Sentencia Nº 000773-F-S1-2022 de Sala Primera de la Corte, 31-03-2022

EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente14-000416-0164-CI
Número de sentencia000773-F-S1-2022
Fecha31 Marzo 2022

*140004160164CI*

Exp. 14-000416-0164-CI
Res. Nº 000773-F-S1-2022
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las catorce horas treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidos .
Proceso de conocimiento establecido por [Nombre 006], en su condición de madre de la menor [Nombre 014]; contra el ESTADO representado por el procurador [Nombre 012]. Figura como apoderado judicial de la parte actora, [Nombre 013]. El demandado interpone recurso de casación contra la sentencia no. 91-2019-IV de las 9 horas 54 minutos del 15 de octubre de 2019, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Redacta la magistrada R.M.
CONSIDERANDO
I. De conformidad con los hechos que tuvo por demostrados el Tribunal, no controvertidos en esta instancia, la señora [Nombre 006] es la madre de [Nombre 014]. Para el año 2014, la menor [Nombre 014] de entonces seis años de edad, era alumna de Transición en el Centro Educativo Barrio Pinto, ubicado en San Pedro de Montes de Oca. En fecha 30 de abril de 2014, al ser aproximadamente las 10:30 horas de la mañana, encontrándose en horas lectivas y en una actividad al aire libre en la escuela, específicamente en la plaza que se ubica dentro de las instalaciones, uno de los marcos de la portería se vino al suelo impactando la cabeza de la niña. La menor fue trasladada al Hospital Nacional de Niños, donde se le practicó una intervención quirúrgica al diagnosticarle: Trauma Craneoencefálico y Fractura Parieto Occipital Deprimida con herida frontal extensa contaminada. Al estimar que el Estado es responsable de lo sucedido, la señora [...] interpuso la demanda objeto de este proceso. Solicitó en sentencia: “(…) se fije por daño físico la suma de veinticinco millones de colones, y por daño moral la suma de veinticinco millones de colones para un total de cincuenta millones de colones y se condene a los demandados a las costas personales y procesales de la presente ejecución". Por escrito del 28 de julio de 2014, la parte actora aclaró y ajustó sus pretensiones en los siguientes términos: "Dañor (sic) Material Segunda operación de la menor ₡7.000.000; Gastos en medicinas ₡200.000 a la fecha; Daño Psicológico se valora en forma aproximada en la suma ₡25.000.000 por tener una marca indeleble en el rostro; D.M. por las consecuencias en ₡17.800.000: Total ₡50.000.000 (…)”. La representación estatal contestó de forma negativa y opuso la excepción de falta de derecho. El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, integrado por los jueces Elías Baltodano Gómez, J.R.C. y J.I.S.L., en sentencia 91-2019-IV de las 9 horas 54 minutos del 15 de octubre de 2019, dispuso: “Se acoge de forma parcial la excepción de Falta de Derecho opuesta por la Procuraduría General de la República y consecuentemente, se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por [Nombre 006] en representación de su hija menor de edad [Nombre 014] contra el Estado, entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido: i) Se condena al Estado al pago ₡17.800.000 por concepto de daño moral subjetivo a favor de la menor [Nombre 014]. ii) Son ambas costas de este Proceso a cargo del Estado, mismas cuyas cuantías se determinarán en la Etapa de Ejecución de Sentencia a ruego de la parte actora”. Inconforme el accionado formula recurso de casación por violación de normas sustantivas, el cual fue admitido por esta Sala. Se advierte, se conocerá en primer lugar la segunda censura esgrimida, pues de acogerse, deviene innecesario referirse a los demás reparos endilgados.
II. Acusa, errónea interpretación del numeral 35.3 del Código de Educación e indebida aplicación de los cardinales 190 y 197 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), respecto a lo resuelto en cuanto a la responsabilidad de las Juntas de Educación. Aduce, al ser esta última un ente que tiene el deber de cuidar la infraestructura escolar (precepto 35.3 de cita), no sólo ostenta legitimación pasiva para intervenir en este proceso, sino que constituye el centro de imputación de la responsabilidad por las conductas reprochadas en la litis. Apunta, la interpretación que hace el Tribunal de los términos “edificios de escuela” y “mueblaje” (contenidos en el canon 35 de cita), para excluir la cancha de futbol o los marcos, es incorrecta y restrictiva. Señala, acorde a la resolución impugnada, solamente lo que corresponda a un edificio será objeto de mantenimiento por parte de la Junta de Educación, lo que se aparta de los principios de la lógica, la ciencia y la experiencia. Asevera, el deber de conservación y mejora de los centros educativos que recae en dichas Juntas, lo es para la infraestructura escolar en general, sin distinguir si se trata de un edificio o no. Agrega, bajo el enunciado comprendido en el inciso 3 del artículo 35 del Código de Educación, las Juntas de Educación financian el gasto operativo de los centros educativos, principalmente la compra de bienes para el desarrollo de actividades relacionadas con la promoción del deporte, como lo es, efectivamente, un marco de fútbol (mandatos 63 y siguientes del Reglamento General de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto Ejecutivo no. 38249 del 10 de febrero de 2014). Advierte, recae única y exclusivamente en la Junta de Educación la responsabilidad por el mantenimiento y conservación de los requisitos mínimos de seguridad que deben de tener los marcos de portería que se ubiquen en las instalaciones deportivas de los centros educativos. Entonces, indica, dado que el hecho generador del daño concedido en sentencia se atribuye a que uno de los marcos de la plaza de fútbol ubicada en la Escuela Barrio Pinto no reunía las condiciones mínimas de seguridad para hacer un uso normal de éste; se debe entender que dicha falencia en la infraestructura escolar, conforme el ordinal 35 del Código de Educación, debe achacarse solamente a la Junta de Educación y no al Estado.
III. Razonaron los Juzgadores de instancia que no lleva razón la representación estatal, al estimar que la entidad responsable de velar por el estado del marco de futbol en la Escuela Barrio Pinto lo es la Junta de Educación, a la luz del numeral 35.3 del Código de Educación, norma que establece como deber de dicho ente: "3.- Cuidar de la construcción, conservación y mejora de los edificios de escuela y de que éstos no carezcan del mueblaje y enseres necesarios, para todo lo cual dispondrán libremente de las rentas escolares del distrito". Determinó, en ese supuesto fáctico no puede entenderse comprendida la cancha de fútbol y los marcos de la misma - que son lo de interés para el caso concreto-, pues la primera, si bien es un inmueble no se trata de un edificio y en el caso de los marcos, no constituyen "mueblaje" de los edificios de la escuela y muchos menos califican como enseres de los "edificios" escolares. Así las cosas, en criterio del Tribunal la responsabilidad por lo ocurrido es imputable al Estado. Argumentó, la educación se traduce en un servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país, quienes tienen la obligación (numeral 51 de la Constitución Política) de proveer las medidas que sean necesarias y útiles para asegurar, plena y efectivamente, la protección de los educandos, a fin de brindar una enseñanza en un ambiente seguro y estable. Señaló, el menor es por lo general incapaz de prever circunstancias de peligro y las consecuencias de sus actos, por lo que existe para quienes les guardan, un deber de cuidado, dirección y vigilancia, que en este caso, corresponde a los docentes respectivos y en última instancia, al director del Centro Educativo (canon 1048 del Código Civil). En esta línea, analizaron los Jueces: “(…) en el sub-júdice la lesión se produjo en un centro educativo estatal, dirigido por funcionarios públicos, quienes durante el tiempo de clases tenían el deber de guardar a la menor [Nombre 014]. Siendo además, que lo acaecido a la niña [Nombre 014] no se puede desconocer, se produjo con medios u objetos propiciados por la propia Administración. (…). El escenario entonces, es el de una instalación deportiva -cancha de fútbol-, ubicada en una escuela pública, en la que al menos de uno de los marcos no reunía los requisitos mínimos de seguridad para que los estudiantes hicieran un uso normal de ella. (…), por lo cual la omisión en este proceder, resulta abiertamente contraria al ordenamiento jurídico. (…). Analizado este aspecto a “contrario sensu”, se determina que si el marco hubiera estado en óptimas condiciones (adherido a la cancha con firmeza), el percance no hubiera ocurrido. De ahí que, en la especie, a juicio de esta Cámara, se configuran todos los elementos para el surgimiento de la responsabilidad de la parte demandada (…)”. Advirtieron, aunado al funcionamiento anormal descrito (suficiente para establecer la responsabilidad del Estado), en la especie operó la responsabilidad personal del docente quien tenía a cargo a la menor y del Director del Centro Educativo (ordinales 1047 y 1048 del Código Civil), no obstante; al desistirse la demanda respecto de ambos tal responsabilidad no se discute, lo que de modo alguno impide al Estado recuperar de esos funcionarios lo que en sentencia se condene a pagar (numeral 203 de la LGAP).
IV. No comparte este Órgano Decisor lo resuelto por el Tribunal. Las Juntas de Educación son entidades de derecho público (entes desconcentrados con personalidad jurídica instrumental), cuya creación está prevista en el Código de Educación de 1944 y en la Ley Fundamental de Educación de 1957. Las Juntas de Educación colaboran en el funcionamiento de los centros educativos públicos. Son organismos auxiliares de la Administración Pública que sirven para asegurar la integración de la comunidad y la escuela (canon 42 de la Ley Fundamental de Educación). Ostentan personalidad jurídica para contratar y para comparecer ante los Tribunales de Justicia (artículo 36 del Código de Educación). El Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto Ejecutivo no. 38249-MEP, las define como organismos auxiliares de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio (cardinal 5), a quienes corresponde coordinar con el director del Centro Educativo, el desarrollo de los programas y proyectos, así como la dotación de los bienes y servicios requeridos para atender las necesidades y prioridades del centro (precepto 2). En lo de interés, el numeral 35 del Código de Educación enlista entre sus deberes: “(…) 3º.- Cuidar de la construcción, conservación y mejora de los edificios de escuela y de que éstos no carezcan del mueblaje y enseres necesarios, para todo lo cual dispondrán libremente de las rentas escolares del distrito; (…)”. Por su parte, el Reglamento de comentario establece como funciones y atribuciones de las Juntas de Educación las siguientes (mandato 31): “(…) h) Proveer los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento operativo del centro educativo, tanto a nivel administrativo como académico. i) Gestionar el desarrollo de proyectos para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física del centro educativo. (…)”. El otorgamiento de personalidad jurídica a las Juntas de Educación tiene como consecuencia inmediata el constituirlas en un centro de imputación de los efectos de sus actuaciones u omisiones. En esa dirección, indica el ordinal 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA): “Se considerará parte demandada (…) 2) Los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el ente al que se encuentren adscritos. (…)”. Corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocer de todos aquellos asuntos donde interviene una Junta de Educación (artículos 1 y 2 del CPCA). Ahora bien, la demanda objeto de este proceso se sustenta en la generación de una lesión física y una afectación moral en detrimento de la menor [Nombre 014], quien a la edad de seis años y siendo alumna de Transición del Centro Educativo Barrio Pinto, durante el horario lectivo y mientras se encontraba en una actividad al aire libre en las instalaciones de la Escuela, sufrió un accidente, al recibir en su cabeza uno de los marcos de futbol que se desprendió del suelo y el que estaba situado dentro de la Institución. La menor fue trasladada al Hospital Nacional de Niños, donde se le intervino quirúrgicamente. En el centro hospitalario se diagnosticó: trauma craneoencefálico y fractura parieto occipital deprimida con herida frontal extensa contaminada. V., la lesión sufrida por la menor [Nombre 014] se produjo en un centro educativo estatal y por la existencia de un objeto capaz de producir por sí mismo un daño, ante la falta de aseguramiento adecuado: marco de futbol situado dentro de las instalaciones educativas que no cumplía con la seguridad debida (anclaje firme al suelo). Estimar que una cancha de futbol construida dentro del centro educativo y sus marcos de portería, no forman parte del edificio escolar y sus enseres, se escapa de las reglas de la lógica y la experiencia. Deviene improcedente calificar como “edificio” únicamente los muros o paredes de una escuela, como lo hacen los Jueces, en una interpretación literal y restrictiva de ese término. El diccionario de la Real Academia Española define el vocablo “edificio” como: “Construcción estable, hecha con materiales resistentes, para ser habitada o para otros usos”, y “enseres” como: “Utensilios, muebles, instrumentos necesarios o convenientes en una casa o para el ejercicio de una profesión”. En línea con ambas definiciones, es dable colegir que un enser necesario de una escuela para la práctica del deporte, lo constituye la cancha de futbol y sus marcos. Enseres esenciales en tanto la materia de educación física, las actividades al aire libre organizadas por la Institución y en general, la promoción del deporte, forman parte del proceso educativo. Cabe destacar, las plazas de futbol son una edificación abierta de los centros educativos y sus marcos, enseres que forman parte del proceso educativo, cuya obligación de conservación y mejora es encomendada a las Juntas de Educación (según ordinales 35 del Código de Educación, 2 y 31 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas). Por consiguiente, al existir la probabilidad jurídica de que la Junta de Educación del Centro Educativo Barrio Pinto no haya atentado sus deberes legales en cuanto al mantenimiento de la infraestructura escolar, estima esta Sala, al amparo del canon 12.2 del CPCA (norma inaplicada por el Tribunal), debió comparecer como demandada en conjunto con el Estado (cuya responsabilidad sería subsidiaria), como con acierto reclamó la representación estatal durante el juicio oral público (tanto en el alegato de apertura, como en la etapa de conclusiones). Otra conclusión desconocería una de las consecuencias de la capacidad jurídica, sea la aptitud de ser centro de imputación de efectos jurídicos, más aún, aquellos que son consecuencia de su actuación u omisión. Por lo expuesto, se observa una falta de integración de la litis, pues la conducta omisiva reprochada está relacionada con esa posible omisión de la Junta de Educación de la Escuela Barrio Pinto, quien cuenta con personalidad jurídica suficiente para hacer frente a la relación jurídica procesal aquí establecida. E., lo procedente será acoger el reparo endilgado, con las consecuencias jurídicas que se dirán en el Considerando siguiente. Por innecesario se omitirá pronunciamiento sobre los restantes agravios planteados.
V. En mérito de lo expuesto se declarará con lugar el recurso de casación. En consecuencia, se casará el fallo impugnado y todo lo actuado que no sea irrepetible. En su lugar, se devolverá el expediente al Tribunal de origen, para que proceda a integrar a la litis a la Junta de Educación de la Escuela Barrio Pinto (conjuntamente con el Estado) y continúe el proceso conforme a derecho corresponda.
POR TANTO
Se declara con lugar el recurso de casación. En consecuencia, se casa el fallo impugnado y todo lo actuado que no sea irrepetible. En su lugar, se devuelve el expediente al Tribunal de origen para que integre a la litis a la Junta de Educación de la Escuela Barrio Pinto (conjuntamente con el Estado) y continúe el proceso conforme a derecho corresponda.
Luis Guillermo Rivas Loaiciga
Rocío Rojas Morales
Damaris Vargas Vásquez
Jessica Alejandra Jiménez Ramírez
Ana Isabel Vargas Vargas
Documento Firmado Digitalmente
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