Sentencia Nº 2022008048 de Sala Constitucional, 06-04-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2022008048
Número de expediente22-006308-0007-CO
Fecha06 Abril 2022

*220063080007CO*

Exp: 22-006308-0007-CO

Res. Nº 2022008048

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del seis de abril de dos mil veintidos .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-006308-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS).
RESULTANDO:
1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 15:06 horas del 23 de marzo del 2022, el recurrente interpuso recurso de amparo contra el Instituto Nacional de Seguros. Manifiesta que laboró parra la empresa Grupo Barrantes & M. como gerente y en la semana que inició el 15 de julio de 2020 realizó varios avalúos. Señala que el 23 de julio del 2020 empezó a tener síntomas sobre la posible enfermedad de COVID-19, por lo que se realizó la prueba correspondiente y el 25 de julio se le informó que dio resultado positivo. Añade que se le incapacitó y emitió orden sanitaria. Indica que al haberse contagiado durante su horario laboral se apersonó al INS para su atención mediante la póliza de riesgo de trabajo. Explica que en ese centro médico se le brindó tratamiento en terapia física, fisiatría, psiquiatría, dolopsicología, medicina del dolor, medicina general, neurología, se le suministraron medicamentos y accesorios médicos, además lo incapacitaron del 15 de julio al 28 de agosto de 2020. Refiere que a partir del 28 de agosto de 2020 los recurridos suspendieron el pago del subsidio sin justificación alguna, lo anterior, pese a que cuenta con incapacidades emitidas por el período que comprende del 29 de agosto de 2020 y hasta el 31 de octubre de 2021. Agrega que tenía citas médicas en diferentes áreas hasta el 17 de noviembre de 2021; sin embargo, llama la atención que el 4 de octubre de 2021 todas las citas asignadas desaparecieron del sistema y no fueron reprogramadas. Menciona que, al no contar con cita médica pendiente por parte del Instituto recurrido, desde el 1° de noviembre de 2021 no se le ha extendido ninguna incapacidad, pese a que por su estado de salud no puede laborar. Alega que el Instituto accionado concluyó que el contagio de la enfermedad de COVID-19 no se originó en su lugar de trabajo ni dentro de la jornada laboral, pero de darse ese supuesto, no se habría dado apertura a un expediente administrativo, ni se le brindaría la atención médica que recibió. Manifiesta que el 28 de setiembre de 2021 presentó ante los recurridos un reclamo en el que solicitó entre otras cosas, el pago de las incapacidades del 29 de agosto de 2020 y hasta el 13 de abril de 2021, gestión que tuvo como resultado la cancelación del subsidio y el otorgamiento de atención médica y tratamiento a la recurrente. Destaca que requiere continuar recibiendo atención médica, terapias y se le suministren los medicamentos adecuados para sus problemas de salud. Comenta que ante la falta de atención médica sufre de complicaciones en su salud como desgaste del talón izquierdo, polineuropatía, incapacidad en pierna izquierda, brazo derecho, deficiencia pulmonar, infarto cerebral y dolores de cabeza, agotamiento extremo, pérdida de la capacidad de esfuerzo, dolor grave en la espalda, patologías que con el transcurso del tiempo se han agravado y por las cuales no puede trabajar. Considera que los hechos expuestos violentan sus derechos fundamentales.
2.- En resolución de las 15:44 horas del 24 de marzo del 2022, se dio curso al amparo y se solicitó informe al gerente general del INS-Red de Servicios de Salud Sociedad Anónima y al director de la División de Servicios Médicos Hospitalarios INS Red de Servicios de Salud, ambos del INS, sobre los hechos alegados por el recurrente.
3.- Por escrito agregado al expediente digital a las 16:27 horas del 28 de marzo del 2022, informan bajo juramento L.A.M.C. y K.R.C., por su orden, G. General y Sub Director de Servicios Hospitalarios, ambos del INS que con el fin de atender el presente recurso se le requirió al Dr. D., al Dr. C. y al Dr. Vega, todos médicos legales, un informe sobre el caso de marras. En respuesta se recibió el oficio N° [Valor 001] -AML, del 25 de marzo del presente año, mediante el cual indicaron lo siguiente: “…Fundamentación y conclusión Médico Legal: El caso trata de un masculino con historia de riesgo de trabajo del 15/07/2020, en el cual según versión del patrono y del actor, el Sr fue contagiado por el coronavirus mientras hacía las compras personalmente de pinturas y otros repuestos para el taller automotríz. Fue valorado en El Instituto Nacional de Seguros, por primera vez el 23/03/2021 y al examen físico inicial no se documentaron trastornos respiratorios objetivos, únicamente la sintomatología descrita por paciente de: “disnea y fatiga post covid”. Se le inició control en Neumología, se le realizaron los estudios correspondientes con radiografías, espirometría, laboratorios y tomografía. Según las notas médicas: “neumología dio el alta y le aclaró que no tiene problemas pulmonares. Neurología determinó que en el cerebro tiene enfermedad arterioesclerótica de pequeños vasos, así como leucopatía periventricular a correlacionar con la edad”. Medicina Interna determinó que: “el paciente lo que tiene es una cardiopatía hipertensiva”, lo cual es secundario a su enfermedad de hipertensión arterial. Asimismo, en el Servicio de Neurología le diagnostica una: “polineuropatía sensitiva de 4 segmentos, de predominio desmielinizante, con mayor afectación de miembros superiores”. Sin embargo, a este respecto, la nota de Fisiatría aclara que: “no se puede establecer que la neuropatía de 4 extremidades sea por el covid, o por su patología diabética de 7 años de evolución.” (El desatacado no corresponde al original). Ante esta duda sobre la relación de causalidad, en la nota del 01/10/2021 se solicitó a Verificación de Derechos, que realizaran el trámite de pedir los antecedentes de la CCSS en clínica, EBAIS, Hospital de Heredia y Hospital México, posterior a lo cual, se citó en Medicina General en mes y medio, para revalorar con dichos datos. Para realizar este trámite, es necesario que el paciente firme una autorización para poder solicitar esos datos médicos a la CCSS, y al firmar la autorización; el sistema registra un “infractor”, que es un comprobante de que el trámite se inició; en este caso no hay evidencia de ese infractor, lo que indica que el paciente no realizó el trámite . (El destacado no corresponde al original). En este sentido, no se ha podido realizar este trámite administrativo y por tanto, no es posible revisar los antecedentes médicos del paciente, para continuar con el estudio de su polineuropatía. Posteriormente, en la última cita registrada el 04/10/2021 en fisiatría, el paciente indicó que: “tiene otros muchos síntomas que el INS no le ha querido atender”, por lo que fue enviado a verificación de derechos para atender su solicitud, aclarar las áreas que sí ameritan tratamiento por el RT. De este trámite administrativo sí quedó registro a través de un “infractor” que indica que: “se solicita al patrono ampliación por brazo derecho, hombro derecho, muslo izquierdo, rodilla izquierda, pierna izquierda”; sin embargo, el Patrono no realizó la aclaración respectiva. Se desconoce, desde el punto de vista médico legal, cuál fue el motivo por el cual se cerró el caso el 04/10/2021, ya que en el “detalle de cierre de casos” hay una nota de esa fecha, que indica: “cerrado manualmente por cambio de estado a solicitud de la Jefatura Administrativa”. En resumen, al paciente le quedaron pendientes los trámites de ampliación de la denuncia por parte del patrono, el cual no respondió la solicitud; así como la solicitud de antecedentes médicos de la CCSS, para lo cual el INS requiere la firma del paciente, autorizando dicha solicitud; misma que el señor B. no tramitó ante la oficina de verificación de derechos, según lo indicado por esa oficina; siendo este, un trámite de vital importancia para poder establecer la relación de causalidad entre el RT descrito y los hallazgos clínicos encontrados”. Como se puede observar de lo antes descrito al señor B. no se la ha violentado su derecho a la salud. Se le ha brindado la atención médica necesaria, sin embargo, no se han podido analizar los antecedes y demás situaciones, debido a una situación que escapa de su competencia. Están a la espera de que se cumpla con las mismas para valorar si los demás síntomas que alega el amparado corresponde o no a un padecimiento amparable como riesgo del trabajo. Por lo anterior, solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito agregado al expediente electrónico a las 10:36 horas del 20 de marzo del 2022, el recurrente aporta manifestaciones.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada G.V.; y,

CONSIDERANDO:
I.- Objeto del recurso. El recurrente estima lesionado su derecho a la salud, toda vez que alega que como consecuencia del Covid 19 sufre de complicaciones en su salud. No obstante, el INS se niega a brindarle la atención médica que requiere y desde noviembre no cuenta con incapacidad, pese a que no puede trabajar. Estima que el contagio se dio en su lugar de trabajo y en horas laborales, razón por la cual debe ser atendido mediante la póliza de riesgos de trabajo. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
a) En fecha 25 de julio del 2020 se le informó que el resultado de la prueba Covid 19 que se realizó arrojó resultado positivo. En razón de ello, en ese momento se le incapacitó y se extendió la orden sanitaria correspondiente (hecho no controvertido).
b) En virtud de que el contagio de Covid 19 se dio durante horario laboral, en fecha 23 de marzo del 2021, el recurrente se apersonó al INS para su atención medica mediante la póliza de trabajo. En ese momento, la versión del recurrente fue: “EN JUNIO DEL AÑO PASADO ME CONTAGIE DE COVI (SIC), EN EL BLANCO CERVANTES ME INDICARON QUE AMBOS PULMONES SE VIERON LESIONADOS PERO SOBRE TODO EL IZQ, DESDE ENTONCES YO PASO CON MUCHO CANSANCIO, Y DISNEA… A VECES CON SOLO QUE COMA ME AGITO AL PUNTO QUE DEBO DE DEJAR LA COMIDA PORQUE DEL CANSANCIO Y LA SENSACIÓN DE AHOGO NO PUDE MAS, YO ESTUVE HASTA INTERNADO POR EL MISMO TEMA ”. (Prueba aportada en autos).
c) Al momento de la valoración en el INS, no se documentaron trastornos respiratorios objetivos sino únicamente la sintomatología descrita por el recurrente, sea “disnea y fatiga post Covid 19 (informe rendido bajo fe de juramento).
d) En el INS se le realizaron al recurrente los estudios correspondientes con radiografías, espirometría, laboratorios y tomografía, los cuales arrojaron los siguientes resultados: Neumología se le dio de alta debido a que no tiene problemas pulmonares. Neurología se determinó que en el cerebro tiene enfermedad arterioesclerótica de pequeños vasos, así como leucopatía periventricular a correlacionar con la edad. Medicina Interna determinó que “el paciente lo que tiene es una cardiopatía hipertensiva” , lo cual es secundario a su enfermedad de hipertensión arterial. Fisiatría aclara que: “no se puede establecer que la neuropatía de 4 extremidades sea por el covid, o por su patología diabética de 7 años de evolución”. (informe rendido bajo fe de juramento).
e) Ante la duda sobre la relación de causalidad, en nota del 1 de octubre del 2022 se solicitó a Verificación de Derechos, que realizaran el trámite para pedir los antecedentes del recurrente ante las autoridades correspondientes de la CCSS, para revalorar el caso con dichos datos. Sin embargo, para realizar ese trámite, era necesario que el paciente firmara una autorización para poder solicitar esos datos médicos a la CCSS; pero, el interesado no realizó dicho trámite (informe rendido bajo fe de juramento).
f) El paciente tuvo la última cita en el Servicio de Fisiatría el pasado 4 de octubre en la cual indicó que “tiene otros muchos síntomas que el INS no le ha querido atender”. En virtud de ello, fue enviado a Verificación de Derechos para atender su solicitud y aclarar las áreas que sí ameritan tratamiento por riesgos de trabajo. No obstante, se solicitó al patrono ampliación por brazo derecho, hombro derecho, muslo izquierdo, rodilla izquierda, pierna izquierda” sin que a la fecha en que se rinde informe el patrono haya realizado la aclaración respectiva (informe rendido bajo fe de juramento).
g) El caso del recurrente fue cerrado el 4 de octubre del 2021 y en el detalle se indicó una nota que dice lo siguiente: “cerrado manualmente por cambio de estado a solicitud de la Jefatura Administrativa” (informe rendido bajo fe de juramento).
h) A la fecha en que se acude en amparo están pendientes los trámites de ampliación de la denuncia por parte del patrono, el cual no respondió la solicitud; así como la solicitud de antecedentes médicos de la CCSS, para lo cual el INS requiere la firma del paciente, autorizando dicha solicitud; misma que el señor B. no tramitó ante la oficina de verificación de derechos (informe rendido bajo fe de juramento).
III.- Hecho no probado. De importancia para la presente resolución, se tiene por no acreditado el siguiente hecho:
Único.- Que al recurrente, a la fecha en que acude en amparo, se le adeude alguna incapacidad (los autos).
IV.- Sobre el caso concreto . Según se desprende del informe rendido por los funcionarios del INS -que es rendido bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, el amparado fue atendido en fecha 23 de marzo del 2021, bajo el Régimen de Riesgos del Trabajo, por antecedente de Covid 19. En ese momento la versión del recurrente fue “EN JUNIO DEL AÑO PASADO ME CONTAGIE DE COVI (SIC), EN EL BLANCO CERVANTES ME INDICARON QUE AMBOS PULMONES SE VIERON LESIONADOS PERO SOBRE TODO EL IZQ, DESDE ENTONCES YO PASO CON MUCHO CANSANCIO, Y DISNEA… A VECES CON SOLO QUE COMA ME AGITO AL PUNTO QUE DEBO DE DEJAR LA COMIDA PORQUE DEL CANSANCIO Y LA SENSACIÓN DE AHOGO NO PUDE MAS, YO ESTUVE HASTA INTERNADO POR EL MISMO TEMA”. Consta que al momento de la valoración en el INS, no se documentaron trastornos respiratorios objetivos. Sin embargo, se tuvo por acreditado que en el INS se le realizaron al recurrente los estudios correspondientes con radiografías, espirometría, laboratorios y tomografía. Una vez obtenidos los resultados de las pericias médicas que se le realizaron en el Servicio de Fisiatría se determinó que “no se puede establecer que la neuropatía de 4 extremidades sea por el covid, o por su patología diabética de 7 años de evolución”. De igual forma, se tiene por acreditado que ante la duda sobre la relación de causalidad, en nota del 1 de octubre del 2022 se solicitó al Departamento de Verificación de Derechos, que realizaran el trámite para pedir los antecedentes del recurrente a las autoridades correspondientes de la CCSS y se citó al paciente en Medicina General en un plazo de mes y medio, para revalorar el caso con dichos datos. Sin embargo, para realizar ese trámite era necesario que el paciente firmara una autorización para poder solicitar esos datos médicos a la CCSS; pero el interesado no lo realizó. De igual forma consta que en fecha 4 de octubre del 2021, el recurrente se apersonó a una cita en el Servicio de Fisiatría del INS en la cual indicó que“tiene otros muchos síntomas que el INS no le ha querido atender”. En virtud de ello, fue enviado a Verificación de Derechos para atender su solicitud y aclarar las áreas que sí ameritan tratamiento por riesgos de trabajo. No obstante, se solicitó al patrono ampliación correspondiente, pero a la fecha no ha sido aportada. Es decir, a la fecha no se registra ni la ampliación de denuncia solicitada al patrono (a pesar de que se solicitó desde el 4 de octubre del 2021) ni tampoco la autorización del recurrente para solicitar la información necesaria ante la CCSS. En virtud de lo anterior, el caso fue cerrado en esa misma fecha y en el INS están a la espera de que se cumpla con esos proveídos.
