Sentencia Nº No. 2021006915 de Sala Constitucional, 09-04-2021

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentenciaNo. 2021006915

*210041360007CO*

EXPEDIENTE: No. 21-004136-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN: No. 2021006915

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos [Nombre 002] nueve de abril de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad 0108230838 , contra EL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO [Nombre 002] SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, LA SALA PRIMERA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9:37 horas de 01 de marzo de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra EL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO [Nombre 002] SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, LA SALA PRIMERA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y manifiesta lo siguiente: que ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Apelaciones [Nombre 002] Segundo Circuito Judicial de San José, solicitó certificar una serie de gestiones de oficio puras y simples de los expedientes No. [Valor 001] y [Valor 002]. Lo anterior con base en los artículos 82, 122.m.iii y 150.2 [Nombre 002] Código Procesal Contencioso Administrativo. Sin embargo, las recurridas no le brindaron lo solicitado y procedieron a dar por concluido el caso por medio de la resolución de última instancia No. 001580 A S1 2020 de las 11:50 horas de 23 de abril de 2021. En consecuencia, estima lesionados sus derechos fundamentales.

2.- Por medio de la resolución dictada por esta Sala al ser las 10:45 horas de 03 de marzo de 2021, se le previno al amparado que: "(...) identifique el recurrente en forma clara, concreta y ordenada, y con número de oficio y fecha de recibido por parte de la autoridad judicial recurrida, las solicitudes cuya falta de respuesta acusa en este recurso, para lo cual deberá acompañar las respectivas copias con sello de recibido, de cada una de ellas (...)". Lo anterior, bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso en caso de incumplimiento.

3.- El recurrente contestó la prevención realizada por esta Sala, en resolución de las 10:45 horas de 03 de marzo de 2021, el día 05 de marzo [Nombre 002] año en curso al ser las 18:16 horas. Manifiesta el tutelado en su escrito de cumplimiento a lo prevenido por esta Sala, que el recurso de amparo también se dirige contra la Procuraduría General de la República. Explica que, ante el Tribunal Contencioso Administrativo [Nombre 002] Segundo Circuito Judicial de San José, presentó los siguientes oficios: 2842 recibido el 26 de julio de 2018 y el 2928 recibido el 19 de octubre de ese mismo año. Indica que, en los mismos, les solicitó al Tribunal recurrido una serie de certificaciones de información relacionada con los expedientes Nos. [Valor 001] y [Valor 003]. Señala que las recurridas, no dieron respuesta a las gestiones indicadas, ni lo solicitado. Acusa que, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República, lesionaron su derecho de petición contemplado en el artículo 27 constitucional, pues por medio de los oficios: 2905 recibido el 27 de setiembre de 2018; 2918 recibido el 09 de octubre de 2018; 3356 recibido el 07 de otubre de 2019; 3496 recibido el 24 de febrero de 2020; 3679-DNN 450 recibido el 26 de agosto de 2020; 3479 recibido el 27 de abril de 2020; 3480 recibido el 27 de abril de 2020; 3497-2020 recibido el 08 de mayo de 2020 y el 3573 recibido el 11 de mayo de 2020; 2020 recibido el 16 de marzo de 2020 por la Procuraduría General de la República, tampoco obtuvo respuesta, a pesar de haber solicitado una información certificada de los expedientes de su interés. Por otra parte, alega el recurrente que por medio [Nombre 002] oficio 2020 CPJ-450 recibido por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo [Nombre 002] Segundo Circuito Judicial de San José, el 29 de junio de 2020, solicitó lo siguiente: "(…) certifíquese la consulta judicial preceptiva obligatoria realizada por la Sala Constitucional de la cual se infiere que la supresión, ocultación o destrucción de la prueba de oficio [82, 122.m.ii y 150.2 Código Procesal Contencioso Administrativo] que prueba el delito de participación solidaria [Nombre 002] Estado constituye garantía constitucional protocolar [Nombre 002] debido proceso (…)" . Afirma que la recurrida también fue omisa en responder el oficio mencionado. Señala que por medio [Nombre 002] oficio FES 369-3747 recibido el 18 de noviembre de 2020, solicitó al Tribunal de Apelaciones [Nombre 002] Contencioso Administrativo [Nombre 002] Segundo Circuito Judicial de San José, lo siguiente: "(…) DERECHO DE PETICIÓN CERTIFIQUE PARA EFECTOS PENALES (exento [Nombre 002] pago [Nombre 002] timbre. Código Fiscal art. 273 inciso 21) el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo la totalidad [Nombre 002] expediente [Valor 004] en formato papel sin perjuicio de realizarlo digitalmente al medio de notificaciones [Nombre 002] Ofendido por cuanto esta prueba certificada se requiere presentar a la Asamblea Legislativa (fraude de funcionario público. caso penal [Nombre 003] ) gestión de certificación pura y simple requerida expedir en el plazo máximo [Nombre 002] artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional (…)" (la mayúscula es [Nombre 002] escrito original). Alega que también, dicha gestión no fue respondida. Explica que por medio de la resolución No. 1580 A S1 2020 de las 11:50 horas de 23 de abril de 2020, el Tribunal de Apelaciones recurrido, dio por finalizadas ambas causas, sin expedir las certificaciones gestionadas en los diferentes oficios, anteriormente mencionados. Por las razones expuestas, estima lesionados sus derechos fundamentales.

4.- Por oficio de 19 de marzo de 2021 la magistrada Ileana Sánchez Navarro presentó una solicitud de inhibitoria para conocer el presente asunto.

5.- Por resolución de las 11:25 horas de 06 de abril de 2021, la Presidencia de la Sala Constitucional rechazó la solicitud de inhibitoria formulada por la magistrada Ileana Sánchez Navarro, para conocer el recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-004136-0007-CO. Lo anterior, ya que, de la documentación que consta en este expediente, no se desprende que la magistrada Sánchez Navarro tenga un interés directo en el resultado de este amparo (En el mismo sentido, resolución de las 11:38 horas de 24 de febrero de 2021 -Exp. No. 21-002987-0007-CO), por lo que se le declara habilitada para el conocimiento de este proceso.

6.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez ; y,

Considerando:
I.- SOBRE LAS SOLICITUDES FORMULADAS EN OFICIOS Nos. 2842 y 2928. La parte recurrente alega que en oficios 2842 recibido el 26 de julio de 2018 y el 2928 recibido el 19 de octubre de ese mismo año, le solicitó a la autoridad recurrida una serie de certificaciones de información relacionada con los expedientes Nos. [Valor 001] y [Valor 003]. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo [Nombre 002] Segundo Circuito Judicial de San José, no le brindó respuesta a su gestión. Sobre este particular, debe indicarse que estos argumentos ya fueron objeto de conocimiento por parte de esta Sala en sentencia No. 2020-009829 de las 09:15 horas de 21 de mayo de 2020, ocasión en la cual se declaró sin lugar el recurso de amparo No. 20-008123-0007-CO que planteó la propia parte amparada, por los mismos hechos que se alegan en estas diligencias, bajo las siguientes consideraciones:
“(…) III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente reclama que las actuaciones de la Dirección Nacional de Notariado dentro [Nombre 002] expediente [Valor 003] son constitutivas de delitos funcionales, además, que los Magistrados de Sala Primera tuvieron conocimiento de tales actuaciones. Asimismo, manifiesta que las conductas ejecutadas por la Dirección Nacional de Notariado, son constitutivas de los delitos de estafa procesal, falso testimonio y fraude de simulación, lo que le ha ocasionado un perjuicio. Sobre el particular, es menester indicarle al tutelado que no le corresponde a esta Sala revisar las acciones u omisiones [Nombre 002] tal Dirección a efectos de determinar la existencia de un delito, asimismo, excede a la competencia de este Tribunal, determinar si los Magistrados tuvieron o no conocimiento de tales acciones. En consecuencia, no hay razón para estimar el recurso en cuanto a lo expuesto.
IV.- EN RELACIÓN CON EL ARCHIVO DE LA CAUSA n.° [Valor 003]. Según el amparado, el Tribunal recurrido ordenó de forma irracional y espuria el archivo [Nombre 002] expediente n.° [Valor 003], puesto que existían gestiones de certificación pendientes de resolver. Al respecto, [Nombre 002] informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, este Tribunal constata que en tal expediente no existen gestiones planteadas por el recurrente durante el 2018, además, que el expediente no ha sido archivado, sino que está a la espera [Nombre 002] cumplimiento de prevenciones. En mérito de lo expuesto, lo procedente es desestimar el recurso en cuanto a este extremo.
V.- Por otro lado, de la prueba que consta en autos se colige que, el 26 de julio de 2018, mediante oficio n.° 2842 el amparado formuló una gestión dirigida al expediente judicial [Valor 005] , en el cual le señaló al Tribunal Contencioso Administrativo: “(…) sirva el Tribunal Contencioso Administrativo CERTIFICAR al Administrado: 1. La descripción exacta [Nombre 002] protocolo judicial y/o administrativo completo junto con los pasos o procedimientos uno a uno y los artículos de ley de dicho protocolo que de oficio el Legislador impone al Juez Contencioso Administrativo tramitar administrativamente (comprobante mediante medio escrito o digital certificable) para demostrar de forma indubitable que la Administración emite sus resoluciones en análisis de los principio rectores de RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD, NECESARIEDAD, IDONEIDAD, JUSTICIA DE SUS ACTOS, OBJETIVIDAD, PROBIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA E INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD sin los cuales el protocolo judicial o administrativo se torna inane e inconstitucional por dolo o culpa grave libre y consciente [Nombre 002] servidor en advertencia [Nombre 002] canon 130 de la Ley General de la Administración Pública y 41,49, 129 y 121.10 de la Constitución. 2. El porcentaje exacto que el Juez Contencioso Administrativo código 14811 [Nombre 004] declara el Tribunal Contencioso Administrativo cumplir de dicho protocolo judicial y/o administrativo. 3. La descripción exacta de la operación jurídica que en cumplimiento [Nombre 002] canon 160 de la Ley General de la Administración Pública simula tramitar dentro [Nombre 002] protocolo judicial y/o administrativo la Juez [Nombre 004] , que da como resultado la eliminación de la intervención peticionada [Nombre 002] Juez Contencioso Administrativo en los términos [Nombre 002] vencimiento [Nombre 002] plazo el canon 53 [Nombre 002] Código Procesal Contencioso Administrativo en contra [Nombre 002] Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea y el archivo de la causa habiendo elementos certificables pendientes de investigación. A efectos de demostrar el dolo, indique el Tribunal si la servidora [Nombre 004] no obra de forma libre y consciente sino bajo presión contrario al canon 130 de la Ley General de la Administración Pública”.
Asimismo, el 19 de octubre de 2018, mediante oficio n.° 2928, el amparado formuló una solicitud dirigida al expediente judicial [Valor 005], en el cual le señaló al Tribunal Contencioso Administrativo: “(…) Sirva el Tribunal Contencioso Administrativo CERTIFICAR al Administrado en el plazo Constitucional de ley de DIEZ DIAS (sic) 1. Si la Dirección de Notariado contestó dentro [Nombre 002] plazo de emplazamiento, indicando el Tribunal Contencioso Administrativo si procede la declaración de rebeldía cita a artículo 65 [Nombre 002] Código Procesal Contencioso Administrativo, mostrándose el Poder Especial Judicial audiencia [Nombre 002] 26 de Setiembre de 2018 ante el Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo a sumaria [Valor 006] (no existe en el expediente). Lo anterior, por ser útil a sumaria [Valor 007] por los delitos de Suspensión de Documento, Fraude de Simulación, Falso Testimonio, Prevaricato y Falsedad Ideológica. 2. EL PROTOCOLO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO que, según el Tribunal Contencioso Administrativo, la Dirección Nacional de Notariado despliega en estricto cumplimiento de la ley a artículo 41 de la Constitución, indicándose expresa y claramente todas las leyes expresas de prohibición que supuestamente impiden a la Dirección de Notariado evacuar y resolver todos los accionamientos [Nombre 002] Poder Judicial a expedientes [Valor 008], [Valor 009], [Valor 010], [Valor 011] y [Valor 012]; sumarias penales comunicadas a la Dirección de Notariado por el Poder Judicial, en las cuales se acusa la expedición de testimonios y certificaciones falsos expedidos por notarios suspendidos, en perjuicio [Nombre 002] Sr. [Nombre 001]. 3. EL PROTOCOLO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO desplegado por la Jueza [Nombre 004] a sumaria [Valor 006] en supuesto (218 Código Penal) estricto cumplimiento [Nombre 002] canon 41 y 59 de la Constitución y 160 de la Ley General de la Administración Pública, sin el cual la sentencia 341-2018-1 [Nombre 002] Tribunal de Apelación esta (sic) dictada como consecuencia de PREVARICATO (...)”.
De lo anterior, se desprende que lo solicitado no es una simple certificación de piezas [Nombre 002] expediente, sino que lo que plantea es una verdadera inconformidad, con lo que estima es un actuar improcedente de la juzgadora. Es decir, que lo que pretende el amparado con esas solicitudes, es que el tribunal le indique que se han incumplido ciertas funciones, por lo cual, claramente no es una solicitud de certificación propiamente dicha. Por lo que, al tratarse de una inconformidad [Nombre 002] tutelado con lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, no resulta ser una circunstancia que por sí sola violente derecho fundamental alguno, pues dicha situación obedece a criterios técnicos legales, en los que esta Sala no tiene competencia. Además, en los hechos probados consignados en este proceso, no se desprende que el amparado haya solicitado a la autoridad judicial accionada, una certificación de alguna pieza [Nombre 002] expediente judicial, por lo que no se está ante un derecho de petición y pronta respuesta. Por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
VI.- RAZONES DIFERENTES [Nombre 002] MAGISTRADO RUEDA LEAL. En criterio [Nombre 002] suscrito resulta importante precisar los alcances de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Dicho numeral señala lo siguiente:
“Artículo 35. El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto [Nombre 002] perjudicado.
Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso.”
A partir [Nombre 002] primer párrafo, el legislador dispuso que la persona cuenta con la posibilidad de acudir en amparo a la jurisdicción constitucional en cualquier tiempo, mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente los efectos directos respecto [Nombre 002] perjudicado. No obstante, también señala en el párrafo segundo, que tratándose de de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso debe interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso. De esta manera, de conformidad con lo dispuesto en ese segundo párrafo, el plazo de dos meses para ejercer la acción de amparo aplica no solo cuando se discuten derechos de naturaleza puramente patrimonial, sino también en los casos en que una violación pueda ser válidamente consentida, es decir, aquellos derechos que son disponibles.
Así sucede, por ejemplo, con los derechos de carácter meramente procedimental, cuyo ejercicio exige la atención oportuna de la persona y cuya discusión no puede quedar abierta sine die en esta jurisdicción. Tómese en consideración, además, que la vía sumaria [Nombre 002] amparo es un proceso de carácter especial, cuya principal función de tutela consiste en restablecer oportunamente los derechos fundamentales lesionados, sin perjuicio de las demás vías (administrativa y judicial) contempladas en el ordenamiento jurídico. La Sala ha aplicado esta tesitura, por ejemplo, en casos de despido, donde lo impugnado se ha fundado meramente en razones procesales y cuya afectación no se traduce en una grosera violación de otros derechos fundamentales. Cito al respecto los siguientes precedentes:
-Sentencia n.°2016-13123 de las 14:30 horas [Nombre 002] 13 de setiembre de 2016:
“I.- Objeto [Nombre 002] recurso. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que desde el año 2010 se le abrió un procedimiento disciplinario, el cual tuvo como consecuencia su despido sin responsabilidad patronal por parte [Nombre 002] Ministerio recurrido desde el 23 de mayo de 2011.
Considera que durante la tramitación de este procedimiento se lesionó el debido proceso, ya que se utilizó un decreto ejecutivo que había entrado en vigencia para elevarlo al Consejo de Personal, en lugar de elevarlo al Viceministro, como correspondía en el anterior decreto. Solicita la intervención de la Sala para que su situación sea resuelta.
II.- Caso concreto. Este Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que en aplicación [Nombre 002] artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no puede cuestionarse en esta sede aquellos actos administrativos que hayan sido consentidos tácita o expresamente por los recurrentes. Sobre el particular, conviene hacer alusión a lo dispuesto en la sentencia número 2008-11978 de las 9:06 [Nombre 002] 1 de agosto de 2008, en la que se indicó en lo que interesa:
"II.- Sobre lo señalado debe indicársele el recurrente que en oportunidades anteriores, esta Sala ha señalado que el consentimiento de un acto administrativo puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando existe una manifestación concreta [Nombre 002] supuesto ofendido y tácito en aquellos casos donde no ejerce en tiempo y forma los remedios legales a su alcance para obtener la tutela de su derecho, todo lo cual conduce a la improcedencia de la acción."
Partiendo de lo dicho, la Sala estima que en el caso concreto se está en presencia de un acto consentido, pues la resolución [Nombre 002] Ministerio de Seguridad Pública que ordenó el despido [Nombre 002] recurrente fue dictada hace más de cinco años, siendo que durante ese plazo el accionante no acudió ante esta jurisdicción a cuestionar el mismo por la vía [Nombre 002] amparo; además, consta en el expediente 16-011446-0007-CO, que el amparado presentó su asunto ante la jurisdicción laboral correspondiente, en donde se estudió el fondo [Nombre 002] asunto. En razón de lo anterior, este Tribunal estima procedente aplicar la caducidad dispuesta por el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y por ende desestimar el recurso planteado, sin que ello pueda entenderse de ninguna forma, como una limitante para que el amparado acuda ante otras instancias, si así lo desea.”
-Sentencia n.°2016-14649 de las 9:05 horas [Nombre 002] 7 de octubre de 2016:
“II. SOBRE EL CASO CONCRETO.- Luego de revisado el escrito de interposición, observa esta Sala que la disconformidad [Nombre 002] recurrente radica en un procedimiento disciplinario tramitado en su contra por la municipalidad recurrida, toda vez que debido a este, en mayo de 2011 se acordó su despido sin responsabilidad patronal, con base en un delito de sustracción de bienes –entre otras cosas- que, a su parecer, debió ser investigado en los Tribunales de Justicia y no en el municipio. Sin embargo, visto que tal reclamo aludido corresponde a un acto que data de hace más de 5 años, en este caso procede la aplicación [Nombre 002] artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece lo siguiente:
“El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto [Nombre 002] perjudicado.
Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso ” (énfasis añadido).
Así las cosas, considera la Sala que, conforme al numeral supracitado y exclusivamente para los efectos [Nombre 002] amparo, existió una falta de acción por parte [Nombre 002] recurrente al no acudir oportunamente a esta vía a cuestionar el despido y, por ende, se está en presencia de un acto consentido (ver sentencia en sentido similar 2016-013123 de las 14:30 horas [Nombre 002] 13 de setiembre de 2016).”
Ahora bien, en el caso concreto, según lo indica el recurrente, tales gestiones formuladas desde el 2018, son requeridas para demostrar la existencia de una serie de delitos que desembocaron en un perjuicio en su contra. Además, [Nombre 002] propio escrito de interposición, así como de los informes rendidos, se constata que el recurrente interpuso las gestiones de marras hace casi 22 y 19 meses respectivamente. Asimismo, el accionante no aduce haber estado imposibilitado de acudir antes a esta sede constitucional a fin de plantear su disconformidad con esa situación.
En virtud de lo expuesto, estimo que procede la aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo [Nombre 002] artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin perjuicio de que lo dispuesto en tal numeral deba ser valorado en cada caso particular, tomando en consideración el grado de afectación acusado, el plazo transcurrido desde que se emitió el acto impugnado, así como los efectos de la violación reclamada. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
(…)
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal consigna razones diferentes... (…)”
En ese sentido, concluye este Tribunal que no existe motivo alguno para variar el contenido de la sentencia supra citada, pues constituye una reiteración de lo resuelto en esa ocasión. En consecuencia, deberá la parte recurrente estarse a lo resuelto en dicha sentencia.
II.- SOBRE LAS SOLICITUDES FORMULADAS EN OFICIO No. 2020. Cabe indicarle al recurrente que el contenido [Nombre 002] oficio 2020, presentado ante la Procuraduría General de la República, el 16 de marzo de ese año y que alega falta de respuesta por parte de la autoridad accionada, es idéntico a la nota de 16 de marzo de 2020 que interpuso ante la Procuraduría y que este Tribunal Constitucional conoció en otro proceso de amparo, interpuesto también a su favor, No. 20-006172-0007-CO. En ese expediente se resolvió, sobre la denegatoria de información solicitada el 16 de marzo de 2020, por medio de la sentencia No. 2020-009216 de las 09:15 horas de 22 de mayo de 2020, en ese sentido la Sala indicó lo siguiente:
"(...) III. SOBRE EL CASO CONCRETO. (...) Esta gestión también fue atendida por la parte accionada, según se desprende [Nombre 002] oficio n.° PGR-31-2020 de 23 de marzo de 2020: “en nuestros registros no consta que la Procuraduría figure como parte en el proceso no. [Valor 005], como sí sucede en los expedientes nos. 18-1117- 1028-CA y 19-1075-1028-CA. Nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) establece claramente que la Procuraduría es el representante legal [Nombre 002] Estado en los negocios de cualquier naturaleza que se tramiten o deban tramitarse ante los tribunales de justicia (artículos 1° Y 3°). En cumplimiento de esa función, la Procuraduría y los Procuradores actúan como mandatarios judiciales, teniendo las facultades y obligaciones propias [Nombre 002] mandatario judicial, además de las específicas que las leyes dispongan. La información que requiere certificar, es información generada en desarrollo de la función de representación judicial a la que hacemos referencia, e involucra gestiones realizadas en el ejercicio exclusivo de dicha competencia. Por tanto, se trata de información cubierta por el secreto profesional, ante la cual, los mandatarios judiciales tienen un deber de confidencialidad, según [Nombre 002] Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos [Nombre 002] Profesional en Derecho, y, cuya divulgación está penada por el artículo 203 [Nombre 002] Código Penal. En consecuencia, esta Procuraduría no está facultada para divulgar las opiniones, prueba e información obtenida para la defensa [Nombre 002] Estado en esos procesos, pues ello implicaría comprometer nuestra estrategia y actuación en esos litigios. Asimismo, el derecho de petición y acceso a los departamentos administrativos no ampara la posibilidad de requerir que la Procuraduría emita criterios sobre asuntos concretos que se ventilan en procesos judiciales y que puedan comprometer su estrategia de juicio. Tal y como lo ha dispuesto la Sala Constitucional (por ejemplo, en los votos Nos. 1742-2005 y 8082-2010), lo tutelado por esos derechos, es que el administrado puede acceder a determinada información pública que se encuentre en alguna dependencia administrativa. Requerir otro tipo de información, implicaría desnaturalizar el derecho de petición. Por tanto, la Procuraduría no puede remitirle la información requerida. La única información a la que puede acceder, relativa a la actuación de la Procuraduría en esos asuntos, es la misma que puede obtener al revisar los expedientes judiciales en los despachos judiciales correspondientes.” La lectura de la respuesta de la Procuraduría permite determinar que en ningún momento se esgrimió tal argumento para rechazar la solicitud [Nombre 002] amparado, pues ni siquiera hace mención a un decreto de secreto de Estado".
En ese mismo orden de ideas, concluye este Tribunal que los argumentos vertidos en dicha sentencia son aplicables a este caso concreto, por cuanto en el fondo constituye el mismo reclamo, de ahí que, al no existir razón alguna para modificar lo dispuesto en dicho pronunciamiento, el recurso es inadmisible en cuanto a este extremo.
III.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN EN VÍA JURISDICCIONAL. El recurrente alega una presunta falta de resolución por parte de las autoridades recurridas a los oficios: 2905 recibido el 27 de setiembre de 2018; 2918 recibido el 09 de octubre de 2018; 3356 recibido el 07 de otubre de 2019; 3496 recibido el 24 de febrero de 2020; 3679-DNN 450 recibido el 26 de agosto de 2020; 3479 recibido el 27 de abril de 2020; 3480 recibido el 27 de abril de 2020; 3497-2020 recibido el 08 de mayo de 2020 y el 3573 recibido el 11 de mayo de 2020. No obstante lo anterior, debe indicarse que señalar que las gestiones planteadas por el recurrente -exigiendo el plazo establecido en el numeral 32, de la Ley que rige esta jurisdicción-, no constituyen peticiones de información puras y simples, como lo entiende el interesado, por cuanto se trata de gestiones complejas que, en todo caso, guardan relación con la actividad jurisdiccional [Nombre 002] despacho recurrido, de manera que no están cubiertas por la tutela establecida en el artículo 27 de la Constitución Política (derecho de petición y pronta respuesta). A mayor abundamiento, en el caso que nos ocupa, debe tener presente que el ejercicio [Nombre 002] derecho de petición, no es procedente en el marco de un proceso judicial, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Carta Fundamental, ya que, en ese caso las solicitudes y gestiones de los interesados deben ajustarse a las formalidades y plazos procesales. De modo que es improcedente lo pretendido por el recurrente, a través de un supuesto ejercicio de un derecho de petición, al pedir a las autoridades recurridas, que certifiquen la información solicitada en los oficios, anteriormente mencionados -documentos que se adjuntan a este expediente como prueba-. Así las cosas, la falta de respuesta a las gestiones en cuestión, no constituye violación alguna a los derechos fundamentales [Nombre 002] petente. Corolario de lo dicho, el amparo es inadmisible, como en efecto se dispone (en sentido similar véanse las sentencias No. 2014-007205 de las 09:30 de 23 de mayo de 2014 y 2021-003916 de las 09:30 horas de 26 de febrero de 2021).
IV.- SOBRE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN FORMULADA POR OFICIO No. 2020 CJP-450. El recurrente cuestiona la improcedencia [Nombre 002] actuar de las autoridades [Nombre 002] Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo [Nombre 002] Segundo Circuito Judicial de San José, al no proceder con la certificación de la Consulta Judicial Preceptiva obligatoria realizada por la Sala Constitucional “(…) de la cual se infiere que la supresión, ocultación o destrucción de la prueba de oficio (82, 122.mii y 150.0 [Nombre 002] Código Procesal Contencioso Administrativo) que prueba el delito de participación solidaria [Nombre 002] Estado, constituye garantía constitucional protocolar [Nombre 002] debido proceso (…)” y con el posterior archivo [Nombre 002] expediente [Valor 013], sin haber resuelto -previamente- su gestión. En cuanto a la falta de la certificación de la consulta judicial de su interés, estima esta Sala que lo pretendido por el amparado con dicha solicitud, es que el tribunal recurrido, entre otras cosas manifieste que debía plantear una consulta de constitucionalidad, que está incumpliendo ciertas funciones, por lo cual, claramente no es una solicitud de certificación propiamente dicha. Así las cosas, al tratarse de inconformidades [Nombre 002] tutelado con lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo [Nombre 002] Segundo Circuito Judicial de San José, no resulta ser una circunstancia que por sí sola violente derecho fundamental alguno, pues dicha situación obedece a criterios técnicos legales, propios de la jurisdicción ordinaria, en los que esta Sala no tiene competencia. Además, de su solicitud de certificación, no se desprende que el amparado haya solicitado a la autoridad judicial accionada, una certificación de alguna pieza [Nombre 002] expediente en cuestión, por lo que no se está ante un derecho de petición y pronta respuesta, amparable en esta vía. Ahora bien, en cuanto al archivo [Nombre 002] expediente [Valor 013], por orden [Nombre 002] Tribunal recurrido, a pesar de estar pendientes de resolver algunas actuaciones. Cabe indicarle al recurrente que como la pretensión planteada va dirigida a que se valore las actuaciones judiciales emitidas por un órgano [Nombre 002] Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, hace improcedente el análisis [Nombre 002] caso en esta sede, pues de conformidad con el artículo 30, inciso b), de la Ley que rige esta Jurisdicción, las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales no están sometidas al control de constitucionalidad por vía de amparo. Lo propio es que acuda el accionante, si a bien lo tiene, ante la propia autoridad judicial recurrida a reclamar y demostrar lo que exponen, por ser a esa jurisdicción y no a esta, la que le compete resolverle el conflicto. En consecuencia, el recurso es inadmisible en cuanto a este extremo.
V.- SOBRE LA GESTIÓN INCOADA POR OFICIO No. FES 369-3747. En otro orden de ideas, cuestiona el recurrente que el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo [Nombre 002] Segundo Circuito Judicial de San José, no ha atendido, en forma completa, la gestión que formuló por oficio No. FES 369-3747, lo que va en detrimento de sus derechos. En dicha gestión, aparte de exponer sus reclamos, solicitó la entrega de información documental de su interés, en los siguientes términos: “(…) DERECHO DE PETICIÓN CERTIFIQUE PARA EFECTOS PENALES (exento [Nombre 002] pago [Nombre 002] timbre. Código Fiscal art. 273 inciso 21) el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo la totalidad [Nombre 002] expediente [Valor 004] en formato papel sin perjuicio de realizarlo digitalmente al medio de notificaciones [Nombre 002] Ofendido por cuanto esta prueba certificada se requiere presentar a la Asamblea Legislativa (fraude de funcionario público. caso penal [Nombre 003] ) gestión de certificación pura y simple requerida expedir en el plazo máximo [Nombre 002] artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional (…)” (la mayúscula es [Nombre 002] escrito original). Dado que, de ser cierto ese alegato, podría estarse ante una violación de los derechos fundamentales [Nombre 002] recurrente, se dispone cursar el amparo, únicamente, en cuanto a este aspecto.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados [Nombre 002] despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 [Nombre 002] 22 de agosto [Nombre 002] 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 [Nombre 002] 26 de enero [Nombre 002] 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior [Nombre 002] Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo [Nombre 002] 2012, artículo LXXXI
Por tanto:

Se da curso al amparo, únicamente, en lo que respecta a la solicitud de información contenida en el oficio No. FES 369-3747, conforme a lo indicado en el considerando V de esta sentencia. En cuanto a los oficios Nos. 2842 y 2928, estese el recurrente a lo resuelto por esta Sala en la sentencia No. 2020-009829 de las 09:15 horas de 21 de mayo de 2020. En lo demás, se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.
Presidente
Luis Fdo. Salazar A.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*J43VFOCEXCDE61*
J43VFOCEXCDE61
EXPEDIENTE N° 21-004136-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia [Nombre 002] Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR