Sentencia Nº N de Sala Constitucional, 06-04-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentenciaN
Número de expedienteExp:
Fecha06 Abril 2022

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Exp: 22-006179-0007-CO

Res. Nº 2022008045

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las nueve horas veinte minutos del seis de abril de dos mil veintidos .

A.ón de inconstitucionalidad interpuesta por ALLAN ARBUROLA VALVERDE, cédula de identidad n° 5-238-481, en su condición de apoderado especial judicial de ZEDRY CARLOS ARAYA MASIS; contra el artículo 11, párrafo 2, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

RESULTANDO

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional a las 13:15 horas del 22 de marzo de 2022, la parte accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 11, párrafo 2, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto dispone lo siguiente: No habrá recurso contra las sentencias, () de la jurisdicción constitucional. Estima que esa disposición es contraria al artículo 41 de la Constitución Política y los artículos 1.1, 2, 8, inciso 2, aparte h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; toda vez que transgrede los derechos al debido proceso, acceso a la justicia, a recurrir, a la protección judicial y a la segunda instancia. Manifiesta que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece varios mecanismos recursivos de protección de derechos fundamentales y derechos humanos, que se tramitan y resuelven en una única instancia, por lo cual no existe posibilidad alguna de que una autoridad superior en alzada revise si los fallos emitidos por la Sala se dictaron conforme a derecho o no. No existe una segunda instancia en donde se revise los fallos de la Sala, que no es infalible y no está exenta de errores a la hora de dictar un fallo. Precisamente, al no estar un órgano jurisdiccional a nivel constitucional exento de errores o yerros de hecho y derecho, en el dictado de una sentencia definitiva en primera instancia, es que se hace imperativo, a la luz del debido proceso, el derecho de recurrir y a la protección judicial, la existencia de una segunda instancia en donde, ante una inconformidad en el dictado de una sentencia definitiva emitida en primera instancia, sea objeto de una revisión y examen integral por parte de un Tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho para determinar si el fallo en primera instancia fue dictado en estricto apego a la Constitución Política y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o, en su defecto, se revoque y a través de un fallo dictado en segunda instancia, por un tribunal u órgano jurisdiccional superior, se materialice la tutela o protección de un derecho fundamental o humano denegado o acogido. Alega que el Estado costarricense atropella el derecho fundamental al debido proceso y el acceso a la justicia, ya que la normativa establecida en la Ley de la Jurisdicción Constitucional no contiene normas ni instrumentos o mecanismos procesales adecuados para que las personas tengan acceso a la justicia y precisamente el derecho de recurrir es ese instrumento o mecanismo de naturaleza procesal-recursiva que garantiza el acceso a un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho. La jurisdicción constitucional que tiene Costa Rica solo posee una única instancia, cuando de acuerdo con el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho de recurrir, así como la protección judicial, debe tener una segunda instancia en donde un tribunal distinto y de superior jerarquía revise un fallo jurisdiccional dictado en primera instancia, para determinar si fue dictado o no conforme a derecho. Ninguna autoridad jurisdiccional está exenta del dictado de sentencias definitivas arbitrarias o que presenten graves errores de apreciación, sea en los hechos o en la valoración de la prueba. Debido a lo anterior, se hace imprescindible en un Estado Constitucional y Convencional que rija la efectiva protección o tutela de los derechos fundamentales o humanos a través del derecho de recurrir, en aras de ser oído ante una instancia superior que venga a enmendar o corregir los errores o arbitrariedades graves que hagan nugatorio el derecho fundamental o derecho humano que se reclama como violentado. Estima que no sujetar a una autoridad jurisdiccional de primera instancia a una segunda instancia, por medio de un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, para una revisión del fallo dictado en primera instancia a través del derecho de recurrir, es un claro y evidente atropello al acceso a la justicia, a la protección judicial y al debido proceso. Señala que la no regulación del derecho a recurrir es dejar a la libre a un órgano jurisdiccional de primera y única instancia para dictar un fallo arbitrario y no conforme a derecho, dejando a la parte perjudicada en un estado de indefensión ante la imposibilidad de tener acceso a un recurso de apelación que sea de conocimiento de un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. Con base en lo anterior, solicita que se declare con lugar en todos sus extremos esta acción de inconstitucionalidad y se anule la frase No habrá recurso contra las sentencias, () de la jurisdicción constitucional. Se inste a la Asamblea Legislativa que proceda a reformar la Ley de la Jurisdicción Constitucional para que se proceda: a) a la creación del recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra las sentencias definitivas dictadas en la jurisdicción constitucional. b) A la creación de un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica que el órgano jurisdiccional de primera instancia, para que conozca en segunda instancia, el recurso de apelación dentro de la jurisdicción constitucional.

2.- La parte accionante fundamenta su legitimación en el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que indica como proceso base el recurso de amparo n.° 22-003543-0007-CO, dentro del cual afirma que se encuentra pendiente de resolver un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Asimismo, aduce que invocó la inconstitucionalidad de la norma aquí impugnada dentro del recurso de amparo base.

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....C.V.; y,

CONSIDERANDO

I.- REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan pronunciarse sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo o en la administrativa en el procedimiento de agotamiento de esta vía, sea, en el procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa no se requiere del asunto base, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala, mediante Sentencia n.° 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:

() En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ().

Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber: el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

II.- En el caso concreto, observa esta Sala que la parte accionante incumple con varios requisitos de admisibilidad, tales como: aportar el timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica -correspondiente a la autenticación del escrito inicial- ni, tampoco, fundamenta su legitimación incidental en un proceso base pendiente de resolver, donde se invoque la inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Esto, toda vez que, el recurso de amparo n.° 22-003543-0007-CO, que el accionante indica como asunto previo, ya se encuentra resuelto por sentencia n.° 2022-4850 de las 09:15 horas del 25 de febrero de 2022, en la cual se dispuso Se rechaza por el fondo el recurso. Los Magistrados Castillo Víquez y G.V. consignan nota, voto que tiene carácter de cosa juzgada. No obstante, por economía procesal, en este asunto se prescinde del trámite de prevención a que hace referencia el artículo 80 de la Ley que rige esta jurisdicción y se procede a rechazar por el fondo esta acción, como a continuación se dispone.

III.- SOBRE EL FONDO. En el caso en estudio, la parte accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 11, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que, en su criterio, este es contrario a los numerales 41 de la Constitución Política y 1.1; 2; 8, inciso 2, aparte h); y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, en reiteradas ocasiones, esta Sala se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Así, en la sentencia n.° 125-92 de las 16:30 horas del 21 de enero de 1993 dispuso lo siguiente:

I. Procede declarar sin lugar la acción en cuanto se dirige contra lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional porque esa norma tiene sustento en lo que establecen los artículos 10 y 48 de la Constitución Política y en doctrina universal sobre la irrecurribilidad de las sentencias dictadas por los tribunales constitucionales. La imposibilidad de recurrir las sentencias, no se aplica únicamente a la Sala Constitucional, sino a otros tribunales, como la propia Constitución lo establece en el artículo 103 para el Tribunal Supremo de Elecciones. De la peculiar naturaleza de la jurisdicción constitucional y de las competencias que le atribuye la Constitución se deriva el hecho de que ante el órgano que las ejerce no quepan recursos de alzada, pues si existiera otro al que correspondiera revisar sus resoluciones, Este sería el Tribunal Constitucional y no aquel. Si bien la Sala ha reiterado el criterio de que la correcta interpretación y aplicación de los principios del debido proceso, que tienen asidero en los artículos 39 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Americana Implican el derecho a que un tribunal superior examine o reexamine, por vía de recurso, la legalidad y razonabilidad de toda sentencia o resolución jurisdiccional que imponga a la persona un gravamen irreparable o de difícil reparación (cfr.Voto N 300-90) esa regla no es aplicable en forma irrestricta pues hay casos que por su naturaleza excepcional están eximidos de ella -como por ejemplo el Juzgamiento de los miembros de los supremos poderes y ministros diplomáticos de la República por parte de la Corte Plena en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 71 inciso 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- y que para brindar mayor garantía de Justicia, los legisladores siempre han atribuido su conocimiento a tribunales colegiados como la Corte Plena o en el nuestro a la Sala Constitucional De ahí que la norma impugnada no constituye violación al articulo 39 constitucional y 8 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos La Sala ha admitido en forma reiterada su facultad de anular sus propias sentencias ante la evidencia de manifiestas nulidades en perjuicio de los derechos fundamentales de los justiciables

II Es manifiestamente erróneo el criterio expresado por el accionante con relación al contenido del párrafo segundo del articulo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional cuando dice que "ese principio válido únicamente en cuanto la Sala Constitucional ejerce control de constitucionalidad sobre actos sujetos al Derecho Público tipo de control que implica que la Sala es superior jerárquico impropio de los entes públicos mas resulta inválido en cuanto a actos sujetos al Derecho Privado ejercidos por personas físicas o Jurídicas privadas" (folios 5 in fine y 6) La Sala es un órgano Jurisdiccional con las competencias que le señalan la Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional y en ningún caso se trata de un superior J.árquico impropio de los entes públicos con los cuales no tiene relaciones de Jerarquía ni de tutela administrativas y las acciones recursos consultas o conflictos que ante ella se formulen son de naturaleza Judicial de modo que tanto los poderes públicos como los particulares tienen la obligación de ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelva o disponga en el ejercicio de sus competencias Tampoco es cierto que la Sala Constitucional cuando juzga actuaciones de particulares con particulares actúa como cualquier otro órgano Jurisdiccional y como tal debe estar sujeta al principio de la doble instancia, pues no existe otra instancia a la que la Constitución le atribuya facultades para ello. (Criterio reiterado, entre otros, en los votos n.°0935-94 de las 15:18 del 16 de febrero de 1994 y n.° 10550-2009 de las 14:51 horas del 1° de julio de 2009).

Con base en lo anterior, al no existir elementos de juicio que justifiquen variar el criterio expuesto en el antecedente precitado, procede rechazar por el fondo esta acción, como en efecto se dispone.

IV.- CONCLUSIÓN.- Con base en las consideraciones anteriores, se rechaza por el fondo esta acción.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO

Se rechaza por el fondo esta acción.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 22-006179-0007-CO

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