la sentencia, el amparado sea valorado por el médico especialista en Urología del hospital accionado. T. en cuenta que, para el momento de la cita, el paciente debe contar con los exámenes prescritos por el médico tratante, a saber: espermograma, exámenes de laboratorio y ultrasonido de escroto. Lo anterior se ordena siempre que sea posible de acuerdo con la reorganización del servicio decretada por la emergencia hospitalaria con ocasión de la pandemia por la COVID-19; de no ser factible, deberá reprogramarse la atención lo más pronto posible, tomando en cuenta la situación de salud del paciente. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa. El magistrado C.V. suscribe nota. El magistrado Rueda Leal consigna nota. N..

Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente

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Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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