Sentencia Nº N de Sala Constitucional, 01-12-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha01 Diciembre 2021
Número de sentenciaN
Número de expedienteExp:
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Exp: 21-016780-0007-CO

Res. Nº 2021027049

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las nueve horas veinte minutos del uno de diciembre de dos mil veintiuno .

Gestión posterior planteada por JORGE ALFREDO PÉREZ VILLARREAL en relación con la sentencia n.° 2021-021310 de las 9:15 horas del 24 de setiembre de 2021.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 22:46 horas del 21 de octubre de 2021, el recurrente plantea gestión de desobediencia en relación con la sentencia n.° 2021-021310 de las 9:15 horas del 24 de setiembre de 2021. Expone que el 29 de setiembre de 2021, la referida sentencia fue notificada al presidente del Concejo Municipal de P.. Agrega que en ese pronunciamiento se declaró con lugar el recurso y se dispuso: Se ordena a L.G.L.ópez G.ínez, en su condición de presidente del Concejo Municipal de P. o a quien ejerza el cargo, de INMEDIATO, poner esta sentencia en conocimiento del órgano que representa, a los efectos de que se tomen los acuerdos necesarios dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de QUINCE DÍAS contado a partir de la notificación de esta resolución, se pongan a disposición del recurrente los audios solicitado en la gestión del 13 de agosto de 2021, excluyendo los datos sensibles y de acceso restringido protegidos por el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, n.°8968. Manifiesta que ha transcurrido el plazo ordenado, sin que el accionado haya puesto la sentencia en conocimiento del concejo municipal, esto a pesar de que se han efectuado cuatro sesiones de ese órgano con posterioridad a la notificación de la sentencia. Acota que no se le ha entregado ni puesto a su disposición los audios solicitados. Arguye que existe desgano, negligencia y apatía por parte del recurrido para cumplir la orden de la Sala. Considera que se ha consumado el delito de desobediencia a la autoridad, por lo que solicita a la Sala que se testimonien piezas y se eleve el asunto ante la Fiscalía de P.. Pide la apertura de un procedimiento administrativo en contra del recurrido; además, que se le entreguen los audios solicitados.

2.- Mediante resolución de magistrado instructor de las 10:41 horas del 22 de octubre de 2021, se confirió audiencia a L.G.L.ópez G.ínez, en su condición de presidente del Concejo Municipal de P., o a quien ocupara el cargo, para que se refiriera y aportara las pruebas respecto a los hechos y omisiones que se le atribuyen.

3.- Por constancia emitida por el técnico judicial 3 y la secretaria a.i., ambos de la Sala Constitucional, señalan que a las 15:43 horas del 1° de noviembre de 2021 no consta que, entre el 23 al 31 de octubre de 2021, el presidente del Concejo Municipal de P. rindiera el informe solicitado mediante resolución de las 10:41 horas del 22 de octubre de 2021.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:04 horas del 16 de noviembre de 2021, el recurrente indica que la autoridad recurrida continúa en desobediencia a lo ordenado. Expone que no se le ha entregado ni puesto a su disposición los audios de las sesiones del Concejo Municipal de P., debido a que el recurrido NO HA PUESTO la sentencia de este proceso EN CONOCIMIENTO DEL CUERPO EDIL DE PUNTARENAS pese a que, se han efectuado más de doce sesiones del concejo municipal posterior a su notificación. Arguye que existe desgano, negligencia y apatía por parte del recurrido para cumplir la orden de la Sala. Considera que se ha consumado el delito de desobediencia a la autoridad, por lo que solicita a la Sala que se testimonien piezas y se eleve el asunto ante la Fiscalía de P.. Pide la apertura de un procedimiento administrativo en contra del recurrido; además, que se le entreguen los audios solicitados.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 12:12 horas del 24 de noviembre de 2021, se apersona L.G.L.ópez G.ínez, en su condición de presidente del Concejo Municipal de P.. Indica que la sentencia de la Sala fue conocida mediante artículo 4 inciso e) de la sesión extraordinaria n.° 138 del concejo municipal recurrido, la cual se celebró el 18 de noviembre de 2021. Expone que, mediante el pase administrativo n.° 853 del 22 de noviembre de 2021, la sentencia fue trasladada al abogado del concejo. Narra que el asesor del Concejo Municipal de P., por oficio MP-CM-AL-OF-301-11-2021 del 23 de noviembre de 2021, emitió las siguientes recomendaciones: 1. Se recomienda para la próxima sesión ordinaria o extraordinaria y de forma inmediata según lo ordenado por Sala Constitucional poner en conocimiento la sentencia 2021021310 de las nueve horas quince minutos del veinticuatro de setiembre 2021 y en el mismo sentido de (sic) debe conocer la segunda resolución de las die horas cuarenta y un minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno. En donde ser (sic) ordena de forma inmediata conocer la sentencia # 2021021310. 2. Posterior, una vez conocido por el Concejo la sentencia, tomar un acuerdo en donde se autorice a la Secretaria del Concejo Municipal, entregar al señor J.A.P.érez Villarreal los audios solicitados, según la gestión del 13 de agosto 2021. 3. Informar al señor J.A.P.érez Villarreal, con el fin de que se apersona ante las oficinas de la Secretaria del Concejo Municipal, para ser (sic) entrega de los audios solicitados, excluyendo la información sensibles (sic). 4. Posterior a la entrega de la información solicitada por el recurrente informar a la sala constitucional el cumplimiento de la sentencia, para que se archivo (sic) el proceso. Expone que esas fueron las recomendaciones del abogado. Asevera que en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria del Concejo Municipal de P., se ejecutarán las citadas recomendaciones.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

R..e.M....R.L.; y,

Considerando:

I.- En la sentencia n.° 2021-021310 de las 9:15 horas del 24 de setiembre de 2021 se dispuso:

III.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el tutelado aduce que el 13 de agosto de 2021, por correo electrónico enviado a la dirección marielos.marchena@munipuntarenas.go.cr, solicitó a la secretaria del Concejo Municipal de P. copia de los audios de las sesiones de ese órgano del 1° de mayo de 2020 al 31 de julio de 2021; empero, no le fueron entregado.

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que el tutelado es funcionario de la Municipalidad de P. y labora en el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto en el Departamento Tributario; además es regidor municipal del Concejo Municipal de P. desde el 1 de mayo 2020. El Concejo Municipal de P., en el inciso g) del artículo 2 adoptado en la sesión extraordinaria n.° 63 de 28 de mayo de 2006, dispuso: (...) Instruir también a la Secretaria del Concejo Municipal, para que las grabaciones sean entregadas para ser escuchadas solo por acuerdo municipal (sin excepción) o por orden judicial; ya que para conocer lo discutido en una Sesión Municipal se continuara (sic) con el acta transcrita y aprobada correspondiente, según lo establece el Código Municipal (...). El 13 de agosto de 2021, el accionante remitió un correo electrónico a la dirección marielos.marchena@munipuntarenas.go.cr, con copia a la cuenta luis.lopez@munipuntarenas.go.cr. En tal correo electrónico se adjuntó una gestión dirigida a la secretaria del Concejo Municipal de P., en la que requirió: (...) Es un gusto saludarla y desearle éxito en sus labores. En mi condición de munícipe del cantón de P., por razones de garantía procesal y seguridad jurídica, en consonancia con los principios constitucionales de acceso a información pública, rendición de cuentas y transparencia, por este medio de manera respetuosa le solicito lo siguiente: 1. Copia de los audios de todas las sesiones del concejo municipal del periodo comprendido del 01 de mayo del 2020 al 31 de julio del año 2021, para lo cual se aportará de mi parte un disco duro portátil para que sean descargados en esta herramienta. En caso de no poder asistir a recolectar la información, se autoriza al señor Jesús A.M.S. portador de la cédula de identidad número 6-0199-0702 para retirar la información digital solicitada. De antemano agradezco la colaboración del caso. N.icaciones a mi cuenta de correo electrónico: jperezvilla@gmail.com (...). El 13 de agosto de 2021, desde la cuenta marielos.marchena@munipuntarenas.go.cr, se envió un correo electrónico al accionante, en el que se señaló: (...) Buenos días, a manera de onformación (sic), yo le voy a contestar formalmente. Existe un acuerdo municipal vigente aprobado definitivamente, que no ha sido derogado, que dice que los audios de las sesiones municipales son instrumentos que se utilizarán para la transcrpción (sic) de actas, y que los mismos únicamente serán entregados a solicitud de un Juez o a una resolución judicial, asi (sic) a grandes rasgos, apenas pueda voy a localizar el acuerdo para contestarle su solicitud. (...). El correo electrónico marielos.marchena@munipuntarenas.go.cr es un correo personal institucional utilizado a nivel interno para dirigir directrices entre los funcionarios municipales. El mecanismo oficial del Concejo Municipal de P. es la cuenta. La secretaria del Concejo Municipal de P. le dio trámite a la gestión planteada por el recurrente el 13 de agosto de 2021.

Sobre el particular, se advierte que aun cuando la autoridad accionada indicó que la gestión de marras no fue remitida al medio oficial dispuesto para tales efectos, no menos cierto que de los autos se desprende que la secretaria del Concejo Municipal le dio trámite a la gestión del amparado.

Al respecto, la Sala considera improcedente la respuesta brindada al tutelado por la autoridad recurrida. En ese sentido, los respaldos en audio de las sesiones del concejo municipal, en tanto existan, son públicos. Ahora, como la gestión de marras fue planteada por el amparado en su condición de munícipe, en caso de que exista información confidencial, esta debe ser protegida, de conformidad con lo dispuesto el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, n.° 8968.

En relación con lo anterior, este Tribunal, mediante sentencia n.° 2019-011741 de las 9:45 horas del 28 de junio de 2019, dispuso:

IV.- Sobre el caso concreto. De los autos se tiene que el 20 de marzo de 2019, el recurrente solicitó a la corporación municipal accionada copia de los audios de las comisiones de las sesiones municipales de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018. Asimismo, por oficio No. CM-100-218-19 de del 26 de marzo de 2019, la secretaria del Concejo Municipal de Vásquez de C. le contestó lo siguiente: () ACUERDO 2019-154-09: Se acuerda indicarle al Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica STM-Filial C., que en atención a la solicitud realizada mediante el oficio STM-Filial C. 014-2019 sobre petición de audios de comisiones, que según el reglamento de sesiones el tiempo establecido para la entrega de documentos es de 10 días hábiles, por lo que al ser trasladado el tema a la comisión de Asuntos Jurídicos se adicionarán 5 días hábiles más para la entrega de la respuesta a la solicitud planteada () . No obstante, efectivamente, a la fecha de notificación de la interposición de este recurso, el recurrido no le había entregado al recurrente lo solicitado, ni le había fundamentado la denegatoria de lo pretendido. No es sino en el informe rendido a este Tribunal, que se indica que no le entregarán los audios solicitados, por cuanto consideran que el respaldo digital existente no es un duplicado de las deliberaciones de las comisiones propiamente, sino un respaldo amorfo de apuntes de los regidores, o donde ellos hablan de asuntos personales que no tienen relación alguna con los puntos pendientes de atención de las comisiones municipales. Además, el recurrido aduce que el ordinal 5 del Reglamento Interno de Orden, D.ón y Debates del Concejo Municipal, regula la necesidad de grabar las sesiones del Pleno del concejo; empero, sobre las audiencias de las comisiones no se establece la obligación de contar con un soporte digital, sino un libro de actas. A partir de lo anterior procede estimar el recurso, no solo porque la gestión del tutelado no fue atendida dentro de un plazo razonable, sino también porque se pretende denegar su entrega. Es importante advertir a la recurrida, que aun cuando el reglamento no disponga el respaldo digital de las sesiones de las comisiones municipales, si este ya existe, no se puede negar su acceso al público, excepto que lo ahí contenido sea información de terceros de índole confidencial, en cuyo caso lo que procede es proteger la misma estrictamente en esa parte, pero no negar todo su contenido. Por otro lado, tampoco resulta admisible el argumento de la recurrida, de que al no tratarse propiamente de un contenido articulado de lo discutido en la comisión proceda su denegatoria, pues la obligación de la administración es entregar lo existente, sobre todo tratándose de sesiones laborales, y que sea el propio recurrente quien determine si el contenido del mismo le es útil o no. En razón de lo expuesto procede acoger el recurso, y ordenar al municipio recurrido entregar al recurrente el material de audio existente relativo a las sesiones de las comisiones solicitadas, protegiendo estrictamente aquellos datos privados que sean confidenciales conforme lo dispuesto en la ley No. 8968.