De lo expuesto, y ante los alegatos planteados por el recurrente, se concluye que lo que se cuestiona es la actuación de las autoridades recurridas, por cuanto el recurrente estima que no se le está brindando la atención médica que requiere, pese a que sus padecimientos son consecuencia del contagio por el Covid 19 que sufrió. Afirma que el mismo ocurrió en su lugar de trabajo y en horas laborales, por lo que sí es producto de un riesgo laboral. Sin embargo, no le corresponde a esta Sala revisar el criterio técnico de los médicos del INS, a efecto de valorar si el referido padecimiento es producto o no de un riesgo del trabajo, por resultar ello ajeno al ámbito de competencia de este Tribunal. En cuanto a este tema, esta Sala ha resuelto:
“ Evacuar y apreciar el material probatorio pertinente, a fin de determinar si en este caso particular se configura o no un riesgo del trabajo, conforme a la correcta valoración de los elementos de convicción existentes, y la adecuada aplicación e interpretación de la normativa legal que rige la materia, hace referencia a un conflicto de legalidad ordinaria que no procede dilucidar en esta jurisdicción ".
Así, en un caso similar, la Sala resolvió:
“ De conformidad al artículo 48 de la Constitución Política, así como los artículos 1 y 2, en relación con el 29 y siguientes, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo ha sido instituido como un proceso sumario que tiene por propósito exclusivo garantizar o restablecer el goce de los derechos fundamentales consagrados por el Derecho de la Constitución -con excepción de los protegidos a través del hábeas corpus-, violados o amenazados, de forma directa, a su titular. Su objeto no es el de servir como un instrumento genérico para fiscalizar en abstracto la correcta aplicación del derecho o para ejercer un control de legalidad respecto de lo actuado o resuelto en un caso concreto. Por lo que no compete a esta Sala el determinar si en este caso particular se configura un riesgo del trabajo, conforme a la constatación de las circunstancias en que se dio el supuesto accidente y el debido cumplimiento de las condiciones previstas por la normativa infra constitucional que rige lo referente al seguro por riesgos del trabajo, pues ello extraña un diferendo de legalidad ordinaria cuya resolución no es resorte de este Tribunal. Máxime que ello implica una discusión cuya resolución excede la naturaleza eminentemente sumaria del recurso de amparo, proceso en el cual no es material ni razonablemente posible entrar a un complicado sistema probatorio o a la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, tal y como lo exige el presente caso. Por lo que, si la recurrente está disconforme con lo resuelto o por la forma en que se tramitó su caso, lo procedente es que plantee los reparos del caso ante el propio Instituto recurrido, o bien, acudir a ante el respectivo juzgado de trabajo, conforme lo dispuesto por el artículo 303 del Código de Trabajo. En razón de lo antes indicado, lo que procede es rechazar de plano el recurso, como al efecto se declara". (sentencia número 2008-001006 de las 8:31 horas del 25 de enero de 2008).
Nótese que, en el caso concreto, al recurrente se le ha brindado atención médica en diversas especialidades del INS, se le prescribió el tratamiento necesario y se le extendieron las incapacidades que según criterio médico ameritó. Empero, si no se pudo continuar fue porque el mismo recurrente no se apersonó a firmar la autorización correspondiente para solicitar ante las autoridades médicas de la CCSS su expediente médico, ni tampoco se presentó la ampliación de la denuncia que se le solicitó. Por ello, si el recurrente estima que sus patologías sí son producto de un riesgo de trabajo y, por ende, considera que debe ser el INS ello supone un conflicto de legalidad ordinaria que no procede ser ventilado en esta jurisdicción de constitucionalidad. El recurrente podrá plantear los reclamos que estime pertinentes ante el propio INS, o bien, en la jurisdicción laboral ordinaria, por ser las instancias idóneas para conocer -con la debida amplitud probatoria y el correspondiente apoyo técnico- sobre tales extremos. Por las razones expuestas, el amparo resulta improcedente, como en efecto se dispone.
Ahora bien, estima este tribunal que si una vez cumplidos los requerimientos solicitados, finalmente se determina que los padecimientos del recurrente se encuentra cubiertos por alguno de los seguros que administra el INS, dicha institución deberá proseguir brindando la atención médica requerida por el afectado.
V.- Documentación aportada al expediente electrónico. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de los dispuesto en el último párrafo del Considerando IV de esta resolución.
Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Roberto Garita N.
Documento Firmado Digitalmente
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EXPEDIENTE N° 220063080007CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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