Sentencia Nº N de Sala Constitucional, 06-04-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentenciaN
Fecha06 Abril 2022
Número de expedienteExp:
EV Generación de M.: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4ACCIN009.dpj



Exp: 22-006425-0007-CO

Res. Nº 2022008050

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las nueve horas veinte minutos del seis de abril de dos mil veintidos .

A.ón de inconstitucionalidad promovida por Álvaro E.P.V., mayor, con cédula 2-0365-0770, empresario, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad, E.ón S.A., cédula jurídica 3-101-538206, contra el artículo 1 del Reglamento para el Cierre de Negocios por M. en el Pago de las Cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado en el Sistema de Gestión de este Tribunal el 24 de marzo de 2022, se solicita que se declare inconstitucional el artículo 1 del Reglamento para el Cierre de Negocios por M. en el Pago de las Cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social, por estimarlo contrario a los artículos 9, 73 y 121 inciso 13 de la Constitución Política. Manifiesta que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 35, de la sesión 8654, celebrada el 8 de agosto de 2013, modificó en el artículo 1 del Reglamento para el Cierre de Negocios por M., la definición del término cuota, pasando a decir lo siguiente: "Cuota: Cuotas del Seguro de Enfermedad y Maternidad, del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, y las correspondientes a la Ley de Protección al Trabajador derivadas de planillas ordinarias y planillas adicionales generadas por el Servicio de inspección. Se consideran parte integral de las cuotas, las prestaciones derivadas de los artículos 36 y 44 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social." Aduce que, con ello se han violentado las potestades que le otorga la Constitución Política en el artículo 73, así como las conferidas por ley, cuando incorpora como cuotas los servicios médicos cobrados a los patronos por la mora en el pago de las cuotas obreras y patronales. Indica que su representa ha sido perseguida por la Caja, amparada en esa definición del término cuota, por la supuesta deuda de su representada de servicios médicos con esa institución, la cual llevó a cabo un procedimiento administrativo para el cierre de negocios, realizando primero la prevención de cierre de negocios SACNAB-0482-19 y luego la resolución RF-112301190300077632, sin que tuviera deudas con esa institución por cuotas obreras y patronales, que superen un atraso de dos meses, ni por intereses, ya que todas se encontraban debidamente canceladas. Indica que, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 36, de la sesión n.° 9221, celebrada el cuatro del 2021 (sic), cuyo acuerdo le fue trasladado mediante oficio SJD-2210-2021, del 8 de noviembre de 2021, se le comunicó, que esa Junta Directiva resolvió en contra de su representada el recurso de apelación que había interpuesto contra la resolución RF-112301190300077632 y mantuvo el cierre del negocio de su representada por deudas que no son cuotas obrero-patronales. Señala que el artículo 48 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el inciso b), en relación con el cierre de un negocio, dispone lo siguiente: "Cuando exista mora por dos meses en el pago de las cuotas correspondientes...". En el artículo 36 de esa misma ley, en lo que corresponde dice lo siguiente: "...Sin embargo, no se negarán las prestaciones del Seguro de Enfermedad y Maternidad al trabajador asegurado cuyo patrono se encuentra moroso en el pago de las cuotas obrero-patronales. En el caso de mora por más de un mes la Institución tendrá derecho a cobrar al patrono el valor íntegro de las prestaciones otorgadas hasta el momento en que la mora cese.... En el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja, el legislador le definió claramente a qué se refería el término cuota y dice así: "El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen. Con motivo o derivados de la relación obrero-patronal. Lo cual es ampliado en el artículo 22 de la citada Ley. Aduce que, es potestad del Poder Legislativo la creación de los impuestos y contribuciones nacionales, conforme el artículo 121, inciso 13, de la Constitución Política. Incluyéndose las cuotas de la Caja dentro de esa denominación. Cuando el legislador le encarga a la Caja la emisión del Reglamento correspondiente para la plena aplicación del proceso de cierre de negocios por la mora en el pago de las cuotas más de dos meses, era con la única potestad de normar el debido proceso administrativo, nunca le otorgó facultades para interpretar a qué se refería el término cuota, ya que a ley así lo había hecho de previo. En el artículo 14, se establecen las atribuciones de la Junta Directiva de la Caja y, respecto a los reglamentos, el legislador le marcó su potestad así: "f) Dictar los reglamentos para el funcionamiento de la Institución". La única facultad que le otorgó el legislador con respecto a las cuotas es la contemplada en el artículo 23 de la Ley Constitutiva, que dice así: "Las cuotas y prestaciones serán determinadas por la Junta Directiva, acuerdo con el costo de los servicios" (sic). Es decir, en claras palabras, sólo puede la Junta Directiva de la C.C.S.S., estimar el costo de estas, pero no crear nuevas. A pesar de su autonomía, la Caja está sometida al ordenamiento jurídico y, para los efectos, la Ley General de la Administración Pública, ordena en su artículo 124, lo siguiente: Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares. En resumen, considera que la actuación de la Junta Directiva, en lo que corresponde al artículo 1, definición de cuota, del Reglamento para el Cierre de Negocios por Mora en el Pago de las Cuotas, al establecer que las deudas por concepto de servicios médicos son cuotas de los seguros sociales, violenta los artículos 9 y 121, inciso 13 de la Constitución Política. Solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma impugnada por ser contraria a los artículos 9 y 121, inciso 13 de la Constitución Política, al principio constitucional de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad.

2.- Por resolución de las 13:24 horas del 25 de marzo de 2022, se previno al accionante, bajo apercibimiento de denegarle el trámite a la acción en caso de incumplimiento, que debía fundamentar su legitimación, conforme lo dispone el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, indicando el asunto base que sirve de medio razonable para amparar los derechos aquí reclamados; así como aportar la copia certificada del escrito mediante el cual invocó la inconstitucionalidad de la norma en cuestión dentro de ese expediente, de previo a interponer este proceso.

3.- Por escrito remitido el 30 de marzo de 2022, el accionante manifestó lo siguiente: Mi representada se encuentra legitimada para acudir ante esa honorable Sala Constitucional promover la acción de inconstitucionalidad contra el artículo primero, artículo1, definición cuota, del Reglamento para el Cierre de Negocios por Mora en el Pago de las Cuotas de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, ya que se cumplen los preceptos legales establecidos en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional párrafos primero y segundo de esa normativa legal. PRIMERO: Porque la actitud de la Caja de promover administrativamente el cierre de negocios a mi representada, la fundamento en el citado reglamento, el cual hace extensivo el término de cuotas de la Seguro Social, a las deudas por servicios médicos. Acción contra la cual presentamos oportunamente nuestras objeciones de derecho y ratificamos ante las autoridades de la Caja, que carecían de legitimación jurídica, para interpretar por la vía reglamentaria los alcances del término cuotas del Seguro Social, esa entidad no aprecia nuestras observaciones de derecho y en vez de revisarse en sus facultades, dicta resolución final, que se encuentra en proceso de ejecución. Segundo: la Junta Directiva con la emisión del reglamento y el artículo, aquí accionado, no sólo lesiona el derecho individual de mi representada, sino el de la colectividad en su conjunto, porque sus alcances son universales y no a una persona particularmente. Para mejor darnos a entender, transcribimos en su totalidad la parte del artículo1, Titulo Cuota, del Reglamento para el Cierre de Negocios por Mora en el Pago de las Cuotas de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. que motivó nuestra Acción de inconstitucionalidad Cuotas del Seguro de Enfermedad y Maternidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y las correspondientes a la Ley de Protección al Trabajador derivadas de planillas ordinarias y planillas adicionales generadas por el servicio de Inspección. Se consideran parte integral de las cuotas, las prestaciones derivadas de los artículos 36 y 44 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social". TERCERO: Se lesiona de manera evidente el derecho de mi representada de llevar a cabo su actividad comercial, con el claro deterioro de sus finanzas (ya de por sí precarias), la imagen ante sus clientes, por esta pretensión de la Caja de obtener el pago de una deuda ajena a las cuotas obreras y patronales, mediante la antojada creencia de que por ser una institución autónoma, puede llevar a cabo cambios de nomenclatura del término cuota obrera y patronal, a cualquier deuda que los patronos u otro ciudadano tenga con ella. Adjunto con las formalidades requeridas por esa Sala el documento solicitado y que se refiere a la presentación del Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio, contra la resolución motivada del cierre de negocios a mi representada.

4.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....C.V.; y,

Considerando:

I.- Sobre los presupuestos formales de admisibilidad de la acción. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a los efectos de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En primer término, se exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En el párrafo segundo y tercero, la ley establece de manera excepcional, presupuestos en los que no se exige el asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto, no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos, o bien cuando es formulada en forma directa por el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. De manera que, la parte accionante debe fundamentar expresamente en cuál supuesto de legitimación se ampara y demostrar el cumplimiento de los requisitos que este implica. Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos todos que, en caso de no ser cumplidos por el accionante, dan lugar a la inadmisión de la acción.

II.- Sobre el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad en esta acción de inconstitucionalidad. Una vez analizado el escrito de interposición de este proceso, se concluyó que adolecía de los requisitos mínimos para plantear la acción, toda vez que el accionante no había fundamentado su legitimación en los supuestos del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no había hecho referencia a un asunto base, ni había aportado la la copia certificada del escrito mediante el cual invocó la inconstitucionalidad de la norma en cuestión dentro de ese expediente, de previo a interponer este proceso. De ahí que, por resolución de las 13:24 horas del 25 de marzo de 2022, la presidencia de este Tribunal previno al accionante el cumplimiento de los mismos. En atención a ello, el gestionante justificó su legitimación en la existencia de un procedimiento administrativo de cierre de negocios por mora en el pago de las cuotas GF-2343-2020, planteado en contra suya, dentro del cual interpuso el 1 de diciembre de 2020, un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución RF-112301190300077632, emitida por la Gerencia Financiera de la C.C.S.S., el 15 de junio de 2020 y 26 de noviembre de 2020. No obstante, a pesar de tratarse de un procedimiento administrativo, no acreditó que este estuviera en fase de agotamiento de la vía administrativa, tal como lo dispone el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otro lado, e independientemente de ello, el gestionante incumplió en aportar una copia certificada del escrito mediante el cual invocó la inconstitucionalidad de la norma en cuestión dentro de ese expediente, de previo a interponer este proceso, toda vez que lo aportado, a pesar de haber sido prevenido, fue una copia certificada del recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución RF-112301190300077632, en la que no se invocó inconstitucionalidad alguna.

Debe tener en consideración el accionante que, el artículo 75, párrafo primero, in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía incidental -como la presente-, la existencia de un asunto principal pendiente de resolver, ya sea ante los tribunales inclusive de hábeas corpus o de amparo-, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considere lesionado. Tales requisitos no se traducen en una cuestión meramente formal, pues no basta con el simple cumplimiento de los mismos, sino que se requiere, además, que la norma impugnada a través de esta vía tenga una incidencia directa sobre el asunto que sirve como base, de tal suerte, que lo resuelto en la acción sirva como un medio razonable para amparar el derecho o interés lesionado dentro del asunto previo. A contrario sensu, si no existe una conexidad directa entre el objeto de discusión del asunto base y lo impugnado en la acción, no resulta posible que esta Sala se pronuncie al respecto. Es por lo anterior, que, de conformidad con los artículos 75 y 79 de la Ley que rige a esta J.ón, los accionantes deben acreditar y aportar certificación literal del escrito en el que invocaron la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, a los efectos de verificar su incidencia en tal asunto. En cuanto a los requisitos que debe cumplir el citado escrito de invocación, esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que:

() si bien, en la invocatoria de inconstitucionalidad de la norma, no se exige una extensa fundamentación, lo cierto es, que sí resulta necesario que en el asunto base se invoque expresamente, la inconstitucionalidad de la norma impugnada en la acción... y se indiquen las normas constitucionales que se consideren infringidas…”. (Sentencia No. 2014-000851 de las 14:30 hrs. del 22 de enero de 2014). (Sentencia No. 2017-007744 de las 9:15 hrs. del 24 de mayo de 2017).

Según lo expuesto, el cumplimiento de ese requisito no fue acreditado por el promovente.

Finalmente, el accionante fundamenta su legitimación también, en la existencia de una afectación de la colectividad en su conjunto, en virtud de la naturaleza de las cuotas obrero patronales. No obstante, tal alegato tampoco resulta procedente en este caso, pues lo impugnado por el accionante, se ciñe estrictamente, al hecho de incorporar en el concepto de cuotas, los servicios médicos cobrados a los patronos por la mora en el pago de las cuotas obreras y patronales, y que sirva de justificación para emitir el cierre de negocios, situación que es, sin duda alguna, susceptible de ser aplicada a una persona en particular -dueños de negocios morosos ante la CCSS-, tal como admite el propio accionante, es el caso de su representada. De manera que, no se está ante el supuesto de legitimación directa invocado, pues la afectación señalada no involucra a la colectividad en su conjunto, sino a determinadas personas, cuya situación puede verse reflejada en un caso concreto que sirva de base y sea medio razonable de amparar los derechos que se consideran involucrados, dentro del cual se haya invocado la inconstitucionalidad que se alega, de previo a acudir a este proceso.

Tal como fue expuesto, los requisitos de admisibilidad no fueron cumplidos por el accionante, motivo por el cual procede rechazar de plano la acción.

III.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano la acción.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



PAOW5CTM3GQ61

EXPEDIENTE N° 22-006425-0007-CO

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR