Sentencia Nº 2024011339 de Sala Constitucional, 26-04-2024

Fecha26 Abril 2024
Número de expediente 24-010411-0007-CO
Número de sentencia 2024011339
EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)

Exp: 24-010411-0007-CO

Res. Nº 2024011339

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las nueve horas veinte minutos del veintiseis de abril de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo interpuesto por NATIVIDAD VARGAS CAMBRONERO, cédula de identidad número 401300468; contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP).

Resultando:

1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea a las 16:30 horas del 19 de abril de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que labora para la autoridad recurrida desde el año 1994, como docente. Como un componente de su salario se le reconoció, hasta el mes de enero del 2017, la totalidad de 32 aumentos anuales. En febrero de 2017, en forma intempestiva, le redujeron el monto de su salario, cercenándole 10 aumentos anuales reconocidos a su favor desde el año 1994. Es decir, más de 20 años después, la Administración dispuso que ese derecho no le corresponde y ejecutó el rebajo inmediato de su salario, sin desplegar procedimiento alguno en el que se le diera participación. La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, mediante su Unidad de Cobros Administrativos, inició un procedimiento administrativo para recuperar las sumas que supuestamente le pagaron de más por ese componente, dentro del cual formuló oposición. El Jefe de dicha Unidad le informó, mediante oficio DRH-DR-UCA-3046-2019, del 20 de setiembre de 2019, en lo que interesa, que: En lo que respecta a este proceso de cobro de Modificación de Aumentos Anuales... debe la Unidad de cobros actuar de acuerdo a lo estipulado en la Resolución MEP-DGTS-UGR-N°867-2018, razón por la cual se suspende el procedimiento hasta que se cumpla con los alcances de la resolución número 2017-017497 de la Sala Constitucional y se realice el debido proceso". Indica que a la fecha, habiendo adquirido la condición de jubilada, el arbitrario e indebido rebajo del rubro de anualidades afectó el cálculo de su derecho jubilatorio, generándole perjuicios en su esfera patrimonial y familiar. Desde el 2019 y hasta el pasado 17 de agosto de 2023, ha reiterado las evidentes ilegalidades en la tramitación y la forma en que se suprimieron las anualidades de la conformación de su salario y que ahora afectan el monto de su jubilación, sin una respuesta motivada, debida y oportuna de la Administración, lesionado con su conducta arbitraria sus derechos fundamentales. Incluso formuló un amparo de legalidad, el cual fue resuelto a su favor en torno al procedimiento de cobro de supuestas sumas pagadas de más derivadas de la decisión del MEP, pero las autoridades de esa cartera ha omitido resolver el problema de fondo, cual es, la supresión de las anualidades que se dispuso. Esto viola sus derechos constitucionales, así como la jurisprudencia de esta Sala que establece la necesidad de seguir un debido proceso cuando se pretenda suprimir, modificar, revocar o anular un acto administrativo creador de derechos subjetivos, como ocurre en su caso, máxime por tratarse del salario constitucionalmente protegido, de acuerdo con el principio de inderogabilidad o intangibilidad de los actos propios de la administración. Solicita que se declare con lugar el recurso y se condene al recurrido al pago de costas, daños y perjuicios.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....C.V.; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente reclama que laboró para el MEP. Indica que, desde 1994 hasta febrero de 2017 percibía la totalidad de 32 aumentos anuales. Sin embargo, la autoridad recurrida de forma intempestiva, arbitraria y sin debido proceso, le redujeron el salario al eliminarle 10 aumentos anuales. Además, iniciaron procedimiento en su contra, para recuperar sumas pagadas de más, el cual fue suspendido hasta que se realizada el debido proceso conforme a lo dispuesto en sentencia 2017-017497 de esta Sala. Indica que a la fecha, habiendo adquirido la condición de jubilada, el arbitrario e indebido rebajo del rubro de anualidades afectó el cálculo de su derecho jubilatorio, generándole perjuicios en su esfera patrimonial y familiar. Acusa que, desde el 2019 y hasta el pasado 17 de agosto de 2023, ha reiterado las evidentes ilegalidades en la tramitación y la forma en que se suprimieron las anualidades de la conformación de su salario y que ahora afectan el monto de su jubilación, sin una respuesta motivada, debida y oportuna de la Administración, lesionado con su conducta arbitraria sus derechos fundamentales.

II.- SOBRE LA SUPRESIÓN DE LOS AUMENTOS ANUALES Y EL DEBIDO PROCESO. La recurrente reclama que en el 2017, el MEP le suprimió de su salario, el rubro correspondiente a 10 aumentos anuales, sin debido proceso. Al respecto se observa que esta Sala mediante sentencia número 2019021081 de las 09:30 del 29 de octubre de 2019, dictada en un amparo anteriormente interpuesto por la misma recurrente, se pronunció sobre los mismos extremos aquí alegados. En esa ocasión este Tribunal consideró lo siguiente:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que labora para la autoridad recurrida desde el año 1994, como docente. Como un componente de su salario se le reconoció, hasta el mes de enero del 2017, la totalidad de 32 aumentos anuales. En el mes de febrero del año 2017, en forma intempestiva, le redujeron el monto de su salario, cercenándole 10 aumentos anules reconocidos en su favor desde el año 1994, sin desplegar procedimiento alguno en el que se le diera participación. La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, mediante su Unidad de Cobros Administrativos, inició un procedimiento administrativo para recuperar las sumas que le pagaron de más, dentro del cual formuló oposición. El Jefe de dicha Unidad le informó, mediante oficio DRH-DRUCA- 3046-2019, del 20 de setiembre del 2019, en lo que interesa, que: En lo que respecta a este proceso de cobro de Modificación de Aumentos Anuales... debe la Unidad de cobros actuar de acuerdo a lo estipulado en la Resolución MEP-DGTSUGR- N°867-2018, razón por la cual se suspende el procedimiento hasta que se cumpla con los alcances de la resolución número 2017-017497 de la Sala Constitucional y se realice el debido proceso."

II.- CASO CONCRETO. En relación con los alegatos y pretensiones expuestas por la recurrente se impone advertir que lo planteado no es más que un conflicto de legalidad ordinaria que, como tal, es ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. Este Tribunal ha dicho, en reiteradas ocasiones, que los reclamos e inconformidades en torno a pluses salariales, es un asunto cuyo conocimiento corresponde a la vía de legalidad, pues con ello no se afecta el contenido esencial del derecho al salario desde la perspectiva constitucional. De manera que si la recurrente considera que tiene un derecho de que se cancele los pluses en disputa, es ante la vías de legalidad correspondientes -administrativas y jurisdiccionales que puede acudir, si a bien lo tiene, en resguardo de sus intereses. En relación con la resolución a la que hace referencia, No. 2017017497, de las 09:15 horas del 03 de noviembre de 2017, la misma señaló en lo que interesa que: () VI. Análisis del caso. Una vez analizados los informes rendidos por el Ministerio de Educación Pública y la prueba aportada por las partes, es criterio de este Tribunal Constitucional que se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, por las razones que a continuación serán expuestas. Primero, esta Sala Constitucional tiene por demostrado que a partir del 15 de diciembre de 2008 el Ministerio de Educación Pública le había asignado el Grupo MT-6. Ahora bien, según el dicho del Ministerio accionado, el recurrente no cumple los requisitos para tener ese grupo profesional, ya que, la Licenciatura en Didáctica A no capacita para el MT-6 (véase la prueba aportada por el recurrente, folio 22). Al tenor de esas ideas, esta Sala Constitucional aclara que en este proceso de amparo no entrará a determinar si el recurrente cumple o no los requisitos para tener el grupo profesional MT-6, pues es un extremo de legalidad. Aclarado lo anterior, es claro que la asignación del grupo profesional MT-6 desde el 15 de diciembre de 2008 al accionante, constituía una condición que se había incorporado en la esfera jurídica del recurrente. Ahora bien, fue el 1 de noviembre de 2016 que el Ministerio de Educación Pública emitió el oficio DRH-DGTS-PS-2969-16, en el que se le informó al recurrente que existía un error en el grupo profesional, el cual se le había asignado desde 2008. En vista de que, el recurrente no aportó documentación alguna que acreditara el grupo profesional MT-6, el Ministerio de Educación Pública procedió de oficio con las modificaciones de la Categoría Profesional en el Sistema Informático. Es decir, véase que el Ministerio de Educación Pública violentó el principio de intangibilidad de los actos propios, pues la Administración, al desconocer el grupo profesional supra citado, cercenó, de forma unilateral, un derecho subjetivo que se había incorporado en la esfera jurídica del recurrente. Evidentemente, esta Sala no desconoce la potestad que tiene la Administración Pública para verificar el cumplimiento de las disposiciones que establece el ordenamiento jurídico y de los actos que dicta, sin embargo, respetando las garantías que nuestra Constitución Política dispone. Así las cosas, la modificación de oficio de la categoría profesional fue llevada a cabo sin el procedimiento detallado en los considerandos anteriores, es decir, de conformidad con lo regulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Nótese que la actuación del 1 de noviembre de 2016, concluyó con un proceso de cobro por sumas giradas de más, violentando así el debido proceso, el principio de intangibilidad de los actos propios y las garantías del administrado. En conclusión, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso con las consecuencias que se indicarán en la parte dispositiva de esta sentencia. En el citado caso se trata de una violación al principio de intangibilidad de los actos propios, situación que no es la misma de la recurrente, dado que en su caso se trata del rebajo de un plus, no de su salario en estricto sentido, dentro del cual en caso tal y como lo señala la recurrente en su escrito de interposición, la Unidad de Cobros Administrativos del ministerio recurrido, inició un procedimiento administrativo para recuperar las sumas que le pagaron de más, dentro del cual ha tenido la oportunidad de formular su oposición. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.

A partir de lo anterior, se observa que la pretensión de la parte recurrente en este nuevo proceso, en cuanto a la supresión de los aumentos anuales sin debido proceso, que le efectuó el MEP en el 2017, ya fue conocida por este Tribunal en la sentencia de cita. Por tal motivo y al no considerar esta jurisdicción que exista razón alguna para revertir el criterio señalado, lo procedente es remitir a la recurrente a lo resuelto en ese pronunciamiento.

III.- SOBRE LA ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. Por otra parte, la recurrente alega que, desde el 2019 y hasta el 17 de agosto de 2023, ha reclamado las ilegalidades en la tramitación y la forma en que se suprimieron las anualidades de la conformación de su salario y que ahora afectan el monto de su jubilación, sin una respuesta motivada, debida y oportuna de la Administración. Al respecto, se observa que lo gestionado no constituye una solicitud de información pura y simple protegida por el artículo 27 de la Constitución Política, en cuyo caso, el plazo de respuesta sería de 10 días hábiles conforme al artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; sino que se trata de reclamos administrativos relacionados con el pago y supresión de aumentos anuales, a lo cual le es aplicable lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política. Sin embargo, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008 y salvo algunas excepciones, esta Sala ha remitido este tipo de reclamos a la jurisdicción contencioso administrativa; pero el tema planteado por la amparada no es una de las excepciones que esta Sala ha admitido para conocer la alegada violación al derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida. En consecuencia, lo procedente es remitirla a la vía contenciosa a acusar el retardo en cuestión, con fundamento en los siguientes considerandos.

IV.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o amparo de legalidad, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

V.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la persona gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Estese la recurrente a lo resuelto por esta Sala en la sentencia número 2019021081 de las 09:30 del 29 de octubre de 2019, en cuanto a la supresión del pago de aumentos anuales. En lo demás, se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota, únicamente, en relación con el artículo 41 constitucional. El Magistrado Cruz Castro salva el voto, únicamente, en relación con el artículo 41 constitucional.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

5VXK6K98VMI61

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