Sentencia Nº 46-2018-VIII de Sala Primera de la Corte, 28-01-2021

EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia46-2018-VIII
Fecha28 Enero 2021
20200004001126-3127458-1.rtf

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Exp. 15-009748-1027-CA

Res. 000163-F-S1-2021

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno.

Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por ROGELIO GUIDO JIMÉNEZ VALVERDE, divorciado, guarda; contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representado por su apoderado general judicial Eder José Ramírez Segura, vecino de Heredia, BYRON MANUEL CAMPOS PORRAS, no indica calidades ni domicilio. Figuran como apoderados especiales judiciales de la actora, Juan Pablo Ruiz Imbert, soltero, Manuel Enrique Ventura Rodríguez. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, soltero, abogado y vecino de San José.

Redacta el magistrado Molinari Vílchez

CONSIDERANDO

I.- Conforme los hechos tenidos por demostrados en la sentencia recurrida y no cuestionados por el casacionista, en el año 2014 el señor Rogelio Jiménez Valverde hizo algunos nombramientos interinos en la clínica Dr. Carlos Durán de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Concretamente, sustituyó al señor Ceferino Rafael Jiménez Chavarría en la plaza No. 8690, como guarda de seguridad, en las siguientes fechas: del 15 de enero al 19 de enero, del 20 de enero al 12 de febrero, del 12 de febrero al 1° de abril y el día 30 de mayo, todos del año 2014. En ese mismo año, don Rogelio sustituyó al señor Josué Gerardo Leiva Inces, en la plaza No. 8681, como trabajador de servicios generales, en los siguientes periodos: del 10 al 17 de junio, del 26 al 27 de junio, del 1° al 4 de julio, del 28 de julio al 3 de agosto, del 18 al 19 de agosto, del 20 al 24 de agosto y del 27 de octubre al 30 de noviembre. Mediante correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2014, la señora Shirley Hernández Brenes le comunicó a doña Carmen Stephanie Matarrita Álvarez que el señor Ceferino Jiménez Chavarría se acogería a su pensión a partir del 1° de febrero de 2015, por lo que le solicitaba realizar el concurso correspondiente para el nombramiento de esa plaza (No. 8690). Conforme lo solicitado, ese mismo día se hizo la publicación en la web institucional para el nombramiento interino de esa plaza. Dicho anuncio, además, fue exhibido de manera impresa en el comedor de empleados y en el reloj marcador de la clínica. Una vez realizada la publicación, por medio del oficio UGRH-CCDC-583-2014 de fecha 8 de diciembre de 2014, se comunicaron los resultados del proceso, con indicación de los oferentes que laboraran en la CCSS y cumplían con los requisitos, los que no laboraran para la Institución y cumplían con los requisitos y, los que no cumplían, para un total de 26 personas. En esa lista no figuró el señor Rogelio Jiménez. Por oficio UGHR-CCDC-627-2014 del 30 de diciembre de 2014, se comunicó la elección del señor Byron Campos Porras en la plaza en cuestión. En data 19 de enero de 2015, don Rogelio formuló reclamo administrativo contra el anterior proceso de selección, indicando que había violado sus derechos y contrariado lo estatuido en la normativa de relaciones laborales y la circular DAGP-0767-2011, en tanto no se le notificó del concurso, ni se le nombró en la plaza, pese a que cumplía con los requisitos para ello. Mediante oficio AD-CCDC-019-15 de fecha 26 de enero de 2015 se dio respuesta al anterior reclamo, indicándose, grosso modo, que en el registro de elegibles activo y pasivo de la institución no había ningún oferente que cumpliera con los requisitos, razón por la cual se debió publicar el concurso. El día 26 de enero de 2015, don Rogelio presentó ante la Unidad de Gestión de Recursos Humanos su licencia para portación de armas de fuego, con vigencia del 24 de enero de 2014 al 24 de enero de 2016. Mediante resolución No. 1 de la Comisión Local de Relaciones Laborales, se recomendó anular el concurso de la plaza No. 8690, porque se consideró que don Rogelio formaba parte del registro de elegibles pasivo y, por consiguiente, tenía prioridad en el nombramiento. El asunto fue elevado a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, órgano que también recomendó revocar el concurso en cuestión e impugnar el nombramiento que se había hecho. Mediante resolución final de las 10 horas del 20 de mayo de 2015, dictada dentro del procedimiento administrativo planteado por don Rogelio, la directora médica de la clínica, señora Cristina Vásquez Evangelisti, se apartó del criterio de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y mantuvo vigente el proceso de selección realizado en la plaza No. 8690. En términos generales, adujo que cuando se hizo el estudio del registro de elegibles activo y pasivo, don Rogelio no cumplía con los requisitos para el puesto, pues no constaba el permiso de portación de armas vigente en su expediente personal. Consideró también que el documento de portación de armas que presentó el señor Jiménez Valverde en calidad de prueba, fue recibido por la asistente administrativa en fecha 27 de enero de 2014, pero este no fue presentado ante la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, como correspondía. Consideró que la responsabilidad de entrega de los documentos en la oficina pertinente es del señor Jiménez Valverde. Asimismo, mantener los atestados y los requisitos actualizados es responsabilidad del oferente, no de la Unidad de Recursos Humanos.

II.- El señor Rogelio Jiménez Valverde interpuso el presente proceso de conocimiento contra la CCSS y Byron Campos Porras, solicitando declarar la nulidad del procedimiento de reclutamiento y selección para ocupar la plaza No. 8690 y, en consecuencia, revocar el nombramiento del señor Campos Porras. Asimismo, pide se ordene a la CCSS ejecutar el nombramiento del actor en propiedad en la plaza No. 8690, o bien, en un puesto de similares condiciones en propiedad. Asimismo, pide se condene a esa co-demandada al pago de los salarios que hubiere percibido el accionante desde el 1° de febrero de 2015 hasta la fecha en que quede nombrado en el puesto, así como al pago de daño psicológico, intereses y costas (así ajustado en audiencia preliminar). La representación de la CCSS contestó negativamente la demanda y opuso la excepción de falta de derecho. Por resolución de las 16 horas 19 minutos del 3 de agosto de 2016 se declaró en rebeldía al co-accionado Byron Campos. Mediante sentencia No. 46-2018-VIII de las 14 horas del 31 de mayo de 2018, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, se acogió la defensa de falta de derecho formulada por la CCSS y, en consecuencia, se declaró sin lugar la demanda. Se resolvió sin especial condenatoria en costas. Inconformes ambas partes con lo resuelto, incoaron recurso de casación ante esta Cámara, los cuales fueron admitidos.

III.- Sobre la prueba ofrecida. La representación del actor ofrece como prueba los siguientes documentos: 1. Acción de personal No. ACC-57204-2014. 2. Copia de la licencia para portación de armas de fuego del señor Rogelio Jiménez. 3. Copia de un documento titulado como Procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria contra: Sra. Shirley Hernández Brenes y Licda. Sanny Koivisto Jiménez. De acuerdo con el canon 145 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), durante el trámite del recurso de casación se podrá aportar prueba documental, siempre y cuando se trate de probanza que el oferente jure no haber conocido con anterioridad o sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida. Los elementos de juicio que el casacionista aporta no cumplen con tales requisitos, pues los documentos señalados en los puntos 1 y 2 ya constan en autos y, el indicado en el punto 3, aunque hasta este este momento se arribó al expediente, se trata de un oficio con fecha de emisión del año 2016 y el recurrente no juró su desconocimiento. Ahora, aunque la probanza en cuestión no cumple con los requisitos dispuestos en el numeral 145 para su admisión, por la facultad que el cardinal 148 ídem otorga a esta Sala, se admitirá la probanza señalada en el punto 3, pues se estima relevante para la resolución del caso. Así, en carácter de prueba para mejor resolver se admitirá el documento en cuestión, para que sea valorado en conjunto con el resto del acervo probatorio.

Recurso de la parte actora

IV.- En el único cargo, el actor arguye la violación indirecta del principio de estabilidad laboral consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política, en concordancia con los numerales 9 y 10 de la Normativa de Relaciones Laborales de la CCSS y, en especial, la circular DAGP-0767-2011, la cual regula el procedimiento para nombramientos interinos de profesionales y no profesionales en la CCSS. Para la formulación del reproche, el casacionista transcribe el siguiente extracto de la sentencia recurrida: [] es un hecho no controvertido que durante el año dos mil catorce, el permiso estaba vigente, pero era un deber del actor actualizar adecuadamente sus expedientes, lo cual de la prueba que obra en los mismos, se extrae que él tenía conocimiento de como (sic) hacerlo: consta que presentó a la Oficina de Recursos Humanos de la Clínica, el día veintiuno de junio de dos mil trece, licencia de portación de armas con una vigencia del dieciséis de junio de dos mil once al dieciséis de junio de dos mil trece, así como que el día quince de enero de dos mil catorce presentó a la misma Oficina de Recursos Humanos de la Clínica, el carnet, junto con el acuerdo del Director de Servicios de Seguridad Privados y el Jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, del diez de octubre de dos mil trece, en el que se prorrogan los permisos que vencieron entre el primero y el treinta de junio de dos mil trece, hasta el veintiocho de febrero de dos mil catorce []. Alega, no es cierto que el accionante hubiera entregado personalmente los citados documentos en la oficina de Recursos Humanos. Aclara, el procedimiento que se seguía al efecto y que inclusive fue ratificado por la testigo Koivisto Jiménez, consistía en que la documentación se entregaba en la Administración y Jefatura y estos coordinaban la entrega de los atestados en el expediente personal que mantenía Recursos Humanos. Reprocha, no existe norma alguna que obligase al actor a entregar directamente un documento en la oficina de Recursos Humanos. Además, agrega, el accionante tuvo un nombramiento como guarda el 30 de mayo de 2014, por lo que necesariamente debió hacerse con el permiso vigente a esa fecha. Sobre todo, destaca, porque en la acción de personal referente a ese nombramiento se indicó que el actor cumplía con todos los requisitos exigidos en el Manual Descriptivo de Puestos (folio 51). Apunta, el inciso V de la circular DAGP-767-2011 dispone: Responsabilidad de verificación y control: la jefatura de cada servicio, en coordinación con la oficina de recursos humanos correspondiente, serán los responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual descriptivo de puestos y llevar el control de los nombramientos efectuados en cada uno de ellos. Así, arguye, resulta sumamente injusto y contrario a Derecho que habiéndose aportado a la Administración el permiso de portación de armas en fecha 27 de enero de 2014 y habiéndose hecho un nombramiento en fecha 30 de mayo de 2014, el Tribunal omitiera manifestarse sobre la responsabilidad de la Administración de verificar los atestados del demandante. Incluso, advierte, podría pensarse que el documento fue removido del expediente o, simplemente, los funcionarios a cargo incumplieron con su obligación de mantener los atestados de los funcionarios en correcto orden. Se cuestiona: si no se aportó el permiso de portación de armas a la oficina de Recursos Humanos, ¿cómo, entonces, se aprobó el nombramiento del actor como guarda en la fecha señalada? Aduce, si dentro de los hechos tenidos por probados se indicó que el permiso aportado por el actor en fecha 14 de enero de 2014 vencía en data 28 de febrero de 2014, claramente este no pudo cobijar el nombramiento del 30 de mayo de ese mismo año. Este último, anota, debió respaldarse en el permiso que regía del 24 de enero de 2014 y hasta el 24 de enero de 2016, el cual el actor aportó en fecha 27 de enero de 2014 y, por tanto, a la oficina de Recursos Humanos le constaba ese permiso. No obstante, luego ese permiso desapareció del expediente personal del actor y se le achacó la responsabilidad al trabajador. Ese yerro, reclama, es atribuible única y exclusivamente a la Administración. Pide se tome en cuenta que a las señoras Sanny Koivisto Jiménez y Shirley Hernández Brenes se les abrió un procedimiento administrativo disciplinario por el incumplimiento de funciones de control y verificación que desencadenaron en la afectación directa del actor. Enfatiza, el Tribunal tuvo como hecho no probado el siguiente: Que el actor hubiera presentado ante la Oficina de Recursos Humanos de la Clínica, la renovación de la licencia de portación de arma. Estima que esa afirmación es falsa, porque en dicho permiso consta sello de recibido de la Administración de fecha 27 de enero de 2014 y este fue remitido por la señora Koivisto Jiménez a la oficina de Recursos Humanos, como lo indicó la misma deponente, guardando total congruencia su testimonio. Asevera, como el Tribunal no tuvo por aportado ese permiso, compartió el criterio esbozado en el acto final y, con ello, dejó de aplicar el procedimiento establecido en la circular citada, concretamente al haberse sacado a concurso la plaza No. 8690, pasándole por encima a los derechos de prioridad que ostentaba el accionante. Pide se tome en consideración que la testigo Carmen Stephanie Matarrita declaró en juicio que, si el permiso de portación de armas del actor hubiese constado en su expediente personal, a él se le habría adjudicado esa plaza.

V.- Para la resolución del agravio y una mejor comprensión de la controversia, se torna necesario hacer una recopilación cronológica de lo acontecido en sede administrativa, así como lo resuelto en la instancia judicial precedente. Según consta en el expediente administrativo identificado como Expediente 013-2014 Guarda, en fecha 3 de diciembre de 2014, la señora Shirley Hernández Brenes, por orden del Lic. José Luis Díaz Montero, le comunicó vía electrónica a Stephanie Matarrita Alvarez que don Ceferino Jiménez Chavarría se acogería a su pensión, por lo que se debía hacer el concurso correspondiente para ocupar la plaza de guarda que dicho señor dejaba vacante (plazo No. 8690) (folio 1). Después de realizada la publicación del concurso, mediante oficio UGRGH-CCDC-583-2014 del 8 de diciembre de 2014, la señora Stephanie Matarrita, en calidad de jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la clínica Dr. Carlos Durán, le remitió al señor José Luis Díaz, como administrador de la clínica, información sobre los oferentes (folios 8-10). Por oficio UGRH-CCDC-627-2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, firmado por doña Stephanie Matarrita, se le comunicó al señor Byron Campos Porras que había sido elegido para ocupar la plaza vacante No. 8690 de guarda, a partir del 1° de febrero de 2015 (folio 27). Ahora, según consta en el expediente administrativo titulado Fotocopia expediente Reclamo Administrativo no Disciplinario Rogelio Guido Jiménez Valverde, en fecha 19 de enero de 2015, el aquí actor planteó un reclamo administrativo contra el proceso de selección de la plaza de referencia. Al respecto alegó que dicho proceso se efectuó con irrespeto de la Normativa de Relaciones Laborales y la circular DAGP-0767-2011, concretamente, por no habérsele tomado en cuenta pese a formar parte del registro de elegibles. Pidió la nulidad del referido proceso y, en su lugar, realizar uno nuevo tomando en consideración el registro de comentario. Asimismo, solicitó elevar el caso a la Comisión de Relaciones Laborales y la Junta Nacional de Relaciones Laborales, en caso de que no se acogiera su pedimento (folios 93-95). Por medio del oficio AD-CDDC-019-15 del 26 de enero de 2015, el Lic. José Luis Díaz Montero, respondió el reclamo administrativo. En términos generales, explicó que como el señor Ceferino Jiménez se acogería a su pensión, se coordinó con la Unidad de Recursos Humanos realizar el procedimiento correspondiente para el nombramiento de la persona que ocuparía esa plaza. Asimismo, aclaró que, en vista de que no había oferentes en el registro de elegibles activo y, en el pasivo, no existían funcionarios que cumplieran con los requisitos establecidos en el Manual de Puestos, se procedió a publicar el concurso por medio de la web institucional conforme el punto 6 de la circular DAGP-0767-2011, así como en varios lugares de la clínica entre el 3 y el 7 de diciembre de 2014. Añadió, a esa publicación respondieron 26 personas, de las cuales se eligieron a 3 para hacerles las entrevistas correspondientes y, finalmente, se eligió a la persona que ocuparía el cargo (Byron Campos). Consideró que el procedimiento de selección se había hecho conforme la normativa institucional y, en consecuencia, el reclamo resultaba improcedente, por lo que lo remitió a la Comisión Local de Relaciones Laborales (ver folios 99-100). En data 26 de enero de 2015, don Rogelio presentó copia de su carné de portación de armas con vigencia del 24 de enero de 2014 al 24 de enero de 2016 ante la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, el cual fue agregado a su expediente personal (folio 68 de ese expediente). La Comisión Local de Relaciones Laborales conformada por la Licda. Helena Murillo Calvo, como representante patronal, y la Licda. Sanny Koivisto Jiménez, como representante sindical, requirió como prueba el registro de elegibles activo y pasivo para ese puesto, copia de los antecedentes del proceso de selección del nombramiento interino en cuestión, la antigüedad en el servicio de don Rogelio y pidió informar si dicho señor se encontraba en el registro de elegibles y si no lo estaba, la justificación correspondiente (folio 104). Mediante resolución No. 1 del 12 de marzo de 2015, la citada Comisión consideró que de los oficios ADM-CCDC-022.14 y UGRH-CCDC-0447-2014, se evidenciaba que don Rogelio se encontraba en el registro de elegibles de la Administración en el puesto de guarda, por lo que tenía prioridad en el nombramiento y, en ese sentido, recomendó revocar el concurso de la plaza No. 8690 (folios 114-120). Mediante oficio AD-CCDC-135-15 del 7 de abril de 2015, el Lic. José Luis Díaz Montero se refirió a la resolución anterior, indicando que don Rogelio no contaba con el permiso de portación de armas vigente y, en ese tanto, no cumplía con los requisitos estipulados en el Manual de Puestos, de ahí que no pudiera ser nombrado en la plaza en examen. Además, no había participado en el concurso. En fecha 7 de abril de 2015, don Rogelio nuevamente presentó copia de su carné de portación de armas con vigencia del 24 de enero de 2014 al 24 de enero de 2016, pero ahora ante distintas dependencias: Oficina de Recursos Humanos, Asistente de Dirección, Unidad Gestión de Recursos Humanos, Asistente Administrativo y Administración. Al día siguiente, sea el 8 de abril de 2015, don Rogelio presentó un escrito donde alegó que la información que indicaba el Lic. Díaz Montero era errónea, por cuanto él sí cumplía con los requisitos correspondientes. En apoyo a su oposición, aportó copia del carné de portación de armas citado líneas atrás (con vigencia del 24 de enero de 2014 al 24 de enero de 2016), con un sello de recibido de fecha 27 de enero de 2014 y firma de la asistente administrativa, señora Sanny Koivisto Jiménez, así como la solicitud de emisión del referido permiso, firmada por el Lic. Ronald Parini Darcia, en condición de administrador a.i. de la clínica, de fecha 15 de enero de 2014. A su vez, solicitó se le aclarase por qué en su expediente no constaba copia de esos documentos y aun así lo nombraron como guarda el día 30 de mayo de 2014 en el turno de las 22 a las 6 horas. También aclaró que cuando hicieron el concurso mediante la web, él no tenía computadora para informarse del particular, ni tampoco lo pudo hacer por medio de la información impresa que exhibieron en la clínica, porque durante esos días él no estaba nombrado en ningún puesto. Por medio del oficio CLRL-013-2015 del 9 de abril de 2015, se remitió el asunto a la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Dicho Órgano hizo referencia a que en octubre de 2014 el departamento de Recursos Humanos hizo una actualización de datos de los funcionarios de la Administración, lo cual incluyó a don Rogelio. Asimismo, señaló: Llama la atención que se indique que el señor Rogelio Jiménez, no cumplía con los requisitos para el puesto, cuando este funcionario inició labores en la clínica como Guarda, cuando se supone que la administración para realizar este nombramiento tuvo que verificar que cumplía con los requisitos para este tipo de plaza, además en ningún momento se indica cual es el requisito que no cumple. Por lo anterior LA JUNTA NACIONAL DE RELACIONES LABORALES por unanimidad considera que se debe revocar el concurso de la plaza No. 8690 y se debe de impugnar el nombramiento actual de esa plaza por improcedente, y proceder lo correspondiente al registro de la clínica (folio 168 frente y vuelto). Mediante resolución final de las 10 horas del 20 de mayo de 2015, la directora médica de la clínica, señora Cristina Vásquez Evangelisti, se apartó del criterio de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y mantuvo vigente el proceso de selección de la plaza No. 8690. Señaló, grosso modo, al momento cuando se hizo el estudio del registro de elegibles activo y pasivo, don Rogelio no cumplía con los requisitos para el puesto, toda vez que, al analizarse la información de su expediente personal en la Unidad de Recursos Humanos, dicho señor no había aportado el carné de armas vigente. Valoró, además, que el documento de portación de armas que presentó el señor Jiménez Valverde en calidad de prueba, fue recibido por la asistente administrativa (Sanny Koivisto) en fecha 27 de enero de 2014, pero este no fue presentado ante la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, como correspondía. Consideró que la responsabilidad de entrega de los documentos en la oficina pertinente es del señor Jiménez Valverde. Asimismo, mantener los atestados y los requisitos actualizados es responsabilidad del oferente, no de la Unidad de Recursos Humanos. Por otra parte, apuntó que don Rogelio no solo había hecho nombramientos de guarda, sino también de mensajero, de ahí que no resultase extraño el hecho de que no presentara su carné de portación de armas en octubre de 2014, cuando se hizo la actualización de los datos de los funcionarios. En todo caso, enfatizó, la Administración debía pedir la información faltante en la actualización conforme los datos que suministrase el propio funcionario y, en este caso, don Rogelio señaló que el puesto ocupado era en servicios generales, por lo que la Unidad de Recursos Humanos no estaba obligada a requerirle el carné de portación de armas actualizado, pues no era necesario para el puesto consignado. Por último, destacó que la Unidad de Recursos Humanos no debía comunicarse personalmente con don Rogelio para informarle del concurso, pues para ello se publicaron avisos en la web institucional, así como en formato impreso en distintas partes de la clínica.

VI.- En la sede judicial, el Tribunal consideró pertinente transcribir lo que estatuye la circular DAGP-0767-2011, pues en dicho documento descansan las posiciones en litigio. En este se regula el procedimiento para nombramientos interinos de profesionales y no profesionales en la CCSS. De interés para el caso, allí se dispone que habrá un registro de elegibles por puesto, el cual constituye la opción inicial para el otorgamiento de nombramientos interinos en plazas vacantes o plazas con titular temporalmente disponibles. Refiere a la existencia de un registro de elegibles activo y pasivo. El primero, conformado por los funcionarios con nombramiento vigente o tramitados durante los últimos seis meses en el mismo servicio. El segundo, integrado por los funcionarios que no dispongan de nombramiento en el servicio pero que han manifestado su voluntad de pertenecer al registro. Establece que los funcionarios incluidos en dichos registros tendrán orden de prioridad en el nombramiento interino de las plazas disponibles para tales fines, ordenado por puestos y antigüedad, conforme los nombramientos registrados según las acciones de personal tramitadas. En cuanto al trámite de los nombramientos, se estipula que este se hará con base en los referidos registros de elegibles, para lo cual las oficinas de recursos humanos deben revisar el cumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes. Se estatuye que, si en el registro de elegibles activo no se ubica un oferente que cumpla con los requisitos, se debe acudir al registro de elegibles pasivo. Asimismo, si la ausencia de un oferente se mantiene, habrá de extenderse la oferta a todo el centro de trabajo, para lo cual se acudirá a la publicación mediante los medios disponibles a nivel institucional. Ahora, si aún no se encuentra a nadie, se dispone que la oferta podrá hacerse extensiva a toda la institución, a través de la publicación en los medios disponibles a nivel institucional. Finalmente, se prevé la búsqueda de oferentes externos a la institución, en caso de que el concurso interno no obtenga resultados positivos. Ahora, en cuanto al análisis del sub-lite, el Tribunal señaló que este se circunscribía a determinar si correspondía o no hacer la publicación del concurso para el puesto de guarda, como lo hizo la CCSS al no encontrar oferentes en los registros de elegibles activo y pasivo, o si, por el contrario, correspondía otorgar dicha plaza al actor por formar parte de esos registros y cumplir con los requisitos para el puesto, como lo arguye esa parte. Destacó, la ausencia del permiso de portación de armas vigente de don Rogelio en su expediente personal fue lo que motivó a que no se le nombrara directamente. Estimó que fue un hecho no controvertido que, durante el año 2014, el citado permiso estaba vigente, pero no fue debidamente aportado por el actor, pese a que era su deber actualizar sus expedientes y, en criterio de los juzgadores, don Rogelio sabía cómo hacerlo. Al respecto, tomaron en cuenta que, en fecha 21 de junio de 2013, don Rogelio presentó ante la oficina de recursos humanos de la clínica, la referida licencia con vigencia del 16 de junio de 2011 al 16 de junio de 2013, así como que en data 15 de enero de 2014, don Rogelio presentó ante esa misma oficina, el carné y otros documentos donde se prorrogaba el permiso en cuestión hasta el 28 de febrero de 2014. Así, consideró el Tribunal, el actor no puede alegar ignorancia en cuanto al trámite y ante la dependencia donde debía actualizar su expediente. Enfatizó, cuando el señor Ceferino Jiménez se jubiló, no constaba el carné actualizado de don Rogelio dentro de su expediente, pues fue hasta el 26 de enero de 2015 cuando lo presentó, sea con posterioridad al nombramiento del co-demandado Byron Campos. Para el Tribunal, la responsabilidad de la actualización de referencia es del actor, pues como interesado en ser nombrado en esa plaza, así como en cualquier otra, es a quien le correspondía verificar que el carné se encontraba dentro de su expediente personal. Además, aclaró, aunque el señor Vernon Bolaños Martínez certificó que el accionante se encontraba incluido en el registro de elegibles pasivo (oficio UGRH-CCDC-0447-2014 del 19 de setiembre de 2014), no indicó de forma alguna que este cumpliera con los requisitos, menos aún en lo referente al permiso en mención, el cual, por su naturaleza, debe estarse actualizando, pues tiene fechas de vigencia determinadas. Agregó, hasta después de haber formulado el reclamo administrativo, don Rogelio presentó el permiso de referencia, con sello de recibido de fecha 27 de enero de 2014 y firmado por la señora Koivisto, quien es asistente administrativa de la clínica y no maneja los expedientes personales de los funcionarios. Consideró que, si bien dicha señora declaró en juicio que la jefa de Recursos Humanos, señora Stephanie Matarrita, le pidió verbal e informalmente copia del carné de don Rogelio y ella se lo dio sin ningún tipo de recibido y sin precisar fecha de cuándo lo hizo, esa declaración no le mereció fe por las siguientes razones. En primer lugar, porque por su puesto y años de laborar en la CCSS (aproximadamente 14 años), sabe que la entrega de documentos debe hacerse formalmente, con un recibido, tanto para salvar su responsabilidad, como para la protección del actor, dada la importancia del documento que se estaba entregando. En segundo lugar, no entiende el Tribunal por qué la señora Sanny Koivisto no le indicó a don Rogelio cuál era el procedimiento indicado para la presentación de ese documento, pese a su conocimiento en las cuestiones administrativas de la Institución. En todo caso, el A-quo advirtió que, aunque hubiese sido cierto lo declarado, dicha testigo no quiso precisar la fecha de entrega del referido permiso a la Unidad de Recursos Humanos, por lo que su deposición resultaba intrascendente para acreditar si al momento en que la jefa de Recursos Humanos sacó a concurso la plaza de comentario, a ella le constaba la existencia del citado permiso. En atención a lo esbozado, el Tribunal compartió lo dispuesto en la resolución final dictada en el procedimiento administrativo, sea que como al momento de hacerse la consulta del registro de elegibles el actor no cumplía con los requisitos, procedía acudir a la publicación del concurso, como se hizo. Por otro lado, advirtió, el accionante bien pudo participar de ese concurso, el cual se divulgó conforme lo dispuesto en la circular DAGP-0767-2011 y es responsabilidad de los interesados estar revisando la web institucional para informarse de los procedimientos de selección. A tono con ese análisis, el Tribunal no encontró mérito para anular el concurso en cuestión y, por consiguiente, denegó la demanda en todos sus extremos.

VII.- Tal como lo advirtió el Tribunal, es un hecho no controvertido que al momento de realizarse el concurso en examen (diciembre de 2014), el actor contaba con la licencia de portación de armas actualizada, pues el Ministerio de Seguridad Publica había extendido su vigencia del 24 de enero de 2014 al 24 de enero de 2016. Ahora, el tema que suscita la controversia estriba en si don Rogelio presentó debidamente dicho permiso a su patrono y antes de realizarse el referido concurso. En criterio del Tribunal, el actor no lo presentó correctamente, pues en lugar de llevarlo a la oficina de Recursos Humanos, como lo había hecho en anteriores ocasiones, lo presentó ante la asistente administrativa, quien ni siquiera maneja los expedientes personales de los funcionarios. Además, cuando lo presentó ante la oficina correspondiente, ya había pasado el concurso, de ahí que no existiera mérito para su revocatoria. Esta Cámara discrepa de ese razonamiento, conforme las acotaciones que de seguido se exponen. A folio 130 del expediente administrativo identificado como Fotocopia expediente Reclamo Administrativo no Disciplinario Rogelio Guido Jiménez Valverde, consta una fotocopia de la licencia en cuestión, con un sello de recibido que dice: SEGURO SOCIAL / CL.DR. CARLOS DURÁN C. / 27 ENE. 2014 / Asistente Administrativo / RECIBIDO. A su vez, consta una firma al lado del sello. Dicha rúbrica, según indicó don Rogelio en su escrito de fecha 8 de abril de 2015, es de la señora Sanny Koivisto (folio 134 de ese mismo expediente). Dicha señora rindió declaración en juicio, en cuya oportunidad confirmó que ella recibió ese documento, pues era parte de sus funciones. Con lo hasta aquí expuesto, es claro que el accionante presentó el permiso en la fecha y ante la persona señaladas. Ahora, según narró Stephanie Matarrita en su declaración rendida ante el Tribunal, ella es jefe de Recursos Humanos de la clínica y, por orden de su superior (el señor José Luis Díaz Montero), debió encargarse de todo lo relacionado con el proceso de selección y reclutamiento de la plaza No. 8690. Indicó que al momento de analizar el registro de elegibles activo y pasivo de ese puesto, detectó que don Rogelio se encontraba en el registro de pasivo, pero no cumplía con un requisito: tener al día el permiso de portación de armas. Doña Stephanie manifestó que, para comprobar la falta de ese requisito, revisó los expedientes personales de don Rogelio, tanto el de Recursos Humanos como el expediente de la Administración y en ninguno constaba el referido permiso actualizado. La testigo explicó que, el señor administrador (don José Luis Díaz) y su secretaria (doña Shirley Hernández), llevan un expediente adicional al de recursos humanos y, ese fue el expediente que también revisó junto con doña Shirley. Aclaró que, si bien no era obligatorio examinar ese otro expediente (el de la Administración), se hizo para llevar un control cruzado. Tanto doña Sanny como doña Stephanie declararon que la primera es asistente administrativa del señor José Luis Díaz. Con la información anterior, aprecia esta Cámara, es cierto que el actor no presentó el permiso en examen directamente en la oficina de Recursos Humanos, pero lo hizo en una dependencia que no resultaba ajena a aquella. Incluso, si la propia jefa de recursos humanos consideró oportuno revisar el expediente de la Administración (lugar donde doña Sanny labora como asistente), porque pensó que el permiso de portación de armas actualizado podía encontrarse allí, significa que la entrega de esa licencia ante la asistente administrativa no podría catalogarse como extraño, ni un error del actor. Mucho menos, al tomarse en cuenta que la deponente Sanny Koivisto manifestó: yo recibí el permiso de portación de armas y le puse el sello de recibo y lo trasladé al administrador, como es mi función, como me corresponde, luego, posterior a esa entrega, como ya sabían que yo recibía los permisos de portación, la licenciada Stephanie me lo solicitó de forma verbal, me dijo: «Sanny regáleme una copia del permiso de portación de armas de don Rogelio», yo saqué una copia y se lo di de forma física. Aunado a ello, con la documentación aportada por el casacionista, se evidencia que la CCSS inició procedimiento disciplinario contra la señora Sanny Koivisto, al imputarle una falta al cumplimiento de deberes en las funciones asignadas al no llevar el control efectivo de la vigencia del carnet de portación de armas del señor Rogelio Jiménez y no trasladarlo a la oficina correspondiente de Recursos Humanos, función asignada según se desprende de los oficios AD-CCDC-1962-2014 de fecha 02 de octubre de 2006 y AD-CCDC-2575-06 con fecha 27 de diciembre del 2006; rubricado por el Lic. Marco Vinicio Umaña Olivares Administrador a.i. Dr. Clínica Carlos Durán Cartín [] lo que provocó que el señor JIMENEZ no fuera tomado en cuenta en el concurso para el puesto de GUARDA (los subrayados no corresponden al original). Asimismo, se toma en cuenta que a la señora Shirley Hernández, secretaria de don José Luis Díaz, también se le inició un procedimiento disciplinario, en el cual se le imputó lo siguiente: Se le imputa que pese a su responsabilidad no existió una revisión del expediente personal del señor Rogelio Jiménez Valverde, por parte de ella en su cargo como secretaria de la Administración de la Clínica Dr. Carlos Durán según lo manifestó la presunta imputada, no corroboró si el señor Rogelio Jiménez Valverde contaba con el permiso de portación de armas al día, antes de tramitar los nombramientos que rigen del 12-03-2014 al 01-04-2014 y del 30-05-2014 al 30-05-2014. De un análisis conjunto de toda la probanza descrita, es dable colegir que don Rogelio presentó su permiso de portación de armas actualizado ante una funcionaria que se encargaba de recibir ese tipo de documentos o, al menos, era razonable que lo hiciera. Nótese, doña Sanny declaró que esa era su función y así también lo consideró e imputó la CCSS en el procedimiento disciplinario citado. Además, no se pierde de vista que, en la Administración de la clínica, sea el lugar donde doña Sanny es asistente, también se mantenía un expediente de don Rogelio y era ese departamento el encargado de gestionar sus nombramientos, según se puede observar en la imputación de cargos que hizo la CCSS a doña Shirley Hernández (secretaria de Administración) y en las acciones de personal del accionante. En ese sentido, también resulta lógico y razonable que don Rogelio presentase la actualización de su permiso ante esa dependencia. Sobre todo, porque, como se dijo, la propia jefa de Recursos Humanos revisó el expediente de don Rogelio que al efecto lleva ese departamento, en tanto estimó razonable que allí pudiera encontrarse el referido permiso. Ahora, si este se incluyó o no en los expedientes personales del actor, es un tema que no resulta en lo absoluto achacable a él. No obvia esta Sala que la deponente Sanny Koivisto afirmó que ella llevó ese permiso al administrador y luego se lo entregó a doña Stephanie y, esta última, por su parte, negó haber recibido el permiso por parte de la señora Koivisto. Por las contradicciones en ambos testimonios, esta Cámara no puede tener claridad sobre qué pasó con ese permiso a lo interno de la institución; empero, independientemente de lo que haya sucedido, lo cierto es que este fue entregado por el actor desde el 27 de enero de 2014, es decir, desde tiempo antes de efectuarse el concurso, y ante una persona que, según se indicó, se encargaba de recibir ese tipo de documentos o, al menos, era razonable que lo hiciera, de ahí que no pueda cargársele a él las consecuencias del yerro, pues este, en realidad, recayó en la Administración. Por otra parte, no se deja de lado que el 30 de mayo de 2014, el actor fue nombrado en la plaza No. 8690, en cuya acción de personal se consignó: [] el funcionario se ha desempeñado en otras ocasiones en el puesto por lo que posee experiencia y cumple con los requisitos establecidos en el manual descriptivo de puestos. Conforme se ha apuntado, uno de los requisitos para el puesto de guarda es contar con la licencia de portación de armas vigente. Ahora, independientemente de si el permiso entregado el 27 de enero de 2014 se encontraba dentro del expediente personal del actor al momento de realizarse ese nombramiento, o si este último se hizo sin haberse verificado la existencia de la licencia actualizada, lo cierto es que con el nombramiento hecho y la información plasmada en la acción de personal, se le hizo creer al actor que su permiso había sido debidamente incorporado en su expediente, pues de lo contrario no cumpliría con los requisitos para ser nombrado. Ello también se enfatizó cuando en setiembre de 2014, el accionante presentó ante la Administración y la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, formal solicitud de ingreso al registro de elegibles de la Administración, requerimiento que fue respondido por el Lic. Vernon Bolaños Martínez, jefe de la Unidad de Gestión Recursos Humanos de ese momento, en los siguientes términos: Asunto: SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN REGISTRO DE ELEGIBLES. Estimado Señor: Por este medio me permito hacer acuse de recibido de su oficio de fecha 17-09-2014, sobre el asunto mencionado en el epígrafe, así mismo le comunico que según nuestros registros, usted se encuentra incluido en el Registro de Elegibles de la Administración para el puesto de Guarda y Trabajador de Servicios. Es cierto que en dicho oficio no se indicó que don Rogelio cumplía con los requisitos para el puesto de guarda, concretamente, que mantenía vigente su licencia de portación de armas, como lo advirtió el A-quo; no obstante, no debe obviarse que el artículo II de la circular DAGP-0767-2011, expresamente dispone: Un funcionario para considerarse como parte de un Registro de Elegibles, debe cumplir indispensablemente con los requisitos establecidos en el Manual Descriptivo de Puesto, según el puesto de interés []. Además, si desde enero de 2014 el actor entregó el permiso actualizado, en mayo de ese mismo año lo nombraron como guarda y en la acción de personal se indicó expresamente que cumplía con todos los requisitos exigidos para el puesto; y, en setiembre de ese mismo año se indicó que se encontraba incluido en el registro de elegibles para el puesto de guarda, lo lógico es que don Rogelio asumiera que en sus expedientes constaban todos los documentos al día que le permitían asumir el puesto de guarda y, de ahí su sorpresa cuando la plaza No. 8690 fue asignada a otra persona, pese a que él tenía prioridad en su nombramiento al tenor de los parámetros estatuidos en la circular DAGP-0767-2011. Con base en todo lo expuesto, no cabe duda que en este caso medió una falla en cuanto a la inclusión del permiso de portación de armas de don Rogelio a sus expedientes; no obstante, esta no es imputable a él y, por ello, habrá de acogerse el agravio con las consecuencias que se dirán.

VIII.- En virtud de lo resuelto en el acápite anterior, habrá de acogerse el recurso de casación formulado por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida. En su lugar, corresponderá a esta Sala fallar por el fondo el asunto de conformidad con el canon 150.2 del CPCA. Revisada la demanda en conjunto con los ajustes y aclaraciones hechos por el actor en audiencia preliminar, se extrae el siguiente elenco petitorio: 1. Declarar con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Decretar la nulidad del Procedimiento de Reclutamiento y Selección, Guarda de la Plaza vacante número 08690 de Guarda, revocando el nombramiento del señor Byron Manuel Campos Porras por devenir en ilegítimo, toda vez que no se cumple con lo establecido en la normativa institucional; asimismo, deberán declararse nulos todos los actos administrativos, consecuencia del mismo por devenir en ilegítimos. 3. Se condene a la demandada Caja Costarricense de Seguro Social, a ordenar y ejecutar el nombramiento del suscrito en el puesto en propiedad de la plaza 08690 de perfil de guarda, o bien, en un puesto de similares condiciones en propiedad (así ajustado en audiencia preliminar) 4. Se condene a la demandada Caja Costarricense de Seguro Social, al pago de los salarios, aguinaldo, bono escolar y vacaciones que hubiere percibido el suscrito, desde el día 01 de febrero de 2015 hasta la fecha en que efectivamente quede nombrado en el puesto (así ajustado en audiencia preliminar). 5. Se condene a la demandada Caja Costarricense de Seguro Social al pago del daño psicológico ocasionado al suscrito, en virtud del actuar ilegítimo de la Administración, el cual es estima en la suma de cuatro millones de colones. 6. Se condene al pago de los intereses sobre los anteriores montos hasta la fecha efectiva de cancelación. 7. Se condene únicamente a la demandada Caja Costarricense de Seguro Social, al pago de ambas costas del presente proceso y no al señor Campos Porras por no ser la parte responsable de la conducta antijurídica. Para la resolución de cada una de las pretensiones citadas, resulta indispensable hacer las siguientes acotaciones. En consonancia con lo que ha sido expuesto, es un hecho no controvertido que en el proceso de selección de la plaza No. 8690 en examen, se determinó que no había oferentes en el registro de elegibles activo y, en el pasivo, se encontraba don Rogelio únicamente. Sobre ello no hay controversia y, en todo caso, así consta en el oficio AD-CCDC-057-2015 del 16 de febrero de 2015 suscrito por el administrador José Luis Díaz Montero y la jefa a.i de la Unidad de Gestión Recursos Humanos, la señora Stephanie Matarrita Álvarez (folios 107-110 del expediente administrativo correspondiente al reclamo administrativo). Además, doña Stephanie ratificó esa información en su declaración vertida en el juicio oral y público. Ahora, la razón por la cual don Rogelio no fue tomado en cuenta en el referido proceso de selección, fue porque en sus expedientes personales no constaba su licencia de portación de armas al día, lo cual, según se explicó en el considerando precedente, obedeció a un error o falla no imputable a él, sino a la Administración. Conforme la circular DAGP-0767-2011, en el nombramiento interino de profesionales y no profesionales en la CCSS, se debe seguir el siguiente criterio de prioridad: Se tendrá un Registro de Elegibles por Puesto y Servicio, y los funcionarios incluidos en éste, tendrán orden de prioridad en el nombramiento interino de las plazas disponibles para tales fines, ordenado por puestos y antigüedad, conforme los nombramientos registrados según las acciones de personal tramitadas. Además, el punto 4 del acápite A, denominado: Procedimiento general, dispone que en caso de no ubicar un oferente con requisitos en el registro de elegibles activo, se debe acudir al registro de elegibles pasivo. En este caso, tal como lo afirmó doña Stephanie en su declaración y se infiere del oficio AD-CCDC-057-2015 del 16 de febrero de 2015, don Rogelio tenía prioridad en el nombramiento, debido a que no existían oferentes en el registro de elegibles activo y él era el único postulante en el registro de elegibles pasivo. Así, en atención a esas circunstancias fácticas, procederá anular el concurso efectuado y todos los actos conexos, en tanto contravino las disposiciones normativas señaladas. Ahora bien, el accionante pide se le nombre en propiedad en la plaza No. 8690; no obstante, tal pedimento debe ser rechazado por cuanto el proceso de selección objeto del sub-lite era en condición de interinato. Además, lo solicitado excede el ámbito de atribuciones de esta Sala, pues la autoridad jurisdiccional no puede sustituir o suplantar la voluntad de la Administración en materias o conductas discrecionales, como resulta la designación de personal a su cargo. La competencia o potestad de selección y nombramiento de servidores públicos es propia del ente administrativo, en tanto es a este a quien le corresponde comprobar la idoneidad de sus funcionarios al tenor del canon 192 constitucional. (Sobre este tema se pueden consultar los siguientes fallos de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: No. 38 de las 10 horas del 17 de enero de 2001, No. 40 de las 9 horas 45 minutos del 13 de enero de 2010 y No. 187 de las 10 horas 15 minutos del 5 de febrero de 2010). Además, aún y cuando existiese una alta probabilidad de que el actor hubiese sido nombrado en el puesto, de no haber mediado el error administrativo en examen, no puede colegirse que tenía un derecho subjetivo a ese nombramiento. El derecho que le fue birlado se constriñe a la oportunidad de formar parte del registro de elegibles y competir por el cargo; empero, la decisión de nombrarlo comporta una conducta discrecional de la Administración que no puede ser suplantada por el juzgador. Por otra parte, el actor pide se condene a la CCSS al pago de los salarios, aguinaldo, salario escolar y vacaciones que hubiere percibido desde el día 1° de febrero de 2015 hasta la fecha en que efectivamente quede nombrado en el puesto. En virtud de que el nombramiento requerido fue denegado, misma suerte ha de correr el pedimento en análisis. No podría reconocérsele al accionante el pago de lo que habría recibido de haberse nombrado en la plaza No. 8690, pues ese último hecho no sucedió y, como se indicó, pendía de la voluntad administrativa. Además, se estaría reconociendo en su totalidad el pago por una labor que no realizó. En tal caso, considera esta Sala que el daño generado se circunscribe a la pérdida de la oportunidad de formar parte del registro de elegibles y competir por el puesto. Este tipo de resarcimiento subyace ante la existencia de una oportunidad seria y real de obtener un beneficio -o evitar una pérdida- según sea el caso, que se ve truncada, como consecuencia