Sentencia de Tribunal Contencioso Administrativo, 08-09-2020
| Número de expediente | 20-003730-1027-CA |
| Fecha | 08 Septiembre 2020 |
| Emisor | Tribunal Contencioso Administrativo (Costa Rica) |
| Tipo de proceso | MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA |
|
EXPEDIENTE: |
20-003730-1027-CA |
|
PROCESO: |
MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA |
|
PROMOVENTE: |
O.F.G.ÁLEZ |
|
DEMANDADO: |
LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA |
Nº 458-2020-T
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A. Calle Blancos, a las dieciséis horas del día ocho de agosto de dos mil veinte.-
Se conoce MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA, interpuesta por O.F.G.ÁLEZ, mayor, casada una vez, empresaria, cédula de identidad 2-0415-0479, en contra LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, representado por su Alcalde Municipal, H.S.H.,
RESULTANDO:
1. Que en fecha 11 de agosto del 2020, la promovente formuló solicitud de medida cautelar ante causam, planteando como pretensión cautelar "1. S. se sirva, al traslado de este asunto, ordenar la suspensión del cobro de mi patente de licores ante la demandada, hasta tanto no se resuelvan en definitiva o cambien las circunstancias...". (Imágenes 2 a 10 del expediente judicial digital).
2. Que por medio auto de las catorce horas con veinte minutos del 12 de agosto del 2020, este Tribunal denegó la medida cautelar provisionalísima y concedió al demandado, audiencia escrita por tres días para que se pronunciara respecto de la medida cautelar pedida. (Imagen 14 del expediente judicial digital).
3. Que mediante escrito de fecha 03 de setiembre del 2020, la representación de la Municipalidad de Alajuela, se pronunció respecto de la medida cautelar, pidiendo que la misma sea rechazada por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento. (Imágenes 21 a 28 del expediente judicial digital).
4. Que en la especie se han observado las formalidades de rigor; habiéndose deliberado previamente lo correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR: En el presente asunto, la parte promovente solicita lo siguiente: "1. S. se sirva, al traslado de este asunto, ordenar la suspensión del cobro de mi patente de licores ante la demandada, hasta tanto no se resuelvan en definitiva o cambien las circunstancias..." sobre lo cual debe de hacerse el pronunciamiento correspondiente.
SEGUNDO: ARGUMENTOS DE LA PROMOVENTE. En síntesis y en lo que interesa, la parte promovente argumenta que es propietaria del B.e.P., que explota una patente de licores extranjeros y paga a la demandada, que se decretó el cierre total de bares por la emergencia de covid-19, que ello ha provocado una catástrofe económica en lo personal, para su familia, sus colaboradores y sus familias, que se le obliga a pagar la suma de 209 000 colones por trimestre para no perder la licencia de licores, que ha pedido varias veces que se suspenda el pago, que los patentados han visto desmejorados sus ingresos, despedir personal, que muchos pagan alquiler y otras cargas.
TERCERO: ARGUMENTOS DE LA PARTE ACCIONADA: Que la representación de la Municipalidad de Alajuela, se pronunció respecto de la medida cautelar, pidiendo que la misma sea rechazada por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento, indicando que no es posible suspender el cobro de un tributo, que se dispuso un plan de moratoria y reducción de tarifa, que fue aprobado en junio del 2020, que a las licencias de licores se les autorizó una moratoria de un trimestre, correspondiente al tercero, pero que deberían cancelar el tercero y cuarto, que no hay apariencia de buen derecho dado que solo por ley se puede suprimir un tributo, que se autorizó una moratoria beneficiosa a la actora, que no se establece ni demuestra el daño grave, que la municipalidad actuó de buena fe y en aras del interés público.
CUARTO: EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. La justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones necesarias e indispensables para la emisión y ejecución de una eventual sentencia de fondo favorable a la parte gestionante. El artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. El artículo 21 del Código mencionado, establece, a su vez, que la medida pedida es procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida al proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad. Por otro lado, el artículo 22 de ese mismo cuerpo normativo, dispone que la persona juzgadora, al momento de tomar la decisión correspondiente, deberá considerar el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como la instrumentalidad y proporcionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte de forma grave la situación jurídica de terceros, tomando en cuenta, las posibilidades y previsiones financieras de la administración pública, para la ejecución de la medida otorgada. Dichos parámetros han sido desarrollados jurisprudencialmente, en el siguiente sentido: “(…) De conformidad con el artículo 21 CPCA, el juez, a la hora de determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, debe verificar que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. Por otro lado, el mismo numeral 21 del Código establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum in mora o peligro en la demora, es decir que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promoverte un daño grave (...) Por último, el artículo 22 CPCA establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar." (Resolución Número 283-2009 de las 15:10 horas del 20 de febrero de 2009. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). Esta posición se complementa con el criterio externado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en funciones de Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, en Voto N° 5-F-TC-2008 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de febrero del año dos mil ocho, respecto de la necesidad de cumplimiento de la carga probatoria en esta fase cautelar, al indicar que "(…) tres requisitos que se aplican como es el fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho… el peligro de la demora y la ponderación de los intereses en juego… la apariencia de buen derecho conforme a la nueva legislación no constituye una carga gravosa de demostración de la seriedad de la demanda, sino la valoración incluso interna del juez de que aquella sentencia no es temeraria de que no es carente de seriedad, que es una visión invertida, por cierto, del denominado fumus bonis iuris, este periculum además corresponde a la carga, como carga probatoria para quien pide la cautelar, y esto es así, luego la cautelar es un juicio provisional de ese peligro en la mora no es… una valoración del fondo del proceso… en lo que corresponde al caso concreto (…) y esta Sala luego de deliberar concienzuda y ampliamente como lo hace (…) ha estimado que no están debidamente demostrados los daños y perjuicios graves o de imposible reparación que ameriten la adopción de la medida cautelar en cuestión (…) En definitiva, el Tribunal estima que no se cumple con el principio de la prueba racional de la cautelar que se corresponde con una prueba de equilibrio, si bien es cierto no se requiere de una prueba contundente, porque no puede serlo en la medida cautelar, tampoco lo podemos dejar al arbitrio del solo dicho de quien recurre, hay de por medio también eventuales intereses públicos.” Partiendo del anterior marco normativo y jurisprudencial de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto, atendiendo a la exposición de la teoría del caso y el ofrecimiento de la prueba.
QUINTO: SOBRE EL CASO CONCRETO. Partiendo de lo anteriormente expuesto, la resolución de este proceso cautelar supone el estudio concreto de los elementos requeridos por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de acuerdo con los argumentos de ambas partes y la prueba aportados al expediente, sin embargo, en este caso particular no es posible realizar un análisis en ese sentido, debido a que en la demanda cautelar no se abordaron dichos supuestos ni tampoco se hace una referencia concreta y detallada de los mismos en la demanda cautelar. La parte actora se limita en mencionar que ha caído en una situación financiera muy difícil y que las restricciones sanitarias han causado ese perjuicio en varios comercios de la zonas, así como que fundamenta su acción en los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 del Código Procesal Contencioso, sin exponer la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba