Sentencia Nº 2023-153 de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, 21-04-2023

Fecha21 Abril 2023
Número de expediente23-000024-1262-PE
Número de sentencia2023-153
EmisorTribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago

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Res: 2023-153

Exp:23-000024-1262-PE

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, secciónPrimera A las diez horas treinta minutos del veintiuno de abril del dos mil veintitrés.

Causa penal 23-000024-1262-PE seguida contra [Nombre 001] por el delito de Resistencia a La Autoridad en perjuicio de La Autoridad Pública.

Recurso de apelación de sentencia penal formulado por la licenciada K.M.M.P., en calidad de defensora pública del encartado. Resuelven los jueces C.F.M. y D.F.R., así como, la jueza I.C.C.

Resultando

1.Que mediante sentencia número55-2023 de las diecisiete horas cinco minutos del diecisiete de febrero del dos mil veintitrés, el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, S.C., resolvió: "POR TANTODe conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1512, 30, 31, 45, 53 a 56, 69, 71, 312, 396 inciso 6 del Código Penal; 1, 2, 6, 13, 142, 265, 324, 326, 328, 330, 333, 335, 341, 343, 349, 351, 352, 356, 358, 360, 365, 367, 429 del Código Procesal Penal, 4 y 5 de la Ley General de Policía, se declara [Nombre 001] autor responsable de un delito de RESISTENCIA, cometido en perjuicio de la AUTORIDAD PUBLICA carácter se impone la pena de UN MES DE PRISIÓN, por reunir los requisitos legales del artículo 69 del Código Penal, se le conmuta la pena a treinta das multa a razón de dos mil colones por día, para un total de sesenta mil colones, lo anterior a favor del patronato de construcciones Adaptación Social, monto que se fija atendiendo los ingresos reportados por el imputado, debiendo el sentenciado [Nombre 001], realizar el pago de la pena de multa dentro de los quince días posteriores a la firmeza de la presente sentencia, se le advierte al imputado que en caso de no cumplir con el pago de la pena multa aqur impuesta, la pena podrá ser revocada y cada día multa se convertirá en un día en prisión. Una vez firme a sentencia se ordena la destrucción de la evidencia materia. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. C. al Juzgado de Ejecución de la Pena y al Instituto Nacional de Criminología para lo de su cargo. Las costas del proceso penal son a cargo del Estado Notifíquese. L.W.C.P.. Juez de Flagrancia de Corredores.

Redactael juezC.F.M., y;

Considerando:

I.- Se admite para su estudio el recurso de apelación interpuesto por K.M.M.P., al haber sido presentado en tiempo conforme al plazo de ley, y de acuerdo a los presupuestos que se requieren para el adecuado conocimiento de las inconformidades planteadas por el recurrente, en orden al examen integral de la sentencia impugnada ordenado por el numeral 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

II.- En el segundo motivo de impugnación, la defensora pública del imputado alega la ausencia de valoración de la prueba y análisis contradictorios sobre el elemento subjetivo del delito. Señala que existe una contradicción en la sentencia recurrida, ya que el tribunal indica que para el momento de la extracción de sangre ordenada al imputado, este ya era objeto de prueba y no sujeto de prueba, por lo que debía realizarse incluso sin el consentimiento el justiciable, pero luego, en la secuencia 01:11:00 el juzgador indica que la pericia no se llevó a cabo por desconocimiento de la microbióloga, por lo que el Ministerio Público sería quien tenía que analizar si testimoniaba piezas por el delito de incumplimiento de deberes. Enfatiza que la defensa señaló que la pericia no se llevó a cabo por ese desconocimiento de la microbióloga y no por la intimidación del imputado, por lo que existe una contradicción del juzgador al reconocer ese desconocimiento de la doctora, pero al mismo tiempo achacarle al encartado la no realización de la prueba. Indica que la propia microbióloga señaló en el debate que una situación similar no le volvería a ocurrir porque ella procedería por la fuerza, pues para ese momento no tenía conocimiento sobre cómo proceder. Para la recurrente, el tipo penal de la resistencia requiere el dolo para interrumpir el acto y la calificación correcta era la del delito de atentado, pero esa situación ni siquiera fue analizada por el juzgador. El imputado declaró que él lo que quería era consultarle el nombre a la doctora, porque ni siquiera llevaba un gafete de identificación y el video aportado por la misma microbióloga muestra que el imputado le pide la información a dicha profesional sobre su nombre y sobre el procedimiento que iba a realizarle, porque era información de acceso público, pero ese video tampoco fue analizado en la sentencia. Solicita que se anule el fallo y se ordene el reenvío del expediente para la realización de un nuevo contradictorio. El motivo se declara con lugar por las siguientes razones: Revisado integralmente el presente asunto, determina esta Cámara que el fallo impugnado no realiza un adecuado examen de la tipicidad que se tuvo por demostrada, puesto que se da por sentado que constituye un acto intimidatorio la conducta desplegada por el justiciable al rehusarse a que se le tomaran las muestras de sangre por parte de la microbióloga del hospital de Ciudad Neily e indicarle “… demanera agresiva que no se dejaría sacar sangre y que si le llegara a sacar sangre iba a averiguar su nombre, donde vive, cuanto ganaba y que haría que pierda su trabajo…”. El delito de resistencia a la autoridad atribuido al justiciable en este proceso, de conformidad con el numeral 312 del Código Penal, requiere que se haya empleado intimidación o violencia contra un funcionario público para impedir u obstaculizar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones. Al justiciable se le atribuyó haber ejercido intimidación sobre la funcionaria que tenía la obligación de extraerle muestras de sangre por haberlo dispuesto así una autoridad judicial. Desde el punto de vista jurídico penal se entiende la intimidación como el “Anuncio de un mal a una persona con el fin de amedrentarla o atemorizarla; presión moral o psicológica”. (Real Academia Española (2017). Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Madrid: S.E., S.L., pág.1203), por lo que el juzgador de mérito debió analizar si las expresiones formuladas por el imputado podrían ser consideradas como el anuncio de un mal a la mencionada funcionaria, o si por el contrario, consistían en la expresión del ejercicio del derecho a las acciones legales que el justiciable podría intentar contra ella por su actuación, como podría serlo una queja disciplinaria, en la que una de las posibilidades de resolución es que un empleado público pueda ser despedido si se determina la existencia de una falta grave. Si se considerara que se configura el delito de...

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