Sentencia Nº 2023000244 de Sala Segunda de la Corte, 10-02-2023

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente22-000330-1178-LA
Fecha10 Febrero 2023
Número de sentencia2023000244
*220003301178LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 22-000330-1178-LA
Res: 2023000244
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil veintitres .
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, por [Nombre 001], policía y vecino de Limón, contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto, el MSc. José David Monge Quirós, casado. Figura, como apoderado especial judicial de la parte actora, el licenciado A.J.L.. Todas las personas son mayores, divorciadas, abogadas y vecinas de San José; con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado O.Á.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La parte actora planteó la demanda para que se condene al Estado a reconocerle -retroactivamente- el incentivo por operaciones de alto riesgo desde el 10 de abril de 2000 y a futuro. Reclamó también las diferencias retroactivas generadas en los extremos de aguinaldo y salario escolar. Además, pidió el reconocimiento de la indexación, los intereses legales, el reajuste en los aportes a la seguridad social y la condena a cancelar ambas costas. El representante del Estado contestó negativamente. Opuso las excepciones de falta de derecho y pago. El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, mediante sentencia número 1448 de las 17:56 horas del 14 de junio de 2022, declaró sin lugar la demanda. Le impuso el pago de ambas costas al actor y fijó las personales en la suma de doscientos cincuenta mil colones.
II.- AGRAVIOS: El apoderado del demandante muestra disconformidad con lo resuelto. Aduce que no fue un hecho controvertido que su representado labora como Agente I FP, lo cual incluso ha sido admitido por el Estado. Acusa una indebida valoración de la prueba, toda vez que del Manual descriptivo de clases se deprenden las funciones de su representado, dentro de las cuales se encuentran el mantenimiento del orden público, el resguardo de la soberanía del Estado y de la seguridad ciudadana. Dice que esas funciones son congruentes con las que estableció la Autoridad Presupuestaria al crear el incentivo reclamado y que, además, concuerdan con las indicadas en los artículos 21 y 22 de la Ley n.° 7410. Señala que su poderdante está expuesto a situaciones de riesgo, catástrofe y conmoción pública. Acota que, de acuerdo con las reglas de valoración probatoria, es evidente que las funciones realizadas por su representado son las mismas que dieron origen al incentivo en cuestión, como son allanamientos, lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Dice que la sentencia desconoce la realidad policial que viven los agentes IFP de la Fuerza Pública, en cuanto al compromiso de sus vidas y de la integridad física. Alega violación al principio de igualdad salarial. Según expone, se antepuso el principio de legalidad presupuestaria por encima de otros principios como el de igualdad. Argumenta que la resolución es regresiva en cuanto a derechos laborales y en ella se invocaron votos de vieja data, de manera que se ignoró la línea jurisprudencial de la Sala Segunda en cuanto al tema. Asimismo, se desconoce la realidad que enfrentan los agentes de policía y se supedita a que el puesto esté incluido en una lista de códigos presupuestarios para su procedencia. Solicita que se acoja el recurso y que se declare con lugar la demanda en todos sus extremos.
III.- ANÁLISIS DEL CASO: En términos generales, el apoderado del actor reprocha la denegatoria del incentivo por operaciones de alto riesgo, a pesar de que su representado estuvo nombrado en la clase de Agente I FP. Si bien esta Sala ha concedido el mencionado incentivo en casos donde la persona funcionaria policial se encuentra nombrada en dicha clase, debe tomarse en cuenta que -en este asunto- se presentan algunas particularidades. Así, mediante oficio n.° MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-DRC-SIB-0577-2022 de la Sección de Incentivos y Beneficios del Ministerio de Seguridad Pública, se demostró que al actor se le reconoció y pagó el mencionado incentivo del 1° de julio de 2000 y hasta el 29 de febrero de 2012; así como del 21 de octubre de 2015 a la fecha. Así se tuvo por demostrado también en el hecho probado cuarto de la resolución impugnada. El accionante no refuta que ese pago se haya hecho, sino que insiste en la procedencia del incentivo en razón de la clase policial ocupada. Ahora bien, en lo que respecta al periodo comprendido del 1° de marzo de 2012 al 20 de octubre de 2015, y de acuerdo con el anterior oficio, este se suprimió porque al accionante se le empezó a reconocer el incentivo de instrucción. Según el numeral 96 de la Ley General de Policía A los instructores de la Unidad de Policía Comunitaria se les concederá un incentivo por instrucción, el cual consiste en un plus salarial equivalente a un veinte por ciento (20%) del salario base, el cual se cancelará de la misma forma que se ha venido realizando desde la implementación de la Ley N.º 8096, Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista, de 15 de marzo de 2001”. Esa disposición, para el periodo antes indicado (2012-2015), estaba contenida en el numeral 92 de la Ley General de Policía y estipulaba lo siguiente: “Reconocimiento por instrucción. Créase un incentivo denominado reconocimiento por instrucción, el cual consiste en un plus salarial equivalente a un veinte por ciento (20%) del salario base, que corresponderá a todos los instructores de planta de la Academia Nacional de Policía. / Un incentivo similar se les concederá a los instructores de la Unidad de Policía Comunitaria. / Este incentivo podrá ser extendido temporalmente a otros funcionarios de los ministerios de Gobernación y Policía, y de Seguridad Pública, siempre y cuando sean destacados en la Academia Nacional de Policía para impartir cursos especializados con una duración mínima de un mes calendario . Así, las cosas, se tiene que, durante el periodo antes indicado, al actor se le pagó ese incentivo de instrucción, lo cual hace concluir que no estaba dedicado a ejercer las funciones policiales normales de su puesto, sino que estuvo impartiendo cursos policiales que descartan las labores enumeradas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, fundamentales para la procedencia del incentivo por operaciones de alto riesgo. En razón de lo expuesto, a nada conduce analizar los demás reproches expuestos en el recurso y este se debe declarar sin lugar.
IV.- CONSIDERACIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, se debe denegar el recurso del actor.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
HVARGASP
Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez
Roxana Chacón Artavia
Sandra Maria Pereira Retana
Olman Gerardo Ugalde Gonzalez
Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*QZWBJSV3EVI61*
QZWBJSV3EVI61
1
EXP: 22-000330-1178-LA

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