Sentencia Nº N de Sala Constitucional, 27-08-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentenciaN
Número de expedienteExp:
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Exp: 21-013723-0007-CO

Res. Nº 2021019096

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las nueve horas quince minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 21-013723-0007-CO, interpuesto por MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, cédula de identidad 0111460917; contra el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, y el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la secretaria de la S. a las 18:26 horas del 15 de julio de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de S., Ministerio de Agricultura y G.ía, Ministerio de Ambiente y Energía, y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Relata, que es la Presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Refiere, que acude en contra de los jerarcas de los ministerios de S., Agricultura y G.ía, Ambiente y Energía y Trabajo y Seguridad Social, por retardar y evitar la publicación del decreto ejecutivo de Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan los ingredientes activos paraquat y diquat y sus sales, con lo cual comprometen los derechos constitucionales a la vida, la salud y a tener un ambiente ecológicamente equilibrado, así como el principio in dubio pro natura, también conocido como principio precautorio. Resalta que, a nivel internacional, el paraquat forma parte de la denomina docena sucia. Señala que, en el 24 de febrero de 2004, entró en vigor el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional; y en 2007, por medio del Decreto Ejecutivo N° 34139-S-MAG-TSS-MINAE, del 9 de abril de 2007, se estableció que se restringe el producto: la venta y comercialización se realiza sólo con receta profesional, y están prohibidas las aplicaciones aéreas y terrestres a bajo y ultra bajo volumen. Además, el ingrediente técnico como el producto formulado deben de contener un colorante azul/verdoso así como un olor característico para su rápida identificación. Comenta que, el 7 de marzo de 2017, la D.ón General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, remitió la nota N° DGPE-171-03-2017, al Ministerio de Agricultura y G.ía, solicitando la posición de ese ministerio en relación a una posible inclusión del paraquat como sustancia listada en el Anexo II de la Convención de Rotterdam. Sostiene, que después de múltiples gestiones entre el Ministerio de S. y el Ministerio de Agricultura y G.ía, por segunda ocasión, la D.ón de Asuntos Jurídicos del MS, por medio de La Gaceta N° 69 del 20 de abril de 2018 (DAJCB-727-2018), inició el proceso de consulta pública del proyecto de normativa de prohibición del paraquat y sus sales. Destaca que en julio de 2018, los técnicos de los ministerios recurridos publicaron un exhaustivo y detallado informe técnico-científico denominado: Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente, en el cual se concluye que: De acuerdo con la información compilada sobre las propiedades del paraquat, reflejan preocupaciones sobre los efectos que se generan sobre el ambiente por el uso de este producto como herbicida. Por ejemplo, la contaminación de aguas subterráneas y del suelo, así como la muerte de organismos que son la base de la cadena trófica, lo cual desestabiliza el equilibrio natural de los ecosistemas. A esto se suma la preocupación por el uso que se da del herbicida en el campo como desecante con lo que es muy probable que se produzcan dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas tanto para humanos como para otros seres vivos. () Por su parte, por la alta incidencia y gravedad de las intoxicaciones reportadas al Ministerio de S. y al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CCSS), se recomienda la prohibición del plaguicida Paraquat en sus distintas formulaciones. Asimismo, se considera de importancia eliminar de raíz la posibilidad de éxito de las intoxicaciones por intento de suicidio, las que representan entre los años 2012- 2016 más de un 50% del total. Dicho impacto sólo puede ser logrado mediante la prohibición absoluta, eliminando la disponibilidad de este producto, que a pesar de ser regulado por receta profesional, se abre camino para presentar dichos riesgos. Explica que, por oficio con fecha 27 de mayo de 2021, le solicitó al ministro de S., información de su interés, indicando expresamente: () Nos remitimos a usted muy atentamente con la finalidad de solicitarle información sobre el estado actual del proyecto de publicación en La Gaceta del decreto ejecutivo para hacer efectiva la PROHIBICIÓN DEL REGISTRO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, REEMPAQUE, REENVASE, MANIPULACIÓN, VENTA, MEZCLA Y USO DE INGREDIENTES ACTIVOS GRADO TÉCNICO Y PLAGUICIDAS SINTÉTICOS FORMULADOS QUE CONTENGAN LOS INGREDIENES ACTIVOS PARAQUAT Y DIQUAT Y SUS SALES, sustentado en el informe técnico-científico Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente, elaborado por técnicos del MAG, MTSS, M. y Minsalud, hace 34 meses (julio de 2018). (). Alega que, como respuesta, el 08 de junio el ministro de S. le indicó a través del oficio MS-DM-4639-2021 que: () La propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y G.ía, S., así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto. (). Reclama, que lo señalado por el ministro de S. hace ver el desinterés y negligencia para enviar a publicar el decreto de prohibición aludido. Estima, que tal explicación no es más que una excusa ilógica e inadmisible, puesto que el trabajo que vienen haciendo esos ministerios nada tiene que ver con hacer efectiva la recomendación fundamentada técnicamente en el informe que rindieron los funcionarios que conformaron la Comisión Interministerial (MS, MINAE, MTSS, MAG) en julio de 2018, sobre publicar en La Gaceta el decreto de prohibición mencionado. Asimismo, considera que queda manifiesta la intención de los jerarcas de los ministerios recurridos de evadir su responsabilidad como funcionarios públicos, ya que la propuesta del decreto de prohibición en cuestión ha estado en sus respectivos despachos desde julio del 2018. Por lo expuesto, acude a la S. en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de las 13:11 horas del 16 de julio de 2021, se previno a la recurrente para que aportara copias completas, legibles y con los respectivos comprobantes de recibido o envío de las gestiones que -según indica- formuló ante las autoridades recurridas y, de haber recibido alguna resolución, indicar cuál fue su resultado y presentar la documentación generada con ocasión de dichas diligencias. Lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda y bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere.

3.- Mediante resolución de Presidencia de las 16:55 horas del 22 de julio de 2021, se dio curso al proceso y se otorgó audiencia al Ministro de S., el Ministro de Agricultura y G.ía, la Ministra de Ambiente y Energía, y la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, para que se refieran a los hechos objeto de este recurso.

4.- Informa bajo juramento, L.R.A.R., en su condición de Ministro de Agricultura y G.ía, que con el oficio DM-MAG-237-2018, el entonces Ministro de Agricultura y G.ía, señor L.F.A.C., remitió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las observaciones, efectuadas por el Servicio Fitosanitario del Estado al borrador del decreto de prohibición del Paraquat, efectuadas en el oficio AE-REG-0385/2018, según el cual: Con respecto al documento que me fue remitido vía correo electrónico que corresponde al traslado realizado por el despacho ministerial a la D.ón del SFE le indico lo siguiente: En su momento participé en la reunión sobre la propuesta de prohibir el uso de paraquat, misma que tomó auge cuando el despacho según indicaron estaba de acuerdo con incluirlo en el convenio de Rotterdan (importación de consentimiento previo) Posteriormente se dejó de lado este tema para iniciar a analizar la situación de Glifosato producto de una solicitud realizada por los despachos ministeriales involucrados en este tema Desde un inicio la parte técnica indicó que el Paraquat no tiene efectos negativos para la agricultura nacional y que no existe sustituto. De acuerdo a las competencias de cada ministerio están en la facultad de ordenar la prohibición de un plaguicida siempre y cuando se presenten las justificaciones técnicas. En los considerandos 17 y 18 de dicha propuesta enuncian sobre las intoxicaciones con paraquat sin que se demuestre que dichas intoxicaciones son de accidentes laborales agrícolas. El país cuenta con Decreto No 34139 S-MAG- TSS-MINAE de restricción de uso de paraquat, se debe tomar en cuenta que no hay alternativas similares para la agricultura costarricense y que un efecto de prohibición en el país puede incrementar el contrabando debido a que en nuestros países vecinos no está prohibido su uso. Señala, que posteriormente, mediante el oficio DM-652-2018, se le contestó la solicitud del señor J.E.G.ía G.ález, representante de la Red de Coordinación en Biodiversidad, en que se le indicó que: “…me permito indicarle que las instituciones involucradas en dicho decreto son Ministerio de Agricultura y G.ía, Ministerio Trabajo y Ministerio de S., la última citada es la que coordina y quien tiene en su poder el expediente administrativo. Por lo tanto, agradezco su solicitud sea dirigida al Ministerio de S.…” Refiere, que el Ministerio que representa cumplió con su obligación de enviar las observaciones al borrador de decreto de Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan los ingredientes activos paraquat y diquat y sus sales. Asimismo, aclara que es el Ministerio de S. quien lideraba el proceso, por lo que es a éste a quien correspondía los trámites propios para el avance del decreto supra citado. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Informa bajo juramento D.S.P., en su condición de Ministro de S., que de acuerdo al Oficio N° MS-DPRSA-632-2021, del 27 de julio del 2021, suscrito por el Ing. E.A.V.. Director en la D.ón de Protección R.ógica y S. Ambiental; así como Oficio N° MS-DM-4639-2021 del 08 de junio del 2021, emitido por el suscrito Ministro de S., en síntesis, se afirma que la decisión de circunscribirse a una molécula, el paraquat, responde al interés y respeto por las decisiones que se analizaron internacionalmente en el año 2017, bajo el auspicio del Convenio de Rotterdam del que Costa Rica es parte, y el Ministerio de Agricultura y G.ía, el punto focal para los plaguicidas. Indica, que al existir ya un avance reglamentario enmarcado en el Decreto 34139-S-MAGTSS- MINAE, del 09/04/2007, que prohíbe ciertas aplicaciones y restringe la comercialización del paraquat al hacer obligatoria la receta profesional, es para el país un paso natural seguir esa línea y no incorporar otras moléculas como el Diquat en una futura prohibición total, como se pretendió en su momento con la propuesta de reglamento a la que hace referencia la Red de Coordinación en Biodiversidad. Advierte, que al respecto la posición supracitada del Ministro de Agricultura y G.ía (2017) en que se coloque al paraquat en el Anexo II del Convenio de Rotterdam, sería un paso previo para mayores restricciones. Refiere, que la Comisión que analizó el caso consideró además que existen importantes diferencias entre el paraquat y diquat en cuanto a usos permitidos en cultivos, toxicidad, consumo y uso en comportamiento suicida, según los antecedentes nacionales. Aclara, que el diquat se usa principalmente para el control de plantas acuáticas o cultivos que están sumergidos. A., que el Ministerio de S. tramitó en dos ocasiones la consulta pública de dicho reglamento, y se documentó la oposición por sectores involucrados, así como observaciones del público y otras instituciones, entre ellas la FECON, DIGECA, Cámara de Insumos Agropecuarios, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Cámara Nacional de Agroinsumos y Productos Genéricos (CANAPROGE). Añade, que algunas de las razones de la oposición son de índole jurídica, indicándose que no es el Ministerio de S. el ente competente para dicho trámite, sino el Servicio Fitosanitario del Estado quién debe tramitar dicha prohibición. Expone, que el Ministerio, a través de la D.ón de Regulación de Productos de Interés Sanitario, y no la D.ón de Protección R.ógica y S. Ambiental (DPRSA), participa en la Comisión de Registro de Plaguicidas, junto con el SFE (Coordinador) y representantes de la DIGECA (MINAE); si bien por experticia ambiental y jurídica la DPRSA colaboró en la comisión ad-hoc que elaboró el Perfil sobre el Paraquat y sus sales, al inicio de las gestiones sobre dicho instrumento jurídico. A., que según lo indicado en el Oficio N°MS-DM-4639-2021 del 8 de junio de 2021, la propuesta del decreto ejecutivo señalado no se ha concretado puesto que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y G.ía, S., así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto indicado, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto. Aclara, que no es el Ministerio de S. el ente competente para tramitar dicha prohibición, sino el Servicio Fitosanitario del Estado. Menciona, que los Ministerios de Agricultura y G.ía, S., Ambiente y Energía, han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en el país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá más normativa de interés, como lo es el caso del decreto ejecutivo de prohibición de los herbicidas paraquat y diquat y sus sales, pudiendo ser analizadas y promulgadas, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización que se ha venido realizando con la expectativa de que se culmine pronto. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar el recurso

6.- Informa bajo juramento, A.M.M., en su condición de Ministra de Ambiente y Energía, que su representada ha participado en el proceso de elaboración del decreto señalado por la recurrente, por medio de su dependencia técnica: la D.ón de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA). Señala, que el paraquat está prohibido en treinta y dos países, incluidos veintisiete países de la Unión Europea; además, su uso es restringido en diez países, entre estos Costa Rica que por medio del Decreto Ejecutivo N° 34139-S-MAG-TSS-MINAE, del 9 de abril de 2007, se Regula el registro, la fabricación, la formulación, el reempaque, el almacenamiento, la venta, la mezcla, la comercialización y uso, de materia prima o producto formulado, de los productos que contengan el plaguicida agrícola dicloruro de paraquat. Manifiesta, que el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, fue aprobado por Costa Rica por medio de la Ley Nº 8705 del día 13 de febrero del 2009 y ratificado por medio del Decreto Ejecutivo Nº 35416-RE del 30 de junio de 2009. Indica, que de acuerdo al criterio expresado por el Comité de Revisión de Químicos del Convenio de Rotterdam, el paraquat, en formulaciones líquidas (concentrado emulsionable y concentrado soluble) que contengan, como mínimo, 276 gramo por litro de dicloruro de paraquat, equivalente a concentraciones de ión paraquat iguales o superiores a 200 gramo por litro formulaciones liquidas cumple con las características de alta peligrosidad que justifican ser incorporado en el Anexo III de dicho convenio. Aclara, que el paraquat no forma parte de la denominada docena sucia que es la lista de Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs), que se pretenden eliminar según lo acordado en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (Ley número 8538). Relata que, en el año 2017, la D.ón General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, remitió nota DGPE-171-03-2017 al Ministro de Agricultura y G.ía, solicitando la posición oficial de ese Ministerio (como punto focal de este Convenio), en relación con una posible inclusión del Paraquat dentro de la lista de sustancias del Anexo III. Expone, que el 21 de abril de 2017, mediante nota DM-MAG-275-2017, L.F.A.C., entonces ministro de Agricultura y G.ía, indicó a la D.ón General de Política Exterior que su Despacho Ministerial estaba de acuerdo con dicha inclusión; debido a lo anterior, el Servicio Fitosanitario del Estado convocó a reunión a los Ministerios de Agricultura y G.ía, S., Ambiente y Energía y Trabajo y Seguridad Social para que aportaran información técnica y evaluar la prohibición de este producto a nivel nacional. Expone, que el grupo de trabajo conformado por funcionarios del Ministerio de Agricultura y G.ía, Ministerio de S., Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboraron tanto el informe denominado: Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente finalizado en junio del año 2017, así como la redacción del borrador de decreto Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales. Indica, que el proceso de consulta pública del decreto en mención fue del 24 de abril de 2018 al 15 de mayo de 2018, verificable en el siguiente link: https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/1162 y la D.ón de Gestión de Calidad Ambiental emitió dos observaciones mediante el Oficio DIGECA-164-2018, debido a que se identificaron variaciones en el texto elaborado en el año 2017 por el grupo de trabajo técnico. Añade que, posteriormente, la propuesta de decreto llegó al despacho del Ministerio de Ambiente y Energía para la respectiva firma en dos ocasiones, en la cuales la D.ón de Gestión de Calidad Ambiental emitió los oficios: DIGECA-353-2018 el 14 de agosto de 2018 y el DIGECA-401-2018 el 04 de octubre de 2018; en este último oficio, se avaló la firma de la propuesta siempre y cuando se atendiera una corrección en el artículo 1 del texto. Refiere que, después, mediante el oficio DM810-2018 del 27 de noviembre de 2018, C.M.R.íguez (entonces ministro de Ambiente y Energía) remitió al Ministerio de S. el decreto firmado y posterior a esto, se desconoce lo sucedido con el borrador del reglamento. Asevera, que tanto su representada como la D.ón de Gestión de Calidad Ambiental no comparten lo indicado en el Oficio MS-DM-4639-2021 del Ministerio de S., puesto que el trabajo en la normativa de agroquímicos que se realiza hasta la fecha, ha estado enfocado en la elaboración de reglamentos para el registro de plaguicidas y otros agroinsumos; es decir, al no estar relacionado con el proceso de restricción o prohibición de moléculas en particular, como es el caso del paraquat, no entiende cómo la firma del decreto de prohibición del paraquat afectaría o se vería afectada por el proceso de mejora regulatoria en la normativa general de plaguicidas. Afirma, que la D.ón de Gestión de Calidad Ambiental apoya la prohibición del paraquat a la mayor brevedad y recomienda solicitar al Ministerio de S. la última versión de la propuesta de decreto para revisarla y proceder con la firma respectiva por parte de la Ministra de Ambiente y Energía; por su parte, respecto al diquat, se cuenta con la mejor disposición para participar en el proceso de regulación de dicho plaguicida, porque su representada únicamente ha trabajado en la elaboración del informe y propuesta de decreto de prohibición para la molécula paraquat. Por lo anterior, solicita se declares sin lugar el recurso.

7.- Informa bajo juramento S.L.P., en su condición de Ministra de Trabajo y Seguridad Social, que en el mes de junio del año 2017, una comisión interinstitucional conformada por personas funcionarias del MINAE, MTSS, MAG y MS elaboró un perfil del Herbicida Paraquat, Riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente, que concluyó en preocupaciones por los efectos ambientales del producto sobre aguas subterráneas, suelo, causante de muerte de organismos que son la base de la cadena trófica, producción de dioxinas y furanos, sustancias tóxicas para los seres humanos y otros seres vivos, además, por la alta incidencia y gravedad de las intoxicaciones reportadas al Ministerio de S. y al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, recomendaron la prohibición del plaguicida Paraquat en sus distintas formulaciones. Señala, que el Consejo de S. Ocupacional, órgano técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por Acuerdo Nº 2888-2017 de la Sesión Ordinaria Nº 1969-2017 de fecha 22 de noviembre del 2017, acordó: Remitir la propuesta de decreto para la Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales, al Ministro de Agricultura y G.ía y al Ministro de Ambiente y Energía, con la finalidad de que un plazo de 30 días naturales, a partir de su notificación, remitiera sus observaciones y e indicara si estaba de acuerdo en sumarse a la firma de la propuesta, para lo cual se remitieron los oficios MTSS-CSO-OF-09-2017 y MTSS-CSOOF- 10-2017, ambos de fecha 05 de diciembre del 2017. |Menciona, que mediante oficio DAJ-SM-1944-2017 de fecha 25 de octubre del 2017, emitido por la D.ón de Asuntos Jurídicos del Ministerio de S. y dirigido a la Licenciada Kattia Sáenz B., Directora de la D.ón de Mejora Regulatoria del MEIC, le solicitó que en atención al aviso de consulta pública con número de referencia DAJ-SM-1806-2017 publicado en La Gaceta Nº 200 del 24 de octubre del 2017, dejar sin efecto la consulta pública para la propuesta de reglamento Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales. Afirma, que por correo enviado el día 17 de abril del 2018, por la D.ón de Asuntos Jurídicos del Ministerio de S. a la Imprenta Nacional, se solicita la publicación con el carácter de urgencia del aviso de consulta pública DAJ-CB-272-2018 del Reglamento en cuestión. A., que en La Gaceta Nº 69 del viernes 20 de abril del 2018, salió publicada la consulta pública DAJ-CB-727-2018 de la D.ón de Asuntos Jurídicos del Ministerio de S. relacionado con el citado Reglamento. Informa, que mediante oficio Nº DM-MAG-237-2018 de fecha 07 de mayo del 2018, el Ministro de Agricultura y G.ía dio respuesta al oficio MTSS-CSO-OF-9-2017, en relación al reglamento que acá interesa. Expone, que mediante oficio Nº CSO-DE-OF-205-2018 de fecha 23 de julio del 2018, la Directora Ejecutiva del CSO, María G.V.F., advirtió al Ministerio de Ambiente y Energía que no se recibió respuesta por parte de dicha entidad con relación a la consulta de este reglamento acordada en el Acuerdo Nº 2889-2017 de la sesión Nº 1969-2017 de la Junta Directiva del Consejo. Sostiene, que por oficio Nº DIGECA-353-2018 de fecha 14 de agosto del 2018, la D.ón de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía dio respuesta al oficio CSO-DE-OF-205-2018, manifestándose de acuerdo con la propuesta. D., que mediante oficio Nº CSO-DE-OF-275-2018 de fecha 17 de setiembre del 2018, emitido por la D.ón Ejecutiva del Consejo de S. Ocupacional y dirigido a la señora G.A.M.ñoz, en su condición de Ministra de S., le solicita interponer sus buenos oficios ante la D.ón de Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio, con el fin de que agilice los trámites administrativos del proyecto de Reglamento, mismo que obra en poder de dicha D.ón Jurídica y se reiteró la importancia de que dicho reglamento salga a la vía jurídica a la mayor brevedad. Precisa, que por oficio Nº MS-DM-4639-2021 de fecha 08 de junio del 2021 suscrito por el actual Ministro de S., D.D.S.P., y dirigido a la Sra. M.P.R. en su carácter de presidenta de la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), indica que en respuesta a su consulta relacionada al reglamento que acá interesa, la propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y G.ía, S., así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto. D., que al día de hoy, el sitio web del MEIC https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/1162 indica que la consulta pública del Reglamento en cuestión fue efectuada por el Ministerio de S. y que la audiencia pública venció el día 07 de mayo del 2018 y tiene una oposición presentada y varios comentarios ciudadanos. Agrega, que a la fecha ni el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni el Consejo de S. Ocupacional han recibido comunicación alguna de parte del Ministerio de S. con respecto a los resultados posteriores a la consulta pública realizada y es el Ministerio de S. quien realizó la consulta pública, por lo que se encuentran a la espera de los resultados de la gestión. Concluye, que no existe ningún trámite pendiente de parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o bien de parte del Consejo de S. Ocupacional como órgano técnico adscrito a este Ministerio en lo que se refiere al Reglamento para la Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales. Señala, que se está a la espera de la comunicación del Ministerio de S. en cuanto a los resultados de la consulta pública DAJ-CB-727-2018 publicada en La Gaceta Nº 69 del viernes 20 de abril del 2018, de la D.ón de Asuntos Jurídicos del Ministerio de S., relacionada con el citado Reglamento. Estima que dicha reglamentación es un claro compromiso social y de interés público, por lo que una vez recibida la documentación desde el Ministerio de S., el procedimiento siguiente es trasladarlo a conocimiento de la Junta Directiva del Consejo de S. Ocupacional. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar el recurso.

8.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la S., a las 9:18 horas del 17 de agosto de 2021, A.C.T., en su condición de Presidente de la Asociación Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, se apersona como coadyuvante pasivo. Manifiesta, que el paraquat está registrado y se usa en aproximadamente en noventa países desarrollados y en desarrollo en todo el mundo, incluso en los principales mercados agrícolas claves, que cuentan con algunos de los sistemas regulatorios más exigentes, tales como Canadá, Australia. l*l*.UU, J.ón y Nueva Zelanda. E., que el paraquat es un producto que controla de forma rápida y eficientemente las arvenses, en especial las que poseen resistencia a otros herbicidas, siendo una opción importante para el sector agrícola. Menciona, una de las ventajas del uso del paraquat es que puede ser utilizado en época lluviosa, por lo que resulta un producto importante en países tropicales como es el caso de Costa Rica. Afirma, que dicho producto ayuda para que el desarrollo de los cultivos sea más eficiente, pues reduce el uso del arado y su impacto sobre el recurso edáfico; favorece los programas de Manejo y Conservación de Suelos (Mitigación de la erosión), y el incremento de la productividad de los diferentes cultivos. A., que es un producto seguro siempre y cuando se sigan las recomendaciones de uso y aplicación indicados por el formulador o fabricante. Expone, que no presenta residualidad de ningún tipo en los diferentes productos alimenticios en que se utiliza durante su cultivo. Explica, que es esencial en la producción de cultivos como piña, café, papa y pastos, siendo que en el año 2020, dichos cultivos sumaron 213.040 hectáreas. Alega, que el uso del paraquat tiene un fuerte impacto en la producción costarricense, pues su empleo no sólo reduce los costos de producción. sino que evita la pérdida de cosechas. Declara, que el paraquat es un herbicida que se aplica anualmente para controlar malezas y pastos invasores en cultivos que incluyen algodón, maíz y soja, siendo que no se encuentran disponibles alternativas individuales directas al paraquat. Aclara que todos los productos de paraquat son de uso restringido y solo pueden ser utilizados por aplicadores de plaguicidas certificados. Estima, que de restringirse el uso del Paraquat se afectaría al agricultor, ya que no existe un producto eficaz que lo sustituya, siendo que se pondría en peligro la productividad de la producción agrícola, situación por la que habría una dependencia e incremento de las importaciones de esos productos, aunado a un aumento del contrabando y, por ende, de la evasión fiscal. Advierte, que la aplicación de glifosato tiene un costo menor que el paraquat; sin embargo, sólo puede ser utilizado de forma premergente, ya que posteriormente al establecimiento del cultivo le causaría daño, por lo que no puede sustituirlo. A., que debido a esta situación se debería combinar con glufosinato de amonio o el control mecánico, lo cual al final tendría consecuencias negativas para el productor ya que se incrementarían sustancialmente los costos de aplicación. Añade, que el Glufosinato de Amonio es un herbicida de amplio espectro; pero su problema estriba en que sus costos de aplicación son más altos comparados con el paraquat, por lo que este último es la mejor opción tanto económica como para el control de las malezas. Sostiene, que científicamente está descartado que el Paraquat produzca daños a la salud humana si se utiliza conforme a las instrucciones de su fabricante. Puntualiza, que sustituir el Paraquat en estos momentos por otros productos disponibles en el mercado implicaría aumentar los costos de producción y ello, podría sacarlos del mercado, dada la alta competencia existente, de manera que es esperar como ha dicho el Ministro de S., dado que "desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y G.ía, S., así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en el país. Considera que los hechos indicados y que curiosamente la recurrente soslayó, demuestran que el uso del Paraquat, en las dosis y condiciones establecidas por sus fabricantes, no atentan contra la salud y, como todo producto químico utilizado en agricultura, tiene algunos efectos residuales para el mismo cultivo; sin embargo, en el caso del Paraquat los niveles de intoxicación son muy bajos, inclusive si se lo compara con otros productos para uso agrícola que nunca han sido cuestionados desde el punto de vista del derecho de protección a la salud. Reitera, que la evidencia científica demuestra que el Paraquat no es un producto peligroso para la salud humana, como errónea y maliciosamente lo afirma la recurrente, prueba de ello, es que no se conoce ni un solo caso de un ser humano que haya fallecido como consecuencia directa de haber estado expuesto laboralmente a una plantación en que se usó el Paraquat. Asevera, que según está demostrado con sólida evidencia científica, dicho producto no tiene efectos directos ni indirectos sobre la salud humana al utilizarse de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta y panfleto. Enfatiza, que las exigencias del desarrollo económico entran constantemente en conflicto con las regulaciones en materia ambiental, cuando no se considera dentro de la ecuación el beneficio, como sí lo hace por ejemplo la agencia ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) al realizar las evaluaciones de riesgo de los plaguicidas. Concluye, que el uso del paraquat es conforme con el principio del desarrollo sostenible, pues permite que la actividad agrícola sea explotada con respecto absoluto del ambiente. Por tanto, la supuesta violación invocada por la recurrente carece totalmente de asidero jurídico.

9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

R..e.M....S.A.; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente acusa que, desde julio de 2018, los órganos recurridos han retardado y evitado la publicación del decreto ejecutivo de Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan los ingredientes activos paraquat y diquat y sus sales, con lo se comprometen los derechos constitucionales a la vida, la salud y a tener un ambiente ecológicamente equilibrado, así como el principio in dubio pro natura, también conocido como principio precautorio.

II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta S. ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo instruido de oficio o a instancia de parte o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por presunta violación al derecho a la salud y al ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación planteada en este amparo para no prolongar más el conocimiento de la denuncia planteada por la recurrente, por las circunstancias y retrasos supuestamente presentados por parte de las autoridades recurridas.

III.- SOBRE LA COADYUVANCIA PLANTEADA. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da, cuando una persona actúa en un proceso, adhiriéndose a las pretensiones de algunas de las partes principales. En consecuencia, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso; sin embargo, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento (Véanse, entre otras, las Sentencia N° 2010-000254, de las 11:28 horas el 08 de enero de 2010, y la N° 2018019952, de las 9:30 horas de 30 de noviembre de 2018). En el caso bajo análisis, esta S. admite la solicitud de coadyuvancia pasiva presentada por A.C.T., en su condición de Presidente de la Asociación Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, por tener un interés directo en el presente asunto. En términos generales, el solicitante indica, que la prohibición del uso de paraquat no afecta la salud ni el ambiente y que el producto es necesario para la productividad agrícola del país. Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por el mencionado interviniente, resultan admisible la coadyuvancia.

IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:

a) Sin precisar fecha, el Servicio Fitosanitario del Estado convocó a reunión a los Ministerios de Agricultura y G.ía, S., Ambiente y Energía y Trabajo y Seguridad Social para que aportaran información técnica y evaluar la prohibición del producto paraquat a nivel nacional (ver informe de las partes recurridas).

b) En el mes junio de 2017, la comisión interinstitucional integrada por representantes del Ministerio de Agricultura y G.ía, Ministerio de S., Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboraron un informe denominado: Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente y el borrador de decreto Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales (ver informe de las partes recurridas y copia del informe).

c) Mediante oficio DPAH-UNSSAH-112-2017, del 28 de marzo de 2017, el J. a.i. de la Unidad de Normalización de los Servicios de S. en Ambiente Humanos del Ministerio de S. le envió al Director del Servicio Fitosanitario del Estado el Reglamento sobre prohibición del paraquat y diquat para su revisión y en el plazo de cinco días proceda a enviar las observaciones (ver copia del oficio).

d) Mediante oficios MTSS-CSO-OF-09-2017 y MTSS-CSOOF- 10-2017, ambos de fecha 05 de diciembre del 2017, el Consejo de S. Ocupacional, órgano técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, le comunicó al Ministro de Agricultura y G.ía y al Ministro de Ambiente y Energía, el Acuerdo Nº 2888-2017 tomado en la Sesión Ordinaria Nº 1969-2017, de fecha 22 de noviembre del 2017, en el que se dispuso: remitirles la propuesta de decreto para la Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales, con la finalidad de que un plazo de treinta días naturales, a partir de su notificación, remitieran sus observaciones e indicaran, si estaban de acuerdo en sumarse a la firma de la propuesta (ver informe de la autoridad recurrida, copia del acta de la sesión, copia del borrador del decreto y de los oficios).

e) Mediante oficio MTSS-CSO-OF-5-2018, del 09 de abril de 2018, el Director del Consejo Ocupacional del Ministerio de Trabajo le solicitó al Ministro de Agricultura y G.ía hacer llegar las observaciones respecto a la prohibición del uso del paraquat (ver copia del oficio).

f) El 17 de abril del 2018, la D.ón de Asuntos Jurídicos del Ministerio de S. solicitó a la Imprenta Nacional, la publicación con el carácter de urgencia del aviso de consulta pública DAJ-CB-272-2018 del Reglamento en cuestión (ver informe de las partes y copia del correo electrónico).

g) El 20 de abril de 2018, en el Diario Oficial La Gaceta N°69, salió publicada la consulta pública DAJ-CB-727-2018, para someter a conocimiento de las instituciones y público general el proyecto del Reglamento del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan los ingredientes activos 1-1 dimetil 4-4-bipiridilio (paraquat) y sus sales (ver copia de la publicación).

h) Del 24 de abril al 15 de mayo de 2018, se realizó el proceso de consulta pública del decreto y la D.ón de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía emitió dos observaciones al respecto, debido a que identificaron variaciones en el texto elaborado en el año 2017 por el grupo de trabajo técnico (ver informe de la autoridad recurrida y el link https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/1162).

i) Mediante oficio Nº DM-MAG-237-2018 de fecha 07 de mayo del 2018, el Ministro de Agricultura y G.ía dio respuesta al oficio MTSS-CSO-OF-9-2017, indicando que el país cuenta con el decreto N° 34139-S-MAG-TSS-MINAE de restricción de uso de paraquat, el cual no tiene efectos negativos para la agricultura y que se debe considerar que no hay alternativas similares para la agricultura, siendo que la prohibición puede incrementar el contrabando debido a que los países vecinos no está prohibida su venta (ver copia del oficio y del informe AE-REG-0385/2018, de del Departamentos de Agroquímicos).

j) Mediante oficio Nº CSO-DE-OF-205-2018 de fecha 23 de julio del 2018, la Directora Ejecutiva del Consejo de S. Ocupacional, advirtió al Ministerio de Ambiente y Energía que no se recibió respuesta por parte de dicha entidad con relación a la consulta de este reglamento acordada en el Acuerdo Nº 2889-2017 de la sesión Nº 1969-2017 de la Junta Directiva del Consejo (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio).

k) Por oficio Nº DIGECA-353-2018 de fecha 14 de agosto del 2018, la D.ón de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía dio respuesta al oficio CSO-DE-OF-205-2018, manifestando estar de acuerdo con la propuesta (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio).

l) Mediante oficio NºCSO-DE-OF-275-2018 de fecha 17 de setiembre del 2018, la D.ón Ejecutiva del Consejo de S. Ocupacional del Ministerio de Trabajo le solicitó a la señora G.A.M.ñoz, en ese momento Ministra de S., interponer sus buenos oficios ante la D.ón de Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio, con el fin de que agilice los trámites administrativos del proyecto de Reglamento, mismo que obra en poder de dicha D.ón Jurídica (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio).

m) Mediante oficio DIGECA-401-2018 el 04 de octubre de 2018, la D.ón de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente avaló la firma de la propuesta del reglamento siempre y cuando se atendiera una corrección en el artículo 1 del texto (ver informe de la autoridad recurrida y documentación aportada).

n) Mediante el oficio DM810-2018 del 27 de noviembre de 2018, C.M.R.íguez, entonces ministro de Ambiente y Energía remitió al Ministerio de S. el decreto firmado (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio).

o) Mediante oficio DH-CV-0212-2019, del 13 de marzo de 2019, la Defensoría de los Habitantes le pidió al ministro de S. informar sobre el trámite dado a los documentos y propuestas de decreto elaborados por la comisión interinstitucional en relación con el glifosato y el paraquat (ver copia del oficio).

p) A la fecha, el MINAE desconoce lo sucedido con el borrador del reglamento y el trabajo en la normativa de agroquímicos que se realiza actualmente está enfocado en la elaboración de reglamentos para el registro de plaguicidas y otros agroinsumos (ver informe de las partes recurridas).

q) La D.ón de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía apoya la prohibición del paraquat a la mayor brevedad y recomienda solicitar al Ministerio de S. la última versión de la propuesta de decreto para revisarla y proceder con la firma respectiva por parte de la Ministra de Ambiente y Energía (ver informe de la parte recurrida).

r) A la fecha, no se ha trabajado en la elaboración del informe y propuesta de decreto de prohibición para la molécula diquat (ver informe de la parte recurrida).

s) Al día de hoy, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está a la espera de la comunicación por parte del Ministerio de S. en cuanto a los resultados de la consulta pública DAJ-CB-727-2018, publicada en La Gaceta Nº 69 del viernes 20 de abril del 2018 (ver informe de la autoridad recurrida).

t) A la fecha, la D.ón de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía mantiene el criterio externado en el informe técnico Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente debido a las preocupaciones sobre los efectos que se generan sobre el ambiente por el uso de este producto como herbicida, como son la contaminación de aguas subterráneas y del suelo, así como la muerte de organismos que son la base de la cadena trófica, lo cual desestabiliza el equilibrio natural de los ecosistemas (ver informe de la autoridad recurrida).

u) El 27 de mayo 2021, la recurrente en su condición de Presidenta de la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad solicitó información estado actual proyecto publicación en la Gaceta del decreto ejecutivo para hacer efectiva la PROHIBICIÓN DEL REGISTRO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, REEMPAQUE, REENVASE, MANIPULACIÓN, VENTA, MEZCLA Y USO DE INGREDIENTES ACTIVOS GRADO TÉCNICO Y PLAGUICIDAS SINTÉTICOS FORMULADOS QUE CONTENGAN LOS INGREDIENES ACTIVOS PARAQUAT Y DIQUAT Y SUS SALES, sustentado en el informe técnico-científico Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente, elaborado por técnicos del MAG, MTSS, M. y Minsalud, hace 34 meses (julio de 2018). Señaló para atender notificaciones el correo electrónico red.biodiversidad.cr.@gmail.com (ver copia de la gestión).

v) Mediante oficio MS-DM-4639-2021, del 08 de junio de 2021, el Ministro de S. le comunicó a la recurrente en su condición de Presidenta de la Asociación Red de Coordinación en biodiversidad, que “…La propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y G.ía, S., así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto (ver copia del oficio).

V.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Carta Magna), así como a través de la normativa internacional. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en la Sentencia N° 3705-93, de las 15:00 horas. del 30 de julio de 1993, indicó lo siguiente:

(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)".

Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50, de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:

"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)".

En relación con lo expuesto, esta S., mediante la Sentencia N°180-98, de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998, dispuso lo siguiente:

"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social ()".

De otra parte, la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, en este sentido, la Ley General de S. autoriza al Ministerio de S. para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas. Asimismo, cabe señalar que este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios materiales y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos.

VI.- SOBRE LA REGULACIÓN DEL USO DE LOS PESTICIDAS Como se indicó líneas atrás, el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano, son derechos fundamentales regulados en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política y su protección es de interés público. Precisamente, es por esa razón que el Estado tiene la obligación, en aras de proteger la salud de la población, y el principio precautorio ambiental de regular el uso de las sustancias químicas o afines para uso agrícola, de forma que sean manejadas correcta, razonablemente y que no generen riesgos para la salud humana y el ambiente. Además, que también tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos y un ambiente ecológicamente equilibrado. En torno a esto, la S. ha establecido que el Estado debe tener un papel de garante con respecto al uso adecuado de plaguicidas y la evitación de sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente. En este sentido, en Sentencia N° 2004-13968 de las 11:35 horas del 3 de diciembre de 2014, indicó:

III.- Ese informe [FOE-AM-19/2004 del 20 de octubre del 2004, efectuado por el Área de servicios agropecuarios y de medio ambiente de la División de fiscalización operativa y evaluativa de la Contraloría General de la República, sobre la evaluación de la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas agrícolas] se originó por la necesidad de fiscalizar el proceso administrativo relacionado con uno de los problemas ambientales más apremiantes que debe resolver el país, que es el empleo de sustancias químicas, biológicas o afines en las actividades agrícolas, y ante la necesidad de que el Estado intervenga ejerciendo una función reguladora sobre el uso de agroquímicos, que garantice a los agricultores la disponibilidad en el mercado de productos eficaces para el combate de las plagas y, a la vez, la protección de la salud de la ciudadanía en general y el derecho de ésta a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se indicó en el informe que ese control lo ejerce principalmente el Ministerio de Agricultura y G.ía, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado, quien debe trabajar en coordinación con el Ministerio de S. y el Ministerio del Ambiente y Energía, en cuanto al control sobre los impactos en la salud y el ambiente, así como con el Ministerio de Hacienda respecto a la importación y exoneración de tales productos. Su objetivo general fue evaluar la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas utilizados en actividades agrícolas y su efecto sobre el ambiente y la salud humana, principalmente el accionar del Servicio Fitosanitario del estado del Ministerio de Agricultura y G.ía (MAG); y los objetivos específicos del estudio fueron: a) evaluar las políticas nacionales y la rectoría en el campo del control sobre el uso de plaguicidas, identificando las instituciones participantes y sus competencias, b) evaluar el proceso de registro de plaguicidas en el país y la normativa asociada, c) evaluar el proceso de exoneración e importación de plaguicidas en el país y, d) evaluar la fiscalización y monitoreo sobre el uso de plaguicidas.

IV.- En ese informe concluyó la Contraloría que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) no cumple sus objetivos de creación con eficiencia y apego al principio de legalidad, que lo llaman a regular, ejecutar y fiscalizar el registro y uso de agroquímicos, en el marco de una actividad agrícola en armonía con la naturaleza y con fiel cumplimiento de los principios constitucionales de derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano. Determinó que, por el contrario, el accionar de dicho órgano se orienta a facilitar el registro y comercialización de tales sustancias, justificado en un supuesto interés de mejorar la competitividad de los productores agrícolas, pero más bien, esos objetivos parecen dirigirse a fomentar la competencia en el mercado de los plaguicidas, por encima de los derechos constitucionales de los mismos agricultores y de los principios ambientales y de salud de las personas. Concluyó que las empresas más beneficiadas con la función facilitadora del SFE, han sido las empresas que se dedican a la venta de agroquímicos, especialmente a los denominados genéricos, en detrimento de los productores y consumidores de bienes agrícolas. Aclaró que ello no significa que no puedan registrarse en el país, plaguicidas de este tipo, sino más bien que su registro se debe hacer respetando la normativa y asegurando a la población costarricense la protección de su salud y el derecho fundamental que tiene a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y protegerle al agricultor nacional su derecho a contar con insumos de buena calidad; sin perjuicio de las necesarias acciones que el Estado debe ejecutar para buscar la paulatina reducción del uso de plaguicidas y el fomento de mecanismos alternativos. Estas consideraciones motivaron a la Contraloría General de la República a dictar una serie de disposiciones finales dirigidas al Presidente de la República y a los Ministros de P.ón Nacional y Política Económica, Agricultura y G.ía, S., Ambiente y Energía, y Economía, Industria y Comercio, así como al Auditor Interno del Ministerio de Agricultura y G.ía.

De igual modo, en la Sentencia N° 2006-09565, de las 16:08 horas del 5 de julio de 2006, este Tribunal consideró:

( ) es evidente que el Estado costarricense está en el deber de actuar en forma eficaz y anticipada, para evitar la ocurrencia de eventos que degraden el medio ambiente y comprometan su sostenibilidad".

Y, en la N° 2011-016937 de las 14:36 horas del 7 de diciembre de 2011, dispuso:

() VIII.- SOBRE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE REGISTRO DE LOS PLAGUICIDAS. El uso adecuado de los plaguicidas puede resultar útil para el control y eliminación de las plagas, en beneficio de la seguridad alimentaria de la población y de la actividad económica sustentada en la producción agrícola. Sin embargo, debe reconocerse el riesgo potencial que puede implicar para la salud humana y el ambiente el uso de tales sustancias. Lo que incluso ha motivado la adopción de instrumentos internacionales con el objetivo expreso de proteger la salud humana -incluida la salud de los consumidores y de los trabajadores- y el medio ambiente frente a los posibles efectos perjudiciales de los plaguicidas, como es el caso del Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto del Comercio Internacional, que fue aprobado por Costa Rica, por medio de Ley No. 8705 del 13 de febrero del 2009.

( ) este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VII.- SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, según lo indicado por las autoridades recurridas el herbicida bajo el nombre comercial Paraquat ha sido clasificado por la Organización Mundial para la S. como un plaguicida moderadamente peligroso ( Clase II), razón por la cual desde el año 2017, se formó una comisión interinstitucional conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y G.ía, Ministerio de S., Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes realizaron un informe en el que se advierte, acerca de los riesgos que produce dicho químico a la salud pública, salud laboral y al ambiente. En razón de ello, elaboraron un borrador de un decreto ejecutivo denominado Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales. Al respecto, es menester indicar que pese a que desde el año de 2018, el proyecto fue sometido a consulta pública y a conocimiento por parte de los señores Ministros de las carteras de Agricultura y G.ía, Ambiente y Energía, Trabajo y Seguridad Social y S., posterior a ello, su tramitación fue abandonada, sin que le conste a la S. un motivo que justifique tal inactividad o el dictado de algún acto administrativo mediante el cual se haya concluido dicho trámite por las razones que sean. A su vez, llama la atención a la S., que es mediante los informes rendidos con ocasión del presente amparo, que las dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía y de Trabajo y Seguridad Social abogan por su aprobación y publicación, en aras de la protección al ambiente y la salud pública. En su defensa, el Ministro de S. reitera lo ya externado a la recurrente, en el sentido de que “…La propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y G.ía, S., así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto. De modo, que lo anterior viene a confirmar el hecho que desde el año 2018 al 2020, el trámite de aprobación de dicho reglamento quedó en el limbo, pese a que en el año 2019, la Defensoría de los Habitantes le pidió al ministro de S. informar sobre el trámite dado a los documentos y propuestas del decreto ejecutivo elaborados por la comisión interinstitucional, en relación con el glifosato y el paraquat. Siguiendo dicha línea, es claro que la S. no es un órgano técnico que pueda dilucidar si dicho producto debe ser prohibido o no, y tampoco puede reemplazar a la administración activa en la gestión de sus competencias, ya que no le corresponde usurpar las atribuciones legalmente conferidas a otras dependencias u órganos. Así las cosas, S. carece de competencia para revisar los criterios técnicos que sirven de base para el borrador del decreto ejecutivo en cuestión, así como para determinar, entre distintos criterios divergentes, cuál es el que debe aplicarse o prevalecer, ya que como puede observarse con meridiana claridad, las autoridades estatales recurridas poseen criterios absolutamente contrapuestos con respecto a los efectos que produce el uso del plaguicida conocido como paraquat en la salud de los seres humanos y en el ambiente en general. No puede esta S., en este caso particular y, por tratarse de un tema estrictamente técnico, respaldar el criterio de una autoridad pública en detrimento de otra, cuando las recurridas son especialistas en la materia bajo estudio y sostienen sus criterios con fundamento en estudios científicos emitidos al efecto. Mucho menos, se podría entrar a analizar cada uno de los estudios técnicos aportados a los autos por las partes, así como por el coadyuvante pasivo, para finalmente determinar cuál de todos es el que debe privar ante las circunstancias descritas en este proceso y por ende, obligar a la aprobación y publicación de la norma. Sin embargo, en aras de protección al derecho a la salud y al ambiente, y de conformidad al principio precautorio, consta que el Estado ya dictó el Decreto Ejecutivo N° 34139-S-MAG-TSS-MINAE, del 9 de abril de 2007, en el que norma el registro, la fabricación, la formulación, el reempaque, el almacenamiento, la venta, la mezcla, la comercialización y uso, de materia prima o producto formulado, de los productos que contengan el plaguicida agrícola dicloruro de paraquat, con la finalidad de que sean manejados correcta y razonablemente, y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente. Así las cosas, pese a que se desconoce el resultado que tendrá en el ordenamiento jurídico la aprobación o no del borrador del decreto ejecutivo, se estima que a la fecha, la población y el ambiente no se encuentran totalmente desprotegidos.

VIII.- En ese orden de ideas, es importante mencionar que el principio precautorio pro natura implica anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos naturales. Consecuentemente, este principio o el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. En este marco, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar las medidas de precaución e inclusive posponer la actividad que se trate. Lo anterior, debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente o a la salud. Es así, como hoy en día la acción precautoria del Estado debe ir encaminada a la tutela del ambiente a pesar que no existan pruebas concluyentes que reflejen una relación causa-efecto entre la actividad que se ejerce y las posibles consecuencias nocivas como resultado de la misma, utilizándose las mejores técnicas disponibles para reducir al mínimo los posibles daños y peligros para la naturaleza y el ambiente. Por este motivo, es que el propio ordenamiento costarricense ha impuesto a nivel legal la exigencia de efectuar estudios previos antes de ejecutar una actividad que, eventualmente, podría tener efectos nocivos sobre el ambiente, y que, a partir de lo expuesto, se constituyen en deberes constitucionalmente impuestos para garantizar el derecho de todos a gozar de la salud y un ambiente sano y equilibrado (en similar sentido ver la Sentencia N° 2010-007292, de las 19:08 horas del 20 de abril de 2010). En ese aspecto, la S. estima que en caso bajo análisis, se ha lesionado el derecho a una justicia pronta y cumplida en relación al principio precautorio, el cual no permite una actuación pasiva del Estado en cuanto a la tutela de la salud de los habitantes y el ambiente. Nótese, que han transcurrido cuatro años desde que la comisión interinstitucional integrada por funcionarios del Ministerio de Agricultura y G.ía, Ministerio de S., Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboró el informe: Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente y el borrador de decreto Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales; y, a la fecha, se desconoce la posición del ministro de salud al respecto. Se advierte, que tanto el Ministro de Ambiente y Energía y el de Trabajo de Seguridad Social de ese entonces, manifestaron estar de acuerdo con promulgar dicha reglamentación, no así el de Agricultura y G.ía. En su defensa el Ministro de S. alegó, que “…La propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y G.ía, S., así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto (). No obstante, no es excusa que desde el año pasado, las autoridades sanitarias están trabajando en una normativa de agroquímicos, dado que dicho borrador fue puesto en conocimiento a dicha autoridad en el año 2018, es decir dos años antes que empezaran con el estudio del tema. De modo, que dicho retraso ha generado una incertidumbre acerca la prohibición o no de un producto agroquímico, y por ende existe una mora administrativa que eventualmente puede constituirse en una amenaza a la salud y al ambiente. A su vez, dicha situación ha generado que, los criterios técnicos que se utilizaron para rendir el informe que dio origen al proyecto alegado por la recurrente, deban ser revisados y actualizados, motivo por el que las autoridades recurridas deberán de verificar la existencia de nuevos avances científicos y tecnológicos que podrían aportar nuevos elementos para demostrar si efectivamente el plaguicida paraquat daña o no, la salud y el ambiente.

IX.- CONCLUSIÓN. En concreto, la S. no cuenta con elementos claros y contundentes para determinar, a través de un proceso amparo, si el plaguicida debe ser prohibido porque es dañino o no y, por consiguiente, si se debe prohibir su comercialización y uso en el país, dado que, toda propuesta tendente a restringir o prohibir el uso agrícola de un plaguicida en el país debe observar los procedimientos previamente establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico, mismos que deben ser llevados a cabo en plazos razonables, siendo que la S., no puede obligar la promulgación o no de un decreto ejecutivo dentro de un plazo razonable, sin demostrar, mediante estudios técnicos y científicos actualizados, que el producto daña la salud o el ambiente. Aun así, en el sublite, lo que se comprueba es que ha existo un atraso injustificado en la resolución acerca de la aprobación o no de la propuesta de proyecto por parte del Ministerio de S., lo que ha provocado que a la fecha, el informe que dio origen al proyecto en cuestión, se encuentra desactualizado, mismo que es necesario para justificar al día de hoy, el proyecto del Reglamento. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.

X.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la S. en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la S. un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un denso entramado de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación predominantemente legislativa y reglamentaria trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la S. Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la S. ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la S. no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la S. se convierta en protagonista junto con otros, de manera que entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-

7. En línea con lo anterior, sostengo que esta S. debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta S. y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la S. debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe ordinariar el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto.

XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N°27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N°19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a D.S.P., en su condición de Ministro de S., que en el plazo de TRES DÍAS, a partir de la notificación de la presente sentencia convoque a la comisión interinstitucional conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y G.ía, Ministerio de S., Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que procedan actualizar el informe del perfil del herbicida Paraquat, Riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente, así como la propuesta de Decreto Ejecutivo Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales, así como el proyecto del reglamento, siendo que una vez puesto en su conocimiento la última versión de dicho proyecto, y cumplido con los trámites administrativos correspondientes, deberá en el PLAZO DE DOS MESES proceder a revisar y brindar su criterio a dicha propuesta. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada H.ández López salva el voto y declara sin lugar el recurso. N.íquese.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy H.ández L.

Luis Fdo. S.zar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



SDIWCRBPXRU61

EXPEDIENTE N° 21-013723-0007-CO

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