Sentencia de Sala Constitucional, 02-07-2019

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia80274-000
Fecha02 Julio 2019

*190112490007CO*

EXPEDIENTE N° 19-011249-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2019012153

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las once horas quince minutos del dos de julio de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por J.C.C.C., cédula de identidad número 0304860998, a favor de LA FAMILIA WRIGHT PALACIOS, contra LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas con ocho minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Policía de Proximidad de San Rafael de H., y manifiesta: que ante el Juzgado Penal de H. se tramita una causa por el presunto delito de falsedad ideológica del título base, establecida contra el Banco de Costa Rica el notario cartulante de dicha hipoteca, según consta en el expediente N° 18-001694-0369-PE. Comenta que el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, efectivos de la Policía de Proximidad accionada se encuentra ejecutando el desalojo del inmueble derivado de dicha escritura de hipoteca, cuya falsedad se encuentra en discusión y sobre la que en el proceso penal existen medidas cautelares de carácter real, tendentes a suspender la desposesión del inmueble. A pesar de lo anterior, los efectivos policiales ignoraron la medida cautelar, y desalojaron al depositario judicial del inmueble mencionado. Acota que con lo descrito se violentó la legalidad administrativa, al incumplirse la medida cautelar impuesta por las autoridades jurisdiccionales.

2.- El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....S.A.; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL AMPARO. El recurrente señala que ante el Juzgado Penal de H. se tramita una causa por el presunto delito de falsedad ideológica del título base, establecida contra el Banco de Costa Rica el notario cartulante de dicha hipoteca, según consta en el expediente N° 18-001694-0369-PE. Comenta que el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, efectivos de la Policía de Proximidad de San Rafael de H. se encuentra ejecutando el desalojo del inmueble derivado de dicha escritura de hipoteca, cuya falsedad se encuentra en discusión y sobre la que en el proceso penal existen medidas cautelares de carácter real, tendentes a suspender la desposesión del inmueble. A pesar de lo anterior, los efectivos policiales ignoraron la medida cautelar, y desalojaron al depositario judicial del inmueble mencionado. Acota que con lo descrito se violentó la legalidad administrativa, al incumplirse la medida cautelar impuesta por las autoridades jurisdiccionales.

II.- EL CASO CONCRETO. En primer lugar, ya esta Sala se pronunció sobre el desalojo en cuestión, acreditándose que se trata de una actuación jurisdiccional, disponiendo su improcedencia con sustento en lo dispuesto en los incisos b), y c), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Al respecto, en la Sentencia N° 2019-09902 de las 9:20 horas del 31 de mayo de 2019, este Tribunal consideró:

“…Alega el recurrente que a los amparados les comunicaron que serían desalojados de la vivienda que ocupan, sin ser notificados previa y formalmente. Sin embargo, la actuación que se acusa por parte del recurrente, se realiza en ejecución de un acto emanado de un órgano del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. En específico, la resolución del Juzgado de Cobro de Heredia de las 14:17 hrs. del 6 de febrero de 2017, en la que se adjudicó al Banco de Costa Rica, la finca del Partido de H., matrícula de folio real No. 80274-000 y se comisionó a la Policía de Proximidad de San Rafael de Heredia para que ponga en posesión del nuevo dueño ese bien inmueble. Por ello, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie sobre dichos extremos, ya que de conformidad con el artículo 30, inciso c), de la Ley que rige esta Jurisdicción, no están sometidos al control de constitucionalidad por la vía de amparo, los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que estos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial. En este sentido, la disconformidad del recurrente con la validez y procedencia de lo resuelto deberá ventilarse en la propia jurisdicción ordinaria, mediante los recursos e incidentes previstos al efecto en el ordenamiento procesal vigente…”.

En razón de lo anterior, resulta improcedente manifestarse sobre los mismos aspectos, pues lo planteado constituye una reiteración de la factibilidad de los alegatos relacionados con su pretensión de que esta Sala examine el desalojo a que hace referencia, situación que por sí sola, es suficiente para desestimar el amparo en cuanto a este aspecto. Por lo demás, los nuevos agravios sobre eventuales motivos para suspender orden judicial, los puede plantear, si a bien lo tiene, ante el Juzgado competente, a fin de que se resuelva lo correspondiente. Por lo expuesto, el recurso en cuanto a este extremo es inadmisible y así se declara.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Estése el recurrente, a lo resuelto por esta Sala en la Sentencia 2019-09902 de las 9:20 horas del 31 de mayo de 2019, en cuanto a su disconformidad con la orden de desalojo emitida por un despacho judicial. Se rechaza de plano el recurso respecto de los demás extremos alegados.

Fernando Castillo V.

Presidente

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Jose Paulino Hernández G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alicia Salas T.

Mauricio Chacón J.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*ODBAGM86TT861*

ODBAGM86TT861

EXPEDIENTE N° 19-011249-0007-CO

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR