Sentencia de Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica Sede Limón Materia Civil, 26-03-2021

EmisorTribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica Sede Limón Materia Civil (Costa Rica)
Número de expediente071014820473CI
Tipo de procesoINCIDENTE DE COBRO HONORARIOS ABOGADO

*071014820473CI*

EXPEDIENTE:

071014820473CI - 6

PROCESO:

INCIDENTE DE COBRO HONORARIOS ABOGADO

ACTOR/A:

MYRNA IVETTE PIERRE DIXON

DEMANDADO/A:

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

SENTENCIA Nº 135-21

TRIBUNAL DE APELACIÓN CIVIL Y TRABAJO DE LA ZONA ATLÁNTICA (SEDE LIMÓN) (Materia Civil).- A las ocho horas con cuarenta y nueve minutos del veintiseis de marzo del 2021.-

Incidente de cobro de honorarios promovido por la licenciada Myrna Ivette Pierre Dixon contra la Caja Costarricense de Seguro Social.

Conoce este Tribunal en virtud de recurso de apelación interpuesto por la incidentista contra la sentencia No. 2020000551 de las 11:53 horas del 03 de diciembre del 2020 del Juzgado Civil del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Se integra este Tribunal de forma unipersonal en razón de la cuantía del proceso.

Redacta la jueza Esquivel Rodríguez, y;

CONSIDERANDO:

I. La licenciada Myrna Ivette Pierre Dixon interpone incidente de cobro de honorarios contra la Caja Costarricense de Seguro Social en fecha 10 de enero del 2019. Reclama el pago de 25,000.00 por concepto de costas, intereses sobre esa suma reconocidos en sentencia, intereses al 2% mensual calculados en 64,997.26 intereses futuros e indexación desde la fecha en que debió pagarse. La parte incidentada opuso la excepción de prescripción de principal e intereses. Además señala que conforme al Instructivo para el cobro de adeudos en estado de mora mediante designación de abogados externos, la obligación de pago de honorarios no le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social.

II. El Juzgado Civil del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, mediante sentencia NO. 2020000551 de las 11:53 horas del 03 de diciembre del 2020, dispuso:

De conformidad con lo expuesto, artículos citados, hechos probados se declara PRESCRITO tanto el capital como los intereses pretendidos con el presente INCIDENTE DE COBRO DE HONORARIOS establecido por MIRNA IVETTE PIERRE DIXON contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. dentro del proceso Ejecutivo Simple establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social en contra de David Rojas Elizondo. Se resuelve el presente asunto sin especial condenatoria en

costas.

III. La parte incidentista interpuso dentro del plazo de ley recurso de apelación y nulidad concomitante contra dicha sentencia y lo sustenta en los siguientes argumentos. Manifiesta que la jueza de instancia confunde los términos de prescripción del principal con el incidente de cobro de honorarios. Además, señala que conforme al 76.3 para que concluya la relación profesional deben darse las siguientes condiciones: Que termine el contrato entre las partes o que o cuando termina el proceso. Indica que ninguna de las dos condiciones existen en este proceso. Señala que no consta en autos que su relación profesional con la Caja Costarricense haya concluido."

IV. Análisis de los agravios de la parte incidentista.- Se mantiene la relación de hechos de la sentencia de instancia. Estima esta juzgadora que la incidentista lleva parcialmente la razón. Efectivamente la juzgadora de instancia le aplica la normativa de prescripción de forma incorrecta ya que parte de una premisa que no se ha dado. Este proceso no se ha dado por terminado y tampoco se acredita la terminación de la relación profesional entre las partes para que puede iniciar el cómputo de la caducidad y de la prescripción. Del expediente se evidencia que la Caja Costarricense de Seguro Social nunca informó al Despacho que la relación con la profesional hubiese terminado. En cuanto al argumento de la incidentada sobre la aplicación de un instructivo de honorarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, procedo a citar lo que dispone el arancel profesional aplicable a ese fecha:

Artículo 1º-Competencias. Este Arancel es de acatamiento obligatorio para los profesionales aquí regulados, para los particulares en general y para los funcionarios públicos de toda índole, y contra él no podrán oponerse acuerdos o disposiciones de entidades públicas o privadas en esta materia en relación con honorarios y la oportunidad de su pago, y la imposición de costas en sede jurisdiccional. Esto denota que existe una obligatoriedad de aplicación del arancel profesional y los argumentos de la Caja Costarricense de Seguro Social no son de recibo y denotan un incumplimiento del arancel.