de una conducta ilícita o ilegítima que impide su obtención y cuyo resarcimiento se instaura bajo la razonable, comedida, prudente y objetiva discrecionalidad jurisdiccional, la que debe enmarcarse dentro de criterios objetivos y de conformidad con las circunstancias especiales que rodean cada caso. Ahora, como el demandante no enfocó el detrimento irrogado en los términos expuestos, en respeto al principio de congruencia, esta Sala no puede conceder indemnización por la oportunidad perdida. Por otro lado, el actor solicita resarcimiento por el daño psicológico causado. Justifica ese detrimento en los periodos de depresión, cuestionamientos prolongados y preocupación en la que se vio inmerso, por cuanto él venía desempeñándose en el puesto, supliendo vacaciones e incapacidades, generando antigüedad en el cargo y contando con todos los requisitos descritos en el manual descriptivo de puestos y simplemente no fue tomado en cuenta para cubrir el cargo que tanto esperaba. Dice haberse sentido discriminado porque, a pesar de que lo convocaban a realizar suplencias, después lo apartaron por un error que le atañe única y exclusivamente a la Administración. En relación con este tema, debe distinguirse el daño psicológico del daño moral subjetivo. Este último consiste, grosso modo, en la afectación a las condiciones anímicas del sujeto producto de la conducta reputada como dañosa. Su valoración es in re ipsa, es decir, no requiere de prueba directa para su demostración, pudiendo acreditarse a través de presunciones humanas y el prudente arbitrio del juzgador, según elementos circunstanciales del propio hecho generador. En cambio, el daño psicológico, aunque también comporta una lesión anímica, la alteración en la psiquis es mayor a la ordinaria, lo que obliga a quien lo padece a acudir a consulta médica para su respectivo tratamiento y cura. Es por ello que, en la valoración de este menoscabo resulta indispensable la prueba técnica, pues se requieren conocimientos especializados para apreciar las alteraciones en las funciones psíquicas de un sujeto. Así, se ha determinado que el o la profesional que realiza la evaluación, habrá de determinar: 1) que la persona experimentó una afectación -temporal o permanente- en sus funciones psíquicas, lo que incluye que se generó una disfunción no preexistente, o bien, que una funcionalidad que estaba afectada, empeoró y; 2) que ello devino como efecto o resultado altamente probable de la conducta u omisión que se señala como causante del daño (consúltense, entre otros, los fallos No. 1153 de las 9 horas 35 minutos del 3 de setiembre de 2011 y No. 9 de las 14 horas 15 minutos del 11 de enero de 2018). En este caso, el demandante catalogó el detrimento como daño psicológico; no obstante, de su justificación se evidencia que en realidad lo pedido refiere a un daño moral subjetivo, pues las circunstancias descritas y en las cuales asienta el menoscabo no refieren a alteraciones en la psiquis más allá de lo ordinario. Esta Sala ha advertido que cuando la parte accionante ha dado una calificación jurídica inadecuada a su pretensión, debe el juzgador enderezar el desacierto y acudir al fondo de lo que se pide, para inferir cuál es el derecho que el litigante busca sea tutelado por las instancias jurisdiccionales. Así, lo importante es la esencia de lo peticionado y no las particularidades técnicas de la denominación, las que, al tenor de lo dicho, no limitan a la autoridad judicial para conocer la causa y resolver lo que en derecho corresponda (consúltese los votos No. 998 de las 14 horas 50 minutos del 21 de diciembre de 2005, No. 301 de las 11 horas 15 minutos el 16 de abril de 2007 y No. 271 de las 14 horas 45 minutos del 26 de marzo de 2019). Del análisis de las circunstancias que rodean este caso, no cabe duda que el demandante sufrió una lesión en su fuero interno producto del error administrativo que le impidió ser tomado en cuenta en el concurso objeto del sub-lite. Ante ese hecho, es lógico, razonable y acorde con la experiencia humana inferir que don Rogelio percibiera los sentimientos por él descritos y, en ese tanto, ha de ser resarcido. Ahora, según lo ha explicado reiteradamente esta Cámara, la fijación del quantum indemnizatorio ha de estar sujeta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los que deben ser valorados por la autoridad competente en cada caso, para que su cuantificación no lleve a indemnizaciones excesivas que beneficien injustificadamente a una de las partes. Es decir, la indemnización debe guardar un justo equilibrio acorde con el cuadro fáctico que atañe el caso y los límites señalados (Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias No. 782 de las 9 horas 20 minutos del 21 de julio de 2016 y No. 950 de las 11 horas del 1° de noviembre de 2018). En el subexamine, este Órgano decisor estima que la suma de dos millones de colones resulta racional y proporcional para resarcir el daño irrogado y, por ello, habrá de condenarse a la CCSS al pago de ese importe, el cual reconocerá intereses legales desde la firmeza de este fallo y hasta su efectiva cancelación. Por último, de conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esa condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, esta Sala estima que, por la naturaleza de las cuestiones debatidas, las partes han tenido motivo suficiente para litigar, pues el tema en litigio no era del todo diáfano y estaba sujeto a la valoración e interpretación probatoria que de él hicieran los juzgadores, interpretación que incluso fue distinta en ambas instancias. Así, por las razones dichas, se resolverá sin especial condenatoria en costas. Por la forma como ha sido resuelto el presente, el recurso de casación formulado por la representación de la CCSS ha perdido interés y, por ello, se omitirá pronunciamiento sobre el particular.

POR TANTO

En carácter de prueba para mejor resolver, se admite el documento titulado como Procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria contra: Sra. Shirley Hernández Brenes y Licda. Sanny Koivisto Jiménez. Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en consecuencia, se revoca la resolución recurrida. En su lugar, fallando por el fondo, se declara parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose denegada en lo no dicho expresamente. Se anula el procedimiento de selección de nombramiento de la plaza No. 8690 y todos los actos conexos. Se condena a la CCSS a cancelar al actor la suma de dos millones de colones como indemnización por daño moral subjetivo. Sobre dicho importe se reconocen intereses legales desde la firmeza del fallo y hasta su efectiva cancelación. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales

William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez

ERAMIREZCA

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