Sentencia Nº N de Sala Primera de la Corte, 29-03-2022

EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha29 Marzo 2022
Número de sentenciaN
20190004001300-5182699-1.rtf

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Exp. 18-000178-0638-CI

Res. Nº 000757-F-S1-2022

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las once horas cinco minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidos .

Proceso ordinario establecido por OLGA MARÍA CALDERÓN CERDAS, representada por la Licenciada M.C.M.ía, contra DOMINGO ZELEDÓN LEAL, representado por el Licenciado G.K.C. y la Licda. K.L.B.. Se conoce el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la resolución nro. 2019-232 de las 15 horas con 05 minutos del 24 de junio de 2019, dictada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del I Circuito Judicial de Alajuela;

R. la magistrada Rojas Morales

CONSIDERANDO

I.- La señora C.ón Cerdas demandó al señor Zeledón L. ante el Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil del I Circuito Judicial de Alajuela. En su escrito inicial, alegó mantener una relación de noviazgo con el demandado por aproximadamente 8 años, sin embargo, cada uno vivía en casas de habitación por separado. Al comprar la finca del Partido de Alajuela 391-668-000, el señor Z.ón le ayudaba a sembrar árboles y a fumigar, así como labores de limpieza de la finca. Menciona que construyó en ese terreno, una vivienda con sus propios recursos, pero a gusto del demandado, quien le prometía que, cuando se casaran, invertiría dinero en la propiedad. Arguye la actora, durante mucho tiempo, el demandado la presionó para que le cediera la mitad del terreno, bajo la amenaza de dejarla si no lo hacía. Luego de acudir a psicólogos, accedió a casarse con el accionado y cederle la mitad de la propiedad. Una vez hecha la donación, indica la demandante, el señor Zeledón empezó con las agresiones verbales y psicológicas en su contra y de sus familiares. A los cuatro meses del traspaso -señala la accionante-, se separaron de cuerpos, pero continuaron los insultos. Menciona, las conductas agresivas y despreciativas se intensificaron en su contra, e inclusive la obligaba a comprarle la mitad del terreno que anteriormente le había donado, ya que, de lo contrario, lo resolvería de otra manera (haciendo alusión a un arma de fuego que guardaba en una gaveta). Informa, el día 26 de noviembre del año 2016, acudió al Juzgado de Violencia Doméstica de San Mateo, en donde ordenaron el desalojo del señor Zeledón L. de la casa de S.M., así como de la casa que ella tenía en San José, decomisándosele la referida arma e imponiéndole medidas de protección por un año. Narra la actora que el día 07 de noviembre del 2017, violando las medidas de protección vigentes a esa fecha, el demandado intentó ingresar a la propiedad de S.M., forzando portones y puertas, y al no poder ingresar, puso una cadena y candado en el portón principal. Añade, el accionado ha interpuesto denuncias penales falsas, que han terminado con sobreseimiento definitivo. Expresa la actora, la actitud violenta del demandado, sus constantes denuncias penales, el incumplimiento de medidas cautelares y el poner una cadena con candado en el portón principal de su propiedad, hicieron que su integridad física y emocional se vieran afectadas, por lo que el 30 de abril del 2018 se presentó al Juzgado de Violencia Doméstica de San Mateo a interponer un nuevo proceso de Violencia Doméstica contra el señor Zeledón, y mediante resolución de las 15 horas con 17 minutos del mismo 30 de abril del 2018, se ordenaron nuevas medidas de protección en contra del demandado. Por todo lo anterior, fijó la cuantía de esta demanda en cuarenta millones de colones, y solicitó se declare en sentencia: "...A) Que el demandado Z.ón L. ha incurrido en las causales de revocatoria de donación por indignidad, y por ello se revoque la donación, B) Que se cancela ante el Registro Nacional de Bienes Inmuebles, el Derecho 001 del demandado, quedando la suscrita dueña del dominio del bien. C) Que se condene al demandado al pago de ambas costas del proceso". Por su lado, la parte accionada contestó de forma negativa la demanda, y en términos generales opuso las defensas de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva. El Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del I Circuito Judicial de Alajuela, rechazó las defensas de falta de legitimación activa y pasiva, y acogió la falta de derecho. Declaró sin lugar la demanda, y declaró sin lugar la revocación de donación que hiciera la señora O.C.ón Cerdas al señor Domingo Zeledón L. el día 25 de junio del 2010. Consecuentemente, declaró sin lugar la cancelación de dichos asientos ante Registro de la Propiedad Inmueble. Condenó a la parte actora vencida al pago de las costas de conformidad con el canon 73.1 del Código Procesal Civil, por lo que impuso el pago de seis millones de colones por concepto de honorarios de Abogado. Inconforme, la parte actora formula recurso de casación, el cual fue admitido por esta Sala. -

Recurso de casación por razones procesales

II.- Como primer motivo, señala, violación al numeral 41, 41.1.2, 41.2.4, 41.3 del Código Procesal Civil (CPC). Indica, el Tribunal incurre en violación a dicha normativa al denegarle el recibo de la prueba documental ofrecida en carácter de prueba para mejor resolver, la cual fue entregada antes de la recepción de la prueba -procede a detallar la prueba documental-. Estima, esa prueba es complementaria a la prueba ubicada a imagen 187 del expediente electrónico, y, además, responde al maltrato psicológico que venía percibiendo la parte actora. Lo anterior, advierte, violenta el principio de búsqueda de la verdad real de los hechos, ya que el mismo Tribunal tuvo como no demostrado, que la parte actora sufriera de presión psicológica, a efecto de traspasar la heredad. Aprecia, además, al limitar los juzgadores el objeto del proceso a los hechos que corren del noveno al vigésimo cuarto, le violentó su derecho de defensa y le dejó en indefensión, ya que se le impidió demostrar la presión psicológica que ejercía el accionado para ceder el terreno. Considera contradictorio que se limitara la prueba a los hechos 9 a 24, y luego se señalara en sentencia, que no existió prueba en cuanto al hecho octavo. Como segundo motivo procesal, señala incongruencia en la apreciación de la prueba testimonial. Indica, el Tribunal valoró la prueba testimonial de forma sesgada, sacando de contexto los argumentos de la testigo E.C.ón J.énez. Añade, el Tribunal no debió darles credibilidad a los testigos del demandado, ya que estos son el hijo del accionado, y el hermano de su abogado, y además no estuvieron presentes cuando se cometía el maltrato psicológico. Agrega, también existe incongruencia en cuanto al tercer hecho no probado, ya que los juzgadores deducen que la parte actora debió demostrar las amenazas con el arma de fuego, y luego, a criterio de los jueces, la parte actora siempre supo que el señor Domingo poseía armas de fuego y fue de su total tolerancia. Lo anterior lo considera revictimizante. Para la casacionista, el Tribunal vuelve a ser incongruente cuando indica que, tuvo por acreditado que la relación de ambos era buena, y luego, que las situaciones de violencia domestica efectivamente se presencian a lo interno del núcleo familiar. -

Recurso de casación por razones de fondo

III.- Primer motivo, señala, inobservancia de la prueba aportada y errónea valoración. Considera, el Tribunal yerra al indicar que no se demostraron los procesos penales interpuestos por el demandado, sin embargo, en imágenes 63, 65, 71, 76, 79 y 83 del expediente judicial, se demuestra la causa penal seguida en su contra, la cual fue interpuesta maliciosamente por el señor Zeledón L.. Luego, a criterio de la recurrente, el Tribunal no ahonda en los procesos de violencia domestica interpuestos en contra del demandado, para determinar que efectivamente ha existido violencia psicológica en su contra. Enfatiza, el Tribunal no le dio credibilidad a la testimonial de E.C.ón y A.Z.ón, cuando ellas relataron sobre la violencia psicológica (procede a transcribir sus declaraciones). Considera, existe una falta de valoración en cuanto a la prueba testimonial aportada por la parte actora, así como de las declaraciones de parte. Segundo motivo, advierte, violación al numeral 1405 del Código Civil. Indica, el Tribunal, desde la audiencia preliminar dejó por fuera del debate, todos los hechos anteriores al noveno, impidiéndole a la actora demostrar los hechos graves que demuestran la ingratitud del donatario. Estima, el Tribunal ha utilizado el concepto de indignidad de forma muy rígida en su perjuicio. Por último, señala, en todo momento ha litigado creyendo tener derecho para hacerlo, sin embargo, el Tribunal le condenó en costas, lo cual va en contra del artículo 73.2.4 del Código Procesal Civil, el cual permite la exención de costas cuando ha existido litigio de buena fe. Presenta el Informe del Médico Psiquiatra tratante, como prueba para mejor resolver.

IV- En lo de interés, el Tribunal señaló: Es claro que para que una ofensa sea calificada como grave, el Juez deberá analizar varios elementos: los antecedentes del hecho, las circunstancias en que se produjo, el fin perseguido por el autor, así como su trascendencia e intensidad () Tal y cómo se ha venido explicando, en tesis de principio no está prevista la revocación en las donaciones una vez que han sido aceptadas, siendo sólo por las causales previstas en la ley, posible revertir sus efectos jurídicos. La interposición de un proceso o denuncia penal contra ignorado o bien el de incumplimiento de medidas, no conllevan por sí misma una cualidad de ofensa grave. -inciso 1 del artículo 1405 del Código Civil. -; ni tampoco podría considerarse como una acusación o denuncia (falsa) al donador, su consorte, padres o hijos. -inciso 2 del citado numeral.-. ya que la primera no se establece contra la actora, lo hace el señor L. en resguardo y ejercicio de sus derechos de propiedad sobre el arma y, la segunda, se encuentra con señalamiento a juicio sin existir sentencia firme que indique se haya incurrido por parte del demandado en esa conducta ilícita. De este modo, la observación que sobre este tema invoca la actora y las pruebas suministradas al efecto -. citados expedientes judiciales imágenes 7, 66, 114 pdf orden descendente de la carpeta electrónica-, no son de incidencia para lo que se pretende demostrar acá; la actuación del demandado, no se acreditó fuera otra cosa en sede penal que la defensa de los derechos que le asisten; considera este Tribunal y no es posible que la simple interposición de denuncia contra ignorado sobreseída tener por demostrado la existencia de una denuncia contra la donadora; por su parte la de desobediencia en un proceso de violencia doméstica que fuera anulada la sentencia y posteriormente dejará de tener interés al haber transcurrido el año de vigencia de las mismas.- imagen 66 el voto 518 del Tribunal de Familia de San José que anula sentencia dentro sumaria 18-000023-1468-VD.-, no se estima sean motivos suficientes para la revocación de la donación y, tampoco existe si el propio donador se pone en tal situación () Conforme lo que se ha tenido por acreditado, en efecto hubo una relación sentimental entre las partes previo y posterior a la donación que ahora se pretende revocar, según hechos probados primero y segundo del Considerando II de esta resolución, que existen expedientes de solicitud de medidas de protección y de desobediencia a la autoridad producto de esa relación. Sin embargo, no son suficientes esas situaciones para que encuadren en los supuestos de revocación de donación; no quedó acreditado que la conducta del demandado fuese de tal magnitud o contraria a los valores de respeto mutuo, para catalogarlo como ofensa grave; así tampoco como se indicó supra podríamos encuadrarlos en el inciso 2 del citado numeral1405 del Código Civil. Tenemos otra serie de conductas entre ellas, indiferencia, amenaza con arma, que la accionante haya sido objeto de burlas o ridiculizada por el demandado, que el accionado obstruyera la dirección del carro entre otras, narradas en el Considerando IV de esta resolución, que se tuvieron por no demostradas en el considerando III donde se enlistan los hechos no probados, por ende han de tenerse por no ciertas dichas conductas ya que del análisis en conjunto de toda la prueba de conformidad con el canon 41.5 del Código Procesal civil, no se tuvo por acreditado la ofensa grave como tal. () Por último, tenemos se tuvo por probado que en conversación mantenida por actora y demandado, el señor Domingo Zeledón L. le ofreció a señora O.C.ón le comprara su parte de la propiedad en sesenta dólares por metro cuadrado, analizado en el Considerando II de esta resolución. E. todos y cada uno de esos procesos no encuadran dentro de las causales de ingratitud establecidas en el numeral 1405 del Código Civil alegadas en la demanda, no se trata de ofensa grave como tal y como se explicó líneas arriba, nótese que no hay sentencia firme de proceso de violencia que lo acreditara y la denuncia penal no fue formulada contra la actora y respecto a la oferta de compra esa conducta por sí sola no podría catalogarse como ingratitud pues ante una posible disolución de la relación, los afectados deben pensar qué suerte va a correr dicho inmueble, existiendo otros institutos jurídicos como lo es, la venta de cosa común por ejemplo.- Aunado a lo anterior ha quedo debidamente acreditado que actora y demandado llevaban terapia de pareja, pero lo cierto es que no se acreditó que fuese por maltrato psicológico del demandado hacia la actora, si no con el fin de mantener su relación de pareja. -

V.- En cuanto al primer reproche procesal, sobre la prueba para mejor resolver rechazada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil, la cual, a criterio de la casacionista se lograba demostrar el maltrato psicológico; es el criterio de esta Sala que, en primer lugar, el Tribunal no estaba en el deber de aceptar dicha prueba, sea el Informe Médico del Psiquiatra, el oficio firmado por R.J.C. sobre las Consejerías Familiares, así como la Epicrisis de la actora, ya que tuvo conocimiento de la misma y no la presentó en el momento procesal oportuno. Observa esta Cámara que, en la audiencia complementaria celebrada el día 21 de mayo de 2019, la parte actora ofrece esa prueba para demostrar los daños y perjuicios sufridos por la señora C.ón Cerdas, sin embargo, examinando el objeto del proceso, los daños y perjuicios no han sido parte de su petitoria, y el Tribunal le rechaza la prueba en esos términos, lo cual se comparte. Aunado a ello, los juzgadores le hacen ver a la parte que, el momento procesal para presentar la prueba para mejor resolver precluyó, ya que, a criterio de los juzgadores, en realidad la prueba ofrecida corresponde a prueba complementaria, y de conformidad con los numerales 41.3 y 35.6 del Código Procesal Civil (CPC), el momento procesal oportuno para ofrecerla, era previo a la audiencia preliminar y no durante su celebración. Los anteriores argumentos del Tribunal para el rechazo de la prueba para mejor resolver, no han sido rebatidos por la recurrente, y tampoco lo hizo en su momento del rechazo, por lo que tratándose de un asunto de índole procesal, como es la admisibilidad de la prueba (artículo 69.2 Código Procesal Civil), debió la parte gestionar la rectificación del eventual vicio y haber agotado todos los recursos procedentes contra lo resuelto oportunamente, lo cual no consta que hiciera en su oportunidad. Igual suerte lleva la determinación del objeto del proceso, pues la casacionista indica que su derecho de defensa se vio violentado cuando la jueza limitó la prueba de los hechos 9 a 24. Indicó la recurrente, no debió dársele credibilidad a los testigos de los demandados, ya que estos eran el hijo del demandado y el hermano de su abogado. Sin embargo, observa esta Sala que, en la audiencia preliminar celebrada el día 14 de febrero del año 2019, si bien la representación de la parte actora le solicita a la juzgadora que tenga los hechos tercero a octavo, como hechos de importancia para el proceso, la jueza se lo deniega, y no existió objeción alguna por parte de la accionante en cuanto a su rechazo. El Tribunal apuntó que los hechos señalados en los puntos 3 al 8, no correspondían a la determinación de la indignidad como causal de revocación de la donación, sino, a la declaración de daños y perjuicios los cuales no eran objeto del proceso. Igual sucedió con la admisión de los testigos de la parte accionada, la jueza los admite y no existió objeción alguna por parte de la actora. En pocas palabras, al no interponer la accionante el respectivo recurso de revocatoria contra las decisiones de la juzgadora, los agravios procesales deben rechazarse, por no haberse gestionado la rectificación del vicio conforme lo señala el numeral 69.2 del CPC.

VI.- Sobre los reproches sustantivos, indicó la casacionista que la prueba fue mal valorada, al indicar la sentencia, que el demandado no interpuso procesos penales en su contra. Además, a criterio de la recurrente, los juzgadores valoran de forma incorrecta los procesos de violencia domestica que planteó en contra del demandado. Agregó, las testigos E.C.ón y A.Z.ón lograron demostrar la violencia psicológica que vivía la demandante. Finaliza apuntando, que su litigio fue de buena fe, por lo que debió exonerársele del pago de las costas. Esta Cámara no comparte los reproches de la recurrente. Lleva razón el Tribunal al señalar que el objeto del proceso era determinar la ofensa grave para poder convalidar la revocación de la donación, y lo anterior no se alcanza con la interposición de la denuncia penal por apropiación o retención indebida, interpuesto por el señor Zeledón L. en contra de la actora, el cual fue sobreseído de forma definitiva. En cuanto al proceso penal por incumplimiento de medidas de protección, ese proceso se encontraba en trámite, sin que existiera sentencia en firme que determinara la culpabilidad del señor Zeledón L., en todo caso, esa medida de protección a la cual se le atribuye un incumplimiento, fue anulada por el Tribunal de Familia. Tampoco la interposición de distintos procesos de violencia domestica por parte de Doña O.M.ía C.ón en contra de D.D.A.Z.ón, los cuales no finalizaron con sentencia, que estableciera que el señor Zeledón L. era agresor de la señora C.ón Cerdas, pueden considerarse como causal para revocar la donación pretendida. En cuanto a la evacuación de la prueba testimonial, comparte esta Sala lo dicho por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del I Circuito Judicial de Alajuela, al indicar que la declaración de E.C.ón es insuficiente para tener por acreditado lo que ella pretender probar, ya que, el haber escuchado por una ventana que el señor D. le pedía a la señora O., le comprara el terreno donado por un valor de sesenta dólares por metro cuadrado, no es suficiente para alcanzar una sentencia estimatoria como lo pretende la gestionante. Indicó también la testigo, no haber observado amenaza alguna por parte del recurrido, sino que lo presumió de la conversación entre ambos, y, además, agregó que en una ocasión escuchó al demandado indicar que no le gustaban las visitas, sin embargo, todo lo anterior, no es por sí mismo una causal para revocar la donación, como bien lo determinó el Tribunal al indicar que el testimonio de Doña E. es por referencia, ya que la misma testigo señaló no es invitada ni a las actividades familiares, ni al matrimonio de Doña O. con D.D., por lo que queda claro que su declaración tiene como base comentarios que le hacia la misma parte actora, y no era testigo presencial. La sentencia rebatida ponderó esta testimonial con la de los señores F.J. y A.és Z.ón, dándole a estos dos últimos mayor credibilidad, al indicar que sí participaban de las actividades familiares, y nunca presenciaron maltrato alguno por parte del accionado en contra de la demandante. Es decir, los juzgadores valoraron la prueba en su totalidad y de forma conjunta, conforme a los criterios de la lógica y el correcto entendimiento humano, desacreditando la testimonial de la señora C.ón, quien indicó expresamente tener conocimiento de los hechos porque la misma parte actora era quien se lo comentaba. Por su parte, la testimonial de A.Z.ón, aportó únicamente la corroboración en cuanto a las solicitudes de medidas de protección por parte de Doña O., pero las demás referencias, sea la colocación de las cadenas en la propiedad de la accionante, fueron solo mencionados por la actora, sin que haya otro medio de prueba con el que pueda ligarse su dicho. En atención a lo anterior, no observa esta Sala indebida valoración probatoria por parte del Tribunal Civil, todo lo contrario, con la totalidad de la prueba allegada al proceso, lograron los juzgadores determinar que no existen motivos suficientes para la revocación de la donación. Por ello, se rechazan los agravios sustantivos. -

VII.- Por último, sobre la exoneración al pago de las costas por haber litigado de buena fe; contrario a lo indicado por el casacionista, esta Sala ha indicado que las costas son un pronunciamiento oficioso, condenando al vencido por el solo hecho de serlo, sin que ello permita considerarse como un litigante temerario o de mala fe. La regla general es la imposición de las costas al vencido como reconocimiento al ganancioso, al haber tenido este que defender su derecho o interés ante la perturbación de un tercero o ante la defensa de pretensiones ejercidas en su contra. Al haberse obligado a la contraparte a litigar e incurrir en diversos gastos para sostener su defensa técnica, esto genera que la parte perdidosa deba asumir las consecuencias económicas del proceso. A criterio de esta Cámara, en la especie, los juzgadores no incurrieron en el quebranto al artículo 73.2 del CPC, al imponer el pago de las costas a la parte vencida, pues dicho numeral dispone los supuestos por los cuales podrá eximírsele de su pago, y el Tribunal no encontró causal alguna para exonerar en costas, es decir, se limitó acatar la norma. Por todo lo anterior, se rechazan los agravios sustantivos.

VIII.- En cuanto a la prueba para mejor resolver ofrecida en este estadio procesal, sea el Informe Médico del P.M.C.C., y la atención brindada por R.J.C. como consejera familiar; en primer lugar, recuerda esta Cámara que la prueba para mejor resolver es excepcional, y para el caso de la instancia de casación, solo se admite aquella que sea de utilidad para resolver el recurso de casación. Luego, esos elementos probatorios no son relevantes para el pronunciamiento de este asunto por la forma en que se resolvió, pues no son idóneos para demostrar la causal de ingratitud por ofensa grave, pues a criterio de esta Cámara, tal y como lo indica el informe del Psiquiatra experto, Doña O.C.ón Cerdas se somete a las consultas médicas y de consejería familiar, ya que reporta temor para enfrentar a su ex pareja y los procesos legales para recuperar su propiedad, sin embargo, no se determina de manera contundente el maltrato psicológico por parte del señor Zeledón L.. Además, en cuanto a los oficios de la consejera familiar, la señora R.J.C., se observa que fueron emitidos con anterioridad a la audiencia preliminar, y tampoco se enmarcan sobre un hecho nuevo posterior a la sentencia recurrida. Es decir, la presentación de esa probanza está precluida para este momento procesal. E., no observa esta Sala la necesidad de recibir la prueba para mejor resolver, y de ahí su rechazo.

IX.- En mérito de lo expuesto, se procede a rechazar el recurso con sus costas a cargo del promovente, conforme al precepto 73.1 del Código Procesal Civil. -

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de la parte promovente.

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

Ana Isabel Vargas Vargas

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