Sentencia de Tribunal de Familia, 19-11-2021

EmisorTribunal de Familia (Costa Rica)
Fecha19 Noviembre 2021
Número de expediente21-001167-0165-FA
*210011670165FA*
EXPEDIENTE: 21-001167-0165-FA - 5
PROCESO: ABREVIADO RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE HECHO
PARTE ACTORA: [Nombre 001]
DEMANDADO: [Nombre 002]
VOTO NÚMERO: 990 -2021
TRIBUNAL DE FAMILIA. S.J., a las nueve horas veintisiete minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.-
Visto el conflicto de competencia formulado por el Juzgado de Familia de Cartago, se resuelve; y,
CONSIDERANDO
I.- Mediante resolución de la una hora veintitrés minutos del seis de julio de dos mil veintiuno (visible en el expediente electrónico), el Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de San José, se declaró incompetente por razón del territorio, y remite su conocimiento al Juzgado de Familia de Cartago. Este último mediante resolución de las once horas dieciocho minutos del veintidós de julio de dos mil veintiuno (ver resolución en el expediente electrónico), plantea conflicto de competencia ante este Tribunal, por encontrarse inconforme con dicha remisión.-
II.- De una mejor ponderación, este Tribunal se ha planteado el tema de la competencia, llegando a la conclusión que  en materia familiar la competencia SIEMPRE es improrrogable, por lo que la declaratoria de incompetencia es susceptible de hacerse en cualquier tiempo, incluso de oficio. Cuando se emitió el Código Procesal Civil (1989), el legislador estaba absolutamente consciente de que sus disposiciones iban a ser aplicadas en la materia civil y en la materia familiar. En forma expresa, al referirse a la cosa juzgada material, adoptó una disposición que resulta aplicable exclusivamente en la materia familiar cuando indicó que "no producirá cosa juzgada el pronunciamiento sobre alimentos, patria potestad, guarda, crianza y educación de los hijos menores" (Art. 162) y, más claramente aún, las primeras siete pretensiones contempladas en el artículo 420, la pretensión décima del artículo 432 y los primeros siete casos del artículo 796 (hoy artículo 819), se refieren a la materia familiar.
En cuanto a la jurisdicción y la competencia, al desarrollar el principio del Juez Natural -que nuestra Constitución reconoce en su artículo 35- el legislador ordinario no sólo señaló que "salvo disposición legal en contrario, todos los actos procesales de quien no tenga facultad legal para ejecutarlos, serán absolutamente nulos" (Art. 10 CPC), sino que también estableció que cuando el Juez o la Jueza carece de competencia, debe declarar su incompetencia de oficio y en cualquier tiempo, y que a continuación debe remitir el expediente al Juzgado que, a su juicio, le corresponde conocer del caso. (Arts. 43 y 299 CPC).   
Siguiendo con este tema, la prórroga de la competencia es una excepción al principio de Juez Natural, pues por su medio puede resultar posible que un J. o una Jueza que no estaba llamado a conocer de un caso, lo termine conociendo. Sobre este instituto es absolutamente claro que el territorio es el único elemento por el cual la competencia es prorrogable. Sin embargo, al regular este concepto y conociendo perfectamente que el Código Procesal Civil sería aplicado en la materia civil y en la materia familiar, lo que el legislador dispuso fue que "la prórroga de competencia sólo es procedente por razón de territorio y respecto de los procesos civiles contenciosos."    Es criterio de mayoría de esta integración,    que si el legislador hubiese estimado que el instituto de la prórroga también era procedente para la materia familiar, esta norma hubiera dispuesto, únicamente, que "la prórroga de competencia solo es procedente por razón de territorio y respecto de los procesos contenciosos." Pero como se aprecia, el legislador sí puso el énfasis en que ésta solo procede en los procesos CIVILES contenciosos.

El espíritu de esta norma era que en materia familiar no existiría la prórroga de la competencia y, en nuestra opinión, esto se ve reforzado con lo que el legislador llegaría a disponer en los años subsiguientes en TODOS los procesos específicos que diseñó para tratar pretensiones de la materia familiar. Así, el primer proceso contencioso específico que diseñó el legislador para la materia familiar fue la declaratoria judicial de abandono (1995) y allí estableció que la competencia territorial corresponde "al Juez de Familia de la jurisdicción donde habita el menor" (Art. 115 del Código de Familia); siguió luego la Ley de Pensiones Alimentarias (1997), donde dispuso que la competencia territorial corresponde a "la alcaldía de la residencia de la parte demandada o de la parte actora, a elección de esta última el momento de establecer la demanda" (Art. 5); posteriormente se emitió el Código de la Niñez y la Adolescencia (1998) y en él se expresa que el conocimiento de los procesos de protección a favor de las personas menores de edad corresponde "a los jueces de familia de la jurisdicción del domicilio de la persona menor de edad involucrada en el proceso" (Art. 141); y, finalmente, la Ley de Paternidad Responsable (2001) contempla que "será competente el órgano jurisdiccional con jurisdicción sobre asuntos familiares del domicilio de la parte demandada o de la parte actora, a elección de esta última, sin posibilidad de prórroga." (Art 98 bis.e).

El artículo 10 del Código Civil dispone que las normas se deben interpretar según el sentido propio de sus palabras...

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