Sentencia de Tribunal Contencioso Administrativo, 05-08-2020

Fecha05 Agosto 2020
Número de expediente18-010508-1027-CA
EmisorTribunal Contencioso Administrativo (Costa Rica)
EXPEDIENTE: 18-010508-1027-CA (Acumulado 19-004054-1027-CA)
Ejecución de Sentencia.
De: M.H.S.B.
Contra: El Estado (DNP)
592-2020
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. G., a las diez horas del cinco de agosto del dos mil veinte.-
Proceso de Ejecución de Sentencia promovido por [Nombre 003] , cédula de identidad número [Valor 001], en su condición de Garante de M.H.S.B. cédula de identidad 1-425-299 actúa como abogado del ejecutante el licenciado Aaron Ugalde Maxwell, carnet profesional 8322; contra el Estado representado por la Procurador María León Yannarella.
CONSIDERANDO
I.-Argumentos del Ejecutante. Realiza como pretensión: 1) con lugar el proceso de ejecución de sentencia, 2) que se obligue al accionado a cancelar a favor del actor la suma de ciento cuarenta mil colones por daño moral, 3) se condene al Estado al pago de costas del amparo en ciento ochenta y un mil quinientos colones. Argumenta el ejecutante que el acto omisivo se refiere a la falta de respuesta en las solicitudes de revalorización y actualización del monto de pensión, indica que se debe ejecutar y obligar al accionado a notificar la respuesta de las solicitudes. El daño moral subjetivo se refiere a la inactividad e inercia de la administración, es adulta mayor y depende de su pensión, tiene necesidad de recibir pagos actualizados para hacer frente a la realidad económica existente, los reclamos le produjeron enojo, se generó sentimiento de angustia zozobra, desesperación.
II.- El Estado argumenta que el fundamento de la parte actora para efectos de liquidar daño moral es un supuesto que, por no recibir respuesta, se le produjo a la actora un detrimento emocional como consecuencia lógica de ver pasar el tiempo sin que su solicitud se resolviera y sin recibir explicación al respecto. De esta forma, si el hecho de que la parte accionante tuviera que gestionar por escrito ante la Dirección Nacional de Pensiones le causó desconfianza e inseguridad es un asunto que no puede ser achacado al Estado, pues es un procedimiento establecido por ley, de forma tal que no existe nexo causal alguno entre el supuesto daño moral alegado y la conducta de la Administración, de ahí que su pretensión de daño moral debe rechazarse. El artículo 180 del Código Procesal Contencioso Administrativo, contiene el principio...

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