Sentencia Nº N de Sala Constitucional, 06-04-2022

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Número de sentenciaN
Fecha06 Abril 2022
Revisión del Documento



Exp: 22-006010-0007-CO

Res. Nº 2022008038

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las nueve horas veinte minutos del seis de abril de dos mil veintidos .

A.ón de inconstitucionalidad interpuesta por G. de los Ángeles M.M.a, portadora de la cédula de identidad nro. 503230147, contra el artículo 15 del Reglamento de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala el 21 de marzo de 2022, se solicita que se declare inconstitucional el artículo 15 del Reglamento de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Alega, la accionante, que el pasado 16 de febrero de 2022, falleció Eliver Damián de Jesús M.M., quien en vida fuera su tío por línea materna. Alega que, por su delicada condición de salud, su tío no era independiente y requería de cuidados especiales. Añade que ella se dedicó a cuidar de su tío, pues no tenía una familia nuclear que satisficiera sus necesidades durante su enfermedad. Asevera que, incluso, tuvo que dejar de lado las labores que le generaban un ingreso económico, para poder atender las urgencias y necesidades que su tío. Por tal razón, solicitó que se realizara un estudio con el fin de determinar la viabilidad que se le concediera ser la beneficiaria de la pensión de su tío, al amparo del artículo 15 del Reglamento de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que establece que: "En ausencia de padres con derecho, las personas que hubieren prodigado los cuidados propios de padres al asegurado fallecido, tendrán derecho a pensión por ascendencia si se cumplen las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 14 de este Reglamento, según la calificación y comprobación de los hechos que hará la Caja". Sin embargo, el Departamento de Pensiones de la CCSS, de la Sucursal de Liberia, le envío como respuesta el oficio DRSCH-SL-0098-2022, en que le comunicó que: "Se logra determinar que usted al tener un parentesco distinto al estipulado en la normativa supra, no se ajusta a ninguno de los supuestos mencionados, por lo tanto, no existe posibilidad de otorgarle el beneficio por muerte del señor E.M.M., cédula de identidad no. 501690624, toda vez que usted es sobrina del fenecido y los sobrinos no se contemplan en la normativa vigente como posibles beneficiarios". En razón de lo anterior, interpone la presente acción de inconstitucionalidad, por estimar que el artículo 15 del Reglamento de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social infringe los artículos 21 de la Constitución Política y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues ambas normas persiguen dotar a las personas de una calidad de vida, principalmente, en sus momentos más críticos. Cita, además, los artículos 157, inciso 2), del Código Penal, así como los ordinales 572 y 573 del Código Civil. Señala que, con sustento en tal normativa, así como el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, pareciera que el artículo 15 del Reglamento de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social debe ser actualizado o reformado, para contemplar la relación de parentesco entre tíos y sobrinos. Insiste que tanto el artículo 21 de la Constitución Política, como el numeral 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalan que la vida humana es inviolable, lo que implica que toda persona, en todo momento, tiene derecho al disfrute de una mejor calidad de vida y si no cuenta con un familiar "por ascendencia" -como lo señala el artículo impugnado-, que le brinde los cuidados que requiere en sus últimos momentos de vida, pero es otra persona la que decide prodigarle amor y calidad de vida cuando más lo necesita, entonces, debe reconocerse el esfuerzo a esa persona que estuvo a su lado y lo auxilió. Máxime si, como en su caso, tuvo que dejar de lado las labores que le generaban un ingreso para su familia. Solicita que se declara con lugar la presente acción.

2.- Por resolución de las 13:53 horas del 22 de marzo de 2022, se previno a la accionante que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución y bajo apercibimiento de denegarle el trámite a la acción en caso de incumplimiento, deberá: a) indicar cuál es la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad y de existir un asunto previo pendiente de resolver, en el que se haya invocado la inconstitucionalidad de la norma impugnada -con anterioridad a la interposición de la acción-, como medio razonable de amparar el derecho o interés que considera lesionado, deberá aportar certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de la norma en el asunto base y acreditar el estado procesal en que se encuentra tal asunto y b) procederse con la autenticación de la firma del escrito de interposición por un profesional en Derecho. Lo anterior, de conformidad a los artículos 75, 78, 79 y 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, se le previno que, dentro del mismo plazo, agregara y cancelara el timbre del Colegio de Abogados por la suma de 275 colones, correspondiente a la autenticación del escrito inicial.

3.- Según acta de notificación, que consta asociada al expediente electrónico, la anterior resolución se notificó a la accionante a las 14:31 horas del 22 de marzo de 2022, al correo electrónico aportado en el propio escrito de interposición (sea, jazmorales024@gmail.com).

4.- Mediante escrito fechado 30 de marzo de 2022, asociado a este expediente en día 31 de ese mismo mes, la accionante indica que sí cumplió la prevención y que remitió la respectiva documentación a esta Sala, el día 25 de marzo de 2022, a las 15:34 horas. Señala que se reenvía nuevamente la documentación que se remitió ese día.

5.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

R..e.M....C.V.; y,

Considerando:

I.- DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que necesariamente deben cumplirse para que este Tribunal pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa en el procedimiento de agotamiento de esta vía-, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa no se requiere del asunto base-, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. Existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de la norma impugnada en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

II.- DE LA INVOCACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL ASUNTO BASE. Según se indicó, el artículo 75, párrafo primero, in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional presupone, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad, en el caso del control concreto o incidental, la existencia de un asunto principal pendiente de resolver en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable para amparar la situación jurídica sustancial que se estima lesionada. Tales requisitos no se traducen en una cuestión meramente formal, pues no basta con el simple cumplimiento de los mismos, sino que se requiere, además, que la norma impugnada a través de esta vía tenga una incidencia directa sobre el asunto que sirve como base, de tal suerte, que lo resuelto en la acción sirva como un medio razonable para amparar el derecho o interés lesionado dentro del asunto previo. A contrario sensu, si no existe una conexidad directa entre el objeto de discusión del asunto base y lo impugnado en la acción, no resulta posible que esta Sala se pronuncie al respecto. Es por lo anterior, que, de conformidad con los artículos 75 y 79 de la Ley que rige a esta J.ón, los accionantes deben acreditar y aportar certificación literal del escrito en el que invocaron la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, a efecto de verificar su incidencia en tal asunto. En cuanto a los requisitos que debe cumplir el citado escrito de invocación, esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que:

() si bien, en la invocatoria de inconstitucionalidad de la norma, no se exige una extensa fundamentación, lo cierto es, que sí resulta necesario que en el asunto base se invoque expresamente, la inconstitucionalidad de la norma impugnada en la acción... y se indiquen las normas constitucionales que se consideren infringidas…”. (Sentencia No. 2014-000851 de las 14:30 hrs. del 22 de enero de 2014). (Sentencia nro. 2017-007744 de las 9:15 horas del 24 de mayo de 2017).

Asimismo, este Tribunal ha resuelto que la invocación de inconstitucionalidad debe efectuarse en el asunto base de previo a la interposición de la acción (véase, por ejemplo, votos nro. 2016-009868 de las 9:20 horas del 13 de julio de 2016 y nro. 2016-011291 de las 10:40 horas del 10 de agosto de 2016).

III.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el sub lite, se incumplen varios requisitos formales que determinan la inadmisibilidad de esta acción de inconstitucionalidad. A la accionante se le previno, mediante resolución de las 13:53 horas del 22 de marzo de 2022, que aclarara cuál es la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad y de existir un asunto previo pendiente de resolver, en el que se haya invocado la inconstitucionalidad de la norma impugnada -con anterioridad a la interposición de la acción-, como medio razonable de amparar el derecho o interés que considera lesionado, deberá aportar certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de la norma en el asunto base y acreditar el estado procesal en que se encuentra tal asunto. En respuesta a tal prevención, la accionante aportó distinta documentación, de la que se puede derivar que, por escrito fechado 21 de febrero de 2022, presentado en la Sucursal de Liberia de la Caja Costarricense de Seguro Social, la parte actora solicitó que se le otorgara una pensión. T.én se puede constatar que, mediante oficio DRSCH-SL-0098-2022 del 23 de febrero de 2022, el Administrador a. i. de la Sucursal de Liberia, D.ón Regional de Sucursales Chorotega de la Caja Costarricense de Seguro Social, le contestó que no procedía otorgar la pensión pretendida, con sustento en lo establecido en los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte. Sin embargo, del estudio de esa misma prueba no se puede acreditar que al momento de interponer la acción exista pendiente de resolver alguna otra gestión o petición de la accionante en sede administrativa, ni mucho menos que exista pendiente de resolver un eventual recurso administrativo interpuesto en contra de lo ya resuelto. En cuyo caso, debe reiterarse que, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía incidental -como la presente-, se requiere la existencia de un asunto base, que bien puede tratarse de un procedimiento administrativo, siempre y cuando este se encuentre en fase de agotamiento de la vía, sea, en el procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final (véase voto nro. 2020-021780), que, como ha indicado reiteradamente esta Sala, inicia con y a partir del recurso de reposición o alzada, interpuestos contra el acto final (véase votos nro. 182-95 y nro. 2013-008954); no obstante, pese a la prevención realizada a la accionante, esta no le acredita a esta Sala que exista en curso un procedimiento administrativo de impugnación contra el acto final. Adicionalmente, revisada esa misma prueba documental, tampoco se verifica que la accionante haya realizado formal y expresa invocación de inconstitucionalidad de la normativa impugnada en el alegado asunto base -conforme los requisitos mínimos exigidos por esta Sala, en atención a lo dispuesto en los artículos 75 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-.

IV.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano la acción en estudio, como así se dispone.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano la acción.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



MVKHD947FUK461

EXPEDIENTE N° 22-006010-0007-CO

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR