Sentencia de Sala Primera de la Corte, 29-03-2022

EmisorSala Primera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha29 Marzo 2022
Número de expedienteExp:
Revisión del Documento



Exp: 20-000012-1629-CI

Res. 000763-A-S1-2022

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J.é, a las once horas treinta y cinco minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidos .

En proceso ordinario presentado por N.M.C.M., contra EMILIA LOBO QUIROS y TALLER ROJAS INDUSTRIAL, PRECISION Y SOLDADURA S.A., la parte actora interpone recurso de casación en contra de la sentencia no. 2020000158 dictada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Cartago a las 9 horas 22 minutos del 23 de julio de 2020. Interviene como abogado de la parte actora, el Licenciado F.M.S.. Como abogada de las demandadas, actúa la Licenciada Z.N.R..

CONSIDERANDO

I.- De los asuntos admisibles en casación: De conformidad con el artículo 69.7.2 del Código Procesal Civil -ley n.° 9342- (CPC), corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisión del recurso de casación. La Sección II del Capítulo IV, Título II del Código Procesal Civil, denominada MEDIOS DE IMPUGNACIÓN establece como disposiciones generales -aplicables para la totalidad de los recursos regulados en ese cuerpo normativo- los siguientes filtros de admisibilidad: i) la regla de taxatividad de los medios de impugnación (v.g. Art. 65.1), ii) la delimitación de la legitimación para impugnar (v.g. Art. 65.2) y; iii) la obligatoriedad de motivar la impugnación (v.g. Art. 65.5). Ulteriormente, en ese mismo texto se individualizaron otros presupuestos de admisibilidad según las tipologías de recursos, a saber: revocatoria, apelación y casación. Este último cuenta con requisitos preliminares y otros que conllevan un análisis de admisibilidad de mayor complejidad (v.g. Art. 69). En lo que respecta a las condiciones mínimas del recurso, la normativa ordena que se indique la naturaleza del proceso, las partes y la identificación de la resolución recurrida (69.4.1.). Por mandato de ley se interpondrá contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables (69.1) y, deberá presentarse ante el Tribunal que dictó la resolución que se impugna en el plazo de 15 días (69.3.). En lo referente a la motivación como requisito material de admisión de la impugnación, es necesaria la expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera ordenada, clara y concisa (69.4.3). El incumplimiento de tal carga se sanciona con el rechazo de plano de la gestión (69.5.4). Además, es menester la indicación de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas (69.4.2). En igual sentido, la falta de fundamentación jurídica constituye un motivo de denegatoria de la admisión de la gestión (69.5.5).

II.- Cuestiones preliminares de admisión: Los requisitos introductorios han sido cumplidos por la parte disconforme, pues la sentencia impugnada corresponde a un proceso ordinario de mayor cuantía. Por otro lado, el recurso interpuesto se presentó en tiempo por las siguientes razones: i) De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, la fecha de notificación de la resolución recurrida a todas las partes fue el día viernes 24 de julio de 2020 (Escritorio Virtual, actas asociadas al días 24/07/2020); ii) Por ende, las partes contaban con plazo para recurrir hasta el día martes 18 de agosto de 2020 (teniendo en consideración los feriados del 27 de julio y 17 de agosto del mismo año), fecha en la que se interpuso el recurso (Expediente electrónico, documento del 18/08/2020 a las 15:06:29 horas). Las anteriores corresponden a exigencias preliminares de admisibilidad (artículos 69.1 y 69.3 del CPC); los demás requerimientos del recurso se conocen de seguido.

III.- Alegatos de la parte recurrente. El recurrente dividió su recurso en dos apartados por razones de fondo. El primer quebranto lo denomina violación de las normas legales sobre la valoración de la prueba y error en la interpretación de prueba, por indebida aplicación del numeral 41.5 del Código Procesal Civil. Sostiene, el órgano jurisdiccional concluyó de forma errada la valoración de las pruebas evacuados en autos, al tener que únicamente se hizo entrega a la sociedad demandada del monto de quince millones de colones; y no el monto total que se recibió de parte de la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores. Unido a lo anterior indica, el A quo, de forma errada, analiza que no merece fe la declaración de A.R.C.ón, quien indica que el monto pagado por tarjeta de crédito y los montos entregados a su persona, fueron empleados en beneficio del taller. Señala, con lo anterior el tribunal comete un error de interpretación de la prueba y deja sin explicación que la Caja de ANDE certificó que se presentaron facturas donde se demuestra el empleo de los fondos del préstamo, hecho probado 4). Reprocha, el tribunal debió de valorar la prueba señalada, aunada a la declaración testimonial de Alex Rojas Chacón, donde no deja la menor duda de que la totalidad del crédito fue invertido en el taller. Además, señala, de haber valorado de una forma debida las pruebas nunca debió haber concluido que su persona era codeudora del préstamo y que el taller Rojas era el obligado a pagar las deudas e intereses. El segundo reclamo se presenta también por infracción a las normas legales sobre valoración de la prueba y error en la interpretación de prueba. Arguye la recurrente, en la sentencia el A quo ha violentado el numeral 41.5 del Código Procesal Civil, ya que no aprecia la totalidad de la prueba concerniente a la responsabilidad de la demandada Emilia Lobo Quirós. Manifiesta, hay diferencias entre la declaración testimonial y la contestación de la demanda que realiza por Emilia Lobo Quirós. Además, indica, lo dicho por la demandada se contradice de forma total con la prueba documental y testimonial, donde consta que, de forma personal, depositó en cuentas bancarias del T. y que se pagaron la deudas del mismo por suma superior al crédito otorgado. Reprocha, el órgano jurisdiccional en la sentencia ha omitido valorar la prueba en errada aplicación del numeral supra citado, donde llevó a un análisis errado al aceptar las defensas de falta de legitimación y falta de derecho.

IV.- Análisis de admisión. Los alegatos por el fondo no son admisibles por su falta de fundamentación jurídica. Con base en lo expresado por la parte recurrente infracción a las normas legales sobre valoración de la prueba y error en la interpretación de prueba, se tiene que las causales alegadas por la casacionista es la establecida en el artículo 69.2.a del Código Procesal Civil, la misma trata sobre Violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto. Ya esta Sala ha tenido oportunidad de señalar, de manera reiterada, que, al invocarse yerros propios de la valoración o interpretación de las pruebas, es imprescindible señalar las normas sustantivas aplicables el caso en concreto infringidas en consecuencia. Esto en el tanto la causal que contempla tales anomalías es la enunciada en el cardinal 69.2.a ibidem, procedente por Violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto. Por ende, la identificación de los preceptos de ese tipo resulta ineludible, al tenor del requisito enunciado en el numeral 69.4.2 ibidem. De lo contrario, no se evidenciaría la incidencia del yerro en el régimen jurídico aplicable a la cuestión litigiosa. Entre otros precedentes recientes, consúltese de esta Sala, en ese mismo sentido, los votos no. 2468-S1-2020 de las 09 horas 56 minutos del 03 de noviembre de 2020, 2722-S1-2020 de las 11 horas 30 minutos del 19 de noviembre de 2020, 2778-A-S1-2020 de las 10 horas 35 minutos del 24 de noviembre de 2020 y 700-A-S1-2021 de las 14 horas 06 minutos del 25 de marzo de 2021. Sin embargo, en la especie, la parte recurrente no señaló las normas sustantivas infringidas, por lo cual los argumentos carecen de la fundamentación jurídica necesaria para su admisión, por lo que deben rechazarse de plano, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 69.5.5 ibidem. Además, la expresión de motivos constitutivos del motivo de la casación no se realiza de conformidad con lo establecido, bajo pena de inadmisibilidad, en los artículos 65.5 y 69.4.3 del Código Procesal Civil. En ese sentido, no se explica, con claridad y precisión, de qué manera el desenlace del proceso habría sido diferente de haberse concluido de una manera diversa sobre los hechos. Tampoco impugnó, de manera concisa, los argumentos esgrimidos por el a quo en torno a la prueba y al Derecho aplicable a la especie. Tales razonamientos no fueron contradichos, con la debida confrontación de los juicios de valor externados en torno a la prueba, incluidas las certificaciones referidas por el recurrente en su impugnación. Por ende, es evidente, la falta de claridad y precisión en la expresión de las eventuales infracciones y de los motivos que podrían ameritar una variación de lo resuelto. En consecuencia, a raíz del incumplimiento señalado, al tenor de los artículos 65.5 y 69.5, puntos 4 y 5, del Código Procesal Civil, no les permite a los agravios por el fondo superar el filtro de admisibilidad.

V.- Sobre costas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.1 del Código Procesal Civil, las costas se entienden como “…los honorarios de abogado, la indemnización del tiempo invertido por la parte en asistir a los actos del procedimiento en que fuera necesaria su presencia y los demás gastos indispensables del proceso. Como se desprende de la norma transcrita, la obligación del pago de costas debe corresponder al pago de los gastos en que debe incurrir una parte para participar en el proceso, ya sea sufragando su patrocinio letrado, en la inversión de su propio tiempo para ejercer su derecho de defensa, así como por cualquier otra erogación que sea indispensable. Como se ve, todos estos supuestos requieren, necesariamente, de que haya una participación activa en el proceso, por parte de quien podría favorecerse de la condena en costas. Caso contrario, no habría causa para la condenatoria en el pago de éstas, por la ausencia del supuesto de hecho previsto en el ordenamiento jurídico para su reconocimiento. Debe tenerse presente que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 627 del Código Civil, para la validez de toda obligación es indispensable la existencia de una causa justa. Ante su ausencia, no hay razón jurídica alguna que justifique la exigibilidad de la obligación, por lo cual la condenatoria podría dar lugar a un pago indebido, en los términos de los artículos 803, 804, 805 y 844 de ese mismo cuerpo legal, además de la dilación del proceso en caso de su eventual liquidación. No debe olvidarse que la condena sobre extremos económicos determinables en dinero se regula en el artículo 62.1 del Código Procesal Civil, en los siguientes términos: En todo pronunciamiento de condena sobre extremos económicos determinables en dinero deberá establecerse de una vez el monto exacto de las cantidades otorgadas, sus adecuaciones hasta la sentencia, incluidos los intereses y las costas. Si se hubiera demostrado la existencia de dichos extremos, pero no su cuantía o extensión, se podrá condenar en abstracto indicando las bases sobre las cuales se ha de hacer la fijación. Como se lee, la norma no contempla la imposición de extremos económicos sin que conste la existencia de los mismos. En ese sentido, el órgano jurisdiccional tiene el deber de verificar, sobre la existencia, en el caso concreto, de los supuestos de hecho que permitan reconocer la efectiva existencia de costas para disponer su condena a cargo de la contraria. Debequedar claro que la actividad procesal en sede casacional sí puede generar gastos adicionales para las partes, incluido el pago de honorarios profesionales, al punto que en el artículo 20 del Arancel de Honorarios vigente (Decreto Ejecutivo no 41457 del 17 de octubre de 2018) se regula su pago de manera independiente. Sin embargo, al no constar en el expediente apersonamiento alguno por parte de la parte contraria en defensa de sus derechos e intereses, no hay motivoque justifique la condena al pago de las costas mediando un rechazo de plano.

VI.- Voto salvado de las personas M.R. Loáiciga y J.énez R.írez. Respetuosos del criterio relacionado con la improcedencia de condenar en costas en los casos donde no se haya apersonado la parte contraria a hacer valer sus derechos ante esta Sala, discrepamos de la mayoría por las razones que a continuación se dirán: la condena en costas a cargo de la parte casacionista cuyo recurso ha sido rechazado de plano, obedece al imperativo legal que dicta el artículo 73.1 del Código Procesal Civil. Tal precepto, sin distinciones (salvo las excepciones que se determinan a partir del numeral 73.2 ibídem) reza: En toda resolución que le ponga fin al proceso, de oficio, se condenará al vencido al pago de costas. Así las cosas, la repercusión económica que implica para las partes la interposición de un proceso, deben imponerse de oficio en toda resolución que ponga fin a este. Lo anterior significa que esa finalización del proceso compele a que se exponga un criterio interpretativo de la autoridad jurisdiccional sobre cuáles son esas resoluciones. El pronunciamiento de inadmisibilidad del recurso de casación es, a criterio de esta Sala, una de ellas. No únicamente porque pone fin al proceso, al disponer el rechazo de la casación, sino, además, porque la sola presentación del recurso implica un emplazamiento a la contraparte; impide la firmeza de la sentencia recurrida; sujeta a la contraparte a continuar la discusión del asunto ante una instancia superior y mantiene abierta la discusión de los puntos en controversia. De igual forma, implica a la contraparte incurrir en gastos adicionales por tener que apersonarse y gestionar ante esta autoridad la defensa de sus derechos. De este modo es que resulta procedente el pronunciamiento sobre las costas en esta instancia y por esas razones, se debió condenar a la parte gestionante al pago de las costas generadas en esta fase, las cuales, en todo caso, deberá liquidar la parte beneficiada en la etapa procesal correspondiente. Además, no debe perderse de perspectiva que la condena en costas es imperativa para el órgano jurisdiccional. En ese sentido, cobra relevancia el mandato previsto en el ordinal 3.5 del Código Procesal Civil, según el cual las normas procesales son indisponibles para el tribunal y las partes. Consecuentemente, las costas deben imponerse a cargo de la parte vencida, salvo aquellos supuestos excepcionales previstos taxativamente en el ordinal 73.2 ibidem, dentro de los cuales no se encuentra la falta de gestión de la contraparte. Por tal razón, es criterio de quienes suscriben que lo procedente es que sea en ejecución de sentencia que se discuta la cuantía y extensión del extremo aludido, impuesto en abstracto (numeral 62.1, párrafo 2, ibidem). En conclusión, existe justificante y obligación legal para imponer la condenatoria de las costas (salvo los casos expresamente de exención v.g. art. 73.2 del C.P.C) en toda resolución que le pone fin al proceso, de las cuales forma parte, el presente auto.

POR TANTO

Se rechaza de plano el recurso de casación. Por mayoría, se resuelve sin especial condenatoria en costas. El magistrado Rivas Loáiciga y la magistrada J.énez R.írez, salvan el voto únicamente respecto a la no condenatoria al pago de costas y resuelven condenando a la parte recurrente al pago de las mismas. MZELEDONR

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

Ana Isabel Vargas Vargas

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



WJB1BIWXNIQ61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR