Sentencia de Sala Constitucional, 04-01-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha04 Enero 2022
Número de sentencia21-025028-0007-CO

*210250280007CO*

EXPEDIENTE N° 21-025028-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2022000084

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas diez minutos del cuatro de enero de dos mil veintidos .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001] , contra el COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:00 horas del 7 de diciembre de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra el COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que, en la Asamblea Extraordinaria del Colegio de Periodistas, efectuada el 2 de diciembre de 2021, se ratificó en su contra una doble sanción en el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa. Esa sanción consiste en una doble condena en abstracto, toda vez que los "delitos" que se le atribuyen no están tipificados. Se le inhabilita como miembro del Colegio de Periodistas durante dos años y se le excluye del sello de garantía al medio informativo "Encuentro Municipal". Reitera que se le castiga por conductas que no están tipificadas taxativamente en el Código Penal costarricense, el Código de Ética, la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica o la Ley General de la Administración Pública. Considera, consecuentemente, que se cayó en un análisis subjetivo ante esa denuncia y se indicó, sin prueba alguna, que es misógino, violador de derechos humanos y que realiza acoso en la rede social whatsapp. Aduce que en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas N° 4420, existe un vacío legal, pues se establece una suspensión temporal, pero no se señalan plazos mínimos y máximos, pese a que se le imponen dos años de suspensión como miembro del Colegio de Periodistas. Considera que lo anterior viola el artículo 40 constitucional. Destaca que se le aplicó la anterior Ley Orgánica del colegio, sea, la Ley N° 4420, y con ella se le notificó el procedimiento en febrero de 2021. Igualmente, se le impuso la sanción para suspenderle, pese a la citada falta de plazos mínimos y máximos para suspender al colegiado. Asimismo, menciona que el 2 de diciembre de 2021, fue aprobada esa modificación a la Ley Orgánica, fecha que, curiosamente, coincidió con su recurso de revocatoria en la misma Asamblea General Extraordinaria, en la cual se hizo, ilegalmente, una modificación de la pena con la nueva normativa, aplicándole la sanción más alta. Objeta que, en la condena que está firme, el Tribunal de Honor y Ética estableciera de manera subjetiva que es un misógino y un violador de derechos humanos, solamente por informar un hecho cierto, sea, el estado civil de la alcaldesa de Upala. Tampoco se probó que la alcaldesa sufriera daño alguno. Además, insiste en que no existe una prueba fehaciente, contundente y categórica que demuestre que es una persona misógina, un acosador y un violador de derechos humanos, siendo que el Tribunal de Honor y Ética utilizó como argumento las dos publicaciones efectuadas y una conversación privada de whatsapp , basándose en criterios subjetivos y violando así su derecho a la intimidad y los derechos a la libertad de pensamiento, prensa y opinión. A ello se suma que el tutelado jamás tergiversó ninguna información, pues informó textualmente lo que se consigna en el acta del Concejo Municipal de Upala del 12 de mayo de 2020, artículo 7, página 30. Considera que la sanción impuesta viola el debido proceso, es desproporcionada, quebranta el principio de inocencia y contiene una doble sanción, atentando contra los artículos 40 y 56 constitucionales. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada P.S. ; y,

Considerando:

I.- La Sala Constitucional no es una instancia de alzada en los procedimientos que se siguen ante las distintas Administraciones Públicas. En estos casos, su función se limita, únicamente, a enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso (véase en este sentido la sentencia N° 2001-10198 de las 15:29 horas del 10 de octubre de 2001), en el entendido de que no toda violación a las normas procesales constituye una vulneración al debido proceso o al derecho de defensa que pueda residenciarse en esta sede, sino que únicamente lo son aquéllas que verdaderamente sean de tal magnitud, que coloquen a alguna de las partes en un estado material de indefensión. Por consiguiente, a este Tribunal no le compete pronunciarse sobre la legalidad y procedencia de las resoluciones que se dictaron durante la tramitación, la existencia de la presunta falta imputada, la proporcionalidad y procedencia de la sanción impuesta, la competencia del órgano que la adoptó, el cómputo de plazos, la declaratoria de prescripciones, supuestas parcialidades, la admisibilidad, pertinencia y correcta valoración de la prueba, la aplicación de las normas en el tiempo y, en general, sobre cualquier vicio in procedendo que pudiera haberse producido durante la tramitación respectiva.

II.- A ello se le suma que, en la sentencia N° 2015004376 de las 09:30 horas del 27 de marzo de 2015, al referirse al principio de tipicidad en materia disciplinaria, la Sala dispuso lo siguiente:

"SOBRE EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA. Este Tribunal, en la sentencia Nº 2010-5894 de las catorce horas y cincuenta y siete minutos del veinticuatro de marzo del dos mil diez, señaló en lo que respecta al principio de tipicidad en el régimen sancionatorio, lo siguiente:

(…)' EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO O SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO. Esta Sala, en su jurisprudencia más reciente, ha precisado con mayor profundidad la relación y diferencias que existen entre el ámbito jurídico-penal y el administrativo-sancionatorio o disciplinario con respecto al principio de tipicidad. Existe un conjunto de deberes de los funcionarios -y también de atribuciones-, comprendidos en el servicio que desempeñan, o derivados de la subordinación jerárquica. Ello exige la existencia de normas para reglar esas relaciones, y sanciones para cuando se violan tales obligaciones. El principio de tipicidad es una aplicación del principio de legalidad y exige la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción. Este principio constituye un principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no opera en la misma forma que en el ámbito jurídico-penal, ya que los principios 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo. La actividad sancionatoria de índole penal y la de índole disciplinaria corresponden a campos jurídicos diferentes, y los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria penal del Estado. Así, en el derecho penal, en relación con los delitos, toda pena debe estar establecida en la ley con respecto al hecho incriminado, excluyendo, por su generalidad, toda posibilidad de referencia a los llamados conceptos jurídicos indeterminados, o las cláusulas abiertas o indeterminadas; si la conducta no está plenamente definida no hay pena. Pero, en el derecho disciplinario, en razón del fin que persigue, cual es la protección del orden social general, y de la materia que regula -la disciplina-, la determinación de la infracción disciplinaria es menos exigente que la sanción penal, ya que comprende hechos que pueden ser calificados como violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas legislaciones no están especificados, y, en otras, sí. De manera que, el ejercicio de este poder es discrecional, de allí que proceda aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estén detalladas concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual, la enumeración que de los hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene carácter limitativo. Esto es así motivado en la variedad de causas que pueden generar su aplicación, en la imprecisión frecuente de sus preceptos y en la esfera de aplicación, lo cual no siempre resulta claro de la literalidad del precepto, razón por la cual pueden sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas concretamente, pero se entienden incluidas en el texto, siempre y cuando resulten de la comprobación de la falta disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto. La falta o infracción disciplinaria se ha definido diciendo que es una violación al funcionamiento de cualquier deber propio de su condición, aún cuando no haya sido especialmente definida aunque sí prevista. Los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables, pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos 'subordinados', comportamientos o conductas en verdad ilimitados en número dada su variedad; por ello se deduce la existencia de tres elementos de la falta disciplinaria: 1.- un elemento material: que es un acto o una omisión; 2.- un elemento moral: que es la imputación del acto a una voluntad libre; y 3.- un elemento formal: que es la perturbación al funcionamiento del servicio o afección inmediata o posible de su eficacia (ver en igual sentido, entre otras, las sentencias número 2007-015136, 2007-001391 y 2006-018169). De manera que la Administración puede ejercer el poder disciplinario en forma discrecional y puede aplicar sanciones sin necesidad de que las faltas estén detalladas concretamente como hechos sancionatorios, dada la variedad de causas que pueden generar la aplicación del régimen disciplinario o sancionatorio por incumplimiento de los deberes que le son exigibles.' (…).

Con base en las consideraciones vertidas por esta Sala, no se vislumbra una lesión del principio de tipicidad en materia sancionatoria como lo pretende hacer ver la gestionante, toda vez que según lo establecido líneas atrás, la Administración está facultada para ejercer el poder disciplinario de manera discrecional y así establecer sanciones sin requerir que las faltas estén definidas concretamente como hechos sancionatorios, debido la pluralidad de causas generadoras para la aplicación del régimen disciplinario ante un eventual incumplimiento de deberes".

Adicionalmente, la sanción impuesta sí tiene un plazo definido, de manera que si el reclamante se encuentra disconforme con ese teérmino o, en general, con la legalidad de lo resuelto, bien puede cuestionar todos estos extremos en la vía jurisdiccional competente.

III.- Así las cosas, al tenor de lo dispuesto en el procedente de esta Sala N° 2019015232 de las 09:20 horas del 16 de agosto de 2019, procede dar curso al presente amparo por la alegada violación del derecho a la intimidad y rechazar los demás extremos por improcedentes.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:
Se rechaza por el fondo el recurso, en cuanto a la alegada violación del principio de tipicidad, y de plano en lo referido a las demás violaciones al debido proceso. En lo referente al supuesto quebranto del derecho a la intimidad, se da curso al amparo.
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
Aracelly Pacheco S.
Jorge Isaac Solano A.
Documento Firmado Digitalmente
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