En consecuencia, tomando en consideración lo resuelto en el precedente de cita, procede acoger el recurso en los términos que se dictarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento. ()

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a L.G.L.ópez G.ínez, en su condición de presidente del Concejo Municipal de P. o a quien ejerza el cargo, de INMEDIATO, poner esta sentencia en conocimiento del órgano que representa, a los efectos de que se tomen los acuerdos necesarios dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de QUINCE DÍAS contado a partir de la notificación de esta resolución, se pongan a disposición del recurrente los audios solicitado en la gestión del 13 de agosto de 2021, excluyendo los datos sensibles y de acceso restringido protegidos por el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, n.° 8968. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de P. al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. N.íquese..

Tal sentencia fue notificada mediante correo electrónico a la autoridad recurrida el 29 de setiembre de 2021.

II.- SOBRE LA GESTIÓN DE INEJECUCIÓN PLANTEADA. En la especie, el recurrente plantea gestión de desobediencia en relación con la sentencia n.° 2021-021310 de las 9:15 horas del 24 de setiembre de 2021. Expone que el 29 de setiembre de 2021, la referida sentencia fue notificada al presidente del Concejo Municipal de P.. Agrega que en ese pronunciamiento se declaró con lugar el recurso. Manifiesta que ha transcurrido el plazo ordenado, sin que el accionado haya puesto la sentencia en conocimiento del concejo municipal. Acota que no se le ha entregado ni puesto a su disposición los audios solicitados. Arguye que existe desgano, negligencia y apatía por parte del recurrido para cumplir la orden de la Sala. Considera que se ha consumado el delito de desobediencia a la autoridad, por lo que solicita a la Sala que se testimonien piezas y se eleve el asunto ante la Fiscalía de P.. Pide la apertura de un procedimiento administrativo en contra del recurrido; además, que se le entreguen los audios solicitados.

Sobre el particular, el presidente del Concejo Municipal de P. sostiene que la sentencia de la Sala fue conocida mediante artículo 4 inciso e) de la sesión extraordinaria n.° 138 del concejo municipal recurrido, la cual se celebró el 18 de noviembre de 2021; además que, mediante el pase administrativo n.° 853 del 22 de noviembre de 2021, la sentencia fue trasladada al abogado del concejo para que este emitiera sus recomendaciones. Asimismo, el abogado del Concejo Municipal de P., por oficio MP-CM-AL-OF-301-11-2021 de 23 de noviembre de 2021 dirigido al presidente y la secretaria del concejo accionado, emitió las siguientes recomendaciones: () 1. Se recomienda para la próxima sesión ordinaria o extraordinaria y de forma inmediata según lo ordenado por Sala Constitucional poner en conocimiento la sentencia 2021021310 de las nueve horas quince minutos del veinticuatro de setiembre 2021 y en el mismo sentido de debe conocer la segunda resolución de las die horas cuarenta y un minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno. En donde ser (sic) ordena de forma inmediata conocer la sentencia # 2021021310. 2. Posterior, una vez conocido por el Concejo la sentencia, tomar un acuerdo en donde se autorice a la Secretaria del Concejo Municipal, entregar al señor J.A.P.érez Villarreal los audios solicitados, según la gestión del 13 de agosto 2021. 3. Informar al señor J.A.P.érez Villarreal, con el fin de que se apersona ante las oficinas de la Secretaria del Concejo Municipal, para ser (sic) entrega de los audios solicitados, excluyendo la información sensibles (sic). 4. Posterior a la entrega de la información solicitada por el recurrente informar a la sala constitucional el cumplimiento de la sentencia, para que se archivo (sic) el proceso ().

Ahora bien, aun cuando el recurrido sostiene que, en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria del Concejo Municipal de P., se ejecutarán las recomendaciones citadas, no menos cierto es que, pese al plazo transcurrido (mucho mayor al otorgado por la Sala), no consta el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia n.° 2021-021310 de las 9:15 horas del 24 de setiembre de 2021. E., lo correspondiente es acoger la gestión formulada.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se acoge la gestión formulada. Se le reitera a L.G.L.ópez G.ínez, en su condición de presidente del Concejo Municipal de P. o a quien ejerza el cargo, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia n.° 2021-021310 de las 9:15 horas del 24 de setiembre de 2021. Lo anterior con la advertencia de ordenar el testimonio de piezas ante el Ministerio Público si no lo hiciere. N.íquese esta resolución a L.G.L.ópez G.ínez, en su condición de presidente del Concejo Municipal de P. o a quien ejerza el cargo, en forma personal.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 21-016780-0007-CO

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