Sentencia Nº CONSIDERACIONES PRELIMINA de Sala Constitucional, 07-08-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentenciaCONSIDERACIONES PRELIMINA
Número de expedienteExp:

*200128060007CO*

Exp: 20-012806-0007-CO

Res. Nº 2020014785

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del siete de agosto de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por JASON SOTO CASTRO, cédula de identidad 0116980249 y MARÍA ISABEL CASTRO RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0502300168, contra EL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado a la Sala el 20 de julio de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el 12 de abril de 2020 conducía el vehículo placas BDG264 cuando se le confeccionó la boleta de citación No. 2-2020-43900383, mediante la cual se le impuso una multa y se le decomisaron las placas. Menciona que ese vehículo es propiedad de María Isabel Castro Rodríguez, quien en su madre. Refiere que ese mismo día se procedió a tramitar la cita para la devolución de las placas, la cual se otorgó hasta para el día 25 de junio de 2020 a las 4:00 p.m., es decir, más de dos meses después de la elaboración de la citada boleta. Afirma que adicionalmente, el 17 de abril de 2020, interpuso un recurso de inconformidad por la confección de dicha boleta y solicitó que se llevara a cabo una audiencia oral y privada a efecto de recibir prueba testimonial. Sostiene que el pasado 25 de junio. al ser aproximadamente las 3:40 p.m., se presentó a la Unidad de Impugnaciones de Heredia (en compañía de su madre) para el retiro de las placas. Sin embargo, acusa que, sin ninguna justificación, dicha Unidad cerró las oficinas a las 4:00 p.m., sin entregarles las placas. Por lo anterior, aduce que el 25 de junio de 2020 remitieron una queja, vía correo electrónico, a la Dirección Ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial. Al día siguiente, por medio del oficio No. DE-2020-3027, se les informó que la queja había sido remitida a la Jefatura de Atención al Usuario. Sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso, no habían obtenido respuesta tocante a dicha gestión. Alega que como no recibió una respuesta, solicitó nuevamente cita para la devolución de las placas, la cual se asignó para el 17 de julio de 2020. Sin embargo, alega que debido a la restricción vehicular ordenada en esa semana, dicha actuación no pudo llevarse a cabo. Añade que el 16 de julio de 2020 se les notificó, vía correo electrónico, la resolución No. 2020-03-1097 de las 07:30 horas del 13 de julio de 2020, mediante la cual se resolvió el recurso de impugnación planteado contra la boleta de citación No. 2-2020-43900383. Refiere que dicho fallo violenta su derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto no se llevó a cabo la audiencia oral y privada requerida para recibir la prueba testimonial ofrecida. Enfatiza que tienen más de tres meses de estar a la espera de la devolución de las placas. Por lo expuesto, estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y se le ordene al Consejo recurrido: a) devolverle las citadas placas y b) dejar sin efecto lo dispuesto en la resolución No. 2020-03-1097 y programar una audiencia oral y privada para el recibimiento de la prueba testimonial.

2.- Por resolución de las 18:19 hrs. de 20 de julio de 2020, se le da curso al proceso y se requiere el informe a la autoridad recurrida.

3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 24 de julio de 2020, Edwin Herrera Arias, en su condición de Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, rinde informe. Señala que efectivamente, el 12 de abril de 2020, se le confeccionó al señor Soto Castro la boleta de citación No. 2020-43900383 por infringir el artículo 145, inciso dd), de la Ley de Tránsito por las Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial No. 9078 (conducción en horario restringido ante la emergencia nacional decretada). Estos hechos se dieron en San Pablo de Heredia y mientras se conducía el vehículo placas BDG264. Igualmente, se dispuso el retiro de las placas como lo autoriza el artículo 151, inciso k), de la mencionada ley, al mediar la circulación no autorizada por restricción vehicular decretada por emergencia nacional. Menciona que las placas fueron retiradas el día 12 de abril de 2020, que correspondió a un día domingo. Explica que las placas deben ser entregadas al COSEVI por los oficiales de tránsito en un plazo no mayor a los tres días hábiles después de retiradas. Las placas tuvieron como fecha límite para ser entregadas al COSEVI el día 15 de abril de 2020, restando enseguida el proceso de inclusión de estas en el sistema. Dicho trámite se cumplió el 13 de abril de 2020, dentro del plazo establecido. Señala que el tutelado presentó la impugnación el 17 de abril de 2020 por correo electrónico. Apunta expresamente que "(...) No obstante, pese a que desde esa misma data podía solicitar cita para la entrega de las placas, la propietaria del vehículo no efectuó esa solicitud sino hasta en fecha 13 de junio del año en curso, casi dos meses después; y obtuvo la misma para el día 25 de junio siguiente, es decir, para 12 días después de solicitada (...)". Refiere que la propietaria registral del vehículo no se presentó a la cita otorgada. Explica que posteriormente, la señora Castro Rodríguez efectuó una nueva solicitud de cita para la entrega de las placas de su vehículo, en fecha 26 de junio siguiente, reprogramándose la misma para el día 23 de julio del 2020, en atención "(...) del cierre total de la atención presencial en la semana del 13 al 17 de julio del año en curso, debido a la pandemia por el virus del COVID19 (...)". Indica que en tal ocasión nuevamente la señora Castro Rodríguez no se presentó a retirar las placas de su vehículo. Agrega expresamente lo siguiente "(...) No se observa, por lo tanto, un plazo desproporcionado en el trámite de las condiciones para acceder a la fijación de la cita, que comprende la solicitud de la amparante y tomando en consideración lo que se dirá. Por el contrario, este Consejo ha brindado atención de modo oportuno y reiterado a las solicitudes de la recurrente para la entrega de las placas de su vehículo, pero ha sido la inercia de su persona la que ha retrasado la devolución de marras. En primer lugar, se demoró casi dos meses en solicitar la entrega de las placas, pese a que desde el 17 de abril presentó impugnación de la boleta que motivó el retiro de las mismas. En segundo lugar, se tiene registrado que no se presentó a tiempo a la cita otorgada. Y, en tercer lugar, habiendo gestionado una nueva cita para el 23 de julio del año en curso, nuevamente no se presentó a retirar las placas. La Regional de Heredia a la fecha 22 de julio del año en curso, tenía citas disponibles al 03 de agosto del mismo año, sea que a ocho días hábiles existe disponibilidad de obtener cita para el retiro de las placas (...)". Asimismo, en cuanto a la entrega de las placas, expone lo siguiente: "(...) Señalan los recurrentes que el día 25 de junio (fecha de la primera cita otorgada) se presentaron a las 15:40 horas a retirar las placas y que de modo injustificado se cerró la atención a las 16:00 horas, sin atendérseles. En relación a lo anterior, se informa a esa Honorable Sala que la cita se otorgó para las 16:00 horas del 25 de junio del 2020. Conforme a los requerimientos previamente divulgados, el interesado debe presentarse con los documentos requeridos 15 minutos antes de la cita. No obstante, antes de la hora de la cita, los funcionarios de la Unidad de Impugnaciones de Heredia, hicieron varios llamados en voz alta para que la señora Castro Rodríguez se acercara al portón para pasarla y atenderla. Nadie respondió a esos llamados. El último llamado se efectuó a las 16:00 horas en punto y la recurrente tampoco se encontraba presente. En razón de lo anterior, se continuó con la atención de los usuarios que sí se encontraban presentes con la debida antelación. Aproximadamente diez minutos después, se hizo presente la señora Castro Rodríguez reclamando ser atendida y afirmando que nadie la había llamado pese a encontrarse en el lugar desde antes de las 16:00 horas. Ante esto, una funcionaria de la Unidad de Impugnaciones le hizo ver que, debido a su presentación tardía, debía de solicitar una nueva cita, a lo que la señora Castro Rodríguez y su hijo Jason Soto Castro, reaccionaron violentamente gritando improperios al personal de la institución y pateando fuertemente y de forma repetida el portón exterior, al extremo que se les tuvo que solicitar que se abstuvieran de semejante comportamiento. Luego de ello, los recurrentes se retiraron del lugar al tiempo que continuaban gritando improperios en contra de nuestros colaboradores. Como puede verse, la Administración no ha violentado derechos fundamentales de los recurrentes ni ha incurrido en denegación de acceso a la justicia administrativa y al servicio público, pues, muy por el contrario, han sido ellos quienes no acudieron a la cita otorgada y se comportaron de modo violento, inobservando las más mínimas normas de cortesía y urbanidad (...)". En cuanto a la supuesta violación al debido proceso, indica lo siguiente: "(...) En cuanto a la supuesta violación del derecho de defensa y debido proceso en el trámite de la impugnación planteada contra la boleta de citación impuesta, se informa que, tal y como consta en la resolución final dictada dentro del expediente 2020-03-1097, cuya copia certificada se adjunta, se prescindió de la convocatoria a audiencia oral en virtud de que en el mismo escrito de impugnación el recurrente admite haber cometido la conducta que le atribuyó el oficial de tránsito, no rebatiendo ninguno de los elementos del acto administrativo que se le comunicó e intimó, ni aportando elementos de prueba que desvirtuaran la imputación de cargos efectuada (ver Resultando Tercero a folio 32 del expediente certificado). En consecuencia, la evacuación de prueba testimonial devenía impertinente y superabundante, lo que, por aplicación de los Principios de Economía Procesal y Justicia Pronta y Cumplida, llevó al dictado de resolución final sin más trámite. No procede en vía constitucional discutir el fondo de la sanción impuesta, pues para ello el recurrente deberá hacer uso de los mecanismos que legalmente están estipulados para tal fin. Por ende, omitimos referirnos al respecto (...)". Solicita que se desestime el recurso planteado.

4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- Objeto del recurso. El recurrente aduce que las autoridades del Consejo de Seguridad Vial han vulnerado sus derechos fundamentales y los de su madre, por cuanto: a) a la fecha de formulado el amparo y pese a las gestiones realizadas al efecto, no habían devuelto las placas del vehículo decomisadas desde el mes de abril de 2020; b) resolvieron una impugnación interpuesta sin que fuera convocada la audiencia oral y privada requerida para el recibimiento de la prueba testimonial ofrecida y c) no resolvieron una queja que se planteó desde el 25 de junio de 2020 respecto a la entrega de las placas.

II.- Hechos probados. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1) El 12 de abril de 2020, al tutelado -quien conducía el vehículo placas BDG264 propiedad de su madre, la señora María Isabel Castro Rodríguez-, se le confeccionó la boleta de citación No. 2-2020-43900383 por infringir el artículo 145, inciso dd), de la Ley de Tránsito por las Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley No. 9078. En dicha ocasión, el oficial a cargo procedió igualmente a retirar las referidas placas a tenor de lo dispuesto en el ordinal 151, inciso k), de la mencionada ley, específicamente, al mediar la circulación no autorizada por restricción vehicular decretada por la emergencia nacional (ver informe y prueba).

2) El 13 de abril de 2020, el oficial de tránsito a cargo entregó al COSEVI las referidas placas (ver informe).

3) El 17 de abril de 2020, el tutelado impugnó la boleta de citación No. 2-2020-43900383 y solicitó que se realizara una audiencia oral y privada para el recibimiento de la prueba testimonial (ver informe y prueba).

4) El 13 de junio de 2020, la propietaria del vehículo gestionó ante los recurridos la cita para la devolución de las placas, la cual fue programada para el día 25 de junio de 2020 a las 4:00 p.m. La interesada debía presentarse al COSEVI 15 minutos antes de la hora fijada (ver informe).

5) El 25 de junio de 2020, la referida propietaria no se apersonó, a las horas indicadas (15 minutos antes de la hora fijada ni a las 4:00 p.m.) ante la oficina donde se le entregarían las placas de su vehículo. Durante esos quince minutos, la señora María Isabel Castro Rodríguez no respondió a los llamados que le hicieron funcionarios del Consejo recurrido para proceder a realizar la devolución de sus placas (ver informe).

6) A las 4:10 p.m., de 25 de junio de 2020, la señora Castro Rodríguez y su hijo se presentaron ante la mencionada oficina, oportunidad en la cual los recurridos le indicaron que, en virtud de la tardanza en la que incurrieron, no podrían ser atendidos en ese momento y debían tramitar una nueva cita (ver informe).

7) El 25 de junio de 2020, el recurrente y su madre remitieron una queja, vía correo electrónico, a la Dirección Ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial, en virtud de lo ocurrido ese mismo día respecto al trámite de entrega de placas (ver prueba).

8) El 26 de junio de 2020, la señora Castro Rodríguez tramitó ante el COSEVI una nueva cita para la entrega de las placas de su vehículo. Dicha cita se programó para el día 23 de julio de 2020 (ver informe).

9) El 16 de julio de 2020, las autoridades del COSEVI le notificaron al recurrente la resolución No. 2020-03-1097 de las 07:30 horas del 13 de julio de 2020, mediante la cual se resolvió el recurso de impugnación planteado contra la boleta de citación No. 2-2020-43900383 (ver informe y prueba).

10) Las autoridades recurridas no dispusieron realizar la audiencia oral y privada requerida por el amparado, al no ser considerada necesaria. Específicamente, en la mencionada resolución, se consignó lo siguiente: "(...) en la impugnación presentada, se constata que el recurrente presenta prueba documental no relevante y ofreció prueba testimonial, no obstante, reconoce la realización de la conducta por la cual se le sancionó, por lo que se prescinde del señalamiento de la audiencia (...)" (ver informe y prueba).

11) El 20 de julio de 2020, el tutelado formuló el presente amparo (ver escrito de interposición).

12) El 21 de julio de 2020, la autoridad recurrida fue notificada de la interposición de este amparo (ver acta de notificación).

13) El 23 de julio de 2020, la propietaria del referido vehículo no se presentó a retirar las mencionadas placas conforme la cita programada (ver informe).

III.- SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LAS PLACAS. Como primer aspecto, el recurrente señala que el 12 de abril de 2020 conducía el vehículo placas BDG264 (propiedad de su madre, la señora María Isabel Castro Rodríguez), cuando un oficial de tránsito le confeccionó la boleta de citación No. 2-2020-43900383, mediante la cual se le impuso una multa y se le decomisaron las placas. Indica que pese a que ese mismo día gestionó la devolución de las placas, la cita para tal efecto se le programó para el 25 de junio de 2020 a las 04:00 p.m. Acusa que se presentó a dicha cita desde las 03:40 p.m.. sin embargo, las autoridades del COSEVI cerraron la oficina y no lo quisieron atender. Menciona que, en virtud de lo anterior, debió gestionar una nueva cita, la cual se asignó para el 17 de julio, pero a esta no se pudo acudir por la restricción vehicular ordenada en dicha semana. Acusa que tiene esperando más de tres meses y no se le han devuelto las referidas placas. Por ende, solicita que se le ordene a las autoridades del COSEVI proceder con dicha devolución.

Ahora bien, revisados los autos, este Tribunal Constitucional no estima que lleve razón el tutelado.

Lo anterior, en el tanto se tiene por demostrado -conforme el informe rendido bajo juramento-, que a la fecha el recurrente no ha obtenido las placas del referido vehículo en virtud de la incuria y desidia en la que tanto su persona como su madre han incurrido, y no por alguna actuación arbitraria imputable al COSEVI.

Nótese que, según se acreditó, pese a que las placas del automotor fueron decomisadas desde el 12 de abril de 2020, no fue sino hasta aproximadamente dos meses después, sea, el 13 de junio de 2020 (y no el mismo 12 de abril como se aduce), que los interesados gestionaron ante el Consejo recurrido su respectiva devolución. Asimismo, es importante señalar que se tiene por demostrado que aun cuando la cita para proceder con la entrega de las placas se fijó originalmente para el 25 de junio de 2020 (varios días previos a la formulación de este amparo), dicha actuación no pudo concretarse, dado que la propietaria del vehículo no se presentó a la respectiva oficina durante el horario señalado (15 minutos antes de la hora fijada ni a la hora señalada: 4:00 p.m.), pese a haber sido llamada en varias ocasiones para tal efecto por los funcionarios del COSEVI.

Igualmente, cabe destacarse que en autos se acreditó que aún cuando dicha cita se gestionó nuevamente por los interesados el 26 de junio de 2020 y fue programada para el 23 de julio de 2020, la propietaria del vehículo no se apersonó una vez más ante la respectiva oficina del COSEVI y, por ende, sus placas no le fueron devueltas en dicha oportunidad.

El estado de cosas anterior demuestra que las autoridades del COSEVI, de manera diligente y de previo, incluso, a la formulación de este proceso de amparo, programaron dos citas para que el recurrente y su madre procedieran a retirar las placas que les fueron decomisadas. Citas a las que, sin embargo, tal y como se dijo, no se hicieron presentes los interesados por motivos que solamente a ellos les conciernen.

Bajo dicha inteligencia, al no observarse vulnerados los derechos fundamentales del recurrente y los de su madre, lo que procede es desestimar el presente amparo en lo que a este extremo se refiere.

IV.- TOCANTE A LA PRESUNTA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. De otra parte, el tutelado señala que el 17 de abril de 2020 impugnó la boleta de citación que le fue confeccionada y solicitó que se realizara una audiencia oral y privada para el recibimiento de la prueba testimonial. Acusa que el 16 de julio de 2020 le fue notificada, vía correo electrónico, la resolución No. 2020-03-1097 de las 07:30 horas del 13 de julio de 2020, mediante la cual se resolvió el referido recurso de impugnación planteado, sin haberse fijado y celebrado la audiencia oral y privada requerida para que se recibiera la prueba testimonial ofrecida. Por ende, estima quebrantados los derechos a la defensa y al debido proceso.

Al respecto, el Director Ejecutivo del COSEVI informó que ciertamente se prescindió de realizar la mencionada audiencia, dado que en el mismo escrito de interposición de la impugnación el recurrente admitió haber cometido la conducta atribuida por el oficial de tránsito, sin rebatir ninguno de los elementos del acto administrativo que se le comunicó, por lo que "(...) la evacuación de prueba testimonial devenía impertinente y superabundante, lo que, por aplicación de los Principios de Economía Procesal y Justicia Pronta y Cumplida, llevó al dictado de resolución final sin más trámite (...)". Asimismo, consta que lo anterior fue señalado en la resolución No. 2020-03-1097, conforme los siguientes términos: "(...) en la impugnación presentada, se constata que el recurrente presenta prueba documental no relevante y ofreció prueba testimonial, no obstante, reconoce la realización de la conducta por la cual se le sancionó, por lo que se prescinde del señalamiento de la audiencia (...)"

Analizado lo anterior, este órgano constitucional no considera que exista mérito para conocer este agravio por el fondo. Esta Sala ha sido del criterio que la realización de la audiencia para evacuar prueba testimonial, en sí misma, no es una garantía esencial del procedimiento de impugnación. Igualmente este Tribunal ha sostenido que no le corresponde determinar si era o no necesario evacuar una prueba ofrecida en el procedimiento, bastando solamente con verificarse si esta fue rechazada de forma justificada (lo cual sí ocurrió en el caso concreto con respecto a la prueba testimonial ofrecida por el recurrente, tal y como se vio supra). Por ende, esta Sala ha dicho, que cualquier reclamo atinente a estos aspectos deber ser planteado ante las vías ordinarias de legalidad creadas especialmente al efecto.

Así, en la Sentencia No. 2018-10042 de las 09:20 hrs. de 22 de junio de 2018, este Tribunal, sobre este tema en concreto, indicó lo siguiente:

"(...) I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES: DEBIDO PROCESO Y BOLETAS DE INFRACCIÓN. La Sala Constitucional no es una instancia de alzada en los procedimientos que se siguen ante las distintas Administraciones Públicas. En estos casos, su función se limita, únicamente, a enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso (véase en este sentido la sentencia N° 2001-10198 de las 15:29 horas del 10 de octubre de 2001), en el entendido de que no toda violación a las normas procesales constituye una vulneración al debido proceso o al derecho de defensa que pueda residenciarse en esta sede, sino que únicamente lo son aquéllas que, verdaderamente, sean de tal magnitud que coloquen al investigado en un estado material de indefensión. Por consiguiente, a este Tribunal no le compete pronunciarse sobre la admisibilidad, pertinencia y correcta valoración de la prueba que se pretenda evacuar o se rechace admitir en algún procedimiento, ni tampoco sobre supuestas parcialidades, la existencia de la presunta falta imputada, la legalidad y procedencia de las resoluciones que se dictaron durante la tramitación, la de la sanción impuesta, la competencia del órgano que la adoptó, posibles prescripciones y, en general, de todos aquellos vicios in procedendo que pudieran haberse producido durante la tramitación respectiva. Por ese motivo, este Tribunal ha declarado reiteradamente que determinar si una boleta de tránsito fue confeccionada de la manera adecuada y cumplió las condiciones y requisitos legales y reglamentarios del caso —o no lo hizo—, así como conocer de la eventual discusión que pudiera suscitarse respecto del procedimiento para determinar tales aspectos, son todos extremos de legalidad ordinaria que, por su naturaleza, deben resolverse en la vía común, siendo que en el pronunciamiento N° 2011-015982 de las 09:30 horas del 25 de noviembre de 2011, dispuso lo siguiente:

“Mediante sentencia número No. 2011-06348 de las catorce horas y treinta y dos minutos del dieciocho de mayo de dos mil once se resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 152 y 153 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres que disponen:

‘ARTÍCULO 152.- El supuesto infractor podrá recurrir ante la Unidad de Impugnaciones de Boletas de Citación del COSEVI o ante los funcionarios acreditados de dicha Unidad, en las delegaciones que corresponda, de acuerdo con la competencia territorial en que se levantó la boleta de citación y dentro del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a la confección de la boleta.

Para tal efecto, el oficial de tránsito deberá indicar, obligatoriamente, en la boleta al supuesto infractor, en qué lugar puede presentar su recurso.

El supuesto infractor deberá indicar en su recurso, los motivos de éste, así como la prueba de descargo que estime oportuna. Cuando se trate de personas menores de edad, la impugnación puede ser presentada por él mismo, por sus padres o representantes legales.´

‘ARTÍCULO 153.- Recibido el recurso por la Unidad de Impugnación de Boletas de Citación del COSEVI, de inmediato se solicitará la documentación original y, una vez recibida, procederá a levantar la información sumaria correspondiente; en caso de no haber ofrecido prueba testimonial que evacuar o si se trata de asuntos de naturaleza documental, se resolverá en un plazo de diez (10) días hábiles como máximo.

De haberse ofrecido prueba testimonial o documental, se señalará audiencia para su evacuación. La prueba superabundante o impertinente deberá ser rechazada mediante resolución razonada, y será comunicada, al interesado, en el lugar señalado para oír notificaciones. La audiencia se programará dentro del plazo de diez (10) días hábiles, una vez que se encuentre listo el expediente para ser resuelto; pero no podrá ser realizada más allá de los seis (6) meses de la fecha de recibo del recurso. Para el desarrollo de la audiencia, se aplicarán los procedimientos establecidos en la Ley general de la Administración Pública, el Código Procesal Contencioso Administrativo, la presente Ley y el Código Procesal Penal, en lo conducente a materia de contravenciones.

La resolución de fondo del asunto, dictada por la Unidad de Impugnación de Boletas de Citación del Cosevi, pondrá fin al procedimiento administrativo y se ejecutará de inmediato.´

III.- Este Tribunal desestimó la acción en virtud de que consideró que el ordenamiento sí previó la existencia de un recurso, en aquellos casos en que la persona esté disconforme con la infracción impuesta. El hecho de que sea resuelto por una unidad técnica y no por otro órgano jerárquico, no supone la lesión a derecho constitucional alguno, por cuanto como se indicó, a nivel constitucional no se reconoce el derecho a una doble instancia en vía administrativa, quedando de este modo a discreción del legislador, disponer o no la posibilidad de impugnación y su procedimiento”.

De esta suerte, en lo tocante a la admisibilidad de la prueba testimonial, en tesis de principio y salvo casos muy calificados en que se haya dejado a la parte afectada en una evidente indefensión, la Sala se abstiene de conocer tal cuestión, conforme lo indicó en la sentencia Nº 2017003437 de las 09:05 horas del 3 de marzo de 2017, en los siguientes términos:

“En el presente caso, de la lectura de la resolución N° 2017-07-135 de las ocho horas y treinta minutos del seis de febrero de dos mil diecisiete, la Sala justamente constata que la Unidad de Impugnaciones de Limón del COSEVI, rechazó y prescindió del único testigo ofrecido por la tutelada —al igual que de la comparecencia de ley—, alegando que el ofrecimiento en cuestión no cumplía los requisitos de ley porque la interesada no había consignado las calidades completas de su testigo, ni había precisado sobre qué hechos declararía. Dado lo anterior, es evidente que, en el fondo, la tutelada pretende reconducir a esta sede de constitucionalidad la discusión acerca de los requisitos legales que un ofrecimiento de prueba debe reunir para ser admisible ante el COSEVI, con lo que su reclamo incumple el presupuesto de admisibilidad mencionado en el considerando primero de esta resolución. De esta suerte, el extremo debe ser rechazado sin mayores consideraciones. Si persiste en su inconformidad, lo propio es que la recurrente acuda ante la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho proceda (...)". (El destacado no forma parte del original).

