Sentencia Nº 000775-F-S1-2022 de Sala Primera de la Corte, 31-03-2022

EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia000775-F-S1-2022
Fecha31 Marzo 2022
20180004000816-5167157-1.rtf

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Exp. 14-002836-1027-CA

Res. Nº 000775-F-S1-2022

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las catorce horas cuarenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidos .

Proceso de conocimiento establecido por M.U..Á..L.L., quien, por ser abogado, ejerce su propia representación; contra la DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO (en adelante DNN), representada por el Director Ejecutivo, señor G.S.í B., y contra el ESTADO, representado por el Procurador Adjunto, A.A.O.. La Dirección Nacional de Notariado y el Estado plantean Recurso de Casación contra la Sentencia N° 041-2018-VII de las 09 horas del 11 de junio de 2018, dictada por la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Redacta la Magistrada R.M.:

CONSIDERANDO

I.- El señor M.U..Á..l.L. formuló demanda de conocimiento contra la Dirección Nacional De Notariado (en adelante DNN) y el Estado, en la que solicita que se anule la resolución N° 301-2014 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del once de febrero de dos mil catorce y se ordene habilitarlo como notario institucional del Banco Nacional de Costa Rica. Además, se condene a la DNN al pago de daño moral subjetivo, calculado prudencialmente en la suma de veinte millones de colones y al pago de los intereses a la tasa legal, desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago, así como al pago de ambas costas del proceso. La DNN y el Estado contestaron de forma negativa la demanda, solicitaron se declare sin lugar en todos sus extremos y condene al actor al pago de ambas costas de la acción. Ambos demandados opusieron la excepción de falta de derecho. El Tribunal Contencioso, en los hechos probados de la sentencia impugnada, tuvo por acreditado que desde el 09 de setiembre de 2013 el actor es empleado del Banco Nacional de Costa Rica, nombrado como servidor propietario en el puesto "Profesional 2" en Gestión de Crédito Personal. El 04 de noviembre de 2013, el accionante solicitó a la DNN, su inscripción y habilitación como Notario Público Institucional del Banco Nacional de Costa, sin embargo, mediante resolución N° 301-2014 de las 14 horas con 49 minutos del 11 de febrero de 2014, la DNN denegó dicha solicitud. La audiencia preliminar fue celebrada el 10 de febrero de 2015, se declaró el proceso de puro derecho y las partes rindieron sus conclusiones. La Sección Sétima del Tribunal Contencioso dictó la sentencia N° 83-2015 de las 11 horas del 10 de agosto de 2015, sin embargo, ante recurso de casación interpuesto por la parte actora, dicha sentencia fue anulada mediante voto N° 1296-2017 de las 11 horas 40 minutos del 26 de octubre de 2017 de la Sala Primera, la que dispuso reenviar el expediente al Despacho de origen, para que se dictara nueva sentencia conforme a derecho. La Sección Sétima del Tribunal Contencioso, integrada por la J..S.Q.V., los Jueces F.H.R. y F.M.ñoz C.ón; dictó la sentencia N° 041-2018-VII de las 09 horas del 11 de junio de 2018, y determinó:"... Se acoge en forma parcial la excepción de falta de derecho opuesta por las representaciones de los demandados. Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el señor M.U. ÁLVAREZ LEIVA contra el ESTADO y la DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO y en consecuencia se anula la resolución número 301-2014 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del once de febrero de dos mil catorce de la Dirección Nacional de Notariado, que denegó la habilitación del señor ÁLVAREZ LEIVA, como notario institucional o de planta del Banco Nacional de Costa Rica y de conformidad con el artículo 123 inciso a) y k) del Código Procesal Contencioso Administrativo se declara también por conexidad y consecuencia, la nulidad únicamente de la expresión "sujeto al régimen de empleo público" del artículo 1° del Lineamiento para el Ejercicio y Control del Notario Institucional, aprobado por el Consejo Superior Notarial en sesión número 27-2010 del 6 de octubre de 2010 y publicada en el Diario La Gaceta del 2 de noviembre de 2010. En virtud de lo resuelto, la Dirección Nacional de Notariado, de existir interés del gestionante, reexaminará su solicitud, valorándola a la luz de lo resuelto en esta sentencia. Se condena a los demandados al pago en favor del actor de la suma de ¢1.000.000,00 (UN MILLÓN DE COLONES) por concepto de daño moral subjetivo. Suma que devengará intereses legales calculados desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. En lo demás se deniega la demanda intentada. Se condena a los demandados al pago por partes iguales de ambas costas de esta acción, las que se liquidarán en ejecución de sentencia. El Estado presentó gestión de adición y aclaración, la cual fue resuelta mediante auto N° 041-2018-BIS de las 14 horas 30 minutos del 22 de junio de 2018: “…Se aclara la parte dispositiva de la sentencia número 41-2018 de las nueve horas del once de junio de dos mil dieciocho, en el sentido de que la condenatoria al pago de la suma otorgada por concepto de daño moral en favor del actor es en forma solidaria entre ambos demandados…”. Inconforme con lo resuelto, ambos demandados presentaron recurso de casación, los cuales fueron admitidos por esta Sala.

RECURSO DE LA DNN POR VIOLACIÓN A NORMAS PROCESALES.

II.- La DNN plantea dos agravios de índole procesal. Primero: Acusa, la sentencia recurrida es incongruente por ultra petita y violenta el derecho de defensa, ya que, anuló parcialmente una norma del ordenamiento jurídico, sea el artículo 1 de los Lineamientos para el ejercicio y control del Notario Institucional, sin que esto haya sido peticionado por el actor y sin que hubiese sido considerado objeto del proceso, con lo cual se le negó, a la parte demandada, la defensa oportuna sobre la legalidad de dicha norma. Reprocha, la sentencia se fundamenta en el artículo 123 incisos a) y k) del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), sin que dicha norma pueda sustentar tal actuación, ya que regula un supuesto distinto. Señala, el ámbito de competencia oficiosa del juez se restringe a las conductas administrativas directamente relacionadas con las sometidas al proceso y, en este caso, el Tribunal anula normas que no han sido cuestionadas, debatidas ni sometidas al contradictorio. A., al haber un vicio procedimental por exceso entre lo peticionado y lo otorgado, debe declararse la nulidad de la sentencia en cuanto anuló la frase sujeto al régimen de empleo público del artículo 1 de los Lineamientos para el ejercicio y control del Notario Institucional. Segundo: Reclama, falta de motivación debido a que el Tribunal para anular la resolución N° 301-2014 de las 14 horas con 49 minutos del 11 de febrero de 2014, dictada por la DNN, se fundamentó en la declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico de la frase sujeto al régimen de empleo público del artículo 1 de los Lineamientos para el ejercicio y control del Notario Institucional, dictada dentro de la misma sentencia impugnada. Aduce, al existir un vicio de incongruencia alegada en el motivo anterior, también se debe eliminar la motivación dada en sentencia para anular la resolución administrativa N° 301-2014. Esta última continuaría dictada en total apego a una norma vigente y a la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Alega, el fallo recurrido fundamenta el reconocimiento del daño moral subjetivo y su cuantificación bajo la única premisa de que la denegatoria de la habilitación del actor como notario de planta o institucional, le causó desánimo al verse imposibilitado de ejercer la función por la que fue contratado, causándole una perturbación, preocupación y angustia. Agrega, el Tribunal no hace mayor análisis al fijar el daño moral, violentando así los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que omite señalar cuál es esa gravedad del daño que dice existió. Tampoco hace mayor razonamiento respecto a la proporcionalidad del monto otorgado, por lo que dicho monto no tiene fundamento alguno. El Tribunal no tomó en cuenta que el actor conocía la existencia del Lineamiento para el ejercicio y control del Notario Institucional, la jurisprudencia de la Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo; tampoco valoró que desde el año 2014 se rechazó, fundamentadamente, su solicitud, lo que elimina que exista, aún en grado de probabilidad, razones motivadas de una angustia.

RECURSO DE LA DNN POR VIOLACIÓN A NORMAS SUSTANTIVAS.

III.- La DNN plantea un agravio por violación a normas sustantivas. Reprocha, violación del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y, por consiguiente, de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. D., el inciso b) del artículo 7 del Código N. (en adelante CN) prohíbe a los notarios públicos autorizar en la Administración Pública, instituciones estatales descentralizadas o empresas públicas, actos o contratos jurídicos donde aparezcan como parte sus patronos o empresas subsidiarias, si recibe salario o dietas de éstas. No obstante, le permite a dichos notarios autorizar esos actos o contratos siempre que no cobre honorarios por este concepto. Agrega, el artículo 8 del CN prohíbe a la Administración Pública contratar a un mismo notario en más de tres instituciones simultáneamente. Además, señala que en los actos o contratos jurídicos en que sean parte el Estado, sus empresas, las instituciones autónomas y semiautónomas, y que sean autorizados por notarios que devenguen salario, dieta u otra remuneración de la institución respectiva, éstos no podrán cobrar honorarios profesionales al Estado ni a terceros. Aduce, la función notarial es una función pública, por lo que el funcionario habilitado asesora, de manera imparcial, a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él (artículo 2 del CN). Agrega, la Dirección Nacional de Notariado como órgano del Poder Judicial, dictó la Directriz 2000-006, perio, al ser cuestionada su constitucionalidad, la Sala Constitucional, mediante R.ón N° 2003-05417 de las 14 horas con 48 minutos del 25 de junio de 2003, determinó: “…Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula el texto Todo servicio que brinda el notario público debidamente habilitado, según lo establece el régimen jurídico vigente sólo puede ser retribuido con honorarios, en consecuencia no podrá el fedatario público brindar ese servicio en forma gratuita, ni bajo salario o retribución fija. contenido en el Por tanto de la Directriz número 2000-0006 de las diez horas del veintidós de agosto de dos mil, de la Dirección Nacional de Notariado. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se anulan por conexidad, del Reglamento de fiscalización notarial a lo interno y externo, emitido por la Dirección Nacional de Notariado el treinta de enero de dos mil uno, el inciso ñ) del artículo 7°, y del párrafo final del artículo 11, el texto se encuentren contratados bajo retribución fija, o”…”. Agrega, en esa misma resolución, la Sala Constitucional delimitó el concepto de notario institucional: “…Por su parte, del 7 inciso b) del Código Notarial se desprende por un lado que los notarios pueden recibir salario de la Administración Pública, instituciones descentralizadas y empresas públicas, y por otro, se pretende regular el ejercicio de los notarios de planta que pueden realizar la actividad notarial en asuntos de interés de sus patronos o empresas subsidiarias, siempre que no cobren honorarios por ello, lo cual es una consecuencia lógica pues se pretende evitar un enriquecimiento ilícito del notario que ya recibe un salario de la Administración. Lo anterior, es reforzado por el párrafo final del artículo 8 del Código Notarial que prohíbe el cobro de honorarios a los notarios que devenguen salario de una institución pública, con lo cual se reconoce una vez más la posibilidad de que se contrate a un notario bajo la modalidad de salario…”. A., con la Resolución N° 13672-2004 de las 18 horas con 33 minutos del 30 de noviembre de 2004, la Sala Constitucional delimitó el concepto de notario institucional o notario bajo el régimen de empleo público, por lo que, en acatamiento de esa jurisprudencia vinculante, la Dirección Nacional de Notariado emitió la resolución N° 1817 de las 15 horas del 24 de setiembre de 2003. D., con la promulgación de la Ley 8795 del 04 de enero de 2010, que reformó el Código Notarial, la Dirección Nacional de Notariado se conformó como órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Justicia y Paz y, además, rector de la actividad notarial, con competencia para regular la actividad de todos los notarios públicos activos. Con esa misma reforma, se constituyó el Consejo Superior Notarial con la atribución de emitir los lineamientos y las directrices de acatamiento obligatorio para el ejercicio del notariado y dictar medidas relacionadas con la organización, supervisión y control del notariado costarricense. Ese Consejo, en sesión N° 27, celebrada el 06 de octubre de 2010, tomó el acuerdo N° 2010-27-003 con el que dictó Los Lineamientos para el ejercicio y control del Notario Institucional, norma vigente que no fue cuestionada en este proceso, mediante la que se regula el notariado institucional y, en el artículo 1, se establecen los requisitos para su ejercicio, entre ellos el prestar sus servicios notariales, bajo una remuneración salarial, con dedicación exclusiva y sujeto al régimen de empleo público, lo cual es acorde con la jurisprudencia constitucional. Acusa, lo resuelto en la sentencia impugnada evidencia disconformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional y violenta el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que establece: La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma..

RECURSO DEL ESTADO POR VIOLACIÓN A NORMAS SUSTANTIVAS.

IV.- El Estado plantea dos agravios por violación a normas sustantivas. Primero: Reprocha, falta de aplicación de los numerales 16, 17 del CPCA y 21 del CN, así como indebida aplicación de los artículos 190 y 191 de la Ley General de la Administración Pública (en lo sucesivo LGAP) y del artículo 12 inciso 2) del CPCA. A., la sentencia impugnada condena al Estado en forma solidaria al pago del daño moral en la suma de un millón de colones; sin embargo, estima, tal condenatoria debe recaer solo en la DNN, tal y como lo pidió expresamente la parte actora en su pretensión. Agrega, la conducta impugnada y anulada en sentencia (resolución N° 301-2014), fue dictada exclusivamente por la DNN, que según el artículo 21 del CN, es el órgano rector de la actividad notarial costarricense y ostenta competencia exclusiva para regular la actividad de los notarios públicos activos. Es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con personalidad jurídica instrumental, lo que le permite realizar actividad contractual, administrar recursos y tener patrimonio propio. Tiene, en consecuencia, autonomía administrativa, presupuestaria y funcional. Alega que, erradamente, el Tribunal condena solidariamente al Estado, sin valorar que solo integró la litis por disposición expresa del inciso 2) del numeral 12 del CPCA, el cual dispone que cuando el proceso se instaure contra una conducta de un órgano administrativo que tenga personalidad jurídica instrumental, también se debe considerar como parte demandada al Estado o al ente al cual se encuentre adscrito. Lo anterior no implica que actúen con la misma representación judicial, de manera que, en el presente caso, el Estado y la DNN participan de forma independiente. Señala, corresponde al Juzgador, con arreglo a las normas sustantivas, determinar si la omisión o la actuación administrativa cuestionada se desarrolló o no bajo las competencias de la personalidad jurídica instrumental otorgada, como sucede en este caso, consiguientemente, es a la DNN a quien debe atribuirse el deber de reparar. En este caso, se trata de un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, por lo que, cualquier responsabilidad económica derivada de ese acto, debe ser asumida con su patrimonio, que es independiente del presupuesto del Estado Central. Acusa, tal condena solidaria contraviene precedentes judiciales dictados por la Sala Primera, respecto a la participación del Estado en el proceso judicial cuando la conducta u omisión corresponde a un órgano con personalidad jurídica instrumental. Transcribe fragmentos de las resoluciones N° 237-F-S1-2003 de las 10 horas del 7 de mayo de2003, N° 001360-F-S1-2010 de las 10 horas y 25 minutos del 11 de noviembre de 2010 y N° 883-F-S1-2011 de las 09 horas y 05 minutos del 28 de julio de 2011. Agrega, debe eliminarse la condena solidaria del Estado al pago del daño moral y acogerse la excepción de falta de derecho en cuanto a este extremo. Sostiene, en este caso, a lo sumo, podría disponerse una condena subsidiaria contra el Estado, de manera que la obligación de resarcir le corresponda al órgano desconcentrado y, sólo en caso de que éste no pueda hacer frente a la obligación, el Estado deba responder. Segundo: Reclama falta de aplicación del inciso b) del numeral 193 del CPCA e indebida aplicación del párrafo primero del mismo artículo, ya que, en este proceso, el tema jurídico discutido, los antecedentes jurisprudenciales existentes acreditan que existió suficiente motivo para litigar por parte del Estado. En efecto, ante la ausencia de normativa legal expresa, la DNN, sustentándose en diversas resoluciones de la Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso sobre el tema de los notarios institucionales, dispuso lo que estimó ajustado a aquellas resoluciones, por lo que existió suficiente motivo para litigar por parte del Estado; además, la participación del Estado fue obligada por disposición del ordinal 12 del CPCA.

V.- En vista de que todos los agravios están estrechamente relacionados y, con el fin de evitar reiteraciones innecesarias, esta Cámara procede a resolver los motivos procesales y sustantivos de la DNN y del Estado, de manera conjunta. El Tribunal, en la sentencia combatida, indicó: “…Llegados a este punto, podemos ahora sí, proponer nuestras propias conclusiones a partir del análisis normativo y jurisprudencial realizado. Se extrae que el Código Notarial no regula en forma expresa, clara y específica los requisitos de la figura del notario de planta o institucional, ya que las menciones de los artículos 7° y 8°, no permiten derivarlos. () De esta relación de normas, rescatamos que hay una mención a los notarios en régimen de empleo público, sin que se precise si la acepción se refiere estrictamente a funcionario público o como mención genérica de un régimen de contratación bajo salario, sea como parte de una institución de derecho público o empresa comercial estatal. Véase de igual manera que se recurre a un concepto muy propio del régimen laboral común, al mencionarse la expresión "ente patronal". De igual manera se desprende que, en las diversas oportunidades en que la Sala Constitucional se ha ocupado del tema del notario de planta no ha sostenido expresamente que debe necesariamente contar con un nombramiento como funcionario público o que se excluya la posibilidad que sea contratado bajo el régimen del derecho laboral o común. No obstante ello, y por la confusión que generó los votos de la Sala Constitucional y las menciones que realizan los precedentes de este Tribunal, la Dirección Nacional de Notariado, en forma expresa interpretó que el régimen de empleo público, es única y exclusivamente el propio de la relación de servicios regidas por el derecho administrativo que presta una persona que ingresa al servicio de una Administración Pública, dictando el Lineamiento para el Ejercicio y Control del Notario Institucional, () definiendo al notario institucional, notario de planta o notario en régimen de empleo público como aquel que ha sido contratado por la Administración Pública para que preste sus servicios notariales, bajo una remuneración salarial, con dedicación exclusiva y sujeto al régimen de empleo público. Siendo así, es evidente que el Lineamiento establece un requisito que no encuentra sustento legal y que ni siquiera se puede extraer en forma diáfana y clara de la jurisprudencia constitucional, que también se debe decir, no es el medio idóneo para establecer, crear o disponer requisitos, quebrantando, desviando o desconociendo la voluntad del legislador. No puede pasar desapercibido que el propio lineamiento incurre en la imprecisión por generalización al utilizar la expresión "Administración Pública", que, si bien es comprensiva del conjunto de entes y órganos que la componen, lo cierto es que, salvo contadas excepciones, los contratantes de notarios de planta son los bancos comerciales del Estado, integrantes sí de la Administración Pública en un sentido lato, pero que no realicen ordinariamente función administrativa. El lineamiento de la Dirección Nacional de Notariado introduce, además, una limitación que atenta contra la libertad de trabajo, vía reglamento, que contraría los artículos 12.2, 19 y 124 de la Ley General de la Administración Pública, al igual que de los principios y valores ínsitos en la Constitución Política. Como también se dijo, es claro que la posibilidad de contar con notarios de planta obedece a una necesidad propia de los bancos comerciales del Estado y dada la naturaleza de su actividad, el régimen de contratación de sus empleados se rige por el derecho laboral o común, sin que sea posible vía jurisprudencia, reglamento o directriz, crear, modificar o alterar ese régimen y mucho menos pretender que el nombramiento de un notario de planta se haga bajo los requerimientos del régimen del empleo público, si no existe norma expresa a nivel legal que así lo exija, dado que por sus implicaciones y efectos, constituye materia reservada a la ley. En el caso que nos ocupa, el accionante fue expresamente contratado para fungir como notario de planta en el Banco Nacional de Costa Rica, ante lo cual solicitó la habilitación correspondiente a la Dirección Nacional de Notariado, que le fue denegada en la resolución número 301-2014 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del once de febrero de dos mil catorce, aduciendo esa D.ón que al no contar con un nombramiento como funcionario público, toda vez que su relación de empleo con el Banco es de carácter laboral, no puede ser habilitado al no cumplir con ese requisito, justificando la denegación y la imposición de ese requisito en la jurisprudencia de la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo y motivando escuetamente su decisión en las siguientes razones: "Considerando XIV: Finalmente, es imperativo hacer notar que son principios fundamentales y medulares en la función pública notarial del Estado delegada en los particulares, la OBJETIVIDAD y LA IMPARCIALIDAD en su desempeño, sin que tales principios consustanciales con la función pública puedan ser ser de cabal atención cuando el Notario se encuentra subordinado jurídica y económicamente al rogante del servicio notarial." Sostener, como lo hace esa resolución, que la objetividad e imparcialidad de la función notarial, se garantiza únicamente cuando el notario de planta se encuentre nombrado bajo el régimen de empleo público, resulta una observación empírica sin mayor respaldo probatorio y jurídicamente desafortunada, puesto que cualquier notario, independientemente de su denominación, debe observar los deberes éticos y legales propios de la función, sin que en su condición de empleado, vea menoscaba o incluso amenazada su objetividad e imparcialidad…”. Para este Colegio, lleva razón la DNN en su agravio sustantivo, pues, efectivamente, la sentencia impugnada anuló la resolución N° 301-2014 de las 14 horas con 49 minutos del 11 de febrero de 2014 de la DNN, que denegó la habilitación del señor Álvarez L., como notario institucional o de planta del Banco Nacional de Costa Rica y declaró también por conexidad y consecuencia, la nulidad de la expresión "sujeto al régimen de empleo público" del artículo 1° del Lineamiento para el Ejercicio y Control del Notario Institucional, aprobado por el Consejo Superior Notarial. Dicha sentencia se apartó de lo dispuesto de manera expresa por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la figura del notario institucional o de planta en la Administración Pública. Con tal proceder, el Tribunal desaplicó los precedentes vinculantes erga omnes de la Sala Constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Téngase en cuenta que el Código Notarial data del año 1998 y creó la figura del notario institucional. En lo que es de interés, en su artículo 1 dispuso: Notariado público. El notariado público es la función pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el funcionario habilitado asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él.. El precepto 4 inciso f), establece que están impedidos para ser notarios públicos: Quienes ejerzan cargos en cualquier dependencia del sector público, incluso en las estructuradas según modelos organizacionales del Derecho Privado, en los que se les prohíba el ejercicio externo del notariado.. Ahora bien, el canon 5 inciso d), dispone como excepción: Se exceptúa de la prohibición contenida en el inciso f) del artículo anterior: () Los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las instituciones públicas y municipalidades, contratados a plazo fijo, excluidos del Régimen de Servicio Civil y que no gocen de sobresueldo ni compensación económica de ninguna clase por prohibición o dedicación exclusiva, siempre que no exista superposición horaria ni disposición en contrario, en la legislación reguladora del órgano o institución donde se presten los servicios.. Adiciona el precepto 7, en lo que al caso interesa: Prohibiciones. Prohíbase al notario público: () b) Autorizar en la Administración Pública, instituciones estatales descentralizadas o empresas públicas, de las cuales reciban salario o dieta, actos o contratos jurídicos donde aparezcan como parte sus patronos o empresas subsidiarias. No obstante, podrá autorizarlos siempre que no cobre honorarios por este concepto. Sin embargo, los notarios en régimen de empleo público podrán cobrar honorarios correspondientes a los particulares, en los casos de formalización de escrituras relacionadas con los fondos de ahorro y préstamos que funciones adscritos a cada institución, y no correspondan a la actividad ordinaria del ente patronal. () e) Ejercer el notariado, simultáneamente, en más de tres instituciones estatales descentralizadas y en empresas públicas estructuradas como entidades privadas.. Por su parte, el artículo 8 dispone lo siguiente: Regulaciones para la Administración Pública. Queda prohibido a la Administración Pública contratar a un mismo notario en más de tres instituciones simultáneamente. Para velar por el cumplimiento de esta disposición, la Dirección Nacional de Notariado llevará en sus registros de inscripción una lista de notarios. Asimismo, la Administración deberá comunicar a esta D.ón la contratación de los notarios, a fin de establecer el respectivo control. / Cuando en los actos o contratos jurídicos en que sean parte el Estado, sus empresas, las instituciones autónomas y semiautónomas, sean autorizados por notarios que devenguen salario, dieta u otra remuneración de la institución respectiva, quien los autorice no podrá cobrar honorarios profesionales al Estado ni a terceros.. De igual forma, el ordinal 13 de ese mismo cuerpo normativo, en lo de interés, indica: “…Los notarios públicos serán inhabilitados temporalmente cuando: () b) Surja algún hecho que conforme al artículo 4 impida el ejercicio de la función notarial; en tal caso, la suspensión se mantendrá mientras dure el impedimento…”. El cardinal 21, hace referencia a la DNN y, en lo de interés, indica: La Dirección Nacional de Notariado es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con autonomía administrativa, presupuestaria y funcional. Tendrá personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual, administrar sus recursos y su patrimonio. () La Dirección Nacional de Notariado será el órgano rector de la actividad notarial y tendrá competencia exclusiva para regular a todos los notarios públicos activos…”. Finalmente, el artículo 22, señala: “…Las funciones de dirección y emisión de políticas y directrices de la Dirección Nacional de Notariado estarán a cargo del Consejo Superior Notarial () Las atribuciones del Consejo Superior Notarial son las siguientes: i) Emitir los lineamientos y las directrices de acatamiento obligatorio para el ejercicio del notariado y todas las decisiones relativas a la organización, supervisión, control, ordenamiento y adecuación del notariado costarricense./ Estas resoluciones tendrán fuerza ejecutiva y deberán publicarse en el Diario Oficial. /ii) Decretar la inhabilitación de los notarios cuando sobrevenga alguno de los supuestos indicados en el artículo 4 de esta Ley. /iii) Imponer las sanciones disciplinarias, que disponga el presente Código, siempre que por ley no le competan a los órganos jurisdiccionales. () (El subrayado es suplido). La Sala Constitucional ha estudiado y analizado la figura del notario institucional, por lo que en el fallo N° 2000-444 de las 16 horas 51 minutos del 12 de enero de 2000, señaló que la persona autorizada para ejercer el notariado, tiene fe pública, que es una función que se ejerce por delegación y con supervisión del Estado y, por ello, al notario se le exige ser neutral y objetivo. No es la dedicación exclusiva la que impide el ejercicio del notariado, sino las características del servicio que brinda. Definió esa Sala que la contratación de servicios profesionales de abogado y notario, por parte de la Administración Pública puede hacerse por dos vías: 1- como servidores de la institución mediante un contrato laboral cuya remuneración será un salario y una compensación económica si se firma un contrato de dedicación exclusiva. En este supuesto se reconoce la existencia de una relación laboral, de subordinación del profesional a la institución, la cual es retribuida mediante el pago de un salario establecido con antelación, ello no permite al servidor recibir ninguna otra remuneración por los servicios que presta. Estos notarios denominados de planta, no pueden percibir honorarios por la actividad notarial que realicen, pues, su labor se reconoce mediante salario fijo. 2- Contratación de profesionales en derecho -abogados y notarios- para que presten servicios en forma externa, mediante un contrato administrativo de servicios profesionales. Posteriormente, mediante voto N° 2003-05417 de 14 horas 48 minutos del 25 de junio de 2003, la Sala Constitucional señaló que la DNN puede regular, mediante lineamientos y directrices la actividad notarial. En la resolución 2004-13672 de las 18 horas 33 minutos del 30 de noviembre de 2004, hizo distinción sobre los tipos de notarios y se indicó: “…De acuerdo a la normativa (artículos 4, 5, 7 y 8 del Código Notarial) y la jurisprudencia constitucional mantenida por esta Sala (votos 2001-418, 2000-444 y 2003-5417) es claro que existen excepciones a la regla general que impide el ejercicio del notariado a los servidores públicos, de manera tal que podemos afirmar la existencia de tres tipos de situaciones: a) Notario público bajo el régimen de empleo público: se trata de aquel notario que ha sido contratado por el Estado para que preste sus servicios notariales, bajo una remuneración salarial, con dedicación exclusiva y sujeto al régimen de empleo público. Teniendo como prohibiciones el ejercicio privado de la función notarial y el cobro de honorarios al Estado por la prestación de estos servicios (artículo 7 inciso b) y artículo 8 segundo párrafo del Código Notarial y artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa). Llamados también notario de planta, bajo salario o retribución fija. / b) Notario Público que tiene un cargo público y que ejerce privadamente: Se trata de aquel notario que, aún teniendo un cargo público, puede mantener una oficina privada si no tiene prohibición para el ejercicio externo del notariado y si reúne el resto de requisitos necesarios, como ser contratado a plazo fijo, no estar sujeto al régimen de servicio civil, no recibir compensación económica por prohibición o dedicación exclusiva y no existir superposición horaria(artículo 4 inciso f) y artículo 5 inciso d) del Código Notarial). Teniendo como prohibiciones atender asuntos particulares en las oficinas públicas (artículo 7 inciso a) del Código Notarial), pero pudiendo realizar actividad notarial para la propia entidad pública si no cobra honorarios (artículo 7 inciso b) párrafo primero del Código Notarial). / c) Notario Público contratado por plazo fijo por el Estado: Se trata de la contratación administrativa de los servicios profesionales de un notario contratado por alguna institución pública, donde no media la relación de empleo público, sino que es contratado por plazo fijo, cuya retribución es por medio de honorarios (sin mediar salario alguno) teniendo como prohibición ejercer el notariado en más de tres instituciones públicas (artículo 7 inciso e) del Código Notarial)…”. Finalmente, en sentencia 2009-017156 de las 14 horas 01 minutos del 5 de noviembre de 2009, reiteró lo indicado en el voto N° 04-13672 y afirmó que los notarios de planta o institucionales en el sector público tienen sustento normativo en el Código Notarial y son constitucionalmente viables. Teniendo clara la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional, en el presente asunto es de medular relevancia lo dispuesto en los Lineamientos para el ejercicio y control del Notario Institucional, emitidos por el Consejo Superior Notarial (en adelante CSN) en sesión número 27 del 6 de octubre de 2010, acuerdo número 2010-27-003, que en su artículo 1 dispone: Definición. El notario institucional, también denominado de planta, o notario en régimen de empleo público, es el notario que ha sido contratado por la administración pública para que preste sus servicios notariales, bajo una remuneración salarial, con dedicación exclusiva y sujeto al régimen de empleo público, teniendo como prohibiciones el ejercicio privado de la función notarial y el cobro de honorarios al Estado y a cualquier particular por la prestación de esos servicios, pues su remuneración se da mediante el salario percibido.. Estima esta Sala que, distinto a lo indicado en el fallo recurrido, los requisitos establecidos en el artículo 1 de dichos lineamientos, son acordes con lo señalado e interpretado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Tales criterios constitucionales han sido recogidos por esta Sala y plasmados en antecedentes similares, como por ejemplo la Resolución N° 453-F-S1-2013 de las 14 horas 10 minutos del 10 de abril de 2013 y la Resolución N° 1668-F-S1-2021 de las 9 horas 20 minutos del 30 de setiembre de 2021. Para este Colegio, no es posible interpretar, como lo hizo el Tribunal, que el requisito de estar sujeto al régimen de empleo público, que se indica en el artículo 1 de los Lineamientos para el ejercicio y control del Notario Institucional, no encuentra sustento legal, cuando es claro que tanto la Sala Constitucional como esta Sala Primera, han hecho expresamente una indicación de las normas vigentes y han llegado a una conclusión distinta. En la sentencia se tuvo por acreditado que el actor no se encontraba nombrado bajo la modalidad de empleo público, por lo que requería habilitación expresa para ejercer sus funciones notariales y al quedar demostrado que no cumple con tal requisito, no era posible habilitarlo como notario institucional, por lo que la resolución N° 301-2014 de las 14 horas con 49 minutos del 11 de febrero de 2014, fue dictada acorde con la jurisprudencia constitucional, con las normas legales supra mencionadas y de conformidad con los requisitos fijados en los lineamientos emitidos por el Consejo Superior Notarial, por lo que tampoco puede justificarse la nulidad de dicha resolución, decretada en la sentencia impugnada, por tal motivo, debe acogerse el agravio invocado por la DNN. Por la forma en que se resuelve este asunto, carece de interés analizar los demás agravios planteados por la DNN y por el Estado.

VI. Al ser la parte actora la perdidosa en este asunto, por imperativo legal del canon 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se imponen ambas costas del proceso a cargo del actor.

VII.- En mérito de lo expuesto, se acogerá el recurso de casación planteado por la DNN. En consecuencia, se casará la sentencia impugnada y, resolviendo por el fondo, se acogerá la excepción de falta de derecho interpuesta por esa Dirección y por el Estado. Se declarará sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por M.U..Á..l.L. contra la DNN y el Estado. Serán ambas costas a cargo de la parte actora.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la Dirección Nacional de Notariado. Se casa la sentencia impugnada. En consecuencia, resolviendo por el fondo, se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por esa Dirección Nacional de Notariado y por el Estado. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por M.U..Á..l.L.. Son ambas costas a cargo de la parte actora.

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

Ana Isabel Vargas Vargas

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