Sentencia de Sala Tercera de la Corte, 20-09-2019

EmisorSala Tercera de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Fecha20 Septiembre 2019
Revisión del Documento

*180007741094PE*

Exp: 18-000774-1094-PE

Res: 2019-01156

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y treinta minutos del veinte de setiembre del dos mil diecinueve.

Visto el Recurso de Casación interpuesto en la presente causa seguida contra Esteban González Calvo, por el delito de Robo Agravado, cometido en perjuicio de Cristian Guevara Sequeira, y;

Considerando:

I.- El Defensor Público Cristian Alfaro Jiménez, en representación del imputado Esteban González Calvo, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia 2019-00271 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, de las 14:50 horas, del 12 de abril de 2019.

II.- Primer motivo: errónea aplicación del artículo 45 e inobservancia del ordinal 47, ambos del Código Penal. Reclama que el encartado fue sancionado a título de coautor, cuando debió ser considerado cómplice. Señala que se acudió a la teoría del dominio del hecho, partiendo de una indeterminación y arbitrariedad, al distinguir entre el autor y el partícipe. Transcribe los hechos probados y la motivación de la sentencia, a partir de los cuales considera que el ad quem utilizó de manera incorrecta la teoría material objetiva, al no dimensionar que para diferenciar entre coautoría y participación, es necesario realizar un análisis jurídico que permita establecer la participación necesaria en el hecho punible. Precisa que la actuación del endilgado no es constitutiva de una coautoría, porque su contribución al hecho no le permitía dominar el curso causal de la acción, ni decidir sobre el si y el cómo del hecho. Transcribe in extenso una cita de doctrina e indica que para sancionar la coautoría se requiere: 1) Una acción concreta que determine el desapoderamiento –tratándose de un robo agravado-, la que en este caso fue ejecutada por un desconocido, mientras que el imputado se limitó a sentarse al lado del ofendido en la parada y realizar una serie de preguntas distractoras, para finalmente indicarle que estuviera tranquilo y no observara a las personas, lo que no resultó determinante para el despojo, es decir, que aún en ausencia del endilgado, el ofendido hubiese sido despojado de los bienes; 2) Un aporte esencial al desapoderamiento, mientras que la actuación de González Calvo ni siquiera implicó acciones que se destinaran al despojo de bienes; 3) La realización de actos significativos, mientras que los del encartado fueron actos de mero auxilio, los que de acuerdo a la teoría formal objetiva son actos de un partícipe. A su criterio, resulta errado afirmar que la acciones realizadas eran necesarias para la consumación del hecho, porque los actos de desapoderamiento y apoderamiento fueron ejecutados por un solo sujeto, mientras que la participación del imputado fue de una colaboración no necesaria. Precisa que el error del ad quem consistió en utilizar un criterio dogmático y jurisprudencial para establecer de manera automática la coautoría, obviando ponderar los requisitos del tipo penal y la participación de González Calvo, en aras de establecer si en su ausencia se habría podido consumar el hecho. Como agravio, indica que la errónea interpretación del Tribunal de Apelación de Sentencia llevó a considerar que la participación del imputado se dio a título de coautor, cuando fue cómplice, lo que hubiese permitido un rebajo de la pena. Como petitoria, solicita declarar con lugar el motivo, anular la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia, recalificar la participación del endilgado a título de partícipe y ordenar el reenvío para la cuantificación de la pena. Segundo motivo: infracción de un precepto procesal, concretamente falta de fundamentación. Cita como normativa inobservada los artículos 33 y 41 de la Constitución Política, 142, 459 y 465 del Código Procesal Penal, así como el ordinal 71 del Código Penal. Señala que se incurrió en un vicio de falta de fundamentación al resolver el segundo motivo del recurso de apelación, cuando se reclamó que la sanción de 6 años de prisión no estaba debidamente fundamentada de conformidad con el principio de proporcionalidad. Agrega que conforme a la revisión integral de la sentencia a la que está obligado el ad quem, al pronunciarse sobre el fondo del asunto debe: i) Apreciar la procedencia del recurso; ii) Valorar la forma en que los jueces individualizaron la pena y fundamentaron su decisión; iii) Determinar por qué razón consideran procedentes tales fundamentos. A su criterio, de la lectura de la sentencia no se desprende por qué los argumentos planteados por el a quo cumplen con el artículo 142 del Código Procesal Penal y el ordinal 71 del Código Penal. Indica que el Tribunal de Apelación se limitó a repetir los argumentos, sin analizar que el quantum de la sanción resultaba desproporcional, toda vez que la participación del sentenciado representa un menor disvalor respecto del sujeto desconocido, ya que su participación se limitó a una supuesta distracción y posteriormente indicarle al ofendido que no gritara ni se moviera. Advierte que no existe un solo razonamiento acorde con el numeral 71 del Código Penal y 142 del Código Procesal Penal, que justifique el aumento de la pena en un año por encima del mínimo legal y el ad quem, repite que ello se debió al valor del bien jurídico, su utilidad y el uso de la violencia, sin abordar el aspecto en concreto en relación con la desproporción de la sanción, toda vez que no utilizó un arma, no realizó actos de violencia, ni se excedieron las circunstancias establecidas en la legislación que permiten imponer la pena mínima. Como agravio, señala que la fundamentación es una garantía esencial del debido proceso y que a través de ella, se materializa el derecho a ser oído. Como petitoria, solicita declarar con lugar el motivo, anular la sentencia de apelación y ordenar que un tribunal imparcial conozca nuevamente del reclamo planteado.

III.- El recurso de casación presentado por el Defensor Público Cristian Alfaro Jiménez, en representación del imputado Esteban González Calvo, se declara parcialmente admisible. De la lectura del escrito presentado, se desprende que el motivo primero resulta admisible, mientras que el segundo motivo no se adecúa los presupuestos establecidos por la Cámara de Casación para admitir el recurso de casación por falta de fundamentación. Primer motivo. Conforme se extrae de los autos, el recurso de casación fue interpuesto por un sujeto debidamente legitimado, en este caso el representante del encartado, en un plazo de 15 días contabilizado con base en la Ley de Notificaciones, cumpliendo con los criterios subjetivos y de temporalidad. Adicionalmente, cita la normativa inobservada y erróneamente aplicada, desarrolla el fundamento de la impugnación, establece la petitoria y fija una pretensión. Desde esta óptica, esta Cámara debe conocer el fondo del asunto y determinar si en el caso concreto, el Tribunal de Apelación de Sentencia aplicó erróneamente la normativa relacionada con la coautoría y a su vez, inobservó aquella relativa a la participación, tal y como lo expone la Defensa Pública. Por estas razones, el primer motivo del recurso de casación se declara admisible. Segundo motivo. El quid del motivo expuesto en casación, se refiere a la existencia de una falta de fundamentación de la pena. En este orden de ideas, se tiene como antecedente que en el recurso de apelación de sentencia, el recurrente se limitó a indicar que la decisión no fue adecuadamente sustentada: “tomando en cuenta los actos realizados por el imputado representan un menor disvalor de la acción respecto a lo realizado por el sujeto de identidad desconocida, ya que su participación en el hecho se limitó a una supuesta distracción y posteriormente indicarle al ofendido que no gritara ni se moviera” (f. 32), para posteriormente agregar: “resulta desproporcionado el aumento de un año de prisión sobre el mínimo establecido en la norma. No hay un solo razonamiento jurídico, acorde al artículo 71 del Código penal (sic) y razonado según las exigencias del artículo 142 del Código Procesal Penal que justifiquen la pena impuesta. Imponer seis años de prisión a un caso como que aquí se juzgó es absolutamente desproporcional: el imputado no utilizó un arma, no realizó actos de violencia sobre el ofendido ni se excedieron las circunstancias establecidas por la legislación que permitían imponer la pena mínima” (f. 34). Al resolver la gestión, el Tribunal de Apelación de Sentencia hizo referencia a los criterios utilizados por el a quo para la individualización de la sanción con base en el artículo 71 del Código Penal, haciendo énfasis en el daño causado al ofendido y la proporcionalidad de la sanción conforme al elenco probatorio. En este sentido, la sentencia se explaya en su motivación señalando: “si bien Esteban González no ejecuta directa y materialmente los actos más violentos del asalto, por ejemplo, colocarle el puñal al ofendido, al tratarse de una coautoría, el mismo da su anuencia para la consumación de hecho en su globalidad y tal y como quedó demostrado en juicio. Así, explica el tribunal que el acusado tiene pleno control de las acciones ejecutadas, por lo que se trata de una sola acción conjunta desplegada por dos personas, donde si bien el justiciable González Calvo no porta el arma, si realiza una labor de distracción y asegura el aumento del poder ofensivo que finalmente permite el desapoderamiento. Explica el a quo que el hecho no solo es violento, sino que se emplea superioridad numérica (la concurrencia de dos sujetos actuantes), un arma blanca para lograr el desapoderamiento, lo cual ocurre en un lugar público (parada de buses), donde se presume que el Estado debe garantizar mayor seguridad a los ciudadanos, con lo cual se está en presencia de dos agravantes distintas del numeral 213 del Código Penal, lo que justificaría el aumento del año de prisión. Además, el tribunal menciona otros motivos que le permiten justificar dicho aumento de la pena, a saber; al valor y utilidad del objeto sustraído, donde quedó acreditado en sentencia, que el valor económico del teléfono celular sustraído ascendía a la suma de 200,000 mil colones, lo que representa un considerable perjuicio al bien jurídico tutelado, aunado a que lo estaba utilizando en ese momento en que se disponía llegar a su trabajo. Finalmente explica las razones por las cuales, si bien los antecedentes del imputado, en sí mismos no justifican el aumento de la pena, dadas las circunstancias concretas del caso, y atendiendo a los fines de la pena (resocializador), la sanción impuesta cumpliría con el fin propuesto”. (f. 51-52, subrayado no corresponde al original). Desde esta perspectiva, resulta evidente que la proporcionalidad de la sanción y en concreto, la ausencia de uso del arma de fuego por González Calvo que fue reclamado en el recurso de apelación de sentencia, si fue abordado por el ad quem y en consecuencia, el reclamo por falta de fundamentación resulta inadmisible de impugnar vía casación, toda vez que no se trata de una ausencia absoluta de fundamentación, o un yerro en la construcción lógica de la sentencia susceptible de tornar ineficaz la resolución, tal y como lo ha requerido esta Cámara al disponer: «La “falta de fundamentación” que es examinable en casación, dado el carácter restringido que establece el artículo 468 para ese recurso, supone una ausencia absoluta de razonamientos, o bien un vicio grosero en la construcción lógica; no la simple insatisfacción y el creer que debió haberse hecho énfasis o ampliar algún aspecto (ver en similar sentido, sentencia 2012-1541, de las 11:26 horas, del 28 de setiembre de 2012 y, voto número 2013-01699, de las 13:25 horas, del 19 de noviembre del 2013, Sala Tercera, de la Corte Suprema de Justicia(voto 2014-0648 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las 9:53 horas, del 4 de abril de 2014). Por estas razones, el segundo motivo del recurso de casación se declara inadmisible.

Por Tanto:

Se declara admisible el primer motivo del recurso de casación presentado por el Defensor Público Cristian Alfaro Calvo. Se declara inadmisible el segundo motivo del recurso de casación presentado por el Defensor Público Cristian Alfaro Calvo Notifíquese.

Jesús Alberto Ramírez Q.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Magistrada suplente

Jorge Enrique Desanti H.

Magistrado suplente

Ronald Cortés C.

Magistrado suplente

Jaime Robleto G.

Magistrado suplente

RVILLEGASH

559-2/14-1-19

*180007741094PE*

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