Sentencia de Tribunal Contencioso Administrativo, 11-02-2022

EmisorTribunal Contencioso Administrativo (Costa Rica)
Fecha11 Febrero 2022
Número de expedienteEXP:
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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Poder Judicial de la República de Costa Rica

EXPEDIENTE

21-004447-1027-CA

TIPO DE PROCESO

DE CONOCIMIENTO

ACTOR(A)

RODOLFO DURÁN VARGAS

DEMANDADO(A)

EL ESTADO

N° 0226-2022

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Edificio Anexo A, a las dieciséis horas con doce minutos del once de febrero del dos mil veintidós.

Se resuelve CADUCIDAD DEL PROCESO dentro de la causa instaurada el 19 de julio del 2021, por el señor RODOLFO DURÁN VARGAS, mayor de edad, agente aduanero, vecino de San José y portador de la cédula de identidad 1-0501-0684, contra el ESTADO.

CONSIDERANDO

I. ASPECTOS DE TRÁMITE. 1) Mediante auto de las once horas catorce minutos del veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se le dio traslado a la demanda, previniendo en el mismo acto a la parte actora que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, aportada un juego de copias de la demanda y de todos los documentos adjuntos a ella, de conformidad con el artículo 49 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA). (Imagen 98 del expediente electrónico), lo que fue notificado a la parte actora el 23 de julio del 2021. (Imagen 99) 2) Que a la fecha en que se resuelve han transcurrido más 7 meses y la parte no atendió la prevención que le hiciera este Despacho. 3) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado.

II. SOBRE LA CADUCIDAD. El CPCA ciertamente implicó un cambio sustancial en el modelo procesal vigente hasta ese momento en la jurisdicción contencioso administrativa. Este cuerpo normativo dio un giro al papel de la persona juzgadora, en el sentido de asignarle un rol más activo en procura de alcanzar la verdad real de los hechos, ejercer un control efectivo del ejercicio de la función administrativa y garantizar el respeto a los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados (Art. 49 Constitución Política, 1, 36 y 82 CPCA). Ahora bien, no obstante el CPCA involucra en mayor medida a la persona administradora de justicia, subsiste la obligación de las partes en cuanto a darle el impulso procesal debido a sus casos. pues indudablemente, cada expediente sigue sometido a la voluntad de las parte que lo presenta. De donde deviene la posibilidad de que las partes incumplan tal deber y paralicen con su inactividad procesal, el avance lógico esperado, y, en consecuencia retardando la solución del conflicto, circunstancia que se traduce no sólo en una violación a la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva, sino incluso desde una perspectiva económica, en mayores costos para las partes, dígase sujetos privados y administraciones públicas. De este modo, dadas las negativas consecuencias que implica una inactividad procesal indefinida, el ordenamiento jurídico, en atención a los principios generales del derecho, dotó a la persona juzgadora y a las partes en general, de la herramienta legal que permite solventar este problema, para evitar ese abuso del derecho al que implícitamente y explícitamente se somete a las partes y al Estado con una dilación injustificada del proceso.

Su fundamento lo encontramos en los principios de economía procesal, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, seguridad jurídica y el derecho a la paz social. Así por ejemplo, doctrinariamente se ha dicho: "Por consiguiente, cabe concluir, como regla general, que la caducidad sucede en el proceso contencioso administrativo como consecuencia de una paralización del procedimiento imputable al demandante. Dicha paralización le debe ser imputable al menos a título de culpa y nunca en los supuestos de fuerza mayor, ni por causas independientes de la voluntad de los litigantes (...)" (G.S.V.. El Derecho Procesal Administrativo Costarricense. Editorial J.. 1994, San José, Costa Rica, p. 424 y 425). De hecho, al Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) le fueron adicionados mediante Ley N° 9762 del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" N°239 del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, los artículos 112 bis y 112 ter, en los que se establecen las condiciones para que opera la caducidad del proceso, siendo así que el ordinal 112 bis dispone en lo que interesa que: "(...) La caducidad del proceso sucederá cuando por culpa del actor no se haya procurado su curso por un término superior a los seis meses y no haya recaído sentencia de primera instancia en el asunto, y podrá ser dictada de oficio, a solicitud de parte o a petición de cualquier persona que tenga interés legítimo. (...) Este procedimiento se regulará atendiendo las siguientes reglas: a) El plazo de caducidad se contará a partir de la última actividad de la parte actora dirigida a la efectiva prosecución del proceso. Las actuaciones que no tengan ese efecto no interrumpen dicho plazo. Para el cómputo del plazo se descontará el tiempo en que el proceso ha estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del tribunal, siempre que la reanudación del trámite no quede supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso. (...) c) En caso de existir mérito, el tribunal dictará resolución en la que declarará terminado el proceso, se tendrá por archivado el expediente y ordenará la devolución del expediente administrativo a la entidad pública que se le requirió y haya formado parte de la causa. De igual manera, deberá resolver sobre la condenatoria o no en costas. (...)" De conformidad con lo anterior, resulta claro que la caducidad es una forma anormal de terminación de la relación procesal y que procede ante el abandono del mismo por quien lo ha incoado. O sea que este instituto procesal opera como un hecho derivado de la inactividad de la parte interesada y tiene como fin, evitar que el proceso se mantenga inactivo y se prolongue en tal estado de manera excesiva. Con ella se busca otorgar seguridad jurídica tanto a las otras partes, como a la colectividad misma, en aras de robustecer el interés público, con la certeza de que se ordenará el archivo de aquellos casos que no tengan el impulso procesal debido.

Al respecto nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en diversos votos, pero específicamente en la resolución número 982-F-S1-2009 de las 14:40 horas del 17 de setiembre del 2009, (...) en lo que nos interesa, lo siguiente: "(...) la caducidad o perención de la acción procesal tiene lugar cuando el demandante abandona el proceso, sin promover actuación por escrito durante 6 meses a partir del escrito de interposición de la demanda, lo que constituye un remedio procesal apegado a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad por tratarse de medio año, plazo que una vez transcurrido se sanciona por constituir inactividad culpable de la parte que falta al deber legal de proseguir el juicio....

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