Asimismo, en el Voto No. 2018-18411 de las 09:20 hrs. de 2 de noviembre de 2018, esta Sala, al conocer un asunto similar al ahora planteado, expuso lo siguiente:

"(...) I.- DEBIDO PROCESO Y TUTELA CONSTITUCIONAL. La Sala Constitucional no es una instancia de alzada en los procedimientos que se siguen ante las distintas Administraciones Públicas. En estos casos, su función se limita, únicamente, a enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso (véase en este sentido la sentencia N° 2001-10198 de las 15:29 horas del 10 de octubre de 2001), en el entendido de que no toda violación a las normas procesales constituye una vulneración al debido proceso o al derecho de defensa que pueda residenciarse en esta sede, sino que únicamente lo son aquéllas que, verdaderamente, sean de tal magnitud que coloquen al investigado en un estado material de indefensión. Por consiguiente, a este Tribunal no le compete pronunciarse sobre la admisibilidad, pertinencia y correcta valoración de la prueba que se pretenda evacuar o se rechace admitir en algún procedimiento, ni tampoco sobre supuestas parcialidades, la existencia de la presunta falta imputada, la legalidad y procedencia de las resoluciones que se dictaron durante la tramitación, la de la sanción impuesta, la competencia del órgano que la adoptó, posibles prescripciones y, en general, de todos aquellos vicios in procedendo que pudieran haberse producido durante la tramitación respectiva.

II.- DEBIDO PROCESO Y BOLETAS DE INFRACCIÓN. Por ese motivo, este Tribunal ha declarado reiteradamente que determinar si una boleta de tránsito fue confeccionada de la manera adecuada y cumplió las condiciones y requisitos legales y reglamentarios del caso —o no lo hizo—, así como conocer de la eventual discusión que pudiera suscitarse respecto del procedimiento para determinar tales aspectos, son todos extremos de legalidad ordinaria que, por su naturaleza, deben resolverse en la vía común. En este sentido, en la sentencia Nº 2018009620 de las 09:20 horas del 15 de junio de 2018, este Tribunal declaró que la realización de la audiencia para evacuar prueba testimonial, en sí misma, no es una garantía esencial del procedimiento de impugnación, en los siguientes términos:

“EN CUANTO A LA PROCEDENCIA O NO DE REALIZAR UNA AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INTERÉS. Ante un caso similar al aquí planteado, esta Sala se pronunció en Sentencia N° 2017-12823 de las 9:20 horas del 11 de agosto de 2017, en los siguientes términos:

‘…Reclama el recurrente que la impugnación que promovió contra el boleta de citación que se le impuso, se denegó sin realizar la audiencia que dispone el artículo 164 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial número 9078. Debe indicársele al amparado que la audiencia que se echa de menos no es una garantía esencial del procedimiento de impugnación, pues, su señalamiento dependerá de la necesidad de evacuar la prueba testimonial, pericial o documental ofrecida (ver resolución 2017002977 de las 09:30 horas del 24 de febrero de 2017). Siendo así las cosas, la discusión que se plantea es de legalidad ordinaria y no de constitucionalidad. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara…´.

De conformidad con las razones expuestas, no le corresponde a este Tribunal determinar si era o no necesario evacuar la prueba ofrecida en ese procedimiento administrativo. Por tratarse de una cuestión de legalidad, el recurrente podrá acudir a la sede de legalidad ordinaria”.

III.- DEL CASO CONCRETO. De lo anteriormente expuesto, y de la lectura de la resolución 2018-06-406 (aportada al expediente a las 10:35 horas del 11 de junio de 2018), por medio de la cual se declaró sin lugar la impugnación interpuesta por Ronald Porras Gómez contra la boleta de citación 2018-70100300, la Sala justamente constata que la Unidad de Impugnaciones de Boletas de Citación de San José, del Consejo accionado, rechazó la prueba testimonial ofrecida, alegando que... la sola mención del nombre del testigo no es suficiente, falta la correlación del mismo con los hechos, especificar a qué se va a referir, en aplicación del artículo 354 del Código Procesal Civil. Es evidente que, en el fondo, la recurrente pretende reconducir a la vía del amparo la discusión acerca de los requisitos legales que un ofrecimiento de prueba debe reunir para ser admisible, lo cual es materia de legalidad ordinaria. No existe obligatoriedad de realizar una audiencia, pues como se indicó, no es una garantía esencial del procedimiento de impugnación, pues su señalamiento dependerá de la necesidad de evacuar prueba, y en la especie fue rechazada. Al no tratarse de un tema de constitucionalidad, sino de legalidad ordinaria, el recurso es inadmisible y así se declara”. (El resaltado con subrayado no es del original; véase en el mismo sentido la resolución Nº 2017003437 de las 09:05 horas del 3 de marzo de 2017).-

De esta forma, en lo tocante a la admisibilidad de la prueba testimonial, en tesis de principio y salvo casos muy calificados en que se haya dejado a la parte afectada en una evidente indefensión, la Sala se abstiene de conocer tal cuestión, puesto que lo único de importancia para esta jurisdicción es que la Administración justifique cabalmente por qué razón prescindió del ofrecimiento de prueba y de la audiencia de rigor.

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub judice, la Sala aprecia que el recurrente pudo interponer su recurso de impugnación, el cual le fue resuelto por medio de la resolución N° 2018-08-41 de las 15:20 horas del 9 de octubre de 2018, con mención expresa de las razones por las cuales se dispuso desestimarlo. Asimismo, si bien aquél ofreció un testigo, en esa misma resolución se le indicó que al amparo de las disposiciones 290 y 354 del Código Procesal Civil; 163 y 164 de la Ley de Tránsito, y 221, § 3); así como 297 y 302 de la Ley General de la Administración Pública, dicha prueba testimonial debía ser rechazada porque aquél no había indicado a cuáles hechos se iba a referir la testigo en cuestión, ni las calidades completas de la declarante. De esta suerte, como no se observa que se le haya dejado en estado de indefensión, lo cierto es que los alegatos que formula sobre supuestas violaciones del debido proceso son improcedentes o propios de la legalidad y deben ser rechazados sin mayores consideraciones. Deberá la parte recurrente, si a bien lo tiene, plantear su inconformidad o reclamo en la vía jurisdiccional competente, sede en la cual podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso debe ser rechazado por el fondo y así se declara.(...)". (El destacado no forma parte del original).

Bajo dicha inteligencia y, al no existir motivos que hagan variar el criterio sostenido en las sentencias parcialmente transcritas, esta jurisdicción estima pertinente desestimar el presente proceso en lo tocante a este agravio en particular.

V.- EN CUANTO AL PRESUNTO QUEBRANTO AL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL. Finalmente, el recurrente señala que el día 25 de junio de 2020, tanto su persona como su madre, formularon un reclamo ante el Director Ejecutivo del COSEVI por no haber sido atendidos ese mismo día y no haberles sido devueltas las placas de su vehículo. Sin embargo, acusa que, para la fecha de formulado este amparo, dicha queja no había sido resuelta.

Una vez revisado el mencionado agravio, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para conocerlo por el fondo. Debe tomarse en cuenta que esta Sala, a partir de lo dispuesto en el Voto No. 2545-2008 de las 08:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, tomó la determinación (salvo algunas excepciones que no se relacionan con el caso bajo estudio), de enviar a la jurisdicción contenciosa administrativa aquellos casos en los que se alega la infracción al derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, consagrado en el ordinal 41 constitucional. En dicha sentencia, de modo expreso, se indicó lo siguiente:

“(…) I.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CELERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra- procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso- administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

II.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no con los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso- administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa (…)”.

Así las cosas, la presunta dilación incurrida por las autoridades del COSEVI en conocer y resolver la referida queja planteada por los interesados el 25 de junio de 2020, debe ser alegada, si a bien lo tienen, ante la citada jurisdicción contenciosa administrativa.

VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

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