Sentencia de Sala Constitucional, 01-12-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia35-21
Número de expediente21-020849-0007-CO
Fecha01 Diciembre 2021
Tipo de procesoACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

*210208490007CO*

EXPEDIENTE:
21-020849-0007-CO
PROCESO:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
ACCIONANTE:
Nombre 001


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las dieciséis horas dieciocho minutos del uno de diciembre de dos mil veintiuno.

Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], mayor, portadora de la cédula de identidad número [Valor 001], en su condición de directora de Conflictos del Sindicato SITRABANC, cédula de persona jurídica 3-011-794720, para que se declare inconstitucional el artículo 61, apartado III, inciso 6 de la VII Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica (en adelante BNCR) y el Acuerdo del Comité de Clasificación y Valoración de puestos del BNCR, acta No. 63 de 23 de enero de 2009, por estimarlos contrarios a los artículos 11, 22, 46, 56, 192 y siguientes de la Constitución Política, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, igualdad, igualdad salarial, idoneidad y estabilidad en los cargos públicos. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica. La normas se impugna en cuanto permiten realizar nombramientos sin mediar ningún concurso. El acuerdo, en cuanto determinó, con sustento en la norma impugnada, que los puestos de las unidades organizacionales que dependen jerárquicamente de la Gerencia General y tienen todos los recursos dependiendo de una sola maestra, están exceptuados de concurso. Estima que tal potestad permite a la Administración nombrar personas directamente, lo que no permite garantizar la idoneidad de los funcionarios que ocupan las plazas que nombra la Gerencia General a su entera discreción. Estos puestos, que se otorgan sin concurso, gozan, sin embargo, de todos los beneficios que establece la convención colectiva. En tal sentido, no son funcionarios públicos, como los de la alta administración y fiscalización del Banco Nacional de Costa Rica (gerentes y auditores, por ejemplo) cuyo régimen laboral es diferente al de los demás trabajadores del banco. El acuerdo tomado por el Comité de Clasificación y Valoración de puestos del BNCR, es grosero y otorga un trato distinto a trabajadores que se encuentran regulados por el mismo régimen laboral. Además, propicia el nombramiento de personas no calificadas tanto en idoneidad, como en aspectos académicos. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del Sindicato accionante proviene del artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto acciona en defensa de los derechos e intereses corporativos de los miembros del Sindicato de Trabajadores del Banco Nacional de Costa Rica y su conglomerado. Su representante fue debidamente autorizada para interponer esta acción, según consta en el artículo 7.1.1. de la sesión No. 35-21 del 6 de octubre de 2021, según certificación presentada al efecto. P. por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el P. considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”, “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. La contestación a la audiencia conferida en esta resolución deberá ser presentada una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, la contestación y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. La contestación que se rindan por medios electrónicos, deberá consignar la firma de la persona responsable que lo suscribe, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 M.. N..


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las quince horas treinta y tres minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno.
Se corrige el error material que contiene la resolución dictada a las 16:18 horas del 1o. de diciembre de 2021 en el sentido que lo que se impugna es el artículo 61, apartado III, inciso 6 de la VIII Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica y no esa misma norma de la VII Convención Colectiva de dicha institución como se indicó. N. a las partes y publíquese en el Boletín judicial, esta resolución y la antes citada.

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