Sentencia de Sala Primera de la Corte, 18-03-2021

EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha18 Marzo 2021
20180004000814-3251081-1.rtf

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Exp. 15-007848-1027-CA

Res. 00657-F-S1-2021

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta minutos dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

Proceso de conocimiento interpuesto por DANARANJO SOCIEDAD ANÓNIMA, PRODUCTOS CONDOR LIMITADA y DACONDOR DCR SOCIEDAD ANÓNIMA contra RADIOGRÁFIA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA. Figuran como apoderados especiales judiciales, de la parte actora, Carlos Alejandro Ubico Duran y German Rojas Mora; de la demandada, Ana Catalina Arias Gómez y Javier Lázcares Valenciano. La parte actora formula recurso de casación contra la sentencia 48-2018-IV de las 9 horas 51 minutos del 8 de mayo de 2018, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Redacta la magistrada Rojas Morales

CONSIDERANDO

I. Según los hechos que tuvo por demostrados el Tribunal y la prueba constante en autos, el 31 de julio 2008 la Contraloría General de la República autorizó a Radiografía Costarricense Sociedad Anónima (Racsa) para contratar al Consorcio Danacondor Costa Rica 2006, para la impresión, edición y comercialización de la Guía Telefónica Oficial del Instituto Costarricense de Electricidad de los años 2010 y 2011 (oficio 07709.) Contrato a desarrollar sobre las mismas bases de la contratación para los años 2007, 2008 y 2009. Por acuerdo de la Junta Directiva de Racsa adoptado en la sesión ordinaria 1832, capítulo tercero, artículo 5°, celebrada el 25 de setiembre de 2008, se adjudicó el contrato al referido Consorcio, en los términos de la autorización dada por el Órgano Contralor (oficio no. 07709). El contrato se suscribió el 20 de enero de 2009. Conforme a la cláusula primera, denominada "Objeto del Contrato", entre otras actividades el Consorcio se comprometió a: "(...) d) El desarrollo de productos y servicios complementarios y/o sustitutos de la Guía Telefónica, en los términos definidos en el pliego de condiciones." Por su parte la cláusula tercera relativa a "Obligaciones y responsabilidades del Consorcio", en lo de interés, señaló: "(...) 3. Realizar las actividades de venta de publicidad en GUIA TELEFONICA (). 7. El cobro a los anunciantes, por concepto de publicidad en la Guía Telefónica, se hará mediante alguno de los métodos siguientes, sin perjuicio de que RACSA y el Consorcio, negocien mecanismos adicionales, de común acuerdo: i. Cobro al momento de la firma del contrato o al momento de emisión de la Guía telefónica, denominada venta al contado. ii. Cobro mediante el recibo telefónico del ICE, denominada venta a crédito hasta un máximo de doce meses". Respecto a la información que Racsa debía entregar a la contratista para realizar los cobros de clientes morosos, el capítulo II, artículo 3.18, del cartel estableció lo siguiente: "RACSA suministrará mensualmente al adjudicatario el detalle de clientes morosos y toda la información de cobro que se haya ejecutado por parte del ICE, con el fin de que el adjudicatario complete la gestión de cobro con el anunciante". Mediante oficio SI-35-2012-RMA del 7 de febrero de 2011, se comunicó a la contratista la liquidación final de la edición 2010 y por concepto de morosidad se estableció el monto total de ¢496.712.989,88 (8% del total de la facturación). Por oficio SI-22-2012-RMA del 16 de mayo de 2012, se comunicó al Consorcio la liquidación final de la edición 2011 y la morosidad en la suma de ¢227.095.977,62 (4,43% del total de la facturación). El 13 de enero de 2013 la contratista presentó reclamo administrativo ante Racsa para el pago de saldos insolutos de las ediciones 2010 y 2011, en el que se planteó dos aspectos: a) la retención de los dineros correspondientes al pago de la participación económica de las ediciones 2010 y 2011 y, b) el adeudo por morosidades y omisión de entrega de los informes de clientes morosos de la publicidad de la guía telefónica ediciones 2010 y 2011. Por oficio GG109-2015 del 6 de febrero de 2015 Racsa acogió parcialmente el reclamo y por acuerdo de la Junta Directiva adoptado en la sesión ordinaria 2058, capítulo II, artículo 6° del 3 de febrero de 2015, dispuso: el pago de ¢66.429.240,12 colones por concepto de participación económica (edición 2010) y el rechazó de los saldos insolutos, por estimar que no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el monto de morosidades es consecuencia directa de la entrega tardía de los informes de clientes morosos que Racsa proporcionó al Consorcio. En fecha 11 de febrero siguiente, la contratista presentó recurso de reposición contra el referido acuerdo. Por oficio GG-279-2015 del 27 de marzo de 2015, se comunicó a la contratista el acuerdo de la Junta Directiva adoptado en la sesión ordinaria 2063, capítulo II, artículo 2 del 10 de marzo, donde se rechazó el recurso de reposición interpuesto y se dio por agotada la vía administrativa.

II. El 31 de agosto de 2015 las empresas Danaranjo, Productos Condor y Dacondor DCR demandaron a Racsa. Solicitaron en sentencia (pretensiones ajustadas durante la audiencia preliminar):"1) Que se declare el incumplimiento contractual por parte de RACSA de las disposiciones contenidas en el "Contrato para los servicios de mercadeo y producción de la guía telefónica oficial del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para los años 2010 y 2011", y el Cartel versión 6.0 para el "Mercadeo y Producción de la Guía Telefónica Oficial del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para los años 2007, 2008, y 2009, la cual fue extendida por dos años adicionales (2010, 2011). 2) Que se declare en sentencia el derecho del Consorcio Danacondor Costa Rica 2006, a ser indemnizado por los montos que le adeuda RACSA por concepto de participaciones económicas y saldos insolutos relacionados con las ediciones 2010 y 2011 de la Guía Telefónica del ICE. 3) Que se declare en sentencia la nulidad parcial del artículo 6 Capítulo II de la Sesión Ordinaria N° 2058, de la Junta Directiva de RACSA celebrada el martes 3 de febrero de 2015, en el que se acordó acoger parcialmente el Reclamo Administrativo de Dacondor, para que además de reconocer el pago de la suma de 66 429 240,12 CRC por concepto de dineros correspondientes a la participación económica de las ediciones 2010 y 2011, se reconozca también los demás extremos del monto económico reclamado por concepto de saldos insolutos, por incobrables producto del incumplimiento de RACSA en la entrega de los informes de cliente morosos para que el consorcio pudiera realizar la gestión de cobro. 4) Que se ordene a RACSA a pagar al Consorcio Danacondor Costa Rica 2006 la suma correspondiente a participación económica del contrato para los servicios de mercadeo y producción de la Guía Telefónica oficial del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para los años 2010 y 2011, específicamente los montos que hayan ingresado de manera posterior a enero de 2012 cuando se dio el último pago por parte de RACSA, hasta la fecha. 5) Que se ordene a RACSA a pagar al Consorcio Danacondor Costa Rica 2006 los intereses legales devengados por las sumas retenidas ilegalmente por concepto de participación económica de las ediciones 2010 y 2011 hasta su efectivo pago. 6) Que se declare el incumplimiento contractual por parte de RACSA en relación con la entrega de informes de clientes morosos de la publicidad de la Guía Telefónica Oficial de las ediciones 2010 y 2011, y demás información relevante necesaria para que El Consorcio Pudiera realizar la gestión de cobro, y por ende se ordene a dicha institución a pagar al Consorcio Danacondor Costa Rica 2006 la suma de ¢509.486.004,77 (quinientos nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatro colones con 77/1 00) por concepto de adeudo de morosidades así como los intereses legales que genere dicha suma hasta su efectivo pago, de las cuales dicha institución es la única responsable. 7) Que se condene a RACSA a pagar las costas personales y procesales generadas por el presente proceso". La demandada contestó de forma negativa. Opuso las excepciones falta de: legitimación ad causam activa, derecho y pago. Además, interpuso reconvención contra el Consorcio Danacondor Costa Rica 2006. Peticionó: se declare el incumplimiento contractual por parte del Consorcio y se condene a éste al pago de los daños y perjuicios ocasionados, a liquidar en ejecución de sentencia, así como, a las costas personales y procesales de la reconvención. La actora reconvenida contestó de forma negativa y planteó la excepción de falta de derecho. El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, integrado por los jueces Judith Reyes Castillo, José Iván Salas Leitón y Alexandra Zúñiga Mora, mediante sentencia no. 48-2018-IV de las 9 horas 51 minutos del 8 de mayo de 2018 dispuso: Respecto a la demanda se acoge la falta de legitimación ad causam activa de la empresa Dacondor DCR Sociedad Anónima y se rechaza la falta de legitimación ad procesum. Se acoge la falta de derecho y se declara improcedente la demanda en todos sus extremos. En cuanto a la contrademanda, se acoge la falta de derecho y se declara sin lugar la contrademanda de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima. Sobre las costas, se condena a la empresa Dacondor DCR S.A. al pago de ambas costas en favor de la demandada. En lo demás, se declara sin especial condenatoria en costas por mediar vencimiento recíproco. Inconforme la parte actora formula recurso de casación por violación de normas sustantivas, el cual fue admitido por esta Sala.

III. Como primer agravio, endilga, indebida aplicación e interpretación normativa, así como, indebida valoración probatoria, al haber condenado a la empresa Dacondor al pago de las costas del proceso. Reclama, los Juzgadores impusieron tal extremo al declarar la falta de legitimación activa de Dacondor, pues estimaron que dicha sociedad no es parte del Consorcio adjudicatorio del contrato en cuestión. Sin embargo, reprocha, en la especie: a) la empresa sí se encuentra legitimada para demandar y b) tuvo suficiente motivo para litigar al tenor del ordinal 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), por lo que debió ser exonerado en costas. En cuanto a la existencia de legitimación ad causam activa, detalla, al amparo de los artículos 74 y 76 del Reglamento a la Ley de contratación Administrativa -RLCA- (normas que estima violentadas), Dacondor fue creada y designada por el Consorcio Danacondor Costa Rica 2006 exclusivamente para ejecutar el contrato (folio 1507 del Tomo IV del expediente administrativo), en cuyo caso forma parte automáticamente del Consorcio y responde solidariamente (situación expresamente regulada en los cánones 74 y 76 de cita). Asevera, no es de recibo que una empresa cuya responsabilidad por eventuales incumplimientos del contrato podría ser endilgada, en conjunto con los otros miembros del Consorcio, no tenga legitimación ad causam para demandar a Racsa. Además, señala, hubo una aceptación tácita por parte de la demandada a que Dacondor figure en el contrato como parte del Consorcio, al admitir que firmara el convenio y su posterior ampliación. Resalta, al constituirse la sociedad Dacondor únicamente para ejecutar el contrato debe estimarse parte contratante en conjunto con las compañías Productos Condor y Danaranjo, por ende; sujeta a los mismos derechos y obligaciones de dichas partes, de manera que, al resultar afectada por los perjuicios surgidos de la ejecución contractual, ostenta legitimación para figurar como co-actora dentro del presente proceso. Reitera, dicha empresa de propósito especial fue creada para la ejecución contractual y es considerada parte del Consorcio, además, el hecho de que el propio contrato lo indique de esa forma no obedece a un error material (como mal estimaron los Jueces), sino a una consecuencia inherente a la constitución de ese vehículo y la ejecución del convenio por esta. Respecto al tema de los errores materiales, trascribe el numeral 157 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) y el dictamen de la Procuraduría General de la República no. C-145-98 del 24 de julio de 1998. Agrega, a folios 178 a 192 y 1856 a 1861 del expediente administrativo se encuentra el contrato suscrito entre Racsa y el Consorcio Danacondor, así como, se ampliación, en los cuales constan y se reconoce como parte contratante a la empresa Dacondor, misma que fue creada para su ejecución y con legitimación activa para incoar la demanda objeto de este proceso. En ese sentido, reclama, no existe error material. En torno a la existencia de motivo suficiente para litigar, arguye, este se desprende de su participación como firmante en el contrato y su respectiva ampliación, lo que da pie para que la empresa haya actuado de buena fe, al considerar que tenía un derecho que reclamar. Agrega, Dacondor al ser la encargada de ejecutar el contrato y recibir los pagos por parte de Racsa, contaba con suficiente motivo para litigar desde el momento en que se produjo el perjuicio económico que generó la demanda en disputa. Asimismo, recrimina, deviene improcedente la condenatoria en costas, pues si el Tribunal estimó que hubo un error material, este habría sido cometido por la propia Administración, consecuentemente; al imponerle el pago de las costas a Dacondor se estaría beneficiando al Estado de su propio yerro, lo que resulta contrario a derecho. Como último argumento para justificar la exoneración en costas pretendida, dice, nunca apeló a acciones procesales dilatorias y la naturaleza de las cuestiones debatidas en el proceso merecieron una especial interpretación para determinar la procedencia o no de lo solicitado en sentencia.

IV. Sobre las costas consideró el Tribunal: En este caso, se condena a la actora Dacondor DCR S.A. al pago de ambas costas en favor de Racsa, en virtud de haberse declarado la falta de legitimación activa ad causam. En lo demás, al estimarse que medió vencimiento recíproco de las partes actora/reconvenida y demandada/reconventora, se declara sin especial condenatoria en costas, debiendo cada parte asumir las propias. En cuanto a la legitimación de la sociedad Dacondor para presentar la demanda, analizaron los Jueces: En el presente asunto, no se logró establecer que la empresa Dacondor DCR S.A., se encuentre legitimada para demandar a Racsa por el incumplimiento contractual de las guías telefónicas del 2010 y 2011. Por el contrario, se estima que carece de legitimación activa por cuanto no es parte del consorcio adjudicatorio. Se destaca que el acuerdo del Consorcio Danacondor Costa Rica 2006 para participar en proceso de contratación de las guías telefónicas con Racsa para las ediciones 2007 a 2009 y que se extendió a los años 2010 y 2011, se suscribió únicamente entre Productos Condor Ltda, representada por el señor Rogelio Velásquez Ángel y Danaranjo S.A. (). Además, la modificación del líder del consorcio se suscribió con las mismas dos empresas, sin que se ampliaran los miembros iniciales, lo que se constata en documento visible a folios 1691 y 1692 del tomo IV del expediente administrativo de la contratación 2007 a 2009. Otro aspecto relevante, es el documento visible a folio 1507 del tomo IV de referido expediente administrativo, fechado 8 de junio de 2007, mediante el cual el representante legal del Consorcio Danacondor Costa Rica 2006, informó a Racsa que la empresa designada por el Consorcio para la ejecución del contrato en Costa Rica era Danacondor D.C.R., sin aclarar que se modificaba la constitución inicial del consorcio. Por otro lado, el acto de adjudicación adoptado por la Junta Directa de Racsa en la sesión ordinaria N°1832, () expresamente indicó que la empresa adjudicada era el Consorcio Danacondor Costa Rica 2006 (). En el encabezado del documento contractual para las ediciones 2010 y 2011 se incluyó el nombre de la empresa Dacondor DCR S.A. como parte del consorcio contratista. No obstante, es evidente que se trató de un error material, dado que no existen otros documentos en los expedientes administrativos de las contrataciones que permitan verificar la modificación en la conformación inicial del consorcio. Adicionalmente, el acto de adjudicación dictado por la Junta Directiva de Racsa es claro en indicar que las dos empresas adjudicatarias son Danaranjo S.A. y Productos Condor Ltda, sin incluir a Dacondor DCR S.A. entre ellas. Resulta claro, que si Dacondor DCR S.A. no firmó el contrato como adjudicataria, no está en condiciones de derivar derechos de ese contrato, porque técnicamente no es la parte obligada y por ello no puede demandar que se declare el incumplimiento contractual de Racsa y la nulidad del acto administrativo que resolvió el reclamo administrativo. Se debe aclarar que la condición de empresa encargada de la ejecución del contrato, no supondría per se, que Danacondor DCR S.A. es adjudicataria ni miembro del Consorcio o que hubiera asumido en su totalidad la contratación, ya que nada de ello se demostró en autos. Por otro lado, no se demostró en el proceso ningún tipo de autorización o mandato para representar al Consorcio contratista. Tal aspecto no fue argumentado ni probado por la parte actora. De tal manera, que no existe ninguna figura jurídica que posterior a la firma del contrato, vincule a la empresa Dacondor DCR S.A. con la contratación y le permita demandar. En consecuencia, Dacondor DCR S.A. no probó tener el derecho que aquí pide le sea amparado y protegido, por ese motivo carece de legitimación para demandar y peticionar lo solicitado en esta demanda.

