Sentencia Nº N de Sala Constitucional, 30-11-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentenciaN
Número de expedienteExp:
Fecha30 Noviembre 2021
Revisión del Documento

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Exp: 21-024040-0007-CO

Res. Nº 2021027022

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las nueve horas cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por L.C.S., cédula 1-965-022, a favor de él mismo, contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Resultando:

1.- Por escrito agregado a este expediente el 24 de noviembre del 2021, el recurrente manifestó lo siguiente:

HECHOS:

PRIMERO: A raíz de la obligatoriedad a la vacunación que exige el Gobierno de la República para empleados públicos y privados, mediante el decreto Ejecutivo No 42889-S que establece en su "por tanto"... deberán vacunarse, con excepción de aquellos funcionarios que, por contraindicación médica debidamente declarada, no les sea posible recibir o vacuna contra el covid-19. Será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes

SEGUNDO: El día veintinueve de octubre del presente año, mediante carta dirigida al centro de salud Clínica C.D.án, realicé la gestión que aporto con el documento que adjunto, dada la urgencia y necesidad que tengo por exigencias de parte de mi patrono, de que se me efectúen los exámenes médicos previos y así constatar legal y objetivamente si hay o no alguna contraindicación médica debidamente declarada que me permita o no inocularme y los siguientes requerimientos que constitucionalmente me corresponden:

1.-Receta médica emitida por un doctor previo a proceder a la inoculación de esa sustancia.

2.-Consentimiento Informado, tal y como lo indican las fichas técnicas de las vacunas emitidas para profesionales y administradores por parte de las empresas farmacéuticas.

3.-Un estudio médico completo para descartar que mi vida no corra riesgo por tener alguna de las contraindicaciones que Se exponen en la Ficha Técnica del producto.

4.-Informe de mi expediente médico.

5.-Declaración que indique en qué fase se encuentran actualmente las vacunas, ya que si me están obligando es de entender que no pueden estar en fase experimental III, como es la información que estoy obteniendo.

6.-Protocolo a seguir en caso de efectos secundarios.

7.-Documento oficial con la lista de componentes de la vacuna, posibles efectos adversos leves, moderados y graves y porcentaje de inmunidad que adquiriré al recibir la sustancia, así como el tiempo de permanencia en mi organismo.

TERCERO: La CCSS tenía diez días hábiles para responder, fecha que concluía el día doce de noviembre del presente año, habiendo recibido como única respuesta el documento CCDC-DM2105-2021 de fecha 29 de octubre de 2021 que adjunto, donde no se responde a las peticiones sobre:

-La receta médica del profesional en salud, con nombre completo y número de colegiado, con la indicación de cuál de los inóculos ofrecidos por los establecimientos de salud de la CCSS (Pzifer Bion- Tech o AstraZeneca) es el apropiado. Esta solicitud por cuanto el personal de enfermería no puede inocular un medicamento sin receta médica.

-Una declaración de que la vacuna está correctamente aprobada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) y por EMA (Agencia Europea de Medicamentos) e indicar la fase en que se encuentra la misma, de forma que conste que no están en fases de experimentación.

-Protocolo de emergencia a seguir en caso de un efecto secundario leve, moderado o grave.

-Documento oficial donde se indique todos los Componentes de la inyección, posibles efectos leves, moderados o muy graves, porcentaje de inmunidad al recibir la sustancia y su permanencia en el organismo. Dicha es información fundamental para objetivamente, derive un criterio médico basado en el método científico y se emita una contraindicación médica declarada, donde me sea posible o no recibir cualquieras de las eventuales vacunas Covid19, máxime que solo conociendo sus componentes químicos podrá determinarse objetivamente saber si soy alérgico a dichas sustancias o no, entre cualquier otra contraindicación médica o no, que le hago al encargado de responderla.

CUARTO. La no entrega de la información que resulte de la petición hecha a la CCSS, podría atentar contra mi estabilidad económica, moral, familiar, social, ya que puedo ser sujeto a un despido por parte de mi patrono. Asimismo, toda la normativa señalada en los decretos queda sujeta a la jerarquía de las normas, pues no solo debe protegerse el derecho a la vida, sino a efectuar cualquier reclamo administrativo o judicial, de conformidad con los artículos 21 y 41 de la Constitución Política. Por las razones expuestas es mi derecho conocer los puntos que señalo y si tengo o no contraindicación médica para aplicarme la vacuna contra el covid-19, y hasta el momento reitero, no se me ha dado respuesta por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, a lo que tengo derecho como ciudadano de este país.

Con base en lo expuesto solicita lo siguiente:

PETITORIA

1) Se declare con lugar el presente recurso de Amparo.

2) Se le ordene a la Caja Costarricense del Seguro Social, cumplir con la solicitud enviada por el suscrito.

3) Se condene en costas a la Caja Costarricense del Seguro Social, y al pago de daños y perjuicios.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la M....S.T.; y,

Considerando:

I.- El recurrente alegó que presentó en la Clínica C.D.án una gestión en la que solicita que se le efectúen los exámenes médicos previos y así constatar legal y objetivamente si hay o no alguna contraindicación médica debidamente declarada que le permita o no inocularse con alguna de las vacunas contra el Covid-19. Lo anterior por cuanto, dada la obligatoriedad de la vacuna, puede ser objeto incluso de un despido. Pese a que recibió como respuesta el oficio número CCDC-DM2105-2021, considera que no responde a las peticiones planteadas, particularmente en cuanto a extender una receta que prescriba la vacuna y especificaciones de los componente y autorización de las vacunas y sus efectos.

II.- Al respecto, se debe indicar, en primer término, que el tema expuesto ya ha sido conocido por este Tribunal. Recientemente y entre otras resoluciones, se pronunció así en sentencia número 2021025873 de las 9:15 horas del 16 de noviembre del 2021, al conocer otro recurso de amparo planteado en términos similares:

I.- OBJETO DEL RECURSO. Señala la recurrente que presentó un oficio en fecha 21 de octubre de 2021, a la autoridad recurrida para que previo a ser vacunada contra el COVID-19, se le realizaran una serie de exámenes para descartar contraindicación médica que le afectara, no obstante, no ha obtenido respuesta alguna por parte de la misma.

II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, se indica a la parte recurrente, que, del escrito de interposición, así como la prueba aportada al expediente, este Tribunal constata que lo expuesto por el mismo es ajeno a las disposiciones contenidas en los artículos 27 y 30, 41 de la Constitución Política, la libertad de petición o información garantizada en la Constitución Política, consiste en el derecho que se tutela a todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier órgano o ente público, con el fin de exponer un asunto de su interés; ese derecho fundamental se complementa con la garantía de obtener pronta resolución, sin que esto último signifique que deba dársele una contestación favorable a sus intereses. Como en este caso, la solicitud que reclama, versa sobre una atención médica que no le ha sido prescrita por ningún médico tratante, aunado a lo anterior, no se trata de que a la recurrente se le haya denegado atención médica alguna. De la lectura del escrito de interposición y de la prueba aportada al expediente, se colige que la intención de la gestionante no era obtener una información pura y simple de parte del recurrido, lo que en el fondo pretendía era que se le efectuaran una serie de exámenes con el propósito de determinar si era segura la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, y se le diera un consentimiento informado para el mismo. En ese sentido, la falta de respuesta acusada no violenta lo tutelado en el artículo 27 de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por la petente no puede encuadrarse en los supuestos de petición pura y simple de información, sino una exhortativa, a fin de que la administración actúe conforme a sus intenciones. En razón de lo señalado, el presente recurso es improcedente. En razón de lo expuesto, podrá la petente, si a bien lo tiene, presentar sus reclamos y gestionar lo que corresponda, ante la propia autoridad recurrida, o en su defecto, en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

En este nuevo amparo, al igual que en el ya resuelto, la motivación del recurrente no es ponerse en conocimiento de información pura y simple, sino de instar a la Administración a que actué en el sentido que propone. No se trata tampoco de una solicitud de atención médica por alguna dolencia o padecimiento. Finalmente, también es claro que la CCSS sí le contestó, sin que, conforme lo expuesta, exista la obligación de responder de manera positiva o acceder a lo que se pide. Este nuevo amparo, por ende, debe también rechazarse.

III.- El Magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena cursar el recurso. En el sub lite, visto el escrito de interposición, así como la prueba aportada, observo que la acusada falta de respuesta a la gestión planteada podría constituir una posible vulneración del derecho de petición, contemplado en el artículo 27 de la Constitución Política. De ahí que salvo el voto y curso este amparo.

IV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza por el fondo el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y cursa el amparo.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 21-024040-0007-CO

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