La jueza de instancia determina que es a partir de la última gestión de la profesional que rige el plazo de prescripción lo cual no comparte esta juzgadora. Establece que es a partir del 25 de octubre del 2012 que inicia el cómputo de la prescripción y que el incidente se presenta en fecha 10 de enero del 2019. Aplica la juzgadora en término de prescripción del Código CIvil, artículo 869, numeral 1 que dispone 3 años para cobrar honorarios. En materia de honorarios, debe aplicarse lo que dispone el artículo 76.3 y la prescripción debe regir desde que el abogado está en condición de cobrar sus honorarios ya sea porque lo remueven como profesional o porque se da finalización al proceso. En este caso no se da ninguna de las dos condiciones por lo que hay una continuidad en el servicio que le da la seguridad al profesional que puede ejercer su derecho al cobro de honorarios y a la Caja que se mantiene un profesional a cargo del expediente. Bajo ese análisis estima esta juzgadora que debe revocarse la resolución recurrida en cuanto al cobro de honorarios, de intereses e indexación. En cuanto al cobro de honorarios, procede reconocerle a la abogada la suma de los honorarios que ya han sido dispuestos en sentencias previas. En tanto esos montos son inferiores al mínimo regulado, se deben reconocer los 25,000.00 colones según las etapas concluidas. El arancel profesional aplicable a este proceso es el Decreto No. 32493-J que dispone en referencia a estos procesos:

Artículo 21.-Procesos ejecutivos. En los procesos ejecutivos los honorarios serán la mitad de la tarifa corriente, y se pagarán de conformidad con lo siguiente:

I) En ejecuciones simples. Por la presentación de la demanda corresponderá una tercera parte de la Tarifa General de este Arancel; por la sentencia de primera instancia otra tercera parte y, al concluirse el juicio por cualquier motivo, la tercera parte final. Si después de haberse dictado sentencia el deudor pagare y no se llevare a cabo el remate, o existiere constancia de que el demandado no tiene bien que embargar, deberá pagarse siempre al profesional la última tercera parte o el total de sus honorarios, si no hubiere recibido suma alguna.

En todo caso el honorario mínimo será de veinticinco mil colones.

En el caso de autos, conforme a las etapas concluidas y por la estimación del proceso, corresponde fijar los honorarios conforme al mínimo de ley por dos etapas concluidas ya que el proceso no se ha dado por terminado . En ese sentido, los honorarios se deben fijar en la suma de 25,000.00 colones mínimo en la proporción de una etapa concluida (la presentación de la demanda) para un total de 8,333.00 colones. Sin embargo, en cuanto a los intereses que cobra por el período total este monto de rechaza y se fijan los intereses sobre las costas en un 2% mensual a partir de la firmeza de esta resolución. El decreto que aplica a este proceso indica en cuanto a intereses:

Artículo 11.-Intereses. El profesional podrá cobrar un interés del 2% mensual por los honorarios no cubiertos en su oportunidad. El Colegio podrá modificar ese interés de conformidad con las normas fijadas por el Sistema Bancario Nacional, para los préstamos de carácter personal.

Al fijarse los honorarios con esta resolución, es hasta este momento que existe una obligación determinada de pago y por ello los intereses se fijan a partir de la firmeza de esta resolución y no como lo solicita la parte incidentista.

En cuanto a la indexación que se solicita, estima esta juzgadora que no es procedente ya que es hasta la firmeza de esta resolución que existe un monto determinado de obligación que permite a la incidentada conocer su obligación de pago. Sin embargo, procede reconocerla a futuro sobre la suma otorgada. En resumen, se revoca la sentencia de primera instancia, se reconoce la suma de 8,333.33 colones por concepto de costas aprobadas a la profesional incidentista, se aprueban intereses sobre dichas sumas a partir de la firmeza de esta resolución y se rechaza la indexación sobre el monto de costas que se aprueba y se fija esta a partir de la firmeza de esta resolución y hasta su efectivo pago. Se rechaza el extremo de intereses anteriores al dictado de esta resolución en cuanto a las costas, se rechazan las excepciones de prescripción de principal e intereses opuesta por la parte demandada. Tanto intereses como indexación se liquidarán una vez que se cancele el principal.

POR TANTO

Se revoca la sentencia de primera instancia. Se otorga la suma de 8,333.33 colones por concepto de costas, se aprueban intereses al 2% mensual sobre dicho monto a partir de la firmeza de esta resolución. De igual forma la indexación se concede a partir de la firmeza de esta resolución y hasta el efectivo pago. Se rechazan intereses previos a la firmeza de esta resolución, se rechaza la indexación e igualmente se rechazan las excepciones de prescripción opuestas por la...

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