V. No comparte este Órgano Decisor la falta de legitimación activa dispuesta en el fallo recurrido y en consecuencia, tampoco la condenatoria en costas impuesta a la sociedad Dacondor, por los siguientes motivos. Establece el artículo 74 del RLCA: Los integrantes del consorcio responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una única contraparte. En caso de adjudicación, la formalización contractual será firmada por todos los consorciados, salvo que se haya conferido poder suficiente a determinada persona, sin perjuicio de que también comparezca una sociedad constituida al efecto, cuando ello haya sido requerido en el cartel, las partes así lo hayan solicitado en su oferta o así se haya convenido entre el consorcio y la Administración, una vez firme la adjudicación pero antes de la formalización. En aquellos casos en que se constituya una sociedad anónima ésta responderá de manera solidaria, junto con los integrantes del consorcio, frente a la Administración. En el caso concreto, son hechos no controvertidos, que el contrato de servicios de mercadeo y producción de la guía telefónica del ICE para los años 2010 y 2011, se adjudicó al Consorcio Danacondor Costa Rica 2006, conformado por las empresas Danaranjo S.A. y Productos Candor Ltda. Posterior a dicha adjudicación, el referido Consorcio designó a la sociedad Dacondor para ejecutar el convenio (folio 1507 del Tomo IV del expediente administrativo). El 20 de enero de 2009 se suscribió el contrato entre Racsa y el Consorcio (visibles a folios 178 a 192 del expediente administrativo de la contratación), en el encabezado del documento se estableció que el Consorcio se encontraba: () formado por las empresas Productos Condor LTDA (); Danaranjo S.A (), y la empresa Dacondor DCR S.A (), denominadas CONSORCIO (). Situación que se reiteró en la ampliación del contrato (folios 1856 a 1861 de la contratación). Ambos documentos fueron firmados, sin oposición, por quien ostentaba el cargo de Subgerente (tratándose del contrato) y el Gerente General (tratándose de la ampliación) de Racsa, así como, por el señor Rogelio Velásquez Ángel, en su condición de apoderado legal sin límite de suma del Consorcio (sea, de las tres sociedades antes citadas). El panorama descrito se enmarca en el tercer supuesto regulado en el canon 74 del RLCA, sea; que la empresa Dacondor compareció -posterior a la adjudicación- a la formalización del contrato y su ampliación, como parte contratante, dado el convenio entre el Consorcio y la Administración. Tómese en cuenta, de conformidad con el artículo 137 de la LGAP, las actuaciones univocas de la Administración en un determinado sentido hacen presumir su voluntad. Entonces, sí Racsa firmó el contrato y su ampliación, sin ninguna oposición, se entiende que el mismo estuvo de acuerdo con la participación como contratante de la sociedad Dacondor. Véase, se está en presencia de un acto formal (contrato en cuestión) donde la Administración autorizó que la empresa Dacondor compareciera como parte contratante. En ese sentido, contrario al criterio de los Jueces, estima este Órgano Decisor que dicha empresa sí estaba legitimación para figurar como parte actora en el presente proceso. Así las cosas, la censura esgrimida deberá acogerse. En consecuencia, corresponderá casar el fallo recurrido en cuanto condenó en costas a la empresa Dacondor por la supuesta falta de legitimación activa, para en su lugar, rechazar ese argumento y resolver sin condenatoria en ese extremo, dado el vencimiento reciproco de las partes en este proceso, lo cual implica que ninguna resultó perdidosa. Motivo suficiente para resolver sin condenatoria en costas, de conformidad con lo estipulado en el numeral 193 del CPCA.

