Sentencia Nº 27-11 de Sala Constitucional, 19-11-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha19 Noviembre 2019
Número de sentencia27-11

*190214890007CO*

EXPEDIENTE N° 19-021489-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2019022932


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:51 horas del 12 de noviembre de 2019, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra PANI. Manifiesta que tiene un hijo de 16 años que se encuentra en un albergue del PANI. Afirma que aquel está próximo a una operación de alto riesgo, con la cual está en descuerdo. Desea tener la custodia de su hijo y asegura que ha sido víctima de calumnias por parte de sus vecinos. Reclama que, pese a sus gestiones, el PANI no le resuelve favorablemente. Por ello, solicita la intervención de la Sala.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que tiene un hijo de 16 años que se encuentra en un albergue del PANI. Afirma que aquel está próximo a una operación de alto riesgo, con la cual está en descuerdo. Desea tener la custodia de su hijo y asegura que ha sido víctima de calumnias por parte de sus vecinos. Reclama que, pese a sus gestiones, el PANI no le resuelve favorablemente. Por ello, solicita la intervención de la Sala.

II.-ANTECEDENTE DEL CASO EN ESTUDIO. Anteriormente, esta Sala conoció otro recurso de amparo planteado por la misma recurrente (19-010554-0007-CO), en el cual, mediante sentencia 2019-013336 de las 9:20 horas del 19 de julio de 2019, se dispuso lo siguiente:

“ I.- Objeto del recurso .- La recurrente alega que el 14 de mayo de 2019, funcionarios de la Oficina Local del PANI con sede en Santa Ana, procedieron a sacar de su hogar, de forma brusca, a su hijo [Nombre 002], sin que tuviera oportunidad de despedirse o hablar con él y desde entonces no se le ha permitido visitarlo o llamarlo. Reclama que solo no se llevaron sus medicamentos sino que no se le ha trasladado a sus citas médicas. (…)
III.- Sobre las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia . Por disposición constitucional el PANI, es la institución autónoma encargada de la protección especial de los menores de edad. Además, otorga una protección especial al niño por parte del Estado, y establece la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad (artículos 51 y 55 de la Constitución Política). Al respecto, este Tribunal ha resuelto en lo conducente:
"(…) El legislador Constituyente en aras de proteger a la madre y al menor, creó con rango Constitucional, el Patronato Nacional de la Infancia, convirtiéndola en la Institución rectora, por excelencia, de la niñez costarricense. Este sentimiento expresado en esta norma, está indudablemente unido también al interés de proteger a la familia como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Los artículos 51 y 55 preceptan pues, dos de los valores más arraigados de nuestro pueblo, valores que gracias a la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hoy son compartidos a nivel mundial, existiendo consenso sobre el deber del Estado de proteger siempre, el interés superior del menor (…)" (ver sentencia Nº 227-93 de las 12:36 hrs. del 15 de enero de 1993).
IV.- Sobre el interés superior del niño : Esta Sala en sentencias números 3173-93, de las 14:57 horas del 6 de julio de 1993 y 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, dispuso:
"VIII.- El interés superior del niño. De igual manera, diferentes instrumentos internacionales reconocen e imponen el deber estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas; desde instrumentos declarativos como la misma Declaración Universal, y especialmente a partir de la aprobación y vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se ha dado un impulso determinante en la protección de este grupo especial, procurando que en todo momento se brinde la adecuada asistencia y respeto de los derechos a él reconocidos, dentro de los que sobresalen a efectos del presente recurso, la promoción de las condiciones necesarias para la convivencia familiar, así como el derecho de los niños a permanecer junto a sus padres, particularmente junto a su madre -artículo dieciséis del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador-. La jurisprudencia de la Sala es contundente en reconocer la protección que debe otorgarse a los derechos de los niños y las niñas, reconociendo, igualmente, al interés superior del niño su condición y naturaleza de principio general que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado para que rija y gobierne toda actividad administrativa y judicial relacionada con las personas menores de edad. Ejemplo claro de la protección que la Sala otorga al interés superior del niño, se encuentra en la sentencia número 2006-11262, de las quince horas del 24 de agosto de 2006, en la cual la Sala manifestó: "III.- Sobre el interés superior del niño (a).- En materia de los derechos especiales que tienen los niños se encuentran varias normas de rango constitucional, internacional e infraconstitucional; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como criterio de toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años. (…) En igual sentido la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres (artículo 7º), el derecho a un "nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social" reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar "medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho" (artículo 27) y en caso de tratarse además de un niño (a) mental o físicamente impedido el derecho a "disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad" además de "recibir cuidados especiales" (artículo 23). Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, precisa en su artículo 16, párrafo 3º, que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado" (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por su parte, el artículo 25, párrafo 2º, de la supraindicada Declaración señala que "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales..." y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que "Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna... a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado". De las normas de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos transcritas, resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del interés superior del niño, evitando la desmembración del núcleo familiar y promover las condiciones necesarias para que gocen de la presencia permanente de la autoridad parental en especial cuando el niño (a) requiere cuidados especiales. Los derechos humanos o fundamentales y las obligaciones correlativas de los poderes públicos, han sido también, desarrollados en el plano infraconstitucional, tenemos así el Código de la Niñez y de la Adolescencia en general y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con necesidades especiales. Así, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley No. 7739) puntualiza que el norte interpretativo de toda acción pública o privada debe ser el interés superior del niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese cuerpo normativo estipula que el Estado deberá garantizar el derecho a la vida "con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral". El numeral 29 establece la obligación del padre, la madre o la persona encargada de "velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años" y de "cumplir con las instrucciones y los controles que se prescriban para velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado" (artículo 45). Por su parte, además de todo lo dicho, cuando el niño (a) requiera de necesidades especiales en razón de su discapacidad entendida como "una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social" (artículo I de la Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad) es aplicable además los derechos de las personas discapacitadas, reconocidos también en normas internacionales (Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad ratificada por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 7948) y con rango legal la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600, publicada en La Gaceta del 29 de mayo de 1996. Así pues, a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad, en este sentido define el artículo 2 la estimulación temprana cuando dice que es toda aquella "atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano…" y el artículo 13 de la Ley General de Salud No. 5395, del 30 de octubre de 1973 cuando reconoce el deber de los padres y el Estado de velar por la salud y el desarrollo de los niños: "Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.". En conclusión, luego de todo lo dicho es claro que a los niños le asisten una serie de derechos especiales y correlativamente al Estado y los padres o encargados de los niños le asisten una serie de obligaciones y deberes para con ellos, más aún cuando se trate de niños con necesidades especiales, todo lo cual tiene respaldos en numerosos instrumentos internacionales, en nuestra Constitución Política y en normas legales. (…)
V.- Sobre la separación temporal de menores de edad de su núcleo familiar . En aplicación del referido principio del interés superior del niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño define en sus artículos 9 y 20, en lo conducente, que:
"Artículo 9. 1.- Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (…) Artículo 20 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico". Por su parte, la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia dispone que: "ARTÍCULO 4.- Atribuciones. Las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia serán: (…) m) Disponer en forma provisional de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de proteger su interés superior.".

En este sentido, es claro que aún cuando es necesario y debe garantizarse que los niños y niñas se desarrollen en un adecuado entorno familiar, y que debe procurarse que permanezcan con sus padres siempre que ello sea posible, puede existir situaciones calificadas que aconsejen la separación de sus padres, únicamente a manera de excepción, para proteger su integridad física y emocional, siempre que se acredite que el niño o niña es víctima de maltrato o descuido. En estos casos, el Estado tiene la obligación de brindar protección y asistencia, como sería la ubicación temporal en instituciones adecuadas para su protección, o en hogares sustitutos, e incluso a través del instituto de la adopción. De tal manera, es posible que de modo excepcional el niño sea separado del lugar donde reside, si es necesario para su asegurar su protección (En este sentido ver, sentencia 2007-937 de las 10:14 horas del 26 de enero del 2007 y, 2009- 1251 de las 11:33 horas del 30 de enero del 2009).
VI.- Sobre el caso concreto .- En el caso de análisis, se tiene por acreditado que el 6 de mayo del año en curso la Oficina Local de Santa Ana del Patronato Nacional de la Infancia recibió las denuncias realizadas ante el 911 en relación con la situación del menor amparado y por las cuales se dio inicio a las diligencias correspondientes en ese despacho y a la tramitación del expediente administrativo N° OLSA-00181-2019. Igualmente acreditó esta Sala que esa Oficina Local identificó factores de riesgo para el menor y por ello solicitó medidas de protección ante el Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de Escazú (expediente 19-000147-1782-VD), despacho que dictó la resolución de las 13:22 horas de 14 de mayo de 2019, mediante la cual se giró la orden de allanamiento para la casa de habitación de la señora [Nombre 001], madre del menor amparado. Dicha orden judicial fue ejecutada a las 14:16 horas de esa misma fecha y con fundamento en ella se procedió a sacar al menor -aquí amparado- del hogar referido, de donde fue trasladado de forma inmediata a valoración médica al Área de Salud de Escazú y luego hacia el Albergue, lo anterior sin que se logre acreditar que en dicha diligencia el amparado haya sido tratado de forma grosera, conforme reclama la petente. Posteriormente, mediante resolución de las 10:56 horas de 17 de mayo de 2019, la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de San Ana, da inicio al proceso especial de protección en sede administrativa a favor del amparado y dispuso medida especial de protección de Abrigo Temporal del amparado en el Albergue Institucional de El Sol. La resolución fue notificada personalmente a la madre del menor a las 13:41 horas de 21 de mayo de 2019 y al progenitor Orlando Salazar Mora mediante edicto. De lo anterior, la Sala concluye que las actuaciones y la resolución adoptada no constituyen acto arbitrario alguno que pudiera lesionar los derechos fundamentales del menor. Por otra parte no se aprecia negligencia o retardo injustificado de la Oficina recurrida al implementar las medidas necesarias para procurar la continuidad de la asistencia médica que requiere el amparado. En este sentido, se acreditó que dicha autoridad dispuso la coordinación con Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios para retomar así la atención del adolecente por parte de ese centro médico. Por lo cual se giraron diversos correos entre los personeros de la Oficina Local de Santa Ana aquí recurrida y las autoridades de salud, se programó la cita correspondiente y el menor fue trasladado para su valoración, según correspondía acompañado de una funcionaria del PANI e incluso se tramitó la programación de futuras citas. Así las cosas, descarta esta Sala que al menor amparado no se le haya dado seguimiento médico, conforme lo reclama la recurrente, en razón de lo cual el recurso debe ser desestimado como en efecto se hace.”

III.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. Ahora, en el sub examine, la recurrente acude ante esta Sala a fin de que interceda para que se le devuelva la custodia del menor y analice el caso, pues, según indica, fue víctima de calumnias por parte de los vecinos; además, aduce que a este se le realizará una operación, de la cual discrepa. Sin embargo, la Sala Constitucional no es una instancia más del PANI y no está llamada a controlar la legalidad de las actuaciones o resoluciones de este, ni a interferir en la gestión de sus competencias. Por consiguiente, este Tribunal carece de atribuciones para intervenir en el problema expuesto y no puede definir, con base en los hechos y la normativa legal que regula la materia, los extremos relativos a la custodia del menor. Lo anterior corresponde ser discutido ante la institución accionada, o en su defecto, en los Juzgados de Familia. Igual suerte corren las disconformidades que tenga la amparada con la operación que se pretende practicarle al menor, las cuales obedecen a un criterio médico, no dirimible ante este Tribunal. En consecuencia, se declara inadmisible el recurso.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.




Paul Rueda L.
Presidente a.i
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Ronald Salazar Murillo
Alejandro Delgado F.
Ileana Sánchez N.


Documento Firmado Digitalmente
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