Sentencia Nº CONSIDERACIONES PRELIMINA de Sala Constitucional, 10-01-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha10 Enero 2020
Número de sentenciaCONSIDERACIONES PRELIMINA
20200007000066-19542303-1.rtf

*200000660007CO*

EXPEDIENTE N° 20-000066-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2020000605

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por OSCAR EDUARDO CORRALES VENEGAS, cédula de identidad 0301770753, contra EL GERENTE GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RUTA NACIONAL 32 DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:15 horas del 6 de enero de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra EL GERENTE GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RUTA NACIONAL 32 DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que el 30 de octubre de 2019, le envió al Ing. Kenneth Solano Carmona, Gerente General Unidad Ejecutora Ruta 32, una nota a su correo electrónico. Sin embargo, el 12 de noviembre 2019 llamó a su secretaria para averiguar sobre la respectiva respuesta, y ésta le contestó que el Ing. Solano había cambiado de dirección electrónica y, por lo tanto, no tenía su nota como recibida. Así las cosas, al accionante le fue dada una nueva dirección y éste tuvo la paciencia de volver a enviar su petición, pero exigió el recibido de la misma. El 29 de noviembre de 2019, empero, volvió a solicitar la respuesta, pero la contestación de la oficina fue que todavía no estaba lista. Acusa que, de este modo, han transcurrido 45 días hábiles a la fecha y este funcionario ni le contesta dándole la información que le solicita, y menos darle pronta resolución al problema que tiene con el CONAVI por su proceder. El punto importante es que el comunicado de su respuesta, tiene que ver con su irrespeto y violación a la propiedad del petente y de su familia —inmueble del Partido de Limón M10818, con Plano L127-67, inscrita a nombre de Corrales Dormond S.A.—, ocurrido cuando se le giró una orden a la empresa CHEQ por medio del oficio 360/855 del 25 de mayo de 2018, enviado por el Ing. Ronny Sánchez Chaves, Director de Carreteras Unidad Ejecutora RN32 del CONAVI, como a otros de sus subalternos, informándoles que el derecho de vía de la Ruta Nacional 32, desde el cruce a Río Frío hasta Puerto Limón, es de 50 metros, los cuales se dividen a 25 metros del centro de la vía a ambos lados —esto hasta llegar al cementerio de Limón—. Por esta razón tanto la empresa constructora CHEQ, como todo el personal del CONAVI, tomó como cierto y legal que por el centro de los terrenos de la parte tutelada, por donde actualmente pasa la Ruta 32, hay un derecho de vía de S0 metros, sin haber investigado legalmente si eso era así. Añade que antes de que del personal la Empresa CHEQ se metiera en su propiedad, rompiendo taludes, votando árboles, sembrados de plátano, dátil, malanga y otros, más las cercas de alambre de púas con poste vivo de poro de muchos años y de madera muerta de Manú negro, el reclamante ya había puesto en conocimiento al Ing. Solano, desde el 13 de abril de 2018, del error que iban a cometer. Aun así, después de varias notas que le envió y que éste le contestó con lo primero que se le ocurrió, pero no con la legalidad, al reclamante no le quedó más remedio que elevar el asunto ante el Ing. Rodolfo Méndez Mata, Ministro Obras Públicas y Transportes. Este alto funcionario, haciendo lo correcto, encargó al Director Jurídico del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que se encargara del problema y definiera si el Estado, a través del MOPT, tiene un derecho de vía dentro de esos terrenos, como lo dejó establecido el Juez Civil de Limón en 1970, cuando aprobó la información Posesoria a la anterior dueña de la finca, por haber cumplido ella con los requisitos y el visto bueno del Agente Fiscal, como de los funcionarios del ITCO dueño de los terrenos, etcétera, y cumpliendo con la Ley de Caminos Públicos 1851 del año 1955 en su artículo 13; o si es que existe el derecho de vía de 50 metros que ha querido imponer el Ing. Kenneth Solano arbitraria e ilegalmente. Añade que la faja de terreno de 20 metros de ancho por el largo en donde está construida la ruta 32 actualmente, es la que tiene tomada el MOPT desde hace 50 años, ahí está la carretera, el poliducto, la fibra óptica, los servicios públicos y las cunetas de desagüe. El resto del terreno después de ese ancho ha estado siempre cercado con alambre de púas, sembrado con árboles e incluso era una loma que la parte amparada ha tenido, no solo en propiedad, sino incluso en posesión de ese terreno. El Director Jurídico del MOPT le envió como respuesta a su gestión ante el Ministro, el oficio DAJ-2019-5219 del 30 de setiembre de 2019, mediante el cual le giró instrucciones al Ing. Kenneth Solano C, dándole la razón de que el derecho de vía existente y legal es el de 20 metros de ancho en su propiedad como lo estableció el Juez de Limón, y girándole instrucciones a ese funcionario, de hacer lo que se le ordenaba, como es llevar a cabo hacer las expropiaciones correspondientes para la ampliación de la carretera y lógicamente informar a la empresa CHEC que esta lo hiciera también con las empresas que subcontrata como, así mismo, a sus asesores legales, que incluso llegaron a mentir, diciendo que la faja del terreno del derecho de vía se lo había donado al Estado la Compañía Bananera. Ante estas circunstancias, fue que el recurrente tomó la decisión de enviarle al Ing. Kenneth Solano C., la nota que menciona del 30 de octubre de 2019. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. De esta suerte, se aclara que la Sala no puede determinar o reafirmar en un amparo, conforme a los hechos y la normativa legal vigente, si el derecho de vía de la Ruta Nacional 32, desde el cruce a Río Frío hasta Puerto Limón, es o no de 50 metros, pues se trata de un extremo de legalidad ordinaria que no se relaciona directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental, y debe ser dirimido en la vía común, administrativa o jurisdiccional.

II.- ACERCA DE LA ALEGADA MOROSIDAD ADMINISTRATIVA. Definido lo anterior, se le hace ver al recurrente que aunque el derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido de forma genérica, haga referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, es necesario distinguir las peticiones puras y simples de información de los reclamos administrativos, recursos y otras solicitudes. En el primer caso, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. En los otros supuestos, empero, el artículo 27 Constitucional, estrictamente hablando, no es el aplicable, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”; tesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley. Esta distinción descansa en el hecho, bien conocido, de que los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes (véase la sentencia N° 2002-03851 de las 14:56 horas del 30 de abril de 2002). Sobre estos casos, en lo tocante al cumplimiento de plazos de resolución, en la sentencia N° 2018016745 de las 09:15 horas del 5 de octubre de 2018, la Sala declaró lo siguiente:

EN RELACIÓN CON LA ACUSADA MORA ADMINISTRATIVA: NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o 'amparo de legalidad', los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa”. (El resaltado con subrayado no es del original)

Como este precedente es aplicable al caso en estudio, de persistir en su disconformidad por la demora, deberá la parte amparada acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a interponer el correspondiente amparo de legalidad, a fin de que se resuelva lo que en derecho proceda. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.

III.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-000066-0007-CO

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