VI. Como segunda censura, acusa, indebida aplicación de los preceptos 15 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 20, 22 y 51 de su Reglamento, 1022 y 1023 del Código Civil e indebida valoración probatoria. Normas que en términos generales refieren: a la obligación de la Administración de cumplir con sus obligaciones contractuales, al cartel como el reglamento especifico de la contratación y, a los principios generales de las obligaciones. En el caso concreto, señala, el artículo 3.18 del cartel de la contracción objeto del presente proceso estableció: RACSA Suministrara mensualmente al adjudicatario el detalle de clientes morosos y toda la información de cobro que se haya ejecutado por parte del ICE, con el fin de que el adjudicatario complete la gestión de cobro con el anunciante. Apunta, tanto Racsa como el Tribunal reconocieron que las entregas del detalle de clientes morosos y la información de cobro no se hizo de forma mensual ni con la periodicidad exigida en el cartel. Así las cosas, asevera, el incumplimiento contractual existió, por lo que no es de recibo que los Juzgadores manifiesten que la entrega tardía no es elemento suficiente para decretar tal incumplimiento (primera pretensión de la demanda). Alega, el suministro tardío de la información generó un daño material grave en las finanzas de la actora, pues los dineros que bien pudieron ser cobrados devinieron en clientes morosos e incobrables. Sostiene, los Jueces interpretaron erróneamente los oficios emitidos por Racsa números 75.S1.985.2010.ADV del 13 de diciembre de 2010 y S1.35.2012.RMA del 7 de febrero de 2011, así como, los documentos y correos electrónicos mediante los cuales la demandada aportó, de manera tardía e incompleta, la información para el cobro en cuestión. Contrario al criterio del Tribunal, añade, consta en autos gestiones de reclamo por las entregas tardías de información. Apunta, a folio 264 del expediente administrativo, se encuentra en respuesta al oficio 75.S1.0147.2011.ADV, las manifestaciones externadas en relación con las gestiones de cobro realizadas, donde se indicó que las mismas habían sido imposibles de efectuar por los incumplimientos de Racsa de suministrar el detalle de morosidad mensualmente (según lo dispuesto en el cartel). Además, expresa, a folio 212 del expediente administrativo consta el oficio de febrero de 2011, donde la contratista le manifestó a Racsa su disconformidad con el detalle de la morosidad del año 2010, por cuanto dicho reporte carecía de la información necesaria para proceder con la gestión de cobro establecida en el contrato. Arguye, la información entregada por Racsa, además de tardía, fue incompleta, pues para realizar una gestión de cobro adecuada era imprescindible conocer aspectos tales como: si esa Institución había efectuado gestiones de cobro previas, judiciales o extrajudiciales; los montos que ya había cobrado; saldos al descubierto existentes en esas fechas; existencia o no de arreglos de pago; entre otros, todo lo cual no fue suministrado a la accionante, como se aprecia de los oficios supra citados. Esas omisiones, concluye, demuestran que la gestión de cobro se vio imposibilitada para el Consorcio demandante. De ahí, la existencia de nexo causal entre la conducta que generó el incumplimiento y el daño ocasionado (imposibilidad de gestionar el cobro a la luz de las disposiciones contractuales). En consecuencia, solicitada que se declare el derecho de la actora a cobrar la suma de ¢509.486.0004,77 por concepto de adeudo de morosidades y sus respectivos intereses.

VII. Sobre los argumentos esgrimidos, analizaron los Jueces: () la teoría de la parte actora expone que ante la omisión de información suministrada por Racsa el Consorcio se vio impedido de cumplir sus obligaciones contractuales de gestionar el cobro administrativo de las cuentas morosas. Sin embargo, la accionante no aportó prueba para demostrar con solvencia estos aspectos y omitió realizar un análisis detallado donde se expongan las razones que le impidieron realizar las gestiones de cobro, no se indicó por qué la información suministrada fue insuficiente o si contenía errores, entre otros aspectos. En cuanto a la entrega de información, Racsa reconoció en la contestación de la demanda que según se estableció en el Cartel de la contratación para las ediciones 2007 a 2009, capítulo I, artículo 3.18, aplicable por autorización de la Contraloría General de la República a la contratación del 2010 y 2011, que tenía la obligación de suministrar de forma mensual el detalle de clientes morosos y la información de cobro que se haya ejecutado por parte del ICE para que el adjudicatario completara la gestión de cobro con el anunciante. Racsa negó la omisión de entrega de información y como prueba aportó todos los oficios que acreditan la entrega de información al contratista. Es evidente que éstas entregas sí fueron realizadas, aunque no con la periodicidad mensual indicada en el Cartel. No obstante, el retraso en la entrega no es suficiente justificación para que el contratista incumpla su obligación contractual y se haga acreedor del monto por morosidad o incobrables. La entrega tardía de información de Racsa, no aplica como una sanción de forma automática ni como castigo contra Racsa para asumir la totalidad de los incobrables ni morosos, en primer lugar porque en el Contrato no se reguló de esa forma. Para que el retraso en la entrega de suministro de información tenga la relevancia que la parte actora pretende darle, es necesario que se demuestre el impacto en la ejecución del contrato, concretamente cómo se vio afectada o como le impidió para realizar las gestiones cobratorias. Es necesario probar la causa de justificación que le impidiera al contratista cumplir con su deber. En el caso de la entrega tardía de información, era indispensable demostrar cómo fue que se vio impedido de hacer los cobros administrativos a los clientes morosos. También se debió demostrar que el retraso fue desproporcionado o que la información brindada era errónea, nada de lo cual ni siquiera se argumentó en la demanda. Otro aspecto medular era demostrar el eventual perjuicio económico de la empresa o si existió un desequilibrio financiero en la contratación. () no se observa en la prueba aportada a los autos ninguna gestión del Consorcio dentro de la ejecución de la contratación, haciendo reclamo por las entregas tardías de información ni sobre la insuficiencia para cumplir las gestiones cobratorias a los clientes morosos. (). El planteamiento del Consorcio describe con simpleza que no realizaron la gestión de cobro administrativo de los clientes morosos debido a la omisión de entrega de información de Racsa y que ese hecho les faculta para que se ordene el pago del 68,5% de la morosidad o incobrables a su favor, pese a la inexistencia de justificaciones de su incumplimiento contractual. Cabe recalcar que el argumento del Consorcio que alude a la omisión de entrega de información, carece de sustento al demostrarse en autos la entrega tardía de la información de los morosos por parte de Racsa. Aunado a lo anterior, argumentó el Tribunal, la actora no logró acreditar con prueba idónea que la totalidad de los incobrables de las ediciones 2010 y 2011 corresponden a errores de datos suministrados por Racsa o cambios de números de teléfono por razones técnicas efectuados por el ICE (únicos supuestos en los que Racsa asumía los incobrables, conforme la cláusula sexta del contrato y los parámetros definidos en el cartel), lo que habría ameritado un desglose individual de cada cliente moroso con indicación concreta de los errores atribuidos a Racsa o al ICE, nada de lo cual fue aportado por la accionante. En lo de interés, destacaron los Jueces, ninguna de las cláusulas contractuales dispuso que el incumplimiento de Racsa en la entrega puntual del suministro información o del Consorcio para "completar la gestión de cobro", sería sancionado de forma "automática" con la carga de asumir la totalidad del monto de los incobrables. Propiamente, en lo que se refiere a la gestión cobratoria, señalaron, no existe en el contrato ni en el cartel, una regulación clara y expresa que defina cuáles eran las responsabilidades de cada una de las partes en esa gestión, ni mucho menos cómo serían penalizadas ante su incumplimiento.

VIII. Comparte esta Sala la conclusión de los Juzgadores de instancia. Si bien es cierto, consta en autos que Racsa incumplió la obligación de suministrar mensualmente la información de clientes morosos y de cobro ejecutado por parte del ICE, a fin de que la empresa Danacondor completara la gestión de cobro de tales clientes (artículo 3.18 del cartel). También lo es que Racsa sí remitió al Consorcio contratista, aunque de forma tardía, la información respecto a las cuentas en estado de morosidad, correspondiente al contrato suscrito para la impresión, edición y comercialización de la Guía Telefónica de los años 2010 y 2011. En esa dirección consta en el expediente del reclamo administrativo: 1. Mediante oficio no. 75.81.985.2010.ADV del 13 de diciembre de 2010, remitió el detalle de las cuentas morosas facturadas por el ICE y Racsa con corte al 31 de octubre de 2010 (folios 214 al 229), 2. Por oficio 75.SI.35.2011.ADV del 25 de enero de 2011, remitió el detalle de morosidad con corte al 31 de diciembre de 2010, facturados por Racsa (folios del 207 al 211), 3. En oficio SI-35-2012-RMA del 7 de febrero de 2011, se entregó la liquidación final correspondiente al año 2010 (folios 32 al 39), 4. Por medio del oficio 75.SI.0147.2011.ADV del 9 de marzo de 2011, remitió el detalle de clientes anunciantes morosos con fecha de corte al 31 de diciembre de 2010, facturados por el ICE (folios del 189 al 206), 5. En oficio 75.SI.313.2011.ADV del 16 de mayo de 2011, remitió el detalle de morosidad de la edición de la Guía Telefónica de 2011, con corte al 30 de abril de 2011, facturados por Racsa (folios 43 frente y vuelto al 46), 6. En oficio 75.SI.698.2011.RMA del 2 de noviembre de 2011, remitió el detalle de la morosidad de enero a agosto de 2011, de los clientes facturados por el ICE (folios 47 a 62), 7. Por correo electrónico del 24 de enero de 2012, la señora Rommy Martínez -de RACSA- remitió a María Isabel Reyes Álvarez, Gerente Administrativa de Dacondor S.A, con corte a diciembre de 2011, el detalle de las cuentas morosas (folios 132 a 173) y, por correo electrónico del 2 de marzo de 2012, el detalle de cuentas morosas acumuladas con corte al 2 de marzo de 2012 (folios 119 frente y vuelto al 131) y, 8. Mediante oficio SI-22-2012-RMA del 16 de mayo de 2012, se remitió el informe final de la liquidación 2011 (folios 64 a 107). De la prueba señalada, tiene por acreditado esta Cámara, Racsa puso a disposición del Consorcio contratista, a efectos de realizar la gestión de cobro en cuestión, el detalle de las cuentas, nombres de los clientes morosos y saldos adeudados, en concreto: el número de cuenta del cliente, razón social, estatus de la cuenta y el monto adeudado, así como, el número telefónico. La casacionista no logra desvirtuar con prueba fehaciente que la información suministrada por Racsa, aunque de forma tardía, haya sido incompleta o errónea a efecto de proceder con las gestiones de cobro de los anunciantes morosos (a lo cual estaba obligada conforme a la cláusula tercera del contrato). Respecto al monto económico reclamado en sentencia por concepto de saldos insolutos, no existe en el expediente pruebas que permitan tener por demostrado que las sumas adeudadas por morosidades sea consecuencia directa de la entrega tardía de los informes de clientes que se proporcionaron a la contratista. En la contestación de la reconvención formulada por Racsa (imágenes 118 a 131 del expediente virtual), respecto de los oficios y correo antes enlistados, el Consorcio se limita a argumentar: su falta de notificación (a pesar de constar ese dato en el expediente administrativo levantado al efecto), la información contenida en ellos, su entrega tardía y la insuficiencia de los datos suministrados, más no justifica y acredita porque razón la información remitida no eran insumo suficiente para realizar la gestión de cobro. Interesa aclarar, los oficios y correos electrónicos que la recurrente acusa indebidamente valorados (números 75.S1.985.2010.ADV, S1.35.2012.RMA, respuesta al oficio 75.S1.0147.2011.ADV visible a folio 264 del expediente administrativo y oficio de febrero de 2011 visible a folio 212 ibidem), no son prueba suficiente para quebrar el razonamiento del Tribunal, pues de ellos solo se colige la entrega tardía de la información, pero no acreditan el motivo por el que el Consorcio se vio impedido para realizar las gestiones de cobro correspondientes. En todo caso, tómese en cuenta, el contrato en cuestión solo estableció multas y sanciones por los incumplimientos en tiempos de entrega de las obligaciones del contratista, no así de Racsa (cláusula décima, folio 181 del expediente administrativo de la contratación). Como bien valoraron los Jueces, el solo incumplimiento en la entrega puntual de la información no es motivo suficiente para estimar procedente la indemnización requerida en sentencia. Véase, la casacionista solo reprocha que Racsa no le suministró la información necesaria para realizar el cobro en disputa, sin demostrar ni justificar porque con esos datos estaba impedida para cumplir con tal gestión, pretendiendo ahora, sin haber realizado ninguna actividad cobratoria, el pago de los montos correspondientes a clientes morosos, lo cual constituiría un enriquecimiento sin causa. En el asunto de estudio, únicamente de haber acreditado el Consorcio que se encontraba imposibilitado para efectuar los cobros con la información contenida en los informes remitidos por Racsa, la indemnización resultaría procedente. En esa dirección, lo que en derecho correspondía a la actora era confrontar cada uno de los elementos probatorios aportados por Racsa con los motivos concretos por los cuales esos datos remitidos resultaban insuficientes para gestionar los cobros de clientes morosos, lo que no hizo. Al entenderlo de esa forma el Tribunal, la indebida aplicación normativa e indebida valoración probatoria endilgadas en la segunda censura planteada deberán ser rechazadas.

IX. En mérito de lo expuesto, procederá declarar parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se casará el fallo impugnado solo en cuanto condenó a la sociedad Dacondor al pago de ambas costas a favor de la parte demandada, al estimar que no se encontraba legitimada para interponer la demanda objeto de este proceso. En su lugar, fallando por el fondo, se rechazará tal argumento y se resolverá sin condenatoria en costas, al tenor del canon 193 del CPCA.

POR TANTO

Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se casa el fallo impugnado solo en cuanto condenó a la sociedad Dacondor al pago de ambas costas a favor de la parte demandada. En su lugar, fallando por el fondo, se resuelve sin condenatoria en costas.

Luís Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya Rocío Rojas Mora

William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez

Cchavesv

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