Sentencia de Sala Primera de la Corte, 21-03-2024

Fecha21 Marzo 2024
Número de sentencia000247-F
EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Documento PJEDITOR

Exp. 13-005077-1027-CA

Res. 000247-F-S1-2024

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro.

Proceso de conocimiento incoado por los señores M.V.C., y el señor R.J..É..N.A., ambos mayores, casados entre sí, contra el ESTADO, representado por el Procurador Adjunto J.A.és Oviedo Álvarez, mayor, soltero, abogado, vecino de Heredia. Interviene en representación de los demandantes el licenciado H.M.C., mayor, casado, abogado vecino de San José, en su carácter de apoderado especial judicial.

Redacta magistrado S.G.ía;

CONSIDERANDO

I.- M.V.C. y R.J.énez A. demandaron al Estado y a la Caja Costarricense de Seguro Social (en lo que sigue CCSS). Indicaron, son casados entre sí desde el 31 de octubre de 2009 y asegurados por el régimen de la CCSS. Arguyeron, como matrimonio el proyecto de vida personal e íntimo de cada uno y de ambos, consistía en formar una familia y tener hijos biológicos. Agregaron, dicho proyecto era de interés y tenía repercusión en la familia extendida (abuelos, padres, hermanos, primos, tíos, sobrinos etc). Consideraron, como matrimonio tuvieron problemas de fertilidad. Aclararon, luego de estudios y tratamientos médicos que incluyeron una operación (varicoselectomía practicada en marzo del 2012), se determinó un nivel espermático sumamente bajo (de 10.000 a 21.000 espermatozoides cuando el nivel mínimo normal debe ser 20 millones) y con poca movilidad. Por esa razón, relataron, en 2013 se pusieron en tratamiento médico con el Dr. A.P., especialista en medicina reproductiva, quien diagnosticó infertilidad por factor masculino, y, además, por ovario derecho poliquístico; refiriendo como única alternativa para concebir un hijo que compartiera las características genéticas de ambos como padres, la práctica de una Fertilización In Vitro (en adelante FIV), práctica que no se realizaba en Costa Rica a esa data. Refirieron las situaciones personales y su frustración por no haber logrado conformar una familia con hijos además de operaciones y tratamientos a los que se sometieron con esa finalidad. Afirmaron, en vista de que la CCSS no brindaba el servicio FIV, con gran sacrificio, en abril de 2013, lograron someterse a un proceso de FIV en Panamá. No obstante, relataron, a la novena semana la bebé no siguió creciendo y no presentaba ritmo cardiaco y murió, experiencia que consideraron desgarradora, y que solo superaron con ayuda psicológica. Agregaron, todas estas situaciones, presión por tener hijos, por haberse sometido a la FIV, de corte religioso y otras, han puesto en peligro la estabilidad matrimonial. Dijeron, desde diciembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo consecutivo CIDH), había ordenado al Estado, incluyendo expresamente a la CCSS, poner a disposición la técnica FIV y brindar el servicio. No obstante, esbozaron, no pudieron recurrir a ella, pues, ni la ofrece la CCSS ni el Estado la permite. Apuntaron, la CCSS ha venido trabajando en la implementación de un programa para brindar el servicio de la FIV, el cual se encuentra avanzado en un 95%; no obstante, producto de una errónea interpretación del alcance de la sentencia de la CIDH, la CCSS se negó a brindar el servicio FIV, alegando que se requería de una ley, con lo cual tampoco pudieron recurrir a la CCSS para la técnica FIV, idea de la cual es partícipe el Ministerio de Salud, que ha impedido que clínicas privadas brinden ese servicio, hasta tanto no haya una ley. En su criterio, la imposibilidad de practicarse la FIV en Costa Rica les ha deparado un daño moral (subjetivo) y material. Analizaron, al igual que otras parejas, resultaron afectados anímicamente, en su fuero interno, por sentimientos de dolor, angustia, desesperación, temor, congoja, todo con motivo de la imposibilidad de acudir a esta técnica y por estar desvalorada institucionalmente, situación que les ha causado inmenso dolor espiritual y afectación a la familia, daño que se ha mantenido por años. Interpretaron, la prohibición decretada por la Sala Constitucional en su voto 2306-2000 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-128218) ha significado una violación a sus derechos humanos (en adelante DDHH), a saber: el derecho a la vida privada y familiar, a fundar una familia, a la salud y a la salud sexual reproductiva, a la integridad a la libertad, la autonomía y autodeterminación personal, a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, al principio de no discriminación, derechos humanos contemplados en los numerales 5.1, 7, 11.2 17.2 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), en relación con los preceptos 21, 28, 33, 51, 73 y 74 Constitucionales. Expresaron, en tal voto se hizo la advertencia expresa de que ni siquiera por ley se podía habilitar la técnica, lo que también propició un ambiente nacional de desvaloración de la técnica y de reproche a quienes querían acudir a ella. Indicaron, entre los actores sociales que acuerparon esta sentencia de Sala Constitucional se encuentra la Iglesia Católica, que promovió campañas de odio e irrespeto a los derechos humanos de las parejas infértiles dispuestas a recurrir a esta técnica, así como campañas mediáticas denigrantes. Estimaron, ese tipo de manifestaciones afectan su autoestima y sentimientos pues deben soportar y vivir en carne propia los efectos de esos prejuicios lo que les provoca sentimientos de angustia, dolor y desesperanza. Exteriorizaron, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2012, notificada a las partes el 20 de diciembre de 2012, la CIDH en el caso A.M. contra Costa Rica, declaró la responsabilidad internacional del Estado por la prohibición de la FIV, constatando una violación a los DDHH de las víctimas demandantes, incluido el derecho a la salud y a la salud reproductiva, así como al uso y acceso a técnicas médico científicas, obligando al Estado a una reparación para las personas apersonadas en ese proceso. Estimaron, la "ratio decidendi" de esa sentencia les ampara, cubre y protege en sus derechos también conculcados, pues es vinculante, obligatoria, ejecutiva y ejecutoria conforme al artículo 27 del Convenio firmado entre Costa Rica y la CIDH. R., la sentencia declaró que la CCSS debía poner a disposición el servicio FIV, a lo cual ha sido omisa y renuente. Destacaron, a la fecha de interposición de esa demanda, la CCSS aún no brindaba el servicio. Solicita en sentencia se declare: "Petitoria general. 1.- Que en aplicación directa del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico administrativo definido por los artículos 6 y 7 de la Ley General de la Administración Pública, y en virtud de los alcances vinculantes de la sentencia de la CIDH de 28 de noviembre de 2012 (Caso Artavia Murillo y otros contra El estado de Costa Rica), numeral 62 de la CADH y el precepto 27 de la Ley 6889, se tenga por aplicable al presente caso, -en tanto no se promulgue otra regulación de igual o superior rango que la sustituya-, el Decreto Ejecutivo 24029-S de 3 de febrero de 1995, que regula la fertilización asistida, en vista de la declaratoria abiertamente violatoria de los derechos humanos de la Sentencia de la Sala Constitucional 2306-2000 de 15 de marzo de 2000 por parte de un órgano superior y competente para valorar dicha Sentencia. 2.- Que en tanto no exista una regulación sustitutiva del Decreto Ejecutivo 24029-S de 3 de febrero de 1995, el Estado debe abstenerse de ejercer todo tipo de conducta activa u omisiva que implique en la práctica la violación de los derechos fundamentales restablecidos por la sentencia de la CIDH el 28 de noviembre de 2012 (Caso Artavia Murillo y otros contra El Estado de Costa Rica), esto es, impedir, entorpecer o ejercer presión en los medios de comunicación en contra de la aplicación de la técnica de fertilización in vitro. 3.- Que la CCSS se encuentra obligada a brindar a los actores el servicio de la técnica FIV, si ellos estuvieren de acuerdo en el momento que se adopte la resolución, o en su defecto cubrirle a los actores el costo de la práctica de tal técnica. 5.- Que el Estado costarricense no puede impedir a los actores, si así lo desean, acudir a clínicas privadas o a profesionales expertos en la técnica FIV de manera que pueda practicárseles la técnica en nuestro país. 6.- Que al mantenerse en el país la imposibilidad de acceder a la técnica FIV, la Administración Pública incurre en responsabilidad objetiva derivada de los artículos 190 a 197 de la LGAP y 9,11,28, 33, y 41 constitucionales, al hacer nugatorio para los actores los derechos humanos a fundar una familia, de autodeterminación reproductiva, a la dignidad, a la intimidad, a la privacidad y a la autodeterminación familiar, a la salud (en especial la reproductiva, derechos previstos en los artículos 5, 7, 11, 17 y 24 de CADH, y en los instrumentos internacionales ya citados, provocando una lesión en el patrimonio material e inmaterial de los actores, ordenándose el pago de una indemnización compensatoria en concepto de daño material e inmaterial (daño moral objetivo y subjetivo) y por afectación al proyecto de vida. 7.- Se condenará al pago de las costas procesales y personales de esta acción y de los intereses de ley que correspondan, contados en cuanto al daño material desde la fecha en que se irrogó el gasto. Como pretensiones económicas derivadas de la demanda, peticiona: a. Daño Material: Consistente en los gastos en que han tenido que incurrir para atender por su cuenta su problema de infertilidad (atenciones, consultas y tratamientos médicos, especificaciones, exámenes, medicamentos, etc), necesarios para poder someterse a la técnica de la FIV, así como los gastos al tener que viajar a otro país para poder acceder a la técnica, rubro que estiman en ȼ10.000.000,00; por gastos médicos y de viajes y tiempo invertido en gestiones relacionadas con la FIV, más intereses de ley desde la fecha en que se produjo el gasto. Este último, en balboas se equiparará al tipo de cambio del dólar vigente a la fecha de erogación. En relación con los gastos de viaje relacionados con alimentación y alojamiento y para el caso de duda solicitan que supletoriamente se aplique la tabla de viáticos de la Contraloría General de la República. b. Afectación al proyecto de vida: Se estima en la suma de ȼ20.000.000,00. c. Daño Moral Objetivo: provocado por la afectación a la imagen como matrimonio y afectación del concepto que de ellos como pareja tienen las personas que con ellos se relacionan y los conocen tanto en los ámbitos laboral, amigos y familiares y ante la opinión pública en general. Se estima este rubro en la suma de ȼ10.000.000,00. d. Daño moral Subjetivo: Comprensivo de lesión y la afectación al fuero interno, a los sentimientos, autoestima, y estado de ánimo, sentimientos de frustración, ansiedad incertidumbre, angustia, es decir por la afectación a la psiquis y subjetividad, todo derivado de la imposibilidad de ejercer libre y autónomamente los derechos a fundar una familia, a decidir tener hijos, a decidir ejercer en condiciones de igualdad y no discriminación sus derechos reproductivos, afectación al ámbito de intimidad y privacidad familiar. Se estima este rubro en la suma de ȼ10.000.000,00. e. En caso de que la demandada CCSS no pueda brindar en forma directa el servicio de salud de FIV a las partes actoras, cubrirá los gastos en que estos incurran al acudir a cubrir dicha necesidad de salud en el sector privado. En la Audiencia Preliminar realizó las siguientes aclaraciones en cuanto a las pretensiones tituladas: Petitoria General." -Desiste de las pretensiones 1, 2 y 5. -Mantiene las pretensiones 3, 6 y 7. "Económicas derivadas de la demanda" -Se mantiene la consignada como "a" estimándose en ȼ10.000.000,00. -Se unifica las "b" y "d" estimando en ȼ30.000.000,00 y la denomina daño integral. -Desiste de la "c". -Se mantiene la "e". Durante la Audiencia de Juicio Oral y Público, la representación legal de la accionante manifestó que lo relativo al daño moral subjetivo lo ajustaba a la suma de ȼ10.000.000,00en lugar de los ȼ30.000.000,00; que inicialmente había solicitado. Aunque inicialmente también había sido demandada la CCSS, se formuló desistimiento en cuanto a ella. El Estado contestó negativamente. Opuso las excepciones de prescripción, falta de derecho y cosa juzgada, de la cual desistió, e incompetencia, que fue resuelta interlocutoriamente. El Tribunal acogió la falta de derecho, declaró sin lugar la demanda. Impuso las costas a los actores quienes inconformes acuden en casación.

Recurso por razones sustantivas

II.- Los casacionistas formulan seis cargos de esta naturaleza. En el primero acusan indebida valoración de los alcances y efectos de la sentencia 2306-2000 de la Sala Constitucional, en conexión con la Sentencia de la CIDH de noviembre de 2012. Dicen, la sentencia del Tribunal sostiene que no son acreedores al reconocimiento de ningún tipo de daño, toda vez que la causal alegada, prohibición de FIV por Sala Constitucional, dejo de surtir efectos prohibitivos en noviembre de 2012, teniendo en consecuencia como hechos no probados: existencia de daño alguno y vigencia de prohibición de FIV más allá de esa data. Valoran, sin embargo, al existir una sentencia internacional que resuelve de manera distinta ese mismo asunto, -sentencia de la CIDH de febrero de 2016 (y que es una con la sentencia de noviembre de 2012)- se desconoce con ese actuar el postulado del control de convencionalidad que exige reconocer efectos vinculantes (esto es observar y aplicar su contenido con motivo de casos concretos) a tales sentencias de CIDH. Aclaran, todo como derivación de la doctrina de los numerales 1, 67, 68 y 27, de la Convención Americana de Derecho Humanos (en lo sucesivo CADH). Opinan, la sentencia del Tribunal colisiona directamente, con la sentencia de la CIDH del 26 de febrero de 2016, en el tema de la prohibición de la FIV, asunto que abarca sus efectos, toda vez que la CIDH asumió la verificación y seguimiento de su fallo. Valora, aunque durante la audiencia de juicio se hizo referencia a ese aspecto, ello no fue debidamente tenido en cuenta ni analizado en el pronunciamiento. Refieren, del texto de los parágrafos 26 y 36 de la sentencia de la CIDH de febrero de 2016 (que aportaron), se dilucidaba claramente el asunto, pues la CIDH constató un incumplimiento del Estado (noción comprensiva del Poder Judicial), no en cuanto a la regulación, sino al levantamiento de la prohibición, la cual se mantenía hasta esa data (26 de febrero de 2016). De esa suerte, apuntan, no es posible concluir que la sentencia prohibitiva de la Sala Constitucional había dejado de surtir efectos. Por el contrario, analizan, los seguía surtiendo, al punto de que se mantenía esa prohibición para esas datas, causa real y eficiente del impedimento y obstáculo (único) para que se practicara en el país, lo cual confirma la posición asumida y defendida en autos, tanto por la representación del Estado, como de la misma CCSS. Considera real y existente la situación de prohibición o impedimento (tema en el cual opera una inversión de la carga de la prueba pero que en todo caso son hechos evidentes y manifiestos), por lo que debió el Tribunal tener como la causa real y eficiente del impedimento y obstáculo (único), para que la FIV se practicara en el país al año 2013, impedimento que incide directamente en su esfera jurídica de los actores, lo cual confirma la tesis defendida por el Estado y la CCSS. Acusa, tanto el Estado como la CCSS rechazaban una responsabilidad alegando la existencia de una prohibición aún existente como efecto de la sentencia de la Sala Constitucional o de la ausencia de regulación, aceptando la CCSS y el Estado tal prohibición, y que la FIV sólo podría ser aplicada hasta que existiese una ley regulatoria, punto de vista sostenido únicamente en la sentencia 2306-2000 de Sala IV pues nada de ello venía impuesto por la sentencia de la CIDH. Estima, hay aquí un error del Tribunal, pues hay una aceptación expresa en los demandados acerca de la extensión de efectos prohibitivos de la sentencia de la Sala IV, o bien, de la ausencia de regulación, para la época en que los actores acuden a la medicina y realizan FIV, por lo que entiende cuál es el fundamento de una sentencia en contrario de la teoría del caso de defensa sostenida en su oportunidad por los demandantes. Considera, al resolver (por deducción lógica), que para abril del 2013 (fecha en que los actores hicieron la FIV en Panamá) ya no había prohibición, el TCA tampoco ponderó adecuadamente las manifestaciones de los demandados, ni de los testigos, sobre ese aspecto las cuales debían ser apreciadas con el valor probatorio establecido que no es otro que el de confesión de parte. Externan, la CIDH en su sentencia del 26 de febrero de 2016, en su parágrafo 7 recuerda del deber de convencionalidad, que ha sido inobservado en la sentencia del tribunal, de donde resulta claro, este principio se desaplica, legitimando la omisión del Estado (lato sensu), en cuanto a levantar la prohibición, desconociendo que esa es la causa del daño material y moral peticionado. Asimismo, aseguran, con motivo del conocimiento de la aún vigente prohibición decretada por la Sala Constitucional y la constatación de ser un impedimento para la práctica de la FIV a parejas infértiles que requerían tal técnica, se constata en ese fallo, aún se mantenían los efectos de la sentencia de la Sala IV, lo que aplica entonces a las fechas en que, se tiene por incontrovertido, los actores tuvieron que realizar su técnica FIV en Panamá. Interpreta, el Tribunal en su sentencia pretende, desligar a la Sala Constitucional del Estado, alegando que no responde por omisiones de otros poderes estatales. Rechaza ese argumento pues considera, no vale en este caso ya que el asunto ha sido interpuesto bajo el postulado de una situación fáctica de impedimento en la cual el Poder Judicial es corresponsable y los otros poderes también, disociación que no es factible realizar, pues el Estado es comprensivo de la Sala IV y de los otros poderes, a quien se le exige la responsabilidad con motivo de la prohibición. Ello, dice, como consecuencia directa de los efectos de la prohibición decretada en la sentencia 2306-2000 de Sala Constitucional. Aclaran, el Tribunal en su sentencia pretende desligar a la Sala Constitucional (Poder Judicial) del Estado, alegando que no responde por omisiones de otros poderes estatales. Continúan, esto no es posible, toda vez que es al Estado, y no a esa Sala a quien se le exige la responsabilidad con motivo de la prohibición y de sus efectos. Transcriben el parágrafo 12 de dicho fallo de la CIDH. Afirman, quien prohibió la FIV fue la Sala Constitucional, de lo cual no hay duda ni controversia y es un presupuesto de la sentencia del Tribunal, según los hechos segundo y tercero tenidos por probados. Revelan, los efectos de esta prohibición incluyen, -según la teoría de la responsabilidad-, que se asuman todas sus consecuencias, entre ellas, la extensión y mantención de sus efectos, durante el periodo de no levantamiento de la prohibición, que se extendió, según lo constata y declara la CIDH, por lo menos hasta el 26 de febrero de 2016. Consideran irrazonable pretender, desligar el levantamiento de la prohibición (que es el efecto jurídico de la sentencia de la CIDH), de los efectos de la sentencia constitucional, pues es ésta última la que seguía produciendo efectos, ahora también impeditivos de medidas de otros órganos estatales. T. parcialmente el fallo de la CIDH. Comentan, no se sostiene entonces el hecho no probado segundo, pues según indicaron los testigos y demuestran los documentos, no podían hacerse la FIV en Costa Rica, sino que debieron desplazarse a otro país para practicarla, con sus consecuentes e inevitables daños. E., dicho análisis no es congruente con los principios de la razonabilidad ni de la seguridad jurídica. E., la propia CIDH constata que la prohibición (decretada por la Sala Constitucional), se mantenía en el país, lo que violentaba sus derechos, como personas infértiles necesitadas de FIV. Así, advierten, debe determinarse que la prohibición de la FIV decretada por la Sala Constitucional extensiva hasta febrero de 2016 constituyó la causa eficiente del daño material y moral que debe ser acogido. Agregan, el fallo deja de aplicar la sentencia de la CIDH de febrero de 2016 y por esa razón debe ser casada, pues los razonamientos que le sostienen entran en colisión abierta y clara con tal precedente internacional, el cual es vinculante para todos los operadores jurídicos, partes y terceros en esa situación, dados sus efectos genéricos cuasi normativos o erga omnes en lo que al levantamiento de la prohibición se refiere, según se deduce del respeto al postulado del control de la convencionalidad. En el segundo agravio, alegan, indebida valoración y errónea aplicación de los alcances y efectos de la sentencia de la CIDH de noviembre de 2012. Acusan, el hecho tenido por probado 5 y los tenidos por no probados 1 y 2 de la sentencia recurrida, son consecuencia de una indebida valoración y de una errónea apreciación de los alcances y contenido de la sentencia dictada por la CIDH en el caso A.M., sentencia de 28 de noviembre 2012. Consideran, en sostén lógico de tales hechos no probados y del cuarto tenido por probado, se parte de una circunstancia irreal, esto es que la sentencia de la CIDH haya tenido en el caso concreto el efecto inmediato, automático y directo del levantamiento de la prohibición de la FIV y de todos sus efectos. Más aún, apuntan, habría que suponer que así y en tales términos lo dispuso el alto tribunal internacional, lo cual no sucedió de esa manera. Estiman, el razonamiento del Tribunal se hace sin profundizar en las razones y argumentos que lo sostienen, pues no se brinda ninguno más que la suposición de que toda sentencia por el hecho de serlo produce efectos jurídicos, en este caso, la eliminación de todo efecto jurídico y vinculancia a la sentencia de la Sala Constitucional. Valoran, de esa forma el Tribunal incurre en el error de interpretar que ya para inicios de 2013 estaba levantada la prohibición. Aseveran, la conclusión del Tribunal, sólo se puede verificar en los términos de la misma sentencia de la CIDH de noviembre de 2012. Estiman, examinada tal sentencia, no se puede concluir lo que concluye el Tribunal, pues, la CIDH no concibió el levantamiento de la prohibición como algo inmediato e ipso facto, pues en el marco y complejidad del caso, dimensionó sus efectos. E., en la sentencia dictada en el caso A.M., de 28 de noviembre de 2012, en lo que se refiere al levantamiento de la prohibición, la CIDH determinó: 2. El Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la presente Sentencia. El Estado deberá informar en seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto, de conformidad con el párrafo 336 de la presente Sentencia. Continúan, lo anterior con sustento en lo explicado en el parágrafo 336 de esa misma sentencia, en la cual se indica: 336. En primer lugar y teniendo en cuenta lo señalado en la presente Sentencia, las autoridades pertinentes del Estado deberán adoptar las medidas apropiadas para que quede sin efecto con la mayor celeridad posible la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la presente Sentencia (supra párr. 317). El Estado deberá informar en seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto. Consideran falso entonces lo afirmado por el Tribunal en el sentido de que la sentencia de la Sala Constitucional, origen único de prohibición, dejaba de producir efectos ipso facto, al punto de poder ya a inicios del año 2013, practicarse la FIV la pareja en Costa Rica. I., tal y como lo indicaron los testigos, la pareja encontró obstáculos para realizar su proyecto de vida relacionado a tener hijos al no poder hacer la FIV en Costa Rica, dados los efectos prohibitivos aún vigentes de la sentencia la Sala Constitucional, único origen de la prohibición, al punto de que se vieron obligados a ir a otro país para hacer el intento FIV, teniendo que incurrir en gastos y costos innecesarios (transporte, alojamiento, alimentación) en los que no hubieran incurrido de haber sido posible hacerla en Costa Ria y teniendo que recurrir a la medicina privada y financiarse su tratamiento ante la ausencia de servicio por parte de la CCSS (situación que la CCSS siempre ha sostenido no les es achacable pues la reconducen a la prohibición que se declaró en la sentencia de la Sala Constitucional). Advierten, el origen de los daños materiales radica en la prohibición, y son su consecuencia inmediata, toda vez que, de no haber existido, desaparecería el daño material y también el moral que los testigos acreditaron, como un sufrimiento injusto. De esa suerte, aseguran, la sentencia debe casarse por existir una colisión frontal y directa entre lo resuelto por el Tribunal y lo ya analizado y resuelto por la CIDH, choque que no deja de serlo por el hecho de que en la sentencia combatida exista omisión de análisis de los precedentes internacionales. Resumen, la determinación de si la sentencia prohibitiva de la Sala Constitucional dejó de producir efectos y cuándo y cómo eso ha ocurrido, es competencia exclusiva de la CIDH, y este órgano ha dispuesto que ello no había ocurrido para la fecha en que el Tribunal lo afirma. Más aún, aseveran, la CIDH no tiene por levantada la prohibición sino hasta febrero de 2016 momento en que decide hacerlo por su propia mano y tenerlo así dispuesto. Así las cosas, apuntan, el Tribunal interpreta y aplica indebidamente la normativa referente al tema de la eficacia de las sentencias de la CIDH, pues para el caso hay normativa específica inobservada en su análisis por el Tribunal, como lo es el mandato 69 del Reglamento de la CIDH, norma que rige el tema de la determinación de los efectos de sus sentencias y de la supervisión de sus fallos. En el tercer reproche, endilgan violación al control de convencionalidad y desconocimiento del carácter subsidiario de las sentencias de la CIDH. Consideran, la sentencia del Tribunal alega un efecto desaplicativo directo del fallo de la CIDH respecto de la sentencia de la Sala Constitucional. Explican, ese efecto no lo tiene la sentencia de la CIDH del 2012, sino sólo la del 2016, en virtud de haberse adoptado ante incumplimiento y en el escenario de una fase de fiscalización. Estiman, al desconocer e ignorar el Tribunal el supra citado precedente de la CIDH de febrero del 2016, sobre la FIV y en el cual sí se levanta directamente la prohibición, -precedente que debía de ser necesariamente interpretado y aplicado al caso concreto-, se dejaron de aplicar y en esa medida se violentaron los mandatos 1, 27, 67 y 68 de la CADH comprensivos del postulado del control de convencionalidad y del deber de implementación de las sentencias internacionales que vinculan al Estado, por haber sido parte en el proceso judicial internacional. Analizan, los jueces parecen desconocer los alcances de este tipo de precedentes toda vez que afirman, sólo son vinculantes para las partes, sin detenerse a considerar y explicar que una de las partes es el Estado, en lo que se refiere al levantamiento de la prohibición, según la obligación de hacer, que se le impuso (levantar la prohibición). Exponen, ello dista de las reparaciones de corte material, que solo alcanzan a las partes. Revelan, las sentencias específicas de la CIDH tienen un efecto normativo, o en todo caso preceptivo, que debe ser implementado por los órganos estatales ligados al caso, salvo incumplimiento en cuyo evento, (como sucedió en febrero de 2016), donde se dispone la aplicación directa. Establecen, el Tribunal interpreta que el efecto de la sentencia de la CIDH de noviembre del 2012 consiste en dejar sin efecto la sentencia prohibitiva de la Sala Constitucional, lo que rechazan, dado el carácter subsidiario de este tipo de sentencias. De esta manera, apuntan, desaplicar la sentencia de febrero de 2016 de la CIDH es un motivo casacional, en la medida en que presupone una indebida valoración de los efectos de la sentencia de la CIDH del 2012 y una indebida interpretación de los alcances del control de convencionalidad, en su dimensión de puesta en ejecución de los fallos de la CIDH. Explican, ello en el tanto los juzgadores desconocen el carácter subsidiario del sistema interamericano de protección de los DDHH, pues desde ningún punto de vista puede considerarse a la CIDH como una cuarta instancia. Señalan, al interpretar el Tribunal que operaba una eficacia directa e inmediata de levantamiento de prohibición, obvia que la sentencia de la Sala Constitucional seguía surtiendo efectos hasta que fuera levantada. A., el Tribunal sostiene que eso no competía al Poder Judicial en cabeza de la Sala Constitucional, -aunque la CIDH sostiene lo contrario- (y también la magistrada N.H.ández y el Doctor Jinesta), aunque lo verdaderamente importante es que la sentencia de examen siguió surtiendo efectos prohibitivos hasta el 2016, por lo que no pudieron hacer FIV en Costa Rica, sino en Panamá. Según el control de convencionalidad, los fallos de la CIDH son parte del ordenamiento jurídico interno, por tanto, aplicables en aquellos procesos que comparten conexión por objeto y razón. Valoran, ese derecho -parte del bloque de legalidad-, constitutivo de las sentencias de la CIDH sobre el tema FIV, ha sido inobservado y desaplicado en el caso del precedente de 2016 (que levanta la prohibición), y mal ponderado y equívocamente valorado para el caso del precedente del 2012 (que ordena levantar la prohibición según los parámetros de subsidiariedad). Opinan, de haber sido debidamente considerados por el TCA al caso, se hubiese tenido que concluir que al momento en que se practica la FIV, año 2013, operaba la prohibición de facto como una consecuencia de la prohibición decretada por la Sala Constitucional, siendo entonces tal extensión de efectos de la prohibición e impedimento factico, la causa eficiente del daño material y moral solicitado. Consideran relevante al caso concreto, la tesis sostenida por los M.J.L. y N.H.ández, en el expediente constitucional no. 13-15288-0007CO (que da origen a sentencia invocada por la PGR, voto 1424-2014), en el sentido de que la sentencia recaída en el Caso Artavia Murillo tramitada ante la CIDH es parte del orden interno, y por tanto su inobservancia erosiona el principio del control de convencionalidad. Asimismo, la opinión vertida en data posterior al dictado de la sentencia de la CIDH, relevante también para este asunto, al indicar que: La anterior posición, que sostiene la existencia en la sentencia de la Corte sobre la FIV, de un mandato directo para la Sala Constitucional, se torna incluso imprescindible si nos percatamos además que el principal obstáculo jurídico (nos atrevemos a señalar que el único) a la práctica de la FIV en nuestro país ha sido precisamente la sentencia número 2306-2000 de la Sala Constitucional que prohibió la práctica FIV por entender que la forma de practicarla em aquel momento era violatoria de la vida humana, así como si tomamos en cuenta que en nuestro ordenamiento esa sentencia de la Sala Constitucional ha sido vinculante para todos por disposición del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y no podría ser privada de su valor o efectos por ningún otro órgano estatal diferente de la propia Sala. Observa, las citas supra transcritas, corresponden al fallo constitucional no. 1424-2014, prueba certificada y aportada a los autos, documento preterido por el Tribunal, si se considera como prueba, y desaplicado si se considera jurisprudencia. Analiza, lo anterior desmerece lo afirmado por el Tribunal y resta fundamento a la sentencia, pues se funda en el criterio de que la resolución prohibitiva de la Sala Constitucional había perdido todo efecto jurídico y de que no existía ninguna situación de impedimento sobreviniente. Consideran, tales efectos prohibitivos de la sentencia constitucional se mantenían vigentes pues a la fecha de ser diagnosticados no había sido deshabilitada la prohibición de manera expresa, y que, al 2013, momento del intento FIV en Panamá, aún no había pronunciamiento deshabilitaste expreso, cosa que ocurre hasta febrero del 2016, con la sentencia de fiscalización y cumplimiento dictada por la CIDH. Aseguran, lo anterior no es más que un recto entendimiento del carácter subsidiario del sistema internacional americano de protección de los derechos humanos, tal y como viene impuesto en el artículos 1, 2 y 68.1 de la CADH, que indica que son los Estados (lato sensu) los responsables, prima facie, de poner en ejecución los mandatos de la Corte y sólo de manera extraordinaria, como lamentablemente sucedió en el caso A.M. (pero con efecto perjudicial para los aquí actores), se recurre al proceso de verificación y fiscalización, que fue el escenario en donde se dictó, ahora sí, (ver sentencia de fiscalización de febrero del 2016 ) la orden expresa de deshabilitación de la sentencia de la Sala Constitucional. En suma, expresan entre la sentencia del 28 de noviembre de 2012 y la de 26 febrero de 2016, ambas de la CIDH, transcurrieron cuatro años y tres meses, en que la sentencia de la Sala Constitucional se mantuvo vigente y surtiendo efectos, periodo de impedimento fáctico también originado en las omisiones de regulación de los otros poderes estatales. Por lo anterior, el motivo por el cual tuvieron que acudir a medicina privada y salir a Panamá a hacerse una FIV no es otro que esa sentencia de la Sala Constitucional, que, no podía ser privada de su valor o efectos por ningún otro órgano estatal interno, lo que hace irrelevante la discusión sobre la regulación de la FIV, asunto residenciado en otros poderes estatales, pues, es claro, eso no dice ni tiene ninguna relación estricta con el levantamiento de la prohibición, según lo admitió el mismo Tribunal y también la CIDH en febrero de 2016. Afirman, es asimismo falso considerar que no existió un estado o situación factico de impedimento para hacer la FIV en Costa Rica entre enero de 2013 y mediados del 2016 y que el mismo es causal del daño alegado. Interpretan, la prohibición, que emanaba de la sentencia de la Sala IV, la levantó directamente la CIDH en febrero del 2016 (no en noviembre de 2012), pues hasta ese momento se encontraba vigente y surtiendo efectos prohibitivos. Afirman, la medida de regulación de la FIV (a cargo de otros poderes del Estado distintos del Judicial), ordenada por la CIDH, no tenía relación con el levantamiento de la prohibición, ni ésta se encontraba condicionada a aquella como muy bien lo analiza la CIDH en su sentencia de febrero de 2016. Así las cosas, estipula, la situación de impedimento fáctico, también origen del daño es más reprochable aún, pues significa que se mantuvo una lesión insoportable a los derechos de los infértiles, por pura omisión. Prosiguen, respecto de la responsabilidad objetiva, consta la existencia de un daño y su asocio a una conducta u omisión estatal y ese nexo causal se sigue fácilmente en este caso, siempre y cuando se aplique la razonabilidad en la ponderación del caso. D., es claro que la medida de regulación (que no era condición para el levantamiento de la prohibición), no estaba residenciada en el Poder Judicial, pero ello no niega que tal necesidad de regulación tiene su origen y causa última en la controvertida sentencia 2306-2000. I., tampoco niega que hay responsabilidad estatal por las omisiones de regulación, pues los motivos para esa omisión no interfieren ni son relevantes al efecto, dado que lo que interesa es el daño y su nexo con la situación que impera ante la omisión. Luego, comentan, la situación de impedimento existente, sin importar quién sea responsable de esa situación y que para el caso es una responsabilidad compartida entre los poderes del Estado, es origen del daño que debe ser resarcido. Por eso, concluyen, el objeto de esta demanda se refiere al tema de la prohibición de facto en su relación con la prohibición de iure, lo que explica que se haya solicitado responsabilidad extracontractual. En todo caso, insiste, en lo que, si estaba comprometida la responsabilidad del estado juez, era en el levantamiento de la prohibición, cosa que no fue atendida como muy bien lo captó la Magistrada H.ández y lo declaro la CIDH. En el cuarto motivo, acusan, el Tribunal señala que no existen elementos de convicción sobre la existencia de un impedimento al momento del intento FIV (lógica deducción del fallo), asimismo, que no compete ni competía al Poder Judicial la regulación de la FIV. Consideran, este razonamiento lleva a desaplicar el instituto de la responsabilidad objetiva al caso concreto. Valoran, la ausencia de regulación, el estado de impedimento fáctico, la extensión de efectos sobrevinientes del fallo de la Sala IV; no es más que una concausa y corresponsabilidad que contribuye al daño, aunque éste puede ser reconocido sin necesidad de discutir o resolver sobre esta última cuestión, que no era determinante a los efectos de la verificación de una situación de prohibición o imposibilidad de practica de FIV en el año 2013. Analizan, en todo caso hay elementos de convicción que no podían ser desconocidos por tratarse de hechos públicos, evidentes y notorios y en tal carácter, si se admiten, no necesitados de demostración o debate. Estiman, efectivamente, el tema de la regulación y de las omisiones es parte de la litis, que son diferentes y diversos en enfoque y teoría del caso, a los indicados en las sentencias de casos análogos, que el Tribunal invoca en apoyo de su sentencia. Expresa, la demanda hace hincapié en un estado fáctico de impedimento: así los numerados: cuarto (prohibición de facto), quinto prohibición se mantiene de facto), octavo (no se presta el servicio ni se permite a nivel privado), noveno (supeditación de técnica a emisión de una ley), once (efectos dañosos en la pareja de la prohibición de facto), doce prohibición de facto lesiona derechos humanos de los actores, trece: prohibición de facto y ausencia de servicio FIV, quince, (No se brinda el servicio FIV), hechos que tienen su corolario en la pretensión general número 6 (subsistente), que refiere a la declaratoria de la responsabilidad objetiva por el impedimento fáctico. Así, dice, no es correcto el análisis del Tribunal, en cuanto a que el tema del impedimento para hacer FIV y del mantenimiento de la prohibición, para la fecha del viaje a Panamá, no tenga nexo causal con el daño pues de haber posibilitado la técnica, como era obligación del estado, no hubiese sido necesario salir del país. Más aún, arguyen, toda la litis se encuentra trabada bajo el presupuesto del impedimento de facto, los cuales fueron debidamente respondidos por el Estado y por la CCSS, reconociendo ambos tal situación, y todo sin que se haya alegado lo que ahora asume el Tribunal. Analizan. el componente fáctico de los hechos no fue negado por los demandados, y más bien fueron ratificados por ellos en tanto y en cuanto más bien fueron asumidos e invocados como parte de su defensa al sostener que al no haber regulación tampoco había derecho a la práctica de técnica FIV en suelo nacional. Indican, el resto de los hechos van en esa misma dirección y la contestación admite tales situaciones y más bien son asumidas como defensa. Señalan, la PGR estaba equivocada en cuanto a que se requería una ley, pero en lo de interés es que asume como teoría de su defensa la existencia de una situación de prohibición o de impedimento en tanto no haya regulación. V., el Tribunal sostiene que la litis no incluye el tema de la regulación, pero lo que no se analiza es que la demandada justifica (y es, según se observa, parte de su teoría defensa en el caso), la vigencia de la prohibición o del estado de impedimento bajo el argumento de que no hay norma (ley) autorizante. Cuestiona si al año 2013 había no había prohibición, se podía o no hacer FIV en CR, a lo cual responde indicando que existía una prohibición sobreviniente o estado factico de impedimento y que no se podía hacer FIV en Costa Rica, por lo que, como personas infértiles necesitados de hacerla debieron acudir a Panamá para realizarla. Indican, la sentencia del Tribunal, al considerar que no existía prohibición en Costa Rica en el año 2013 y asumir que podían hacerla, infringe el principio de responsabilidad pues traslada el soporte del daño al patrimonio de los actores, siendo que el principio de responsabilidad objetiva lo que pretende es evitar que el daño lo soporte la víctima. A final de cuentas, expone, el fin del instituto de responsabilidad objetiva es definir quién soporta el daño, cual patrimonio lo asume, y la figura se encuentra prevista y diseñada para evitar que sea la víctima quien tenga que asumirlo, lo cual no se satisface en la sentencia. Ahora bien, comenta, el Tribunal debió de analizar adecuadamente, y no lo hizo, el vínculo que subyace entre omisión de regulación, los efectos sobrevinientes de la prohibición, la situación de impedimento fáctico todo en el escenario de la justicia del caso. Estipula, en esa dirección, son hechos públicos y evidentes, que confirman la imposibilidad e impedimento para hacer FIV; específicamente, la promulgación del Decreto Ejecutivo 39210 (que reglamenta la FIV) en setiembre del 2015 y su cuestionamiento y declaratoria de inconstitucionalidad, así como su posterior habilitación por parte de la CIDH en su sentencia fiscalizadora de febrero de 2016. Refiere, queda comprobado con estos hechos públicos, evidentes y notorios, no necesitados de prueba pues por su naturaleza de ser evidentes y manifiestos están probados en sí mismos y no pueden ser no conocidos. Prosigue, en abril de 2013 no se había levantado la prohibición y tampoco había sido emitida una regulación que la hiciera viable y posible, de manera que tal ausencia regulativa califica en calidad de concausa del daño. C., si era necesario traer a la litis al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo para dilucidar si había prohibición también por ausencia de regulación, a lo cual, responden que se encuentran incluidos, según los términos de la demanda y de la contestación, pues tal aspecto estaba ya inmerso en la teoría del caso y los representaba la Procuraduría General de la República. Acusa, tampoco fue alegada por parte del Estado la excepción de hecho de tercero para el caso de que se hubiere entendido que la causa del daño (la prohibición) obedecía a la ausencia de regulación, por lo que, de esta manera, comentan, no es sino hasta febrero de 2016 que se emite o adquiere eficacia una regulación sobre la FIV, al así habilitarla la CIDH. Aseguran, no es sino hasta setiembre del 2015 que se emitió una primera regulación sobre FIV, el decreto 39210. Aseveran, luego, es también un hecho público y notorio, conocido, que es hasta mediados del 2016 que el Poder Ejecutivo emite el decreto 39616 con los cuales se establecen las reglas para que el Ministerio de Salud pueda autorizar establecimientos públicos y/o privados que quieran brindar FIV, y al calor de los cuales se le posibilita a la CCSS emitir el Protocolo para la FIV. E., la fecha de emisión de este mismo protocolo de la CCSS (diciembre de 2016), así como la fecha de emisión del decreto que autoriza establecimientos que brinden FIV, decreto Ejecutivo 39616, es un elemento de convicción demostrativo de la vigencia de los efectos de la prohibición y del estado de impedimento confirma que en Costa Rica no había (ni podía haberla) FIV al año 2013. En suma, desglosan, la prohibición existía a abril de 2013, no había sido levantada por la Sala Constitucional e imperaba un estado de impedimento de facto, y es un hecho público y notorio que al mes de abril de 2013 no existía una regulación sobre FIV lo cual se constituye en concausa del daño, pero que no fue alegada por la demandada ni como concausa ni como hecho de tercero eximente. C., el razonamiento del TCA en este punto violenta por desaplicación el instituto de la responsabilidad objetiva, acceso a la justicia y el de la tutela judicial y efectiva de protección del patrimonio de la víctima (artículo 9 y 41 Constitucionales), y por las razones dichas debe ser casado. En la quinta inconformidad, reclaman desaplicación de las normas sobre responsabilidad objetiva del Estado. R., la sentencia ha tenido como hecho no probado que hayan sufrido algún efecto dañoso con causa y motivo de la prohibición de la FIV decretada por la Sala Constitucional, siendo el fundamento de tal consideración la data de la fecha de la sentencia de la CIDH. Refieren, en el hecho primero tenido por no probado se establece: 1) Que los actores hayan sufrido algún efecto dañoso con causa de los efectos emanados del fallo de la Sala Constitucional identificado con el N° 2000-02306, de las 15:21 hrs. del 15 de marzo del 2000. Indican, así se infringen las normas sobre responsabilidad objetiva del Estado, cardinales 190 a 197 de LGAP, así como los preceptos 1048 del Código Civil y 9, 41 y 154 Constitucionales), al resultar desaplicadas. Comentan, dado el hecho no probado, el Tribunal no entra a valorar y ponderar la probanza documental y testimonial aportada en apoyo y soporte del daño material y moral reclamado. Comentan, el tema y objeto de litis se ancla a la existencia al impedimento de la FIV originada y vinculada a la prohibición originaria decretada por la Sala IV y sus efectos extensivos y continuados en su esfera jurídica, que no es cualquier clase de bienes jurídicos los que se predican de afectados y en juego, sino derechos fundamentales , tal y como lo desarrollo la CIDH, los relativos a la autonomía y libertad y autodeterminación reproductiva y a fundar una familia con hijos biológicos, por lo cual se ha sido solicitado declarar la responsabilidad del Estado con la derivación de un reconocimiento de un daño material y moral. R., el daño o lesión (material y moral) que los afectó, no es soportable pues es antijurídico y no ha sido controvertido, dado que no se niega ni los intentos FIV, ni los viajes ni los gastos. Así las cosas, recalcan, el Tribunal evade examinar si la falta de regulación de la FIV pudiese ser calificada como un hecho de tercero y en tal carácter como causa eximente de responsabilidad, situación que en ese evento tocaba a la demandada demostrar y alegar, al tenor del artículo 190 de la LGAP, cosa que no sucedió. Continúan, el Tribunal omite atender y resolver la primera y principal pretensión de la demanda, consistente en que se declare la responsabilidad del Estado por la situación de impedimento y de la cual se derivarían las indemnizaciones. Subrayan, ante los hechos tenidos por no probados por el Tribunal, no se entró a valorar y ponderar la probanza documental y testimonial aportada en apoyo y soporte del daño material y moral reclamado. Estiman, debe tenerse como un error de la sentencia, el no analizar la prueba documental y testimonial, que hace relación a los daños y perjuicios provocados. Advierten, el TCA debió tener por acreditado que la prohibición de la FIV se mantenía para la época de los intentos FIV realizados en Panamá y acreditados y no controvertidos tales intentos y viajes, debió concluir que se produjo un daño material (gastos en tratamientos médicos de FIV, traslado, alimentación alojamiento en Panamá con motivo de los intentos FIV) y un daño de afección moral y de afectación a proyecto de vida, según se comprobó con la documental visible a imágenes 36, 41, 39,45, 44, 294 (en general documental médica relevante visible a imágenes 1 a 54), documental visible a imágenes 1156 a 1170, (documentos comprobatorios de gastos asociados a los viajes y la práctica de la técnica FIV en Panamá), probanzas que deben verse en conexión con testimoniales rendidas en la audiencia de juicio, que confirmaron que viajaron a Panamá, en virtud de un impedimento existente en Costa Rica, y dieron fe de la situación de esos eventos y de sus gastos. En cuanto al daño moral, expresan, igualmente debe declararse que existió un error en la sentencia al no ponderar ni valorar los testimonios recabados que indicaron constarles el sufrimiento y afectación anímica, apreciable IN RE-IPSA. Lo anterior, esbozan, al estar ya ordenada la FIV como servicio a prestar por la CCSS, pero que esta institución no brindaba porque entendía e interpretaba que todavía la prohibición lo impedía (efecto de la sentencia de la Sala IV, ausencia de regulación) tal y como lo dejo claro la CCSS en su contestación a la demanda, los actores pudieron haber accedido a tal servicio sin necesidad de recurrir a la medicina privada. Por último, advirtieron, el daño de afección por sumar a un estado de enfermedad una patología jurídica (prohibición de la FIV), que les hizo vivir su padecimiento de salud en el escenario de una prohibición jurídica. Destacan, el Tribunal inquiere que podría existir una responsabilidad de terceros, a saber, los poderes Ejecutivo o Legislativo por omisión de regulación y sostiene que ello no es parte de esta litis. Rechazan lo anterior porque lo términos de la demanda incluyen tal hipótesis. Aseguran, leída y estudiada la sentencia de la CIDH no se requería de ninguna regulación en forma obligatoria, vinculante o como prerrequisito pues lo que se ordenó era el levantamiento de la prohibición no la regulación (esta última facultativa), y menos se debía entender como prerrequisito de su levantamiento lo cual queda confirmado por el hecho de que la CIDH ordenara en febrero del 2016, que se podía hacer la FIV al margen de la existencia o no de cualquier regulación. Invocan, tampoco lleva razón el Tribunal al afirmar que en la litis estaba ausente el asunto, pues quedó plasmada la discusión con motivo de los hechos de la demanda y de su contestación. Indican, a tales efectos habría a lo sumo que entender que aparte de la causa principal y prevalente del impedimento fáctico de la prohibición, podría haber operado una concausa consistente en la ausencia de regulación, lo cual en nada afecta el hecho de que la causa eficiente y principal del daño, aquello sin lo cual no existiría ni se habría dado y en cuya ausencia desaparece, es el estado fáctico de impedimento en asocio con la sentencia prohibitiva de la Sala Constitucional, que mantuvo, de hecho, efectos lesivos. Citan el adagio: la causa de la causa es causa de lo causado, pues, aunque pueda haber una concausa en la hipotética omisión de otro Poder, según se deduciría de la lógica de sentencia, ello en nada afecta la causa principal el daño que se encuentra residenciada en la situación fáctica de impedimento originada con motivo del voto de la Sala IV. En el sexto agravio, reclaman, la condena en costas ha sido otorgada con fundamento en el numeral 193 inciso b) del CPCA. Sin embargo, recriminan, el Tribunal no apreció que existe suficiente motivo para litigar, toda vez que el error judicial que se encuentra en la base de la litis era evidente y manifiesto y así fue declarado como antijurídico desde noviembre del año 2012. Consideran, de esa manera, era previsible se pudiera estimar la demanda para toda persona infértil necesitada de FIV, que hubiese sido afectada y lesionada por ese error judicial. De esa suerte, apuntan, la interpretación por la cual el Tribunal deniega la acción es, como mínimo, muy debatible dadas las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean este tipo de casos. De esa forma, aseguran, se yerra al no exonerarles en costas, pues el motivo para litigar es evidente y en este caso debe verse en conexión con el derecho de acceso a la justicia, donde el debate era necesario para dilucidar a quien asistía el derecho.

III.- El Tribunal citó fallo anterior de ese colegio decisor, acorde al cual se declaró sin lugar la demanda, por cuanto: 1) Por medio del Decreto Ejecutivo No. 24029-S de 03 de febrero de 1995 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 03 de marzo de 1995, se reguló por considerarse autorizada, la realización de la técnica FIV. 2) Que contra dicho Decreto fue interpuesta una acción de inconstitucionalidad, y la Sala Constitucional por voto N° 2000-02306 de las 15:21 hrs. del 15 de marzo del 2000, lo declaró inconstitucional, lo anterior en el tanto consideró que la actividad en los términos en que se pretendía desarrollar atentaba contra al derecho a la vida, lo que hizo inviable la técnica. 3) Que lo resuelto por la Sala Constitucional fue impugnado ante la CIDH, quien conociendo de tal impugnación, dictó el día 28 de noviembre de 2012, el fallo mediante el cual declaró que la Sala Constitucional incurrió en error en la aplicación del derecho, resultando responsable el Estado, por haber vulnerado aspectos vinculados con el derecho a la vida privada y familiar, al derecho a la integridad personal en relación con la autonomía personal, la salud sexual y reproductiva, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y el principio de no discriminación por razones de género, discapacidad y condición económica, habiendo además condicionado la posibilidad de la práctica de esa técnica dentro del territorio nacional, a la concurrencia de un presupuesto tal, que en términos de los avances científicos a la data de su dictado, comprendía una prohibición de la técnica. Consideró el Tribunal, tal prohibición habría terminado el día 28 de noviembre del 2012, momento a partir del cual la técnica habría de ser considerada para todos los efectos como permitida -ya no prohibida- aunque claro está, susceptible de ser regulada, discusión que resulta totalmente ajena a la tesis del caso planteada por la parte accionante, así como ajena a cualquier organización parte del Poder Judicial. En esa línea, dijo, que la sentencia de la Sala Constitucional habría desplegado efectos desde su emisión, el 15 de marzo de 2000 al 28 de noviembre del 2012, fecha en la que la CIDH declaró que lo resuelto por la Sala Constitucional, era disconforme con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Apuntó el Tribunal, que en virtud del padecimiento de infertilidad de los actores, les fue recomendado acudir a la técnica FIV, después de que el Voto de la Sala Constitucional dejó de desplegar efecto jurídico alguno, es decir, luego del 28 de noviembre de 2012, por lo que el fallo de la Sala Constitucional de examen, no pudo proyectar efectos sobre los demandantes, pues la recomendación para acudir a la FIV, fue posterior a diciembre de 2014, es decir, luego de que la CIDH anuló el voto de la Sala Constitucional No. 2000-02306 de las 15:21 horas del 15 de marzo de 2000. Es decir, que la FIV les fue prescrita a quienes demandan desde el punto de vista médico científico, cuando la conducta que atan en nexo causal con los daños que se reclaman, jurídicamente no era susceptible de desplegar efecto jurídico y/o material alguno. Así estimó el Tribunal, que no se demostró que los actores sufrieran algún efecto dañoso con causa de los efectos emanados del fallo de la Sala Constitucional identificado con el No. 2000-02306. Agregó, que no existía prueba alguna que permitiera afirmar que lo así obrado por la CCSS, dejando de lado que aquí lo que se reprocha es una responsabilidad patrimonial del Estado-Juez, haya obrado de modo anormal en el marco de la prestación de los servicios de salud que se encuentran bajo su cargo. Así, consideró inviable, endilgar responsabilidad extracontractual por conducta del Estado, desplegando una conducta, manifestación del Estado-Juez a través de la Sala Constitucional, única tesis sostenida por la representación de las partes actoras, por lo que, de modo consecuente, declaró sin lugar la demanda. Ver sentencia No. 080-2021 de las 13 horas 15 minutos del 15 de julio de 2021 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1008688). En el fallo aquí combatido, el Tribunal también transcribió la sentencia no. 01604-F-S1-2022, de las 9 nueve horas 36 minutos del 14 de julio de 2022 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1105403), de esta Sala, según la cual, la Sentencia Constitucional del 2000, cesó sus efectos jurídicos, en el momento en que la CIDH determinó la contraposición entre su texto y los DDHH de las personas con padecimientos de salud que puedan generar infertilidad, por lo que en efecto no era dable concluir que la sentencia prohibitiva de la Sala Constitucional no había dejado de surtir efectos, por el hecho de que otras instancias estatales hubiesen omitido regular lo necesario para realizar la técnica FIV en el país. En esa línea esta Sala estimó, que lo que se mantenía en el país a partir de 2013, no era la prohibición producto de un fallo constitucional, sino la imposibilidad material de realizarla en el país por ausencia de la adecuada regulación e implementación de la práctica, con lo cual, no se estaba ante lo que los recurrentes consideraron, era la causa real y eficiente, como obstáculo (único) para que se practicara en el país, es decir, que los efectos de la prohibición declarada por la Sala Constitucional en el año 2000 se mantuvieran con posterioridad al año 2012. En el mismo sentido, esta Sala en el fallo de cita, no consideró, se hubiese desaplicado el deber de convencionalidad, o infringido el carácter subsidiario de las sentencias de la CIDH, tampoco que hubiese existido resistencia a lo preceptuado por la CIDH, en forma que pudiese haberse generado un daño a la pareja demandante, puesto que la prohibición cesó en el momento cuando la sentencia fue comunicada al Estado. Conforme a lo anterior, declaró sin lugar la demanda.

IV.- Observa esta Cámara que, los agravios primero, segundo, tercero y cuarto, no son de recibo en cuanto postulan la indebida valoración de los alcances y efectos de la sentencia 2306-2000 de la Sala Constitucional (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-128218), en conexión con las sentencias de la CIDH de noviembre de 2012 y de febrero de 2016. Nótese bien, el numeral 138 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), establece la procedencia del recurso de casación por razones sustantivas, por indebida valoración de la prueba, lo que claramente no aplica respecto de los alcances de una fuente normativa como lo es una sentencia constitucional o un fallo de un tribunal internacional. Tales valoraciones no son susceptibles del recurso extraordinario de casación, como sí lo son respecto de la prueba. No obstante, dicho numeral en su inciso c), hace posible acudir en casación cuando el quebranto consista en la indebida aplicación o interpretación, o en su caso, la desaplicación de una norma jurídica. De esa suerte esta Sala ingresará al análisis de esos cargos, más solo en cuanto tiendan a establecer la indebida interpretación, aplicación o desaplicación de normas jurídicas, o como en este caso, del fallo constitucional 2306-2000 de la Sala Constitucional, en conexión con las sentencias de la CIDH de noviembre de 2012 y de febrero 2016, que corresponden en efecto a fuentes del ordenamiento administrativo. Asimismo, en lo que refiere al alegato por quebranto del control de convencionalidad y las normas que lo informan que formula la parte.

V.- Sobre la indebida interpretación, aplicación o desaplicación del fallo constitucional 2306-2000 de la Sala Constitucional (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-128218), en conexión con las sentencias de la CIDH de noviembre de 2012 y de febrero de 2016, debe decirse, para el Tribunal el daño reclamado resulta imposible, toda vez que desde su óptica, la determinación de la necesidad de aplicar la técnica FIV a los actores se generó a partir del año 2013, cuando la eficacia jurídica de la sentencia dictada por la Sala Constitucional, del año 2000, había cesado, ello en virtud del pronunciamiento de la CIDH del año 2012. En efecto, según manifestaron los juzgadores, no son imputables al Tribunal Constitucional las omisiones en que los poderes ejecutivo o legislativo hubieren incurrido a partir de esa data, al dejar de establecer las regulaciones necesarias para su práctica en el país, pues estas no guardan relación funcional con la Sala Constitucional, que se limitó a establecer la inconstitucionalidad de la práctica de la técnica FIV por considerarla violatoria del derecho a la vida. Ahora bien, según el texto del recurso, el Tribunal habría quebrantado los parágrafos 26 y 38 de la sentencia de la CIDH de febrero de 2016, pues en esta, dicha Corte constató un incumplimiento del Estado, no en cuanto a la regulación, sino al levantamiento de la prohibición. Sobre el particular, esta Sala, considera, mediante sentencia de la Sala Constitucional número 2306-2000 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-128218), se estimó que la realización de la FIV en el país era incompatible con el Derecho de la Constitución. Precisó que los derechos fundamentales no se deben regular por medio de decreto del Poder Ejecutivo. Al respecto indicó: "el Decreto Nº 24029-S impugnado es inconstitucional, en su totalidad, por violación del principio de reserva legal, y en consecuencia debe ser anulado". En suma, el fallo constitucional se basó en dos premisas para la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Nº 24029-S que permitía la técnica privada en Costa Rica: la primera, que los derechos fundamentales solo pueden estar limitados por norma legal, lo que ameritó la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto, y, en segundo lugar, que la técnica que desarrolla el cuerpo normativo anulado para aplicar la fecundación in vitro violentaba el derecho a la vida humana (embrión). Por su parte, la CIDH en su resolución del 28 de noviembre del 2012, al analizar la sentencia de la Sala Constitucional señaló: "26 (...) Al respecto, la Corte observa que es un hecho no controvertido que existe una decisión definitiva y vinculante de la más alta instancia judicial de Costa Rica en materia constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de la práctica de la fecundación in vitro, tal como se regulaba en ese momento..." En su parte considerativa, la CIDH precisó: "158. Al respecto, la Corte observa que en la sentencia de la Sala Constitucional se incluyó un concepto de protección absoluta de la vida del embrión, por cuanto manifestó que como el derecho se declara a favor de todos, sin excepción, -cualquier excepción o limitación destruye el contenido mismo del derecho-, debe protegerse tanto en el ser ya nacido como en el por nacer (254). No obstante lo anterior, la Sala Constitucional indicó que los avances de la ciencia y la biotecnología son tan vertiginosos que la técnica podría llegar a ser mejorada de tal manera, que los reparos señalados allí desaparezcan (255), por lo que la Sala manifestó que debía dejarse expresa constancia de que, ni siquiera por norma de rango legal es posible autorizar legítimamente [la] aplicación [de la FIV], al menos, [] mientras su desarrollo científico permanezca en el actual estado y signifique el daño consciente de vidas humanas (256). 159. El Tribunal constata que la Sala Constitucional consideró que, si la técnica de la FIV podía realizarse respetando un concepto de protección absoluta de la vida del embrión, ésta podría ser practicada en el país. Sin embargo, la Corte considera que, si bien en la sentencia de la Sala Constitucional se utilizaron palabras condicionantes para admitir la práctica de la FIV en el país, lo cierto es que doce años después de emitida la sentencia dicha técnica no se realiza en Costa Rica (supra párr. 67). Por ello, el Tribunal estima que la condición suspensiva establecida en la sentencia, hasta el momento, no ha producido efectos prácticos reales. Por ello, sin entrar a catalogarla como prohibición absoluta o relativa, es posible concluir que la decisión de la Sala Constitucional ocasionó como hecho no controvertido que la FIV no se practique en el territorio costarricense y que, por tanto, las parejas que deseen a acudir a dicha técnica no pueden llevarla a cabo en dicho país". Por otro lado, sobre la violación al derecho de la vida, la CIDH, en el ejercicio de las potestades conferidas por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH, C.ón) -artículos 33 y 62-, declaró la existencia de un yerro en la interpretación del numeral 4.1 de dicha CADH, por estimar la Sala Constitucional que la Convención exigía prohibir la FIV, tal como se encontraba regulada en el Decreto Ejecutivo (supra párr. 76), interpretando que, el artículo 4.1 de ese cuerpo normativo exigía una protección absoluta del embrión (supra párr. 75). Luego, al ser la CIDH la intérprete última de la Convención, estimó relevante precisar lo pertinente respecto a los alcances de dicho derecho. Finalmente dispuso: 1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación. 2. El Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la presente Sentencia. (...) 3. El Estado debe regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV, teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente Sentencia, y debe establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida. (...) 4. El Estado debe incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación. (...) 5. El Estado debe brindar a las víctimas atención psicológica gratuita y de forma inmediata, hasta por cuatro años, a través de sus instituciones estatales de salud especializadas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 326 de la presente Sentencia (...)".

VI.- De lo expuesto anteriormente, concluye esta Cámara, la CIDH consideró que la Sala Constitucional condicionó la técnica de reproducción asistida de alta complejidad al posterior desarrollo legislativo; es decir, dejó la práctica de la FIV en una condición suspensiva, situación que luego de 12 años el Estado costarricense había omitido valorar, lo que, a los ojos de la CIDH, provocó la "prohibición" de la aplicación de la técnica en Costa Rica. Al estimar la existencia de esa omisión, la CIDH orientó la conducta del Estado costarricense a tomar las medidas legales correspondientes a efecto de poner en práctica la FIV, de forma tal, que se entienda que la prohibición en la materia debe quedar sin efecto. La orden dictada por la CIDH nace del declarado error judicial en la interpretación del artículo 4.1 de la CADH, pues en criterio de la CIDH, la Sala Constitucional excedió el alcance e interpretación de dicha norma, con lo cual determinó que el Estado costarricense violó algunos de los derechos y libertades que se comprometió a respeta, tales como los derechos a la vida privada y familiar, el derecho a la integridad personal, en relación con la autonomía personal y el derecho a decidir la tenencia de hijos biológicos a través de una técnica de reproducción asistida. Además, desde la óptica de la CIDH, aquella interpretación afectó la salud sexual, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, así como el principio de no discriminación. De lo anterior, cabe válidamente derivar, que, para la CIDH, la Sala Constitucional, con ocasión del ejercicio de la función jurisdiccional, erró en la interpretación del precepto 4.1 de la CADH provocando en el país la prohibición de la técnica de reproducción asistida que es propiamente la que se analiza en este proceso y que reclama la parte actora.

VII.- En la especie, sin embargo, lo que se plantea es la existencia de un impedimento fáctico al momento del intento FIV, en enero de 2013, indicando que, a ese punto, con posterioridad al dictado del fallo de la CIDH, se mantenía un impedimento de hecho en el país, pues no solo no se prestaba el servicio, sino que tampoco se permitía a nivel privado. Dicho lo anterior, para esta Cámara, es claro que, aunque para el año 2013 no existía ya una prohibición expresa de carácter jurídico, derivada de la sentencia de la Sala Constitucional anulada, sino un impedimento fáctico que impedía realizar la FIV en el país, al mes de abril de 2013, data en que los actores viajaron a Panamá para practicar la técnica FIV, conformes a criterios de razonabilidad y experiencia humana, ni el Estado ni la CCSS habían incurrido aún en una omisión administrativa generadora de responsabilidad. Ello en el tanto, pese que la resolución de la CIDH del 28 de noviembre de 2012 tenía un efecto vinculante y directo desde su notificación, tal y como fue confirmado por la propia CIDH en la resolución del 26 de febrero del 2016 -en supervisión de cumplimiento de sentencia caso Artavia Murillo Y Otros (Fecundación In Vitro) Vs. Costa Rica-, en el sentido de que a esa fecha el Estado Costarricense se encontraba implementando lo ordenado por la CIDH. Es claro, entonces, que al mes de abril de 2013, no se estaba ante un escenario de retardo u omisión irrazonable de parte de los entes públicos a cargo de prestar el servicio y regularizar su práctica en el país. Nótese bien, pese a los intentos del Estado (Poder Ejecutivo), de acatar lo ordenado por la CIDH, es decir implementar la técnica en la seguridad social y regular la práctica de la fertilización mediante el Decreto Ejecutivo no. 39210 del 10 de setiembre de 2015 denominado: A.ón para la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y trasferencia embrionaria, ello no se logró en esa ocasión, dado que éste fue también impugnado ante la Sala Constitucional, con sustento en la trasgresión del derecho a la vida y violación al principio de reserva de ley. Luego, por resolución N° 2016-1692 del 3 de febrero de 2016, la Sala Constitucional declaró con lugar la acción, pero únicamente por violación al principio de reserva de ley y al estimar que la modificación al ordenamiento jurídico, con arreglo a los procedimientos constitucionales que prevé el artículo 2 de la CADH, requería de ley formal y, en consecuencia, anuló el Decreto Ejecutivo 39210-MPS. Ante este nuevo fallo de la Sala Constitucional, la CIDH en la resolución del 26 de febrero del 2016 de repetida cita, dispuso: 19. La Corte hace notar que, al tomar dicha decisión, la Sala Constitucional anuló incluso el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 39210-MPS que dejaba sin efecto la prohibición de la FIV (supra Considerandos 17 y 19). Esta norma era la única medida adoptada por alguna autoridad u órgano estatal en más de tres años desde la emisión de la Sentencia para dar cumplimiento a esta medida de reparación (supra Considerando 17). [] 21. Con la referida sentencia de inconstitucionalidad (supra Considerandos 19 y 20), la Sala Constitucional está manteniendo los efectos de la prohibición de la FIV al supeditar su permisión a la existencia previa de una regulación de carácter legal. Si bien la Corte ordenó que Costa Rica regulara los aspectos que considerara necesarios para la implementación de la FIV, no estaba considerando indispensable la existencia de dicha regulación para que las personas con infertilidad pudieran tener acceso a esta técnica; por esta razón, se ordenaron dos medidas de reparación de forma independiente (supra Considerandos 5, 6 y 9). Tal como la Corte lo hizo notar en los párrafos 255 y 256 de la Sentencia, si bien la FIV se realiza en un gran número de países, lo anterior no necesariamente implica que ésta se encuentre regulada por medio de normas jurídicas, y a pesar de que no existen muchas regulaciones normativas específicas sobre la FIV en la mayoría de los Estados de la región, éstos permiten que la FIV se practique dentro de sus territorios, es decir que en el marco de la práctica de la mayoría de los Estados Parte en la Convención, se ha interpretado que la Convención permite la práctica de la FIV. 22. A pesar de ser un órgano directamente vinculado con la obligación de dejar sin efecto la prohibición que estableció en el 2000 (supra Considerando 12), la Sala Constitucional emitió una sentencia que representa un obstáculo para el cumplimiento de lo dispuesto en el punto dispositivo segundo de la Sentencia, ya que mantiene a Costa Rica en la misma situación jurídica que causó la violación a los derechos humanos declarada en el 2012 en el presente caso, al permitir, mediante una decisión judicial, que permanezcan los efectos de la prohibición de la FIV en ese país. Con ello se prolonga el incumplimiento de la Sentencia y se continúa impidiendo el ejercicio del derecho a decidir si tener hijos biológicos a través del acceso a la FIV, perjudicando a todas aquellas personas que desean y necesitan (al ser su única opción) tener acceso a esta técnica de reproducción asistida. 23. De conformidad con lo expuesto, la Corte considera que Costa Rica ha incumplido con la medida ordenada en el punto dispositivo segundo de la Sentencia, ya que han transcurrido más de tres años desde la emisión de la Sentencia y la prohibición de la FIV, pese a ser incompatible con la Convención Americana, continúa representando un obstáculo para el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar, particularmente, al derecho a la autonomía reproductiva en lo que respecta a decidir si tener hijos biológicos a través de la técnica de FIV, así como los demás derechos que fueron encontrados vulnerados en la Sentencia. [] 36. De acuerdo a la información allegada a esta Corte y a lo solicitado por los representantes de las víctimas y el Estado (supra Considerandos 21 y 32), es posible que aun cuando se haya dispuesto en la presente resolución que la prohibición de la FIV no puede producir efectos jurídicos (supra Considerando 26), podría continuar una situación de hecho en que no se empiece a brindar esta técnica debido a la inseguridad jurídica con respecto a la regulación que se aplicaría. Al respecto, el Tribunal reitera que la medida relativa a regular no debía representar un impedimento para el ejercicio de los derechos humanos a la vida privada y familiar a través del acceso a la técnica en Costa Rica (supra Considerandos 9 y 26), derechos cuya protección debe tener una eficacia jurídica directa. Por ello, ante la falta de una regulación específica en los términos de la Sentencia, la FIV podía realizarse y fiscalizarse con la normativa, regulaciones técnicas, protocolos y estándares de salud, médicos y cualquier otra normativa que resultara aplicable. Adicionalmente, tomando en cuenta que el referido Decreto Ejecutivo ha sido la única medida adoptada por el Estado para cumplir con la reparación ordenada en la Sentencia y que el Estado afirma que su vigencia temporal es una alternativa válida para solventar la referida inseguridad jurídica (supra Considerandos 21 y 32), resulta necesario disponer que el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S se mantenga vigente en aras de evitar que sea ilusorio el ejercicio del derecho a decidir si tener hijos biológicos a través de la técnica de la FIV. Ello, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia. No obstante, no debe dejarse de lado que también que, la CIDH en el fallo de recién mención, sobre la disponibilidad de la FIV dentro de los programas y tratamientos de infertilidad de la CCSS, reconoce en su punto 46, que su puesta a disposición, dada su complejidad y compromiso presupuestario, podía realizarse de manera gradual, y además, en sentencia de fecha 29 de noviembre 2016 en el caso Gómez M. y Otros vs. Costa Rica-, homologó el acuerdo amistoso entre los actores y la CCSS, en donde se dispone que la implementación de la FIV a cargo del Estado sería a partir del 11 de setiembre del año 2017. Todo ello hace concluir, que las autoridades de salud, -para el año 2013-, no estaban en la obligación de brindarle a los actores la técnica a través de la CCSS. Por lo anterior, tomando en consideración los antecedentes indicados, es criterio de esta Sala, que si bien la orden dada por la CIDH tenía un efecto vinculante y directo respecto de levantar la prohibición de practicar la FIV en Costa Rica; concretamente regular los aspectos necesarios para implementar esa técnica en el país; e incluir su disponibilidad dentro de los programas y tratamientos de infertilidad de la CCSS, lo cierto del caso es que, en lo que respecta a la aplicación del procedimiento por medio del sistema de seguridad social, al mes de abril de 2013, el Estado se encontraba dentro del plazo gradual otorgado por esa instancia para habilitar la FIV de forma progresiva, y así ponerla a disposición de quienes lo requirieran. Lo anterior, se reitera, ya que se dispuso su implementación en forma gradual y para el momento en que los accionantes acudieron a la técnica FIV en el 2013, solo habían transcurrido algunos meses desde la fecha de notificación de la sentencia (20 de diciembre de 2012), plazo que se estima corto para que la CCSS pudiera cumplir con lo ordenado por la CIDH, en concreto, poner a disposición de sus usuarios la implementación de la técnica en la seguridad social. (Observar en ese sentido, la resolución de la CIDH de fecha 29 de noviembre 2016 caso Gómez M. y Otros vs. Costa Rica, donde esa Corte internacional homologa el acuerdo amistoso entre los actores y la CCSS, en el que se acordó la implementación de la técnica en la seguridad social a partir del 11 de setiembre de 2017). Lo expuesto es lógico en tanto es claro que, atendiendo al principio de presupuestación anual, aún y cuando la CCSS hiciere lo propio por brindar el servicio a la brevedad, ello no sería posible sin que los fondos razonablemente necesarios para su implementación fuesen debidamente presupuestados. Además, evidentemente se requiere también de plazos razonables para proceder al nombramiento de personal especializado, cursos de capacitación, inversiones en infraestructura adecuada para los equipos, los cuales deben contar con condiciones particulares de cuidado, vista su complejidad de manejo y alto costo. De esa manera, si bien a esa data habían transcurrido cinco meses desde la notificación al Estado de la sentencia de examen, es incontestable, por la premura del tiempo, y no cabe interpretar que, la CCSS pudiera tener ya razonablemente implementada la práctica FIV. De ahí que la manifestación de los actores, en el sentido de haber acudido a dichos servicios en el extranjero, por cuanto no se encontraba aún disponible, no puede tenerse como una omisión generadora de responsabilidad de parte de la CCSS y el Estado a efectos de aplicar dicha pericia. Por lo anterior, estima este órgano decisor, es válido concluir que, para ese momento (abril de 2013), las autoridades de salud no se encontraban razonablemente obligadas a brindar aún el servicio a través de la CCSS. De ahí que, considera esta Cámara, si para el momento en que los actores intentaron la técnica en Panamá, apenas iniciaba el plazo para la implementación de la FIV por la seguridad social, no cabe reconocer como daños imputables al demandado, las erogaciones en que incurrió la pareja accionante por el viaje a Panamá a realizarse la FIV, ni sus gastos conexos, pues a ese punto no existía un deber razonable de la CCSS y el Estado de prestar ese servicio a sus asegurados.

VIII.- Referente al quinto reproche, para este órgano decisor, visto que no se han dado las causas que se acusan como generadoras de un supuesto daño, tampoco se está ante la desaplicación de las normas referentes a la responsabilidad objetiva del Estado. Es evidente, en la especie no se ha logrado acreditar la existencia de daño alguno, pues efectivamente, la prohibición para realizar el FIV jurídicamente cesó con el dictado del fallo de la CIDH del año 2012. De esa suerte, tampoco se infringen las normas sobre responsabilidad objetiva del Estado, cardinales 190 a 197 de LGAP, ni los preceptos 1048 del Código Civil y 9, 41 y 154 Constitucionales, pues a partir del año 2012, la prohibición para la realización de la técnica FIV cesó jurídicamente en el país. En consecuencia, el cargo resulta inadmisible.

IX.- En relación con el sexto alegato del casacionista, referente a la condenatoria en costas; ha de manifestarse que, sobre el tema, en procesos contenciosos administrativos, esta Sala estima, de conformidad con el canon 193 del CPCA, el pronunciamiento sobre las costas del proceso debe hacerse de oficio, condenando al vencido a su pago. Por consiguiente, la condenatoria se impone al perdidoso por el hecho de serlo, según procedió el Tribunal en el caso de examen. Es decir, por perder el litigio, sin que ello signifique no haya tenido motivo bastante para litigar, ni se le considere litigante temerario o de mala fe. Por su parte, el propio numeral 193 del CPCA, dispone los supuestos por los cuales podrá eximírsele de su pago. Al respecto, aunque se trate de una facultad, es lo cierto que no se encuentra inmune al control casacional, pues tanto en su ejercicio como en su inaplicación, puede operar una violación de ley, y en esa medida, la indebida omisión no es ni debe ser, sinónimo de arbitrariedad, en tal caso, cometida por el propio J.. Máxime si se trata de un apoderamiento al juez otorgado con supuestos específicos que limitan su poder discrecional en esta materia. En consecuencia, sobre este particular, se estima, con la sola aplicación de la regla general del artículo 193 del CPCA (condenatoria al vencido al pago de ambas costas), no se cierran las puertas al recurso de casación, pues, por el contrario, el asunto es admisible para su examen de fondo (siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley) ante un eventual vicio omisivo en la aplicación de las disposiciones legales que autorizan la exoneración de dichas costas (canon 193 del CPCA). Entonces, según las circunstancias del caso, sí puede resultar procedente un recurso de casación. En el caso concreto, reclama contra la condena en costas, alegando que ha litigado de buena fe, con la convicción de tener un derecho legítimo. El precepto con el cual pretende sustentar la exoneración en costas artículo 193 inciso b) del Código Procesal Contencioso Administrativo-, contrario a lo que afirma, no habilita la exención en caso de adecuada conducta procesal, sino porque la naturaleza de lo reclamado permita colegir que el debate era necesario para dilucidar a quién asistía el Ordenamiento. Tomando en cuenta que una cantidad de los fallos emitidos en esta materia lo han sido de una materia casuística, estima esta Cámara que el litigio revistió necesidad para dilucidar lo impugnado. Luego, el reparo también debe acogerse, resolviendo sin especial condenatoria en costas.

X.- En mérito de lo expuesto, se acogerá parcialmente el recurso, solo en cuanto se resolverá sin especial condenatoria en costas. En lo demás se denegará, manteniéndose incólume el fallo.

POR TANTO

Se acoge parcialmente el recurso, solo en cuanto se resuelve sin especial condenatoria en costas. En lo demás se deniega. CGZAMORA/CBRUNS



UGI0X5AYF9Y61
L.G.R.L. - MAGISTRADO/A



XJ7UUKC4D3A61
Y.L.C. - MAGISTRADO/A



DPAJTMWBXPA61
C.G.Z. CAMPOS - MAGISTRADO/A



NHXHRMJYRZ461
G.J.S.G. - MAGISTRADO/A



RLGEYWEJZO461
J.J.R. - MAGISTRADO/A

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