Sentencia Nº 2024011133 de Sala Constitucional, 26-04-2024

Fecha26 Abril 2024
Número de expediente 24-008697-0007-CO
Número de sentencia 2024011133
EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)

Exp: 24-008697-0007-CO

Res. Nº 2024011133

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las nueve horas veinte minutos del veintiseis de abril de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 24-008697-0007-CO interpuesto por RANDALL ALEXIS LEÓN MURILLO, cédula de identidad 0110440883, a favor de ALBA I.T.M..Í..N., cédula de identidad 0900690689, contra EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 20:30 hrs. del 03 de abril de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, la amparada fue profesora de Educación Especial en la Escuela La Victoria, en Liberia, Guanacaste. Explica que el 1 de febrero de 2024 se acogió a su pensión según certificación de JUPEMA del 23 de noviembre de 2023 y el proceso de pago de prestaciones legales de la amparada lleva una serie de pasos que son: 1. Consulta de la reforma procesal laboral, 2. Cálculo de prestaciones, 3. Preparación de propuesta de resolución, 4. Envío a firmas a Leyes y Decreto de Casa Presidencial o Jurídico, y 5. Envío al proceso de pago a la Dirección Financiera. Consecuentemente, de lo expuesto se colige que en el proceso hay dos instituciones involucradas: El Ministerio de Educación (que se encarga de los pasos 1,2,3 y 5) y el Ministerio de la Presidencia (Oficina de Leyes y Decretos que se encarga del paso 4). Reclama que, desde la jubilación de la amparada han pasado más de dos meses, y las autoridades recurridas se niegan a pagar esas prestaciones legales. Califican el plazo transcurrido como desproporcionado e irracional ya que, han concluido que esta Sala Constitucional ha dispuesto que el plazo razonable para el pago de prestaciones legales es de dos meses y además, tratándose de funcionarios que se acogen a su pensión debe hacerse de oficio y, el plazo máximo que debe tardar el pago de prestaciones legales -incluyendo todas las etapas de las distintas instituciones involucradas- es de dos meses. Solicita se ordene a los recurridos el pago inmediato de las prestaciones laborales a la amparada.

2.- Mediante auto de las 21:32 hrs. del 05 de abril de 2024 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 08 de abril de 2024.

3.- Por escrito presentado el 10 de abril de 2024, informa bajo juramento YAXINIA DÍAZ MENDOZA, en condición de Directora de la Dirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Educación Pública que: () Mediante oficio DGTH-DVDH-UJDL-1226-2024, signado por la señora B.V.íquez E., en calidad de jefe de la Unidad de Jubilaciones y D.ón Laboral, indica lo siguiente:

1. ...El (la) servidor (a) presentó reclamo administrativo el 02 de febrero del 2024, recibido en la Unidad de Jubilaciones y D.ón Laboral por pensionarse con fecha de rige 01 de febrero del 2024.

2. Es importante mencionar que el proceso de trámite por prestaciones legales inicia hasta que el servidor se encuentre en condición inactiva.

3. El 20 de marzo del 2024 se realiza la consulta respectiva al Departamento de Gestión Disciplinaria sobre la existencia de un expediente disciplinario, esto de acuerdo con lo establecido en la reforma procesal laboral, cuya respuesta aún no ha regresado.

4. El reclamo ya se asignó a proceso de cálculo, y cuando esté listo se realizará la propuesta de Resolución Administrativa que luego será enviada a la trazabilidad de firmas a la Dirección de Leyes y Decreto del Ministerio de la Presidencia.

5. En el momento que la supracitada se encuentra debidamente firmada, se verificará el contenido presupuestario para que sea remitida al pago respectivo por parte de la Dirección Financiera.

Dado lo anterior, y con respecto a la información adicional solicitada por la Sala ...la autoridad recurrida deberá informar si el correo electrónico al cual se remitió la solicitud de pago de prestaciones objeto de este recurso está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios...al respecto le informo que el correo oficial para realizar el trámite de prestaciones legales es: prestacioneslegales@mep.go.cr; así mismo recordamos que el caso del servidor (a) TORRES M.A.I., ya se encuentra proceso respectivo por parte de la Unidad de Jubilaciones y D.ón Laboral, y una vez que el mismo se encuentre resuelto, se procederá a comunicarlo de inmediato...

Como se observa, el proceso para ejecutar el pago de la parte recurrente continúa en trámite, llevando a cabo las diligencias oportunas según corresponde a efecto de acreditar la suma pertinente.

4.- Por escrito presentado el 11 de abril de 2024, informa bajo juramento F.M.R., en su condición de Jefe del Departamento de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia que: () dentro de este proceso de revisión y como consta en la plataforma digital de ingreso y revisión de documentos del Departamento de Leyes y Decretos (Sistema de Ventanilla Única de Inversión -VUI-), la resolución del Ministerio de Educación Pública, a nombre de al señora ALBA I.T.M., cédula de identidad número -9

0069-0689, NO REGISTRA INGRESO al Departamento de Leyes y Decretos para el trámite de revisión y aprobación por este departamento.

5.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

R..e.M....C.C.; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, la amparada fue profesora de Educación Especial en la Escuela La Victoria, en Liberia, Guanacaste. Explica que el 1 de febrero de 2024 se acogió a su pensión según certificación de JUPEMA del 23 de noviembre de 2023 y el proceso de pago de prestaciones legales de la amparada lleva una serie de pasos que son: 1. Consulta de la reforma procesal laboral, 2. Cálculo de prestaciones, 3. Preparación de propuesta de resolución, 4. Envío a firmas a Leyes y Decreto de Casa Presidencial o Jurídico, y 5. Envío al proceso de pago a la Dirección Financiera. Consecuentemente, de lo expuesto se colige que en el proceso hay dos instituciones involucradas: El Ministerio de Educación (que se encarga de los pasos 1,2,3 y 5) y el Ministerio de la Presidencia (Oficina de Leyes y Decretos que se encarga del paso 4). Reclama que, desde la jubilación de la amparada han pasado más de dos meses, y las autoridades recurridas se niegan a pagar esas prestaciones legales. Califican el plazo transcurrido como desproporcionado e irracional ya que, han concluido que esta Sala Constitucional ha dispuesto que el plazo razonable para el pago de prestaciones legales es de dos meses y además, tratándose de funcionarios que se acogen a su pensión debe hacerse de oficio y, el plazo máximo que debe tardar el pago de prestaciones legales -incluyendo todas las etapas de las distintas instituciones involucradas- es de dos meses. Solicita se ordene a los recurridos el pago inmediato de las prestaciones laborales a la amparada.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  1. La amparada laboró para el Ministerio de Educación Pública y el 01 de febrero de 2024 de se acogió a su jubilación (hecho no controvertido).
  2. El 02 de febrero de 2024, la amparada presentó el reclamo administrativo ante la Unidad de Jubilaciones y D.ón Laboral por pensionarse con fecha de rige 01 de febrero del 2024 (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).
  3. El 20 de marzo del 2024, la Unidad de Jubilaciones y D.ón Laboral realizó la consulta respectiva al Departamento de Gestión Disciplinaria sobre la existencia de un expediente disciplinario, esto de acuerdo con lo establecido en la reforma procesal laboral, cuya respuesta aún no ha regresado (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).
  4. El reclamo ya fue asignado a proceso de cálculo, y cuando esté listo se realizará la propuesta de Resolución Administrativa que luego será enviada a la trazabilidad de firmas a la Dirección de Leyes y Decreto del Ministerio de la Presidencia (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).

III.- HECHO NO PROBADO. De importancia para la resolución de este proceso de amparo, se tiene por no acreditado el siguiente hecho:

Único. Que a la parte amparada se le hayan cancelado las prestaciones laborales.

IV.- EN CUANTO AL RETARDO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. En relación con el pago de las prestaciones laborales, conviene recalcar lo dispuesto por este Tribunal en la sentencia Nº 2016-495 de las 09:30 horas del 15 de enero de 2016, este Tribunal señaló:

() IV.- SOBRE EL RETARDO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. Respecto del pago de las prestaciones laborales conviene recalcar lo dispuesto por este Tribunal en el Voto 942-97 de las 15:39 horas del doce de febrero de 1997, en el que se dijo: La Constitución Política en el capítulo de las Garantías Sociales establece los principios constitucionales en materia de derecho estatutario, siendo que en su artículo 56 indica: El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. Si tomamos en cuenta que los rubros que componen una liquidación laboral, son derechos de los funcionarios que surgen al terminar la relación estatutaria, la falta de pago oportuno de dicha liquidación conlleva la violación a la dignidad del ser humano, máxime que, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política, dichas garantías son irrenunciables. (criterio reiterado entre otras, en sentencias N° 2017011495 de las 09:15 horas del 21 de julio de 2017 y N° 2017013928 de las 09:15 horas del 1° de setiembre de 2017) La jurisprudencia ha entendido el salario como la retribución necesaria que recibe un funcionario por la labor realizada, cuyo destino será su manutención y la de su familia, de ahí que, se proteja este derecho a fin de evitar abusos que menoscaben la vida. Este mismo criterio de protección debe extenderse al derecho de todo funcionario de ser indemnizado a la terminación de su relación con el patrono, no sólo porque se incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porque las leyes laborales, en los casos en que no sea invocada una causal para el despido unilateral del patrono, éste debe reconocer al trabajador cierta compensación monetaria. De esta forma, si bien, se reconoce que la tramitación del pago a un funcionario cesado -tratándose de fondos públicos- pueda requerir un tiempo razonable, eso no justifica que en la práctica, el Estado tarde más de cinco meses para hacer la correspondiente liquidación, con lo cual se menoscaba la dignidad del funcionario y de su familia ().

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De las pruebas aportadas a los autos, y lo informado bajo juramento por parte de los accionados, se tiene por acreditado que, la amparada laboró para el Ministerio de Educación Pública y el 01 de febrero de 2024 de se acogió a su jubilación. El 02 de febrero de 2024, la amparada presentó el reclamo administrativo ante la Unidad de Jubilaciones y D.ón Laboral por pensionarse con fecha de rige 01 de febrero del 2024. El 20 de marzo del 2024, la Unidad de Jubilaciones y D.ón Laboral realizó la consulta respectiva al Departamento de Gestión Disciplinaria sobre la existencia de un expediente disciplinario, esto de acuerdo con lo establecido en la reforma procesal laboral, cuya respuesta aún no ha regresado. El reclamo ya fue asignado a proceso de cálculo, y cuando esté listo se realizará la propuesta de Resolución Administrativa que luego será enviada a la trazabilidad de firmas a la Dirección de Leyes y Decreto del Ministerio de la Presidencia. En razón de lo expuesto, esta Sala considera que, en el presente caso existe una dilación en cuanto al pago de las prestaciones laborales en perjuicio de la parte amparada. Consecuentemente, al no acreditarse que a la parte amparada se le haya realizado el pago de sus prestaciones, existe mérito para acoger el presente proceso de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de la presente resolución, en relación con las autoridades accionadas del Ministerio de Educación Pública. Ahora bien, en relación con las autoridades del Departamento de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia se desestima el recurso.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso. En consecuencia, se ordena a YAXINIA DÍAZ MENDOZA, en condición de Directora de la Dirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Educación Pública o, a quien ocupe ese cargo, que coordine y disponga lo necesario para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia y previa revisión de requisitos, se pague a la parte amparada el monto que corresponda por concepto de prestaciones. Lo anterior se dicta bajo el apercibimiento que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En relación con el Departamento de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. N.íquese.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

Z47U4YZGSPTW61

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR