Sentencia de Sala Constitucional, 24-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia27-11
Fecha24 Enero 2020
*200009400007CO*

EXPEDIENTE N° 20-000940-0007-CO

PROCESO: RECURSO HABEAS CORPUS

RESOLUCIÓN Nº 2020001564

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinte .

Recurso de hábeas corpus interpuesto por [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001] , contra el JUZGADO DE PENSIONES ALIMENARIAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido por Gestión en Línea en la Secretaría de la Sala, a las 10:17 de 20 de enero de 2020, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra el JUZGADO DE PENSIONES ALIMENARIAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ y manifiesta que en el juzgado recurrido se tramita un proceso alimentario en su contra, en el que son beneficiarios sus hijos, [Nombre 002] -de 22 años- y [Nombre 003] -de 21 años-, ambos [Nombre 004], bajo el expediente No. [Valor 002]. Indica que la legislación costarricense los beneficia de manera extraordinaria, a través del rubro de salario escolar -nombre con el que está en desacuerdo-, el cual está establecido como una excepción cuando los estudiantes lo necesiten. Indica que sus hijos llevan sus estudios en la Universidad de Costa Rica, centro educativo donde cuentan con la mejor beca. Señala que esto consta en el incidente de rebajo de pensión alimentaria interpuesto dentro del referido proceso alimentario, según sentencia de primera instancia No. 903-2018. Aunado a lo dicho, afirma que en prueba confesional tomada bajo juramento y agregada a los autos, los beneficiarios adujeron que no ocupan la pensión alimentaria y que la utilizan para viajar. Estima que el cobro por salario escolar es abusivo y violenta sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a la autoridad jurisdiccional recurrida eliminar el cobro impugnado, de manera permanente.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El tutelado se encuentra obligado a pagar pensión alimentaria a favor de sus hijos, quienes pese a que tienen menos de 25 y estudian, han manifestado vía confesión dada bajo juramento que el monto relativo al salario escolar no lo necesitan y lo utilizan para viajar. Refiere que por lo anterior, estima que a estos se les beneficia de manera extraordinaria y solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene al juzgado de pensiones alimentarias recurrido eliminar el cobro de dicho rubro.

II.- SOBRE EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS. De acuerdo con los artículos 48 de la Constitución Política, 15 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es competencia de esta Sala velar por que toda autoridad pública, incluida la jurisdiccional, respete la libertad personal. Esta vigilancia implica hacer valer lo postulado, principalmente, en los numerales 37 y 39 de la Constitución, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido que la intromisión estatal en la libertad personal sólo es posible cuando está respaldada por las causas previas definidas en la Constitución y las leyes. Toda arbitrariedad debe ser controlada y remediada a través del hábeas corpus. Es por lo anterior, que el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional detalla acciones específicas de fiscalización que debe aplicar la Sala, tales como, la competencia de la autoridad para restringir la libertad (inciso a), el respeto del artículo 37 constitucional -ya mencionado- (inciso b), si existe resolución que ordene, legalmente, la prisión preventiva (inciso c), si se descuenta pena por sentencia firme (inciso c), si la medida privativa de libertad es indebida, por algún motivo (inciso d), si la detención se cumple en condiciones legalmente prohibidas (inciso g).
III.- CASO CONCRETO. En la especie, el tutelado considera que el pago por concepto de salario escolar a sus hijos, constituye un beneficio extraordinario. El tutelado pretende que esta Sala ordene a la autoridad jurisdiccional que elimine el cobro del salario escolar de forma permanente. No obstante, tal extremo constituye un diferendo que no es competencia de esta Jurisdicción y que debe ser discutido en la propia sede ordinaria. El ordenamiento contempla las vías suficientes para canalizar las objeciones que existan en relación con el proceso, en este caso, alimentario. De igual manera, si el tutelado estima que los beneficiarios no cumplen o han demostrado que no necesitan el salario escolar, deberá plantear los argumentos que en ese sentido estime pertinentes ante las autoridades judiciales que conocen el proceso de interés, por medio de los mecanismos y recursos previstos al efecto. Esto, por cuanto tal alegato excede la naturaleza y la función del hábeas corpus. En consecuencia, este recurso resulta inadmisible y así debe declararse.
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 de 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se rechaza de plano el recurso.


Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.



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